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De licencia médica y sin declarar, fiscal investigado viajó 18 días a Europa

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fiscal investigado gonzález glaría

De licencia médica hace más de tres años y sin presentarse a declarar a pesar de las múltiples citaciones efectuadas por la Justicia, el fiscal general federal Rubén Ángel González Glaría (69) registró al menos 40 cruces migratorios durante ese mismo período, incluido un viaje a Europa por más de dos semanas.

Según los datos que pudo relevar La Voz de Misiones, los cruces migratorios contabilizados datan desde noviembre de 2021, fecha coincidente con los primeros llamados a indagatoria efectuados contra González Glaría, quien es investigado por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros.

Los movimientos de entrada y salida al país son, en su mayoría, por pequeños períodos de tiempo y efectuados, en general, a través de los viaductos internacionales que unen ciudades vecinas como Posadas-Encarnación y Puerto Iguazú-Foz de Iguazú.

Sin embargo, también se registran cruