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Dictaron el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría

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González Glaría

Tras más de cinco años de investigación y en el marco de un proceso judicial que se extendió más de la cuenta por las reiteradas evasivas al llamado a declaración indagatoria del imputado, finalmente este martes se dictó el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría (70) por un total de seis hechos delictivos presuntamente cometidos mientras ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones.

Si bien la medida dictaminada es sin prisión preventiva, atento a su avanzada edad y a su estado de salud, si incluye un embargo por 10 millones de pesos y una prohibición de salida del país en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones.

Las mismas fuentes precisaron que el procesamiento de González Glaría se resolvió esta mañana y lleva la firma del juez federal José Luis Casals, quien interviene en el expediente por subrogancia legal.

En su dictamen, Casals consideró que existen los elementos suficientes para dar por acreditado seis hechos o conductas delictivas que le endilgaban al ex fiscal: exigencia de parte del sueldo a funcionaria a su cargo; amenazas a dos funcionarios judiciales; incumplimiento de las tareas asignadas como subrogante; utilización particular de un vehículo asignado para uso oficial; ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, todo ello con en carácter de autor, con el agravante de haber sido cometido mediante violencia de género y en concurso real.

A su vez, la medida dispone el sobreseimiento del procesado en relación a los hechos vinculados a malversación de caudales públicos, violación de secreto y amenazas y extorsión.

Proceso judicial

González Glaría se desempeñó como el jefe de todos los fiscales federales de Misiones desde su designación en 1993 hasta su renuncia en septiembre 2024, en medio de constantes citaciones a declaración indagatoria y luego de un pedido de desafuero formulado en su contra.

La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, a partir de una serie de denuncias que arrancaron en 2019 y que se multiplicaron con el correr de los meses posteriores.

Entre otras cosas, el ahora ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012, de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros siete llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

La audiencia clave finalmente se concretó en octubre de 2024, dos meses después del pedido de desafuero en su contra y un mes después de la presentación de su renuncia, la cual fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Nación con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

González Glaría compareció a la indagatoria de manera telemática y se abstuvo de declarar. La única vez que habló sobre las acusaciones en su contra fue durante una entrevista concedida a La Voz de Misiones en febrero de 2022.

En esa ocasión, el funcionario acusado afirmó que todas las acusaciones en su contra consistían en una “conspiración” armada con el objetivo de quedarse con el cargo de que ocupaba hacía casi dos décadas.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

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Este jueves continúa el juicio contra el músico Andrés González

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Andrés González

Este jueves, en el recinto de debates del Juzgado Correccional Uno de Posadas, se desarrollará la segunda jornada del juicio oral contra el músico Andrés González, acusado de protagonizar un siniestro vial que provocó dos muertes sobre la ruta nacional 12, a la altura de Gobernador Roca, el 5 de marzo de 2019.

Según lo programado, la audiencia de mañana comenzará a las 8 y está previsto la declaración de nueve testigos, entre ellos Facundo Chemes, uno de los sobrevivientes al trágico suceso.

González llegó a juicio bajo la imputación de “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, todo en concurso ideal”.

Según se desprende del requerimiento de elevación a juicio, el accidente vial ocurrió el 5 de marzo de 2019 a las 8.25, mientras González conducía un automóvil Ford Fiesta en el que también viajaban su novia Melina Sosa Labandera (25) y otros tres jóvenes: el posadeño Facundo Chemes y los mendocinos que estaban visita Melisa Caram (27) y Samir Gabriel Daou.

Las pericias marcaron que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1408 de la ruta nacional 12, casi en su intersección con la calle Milenio de Polonia, en Gobernador Roca, donde el Fiesta impactó de frente contra una Chevrolet S-10 en la que José Ramón Aguirre y su hijo Leandro Durand viajaban hacia San Ignacio para trabajar.

Andrés González junto a su defensor Federico Tilli.

Producto de la colisión, Labandera y Caram fallecieron en el acto, mientras que los demás involucrados sufrieron lesiones de diversa consideración, aunque la peor parte se la llevaron Chemes, Daou y hasta el propio González, que llegó a estar 21 días en terapia, aunque pudo recuperarse y relanzar su carrera.

Tras el hecho, la Justicia imputó a Samir Daou, pero tiempo después las pericias revirtieron la situación y la acusación recayó en González, quien de esa forma pasó de testigo a imputado en la misma causa.

En la teoría del caso formulada por la fiscalía de instrucción se sostiene que el accidente se produjo a alta velocidad y en una maniobra de sobrepaso realizada por el artista en una zona de doble línea amarilla, lo que constituye una “actitud antirreglamentaria” y una “imprudencia” con la cual “ha violado el deber de cuidado infringiendo normas de tránsito”.

Sin recuerdos

En la primera audiencia de debate, González aceptó declarar ante el tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, aunque no respondió preguntas.

Yo no tengo recuerdos del accidente, ni tampoco de días previos, porque estuve internado en coma. Tengo un borrón de muchas cosas. Tampoco tengo conocimiento de cómo íbamos en el auto”, declaró González, que se presentó como músico, emprendedor y funcionario del ministerio de Cultura de la provincia.

El artista contó que a causa del accidente estuvo varios meses internado, atravesando días críticos y afirmó que una vez recuperado “siempre” estuvo a disposición y nunca evadió a la Justicia.

“Lamento la pérdida. También murió mi novia y ese es un dolor que voy a llevar todos los días. Lamento todo lo que pasó y espero que la Justicia aclare todo. Antes no dije nada porque no tenía nada para decir, por eso hoy también vengo acá, a dar la cara de lo que se me acusa”, cerró.

María Laura Álvarez es la fiscal que interviene en el debate.

Sobreviviendo

Ese mismo día también declaró Samir Daou, otro de los sobrevivientes. “A día de hoy tengo 38 cirugías y quedan más. Me extirparon el vaso y por ende no tengo sistema inmunológico. Convivo con tres bacterias en el cuerpo y he llegado a pesar menos de 40 kilos. Tengo secuelas físicas, psicológicas, emocionales y sociales. Toda mi vida perdí, porque esta condena física la voy a tener de por vida”, graficó el mendocino.

“Yo era profesor de Educación Física. Intenté retomar pero no pude. Un día un alumno me pidió que le atara los cordones y yo tampoco podía hacerlo. Yo quería ser guía de montaña, es algo que me encanta y ahora ni siquiera puedo cruzar las acequias (cordón cuneta) en donde vivo. Antes vivía, ahora estoy sobreviviendo”, se explayó, ya sin contener las lágrimas.

Sobre el accidente, aseguró no recordar nada, aunque sí desmintió en forma categórica haber conducido el Ford Fiesta siniestrado y para ello se apoyó en un episodio previo al inicio del viaje.

Samir amigo de Pipita Caram y había venido juntos a Misiones. “Muchos recuerdos no tengo, pero después se me vinieron algunos flashes que dolieron y siguen doliendo. Antes de subirnos al auto, ese día discutimos a ver quién iba del lado de la ventana y ganó Pipita, entonces yo me senté en el medio y por haber ganado esa discusión hoy ella no está acá”, rememoró.

Además, el recordó haber visto a González al volante y a su novia Labandera en el asiento del acompañante durante el viaje. Y cerró: “Yo nunca pude haber manejado un auto que no conozco y en una ruta que tampoco conozco. Yo creo que se me inculpó a mí porque no tenía mucha expectativa de vida, pensaron que ya no iba a vivir más”.

González dijo no recordar nada y una víctima declaró: “Estoy sobreviviendo”

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El femicidio de Daniela Radke se ventilará en juicio el 12 de junio en Oberá

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Daniela Radke

El próximo 12 de junio se realizará en Oberá el juicio oral contra Alan Calixto Closs (32), único acusado por el femicidio de Daniela Carmen Radke (23), la joven que en mayo de 2023 fue estrangulada y luego descartada en un descampado del barrio Unido de San Vicente.

Será una única audiencia y comparecerán como testigos un total de ocho personas. El debate será presidido por el magistrado Francisco Aguirre, acompañado por sus pares Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante) como vocales.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el imputado será defendido por los letrados particulares Cristian Baran y Humberto Gales.

Calixto Closs está detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico y llega a instancia de juicio bajo una imputación por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

Daniela Carmen Radke tenía 23 años. Fue estrangulada y descartada en un descampado.

El caso

El hecho que se ventilará en debate oral se registró entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo del 2023 en San Vicente.

La cronología del caso indica que ese jueves 4 de mayo, a las 17.30, Daniela Radke fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Alan Calixtro, a quien aparentemente conoció en clases de boxeo y a quien consideraba un “amigo”.

Ese mismo día, cerca de las 21, la joven le llamó a su madre para decirle que se encontraba bien y que cenaría con su amigo antes de volver a casa, lo cual finalmente nunca sucedió.

Es que, diez horas después, su cadáver apareció a un costado de la calle Miranda, en el barrio Unido, a unos 800 metros de la ruta provincial 13.

La autopsia posterior dictaminó que la joven había sido sufrido una muerte violenta, una asfixia por estrangulamiento. Es decir, un femicidio.

Con el correr de la pesquisa, llevada adelante por la Dirección Homicidios y efectivos de la Unidad Regional VIII, apareció un testigo reservado que apuntó al sospechoso y una serie de imágenes de cámaras de seguridad recolectadas hicieron el resto.

Según pudo averiguar LVM, las mismas cámaras de vigilancia que a las 17.30 del jueves captaron el ingreso de la víctima a la casa del sospechoso, también plasmaron el momento en el que mismo implicado salía del lugar con el cuerpo de Daniela cargado sobre el tanque de combustible de su motocicleta.

Eso ocurrió a las 2.30 del viernes 5 de mayo y el ahora detenido regresó a casa apenas 8 minutos después.

En la casa del implicado los investigadores secuestraron muestras de cabello, prendas de vestir, cables, teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria y una motocicleta. También se le extrajo al sospechoso material genético para futuros cotejos.

Otro testigo llamó a las autoridades luego para denunciar que ese mismo viernes el detenido llevó a su taller un bolso. Los investigadores establecieron que se trataba de la mochila de Daniela, dentro de la cual estaba su celular y otras pertenencias.

Días antes de la firma de la prisión preventiva en su contra, Closs compareció ante el juez Gerardo Casco para realizar una ampliación de declaración indagatoria, instancia en la que habló por primera vez y desarrolló su versión del hecho.

Sin entrar en detalles, el imputado afirmó que al encontrarse con Radke consumieron bebidas alcohólicas, mantuvieron relaciones sexuales “extremas” que derivaron en la muerte de la joven. Negó haber tenido intenciones de asesinar a la muchacha.

Harán una marcha por el femicidio de Radke: “Que el detenido no salga más”

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Juicio por contrabando de soja: 90.000 toneladas y USD 36 millones evadidos

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Previo a la exposición del fiscal Pablo Di Loreto, quien solicitó penas de 8 y 6 años de prisión para los dos gendarmes enjuiciados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, las abogadas querellantes en representación de Arca (ex Afip), Rossana Sienra y Yamila Amado, brindaron detalles del perjuicio económico sufrido por el Estado y estimaron que la organización alcanzó a exportar 9o.000 toneladas sin efectuar ningún tributo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 36 millones de dólares para las arcas del país.

Las letradas se explayaron durante una hora ante el Tribunal Oral Federal  de Posadas (TOF) presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, instancia en la hicieron un repaso global de la causa, desde la denuncia que dio inicio al expediente, hasta las medidas investigativas efectuadas y el rol atribuido a cada uno de los integrantes de la organización, entre los cuales ubicaron los gendarmes imputados Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), pero también pusieron cifras al daño económico producido con las maniobras de evasión.

Si algo le sobra a esta causa es carga probatoria. Tal es así que 9 de los 11 imputados aceptaron un juicio abreviado”, plantó bandera Sienra, dando cuenta que, a excepción de Duette y Gómez, la totalidad de la banda admitió su responsabilidad en el caso, entre ellos el empresario Santiago Marino, una de las figuras más importantes de la trama. 

Para Sienra y Amado, mediante lo recolectado durante el debate oral quedó completamente acreditado que ambos uniformados formaban parte activa de la organización, dedicándose a la liberación de las rutas 14 y 2 para asegurar el paso de los camiones que transportaban los granos hacia puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio, por donde eran cruzados hacia Brasil.

Las letradas explicaron que en base a los 193 CD de escuchas telefónicas efectuadas se desprende que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”.

Para graficar aún más la magnitud del esquema evasor orquestado por la banda y “el daño inmenso efectuado al Estado en general y al Arca”, las querellantes tradujeron todo en cifras.

Al igual que la Fiscalía, la querella solicitó 8 y 6 años de prisión para los imputados Duette y Gómez.

Dólares frescos

En primer lugar, describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de 10 toneladas de soja y requería otras 10 toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo.

Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada. 

“Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”.

Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Santiago Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia.

Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.

“Necesitamos que todo esto sea reparado”, culminaron las abogadas de Arca.

El debate oral continuará el próximo 9 de junio, instancia a la que será el turno de alegar para los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.

El fiscal Pablo Di Loreto y la abogada Rossana Sienra, protagonistas del día en el juicio contra los gendarmes.

 

FOTO PRINCIPAL: gauchazh.clicrbs.com.br

Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja

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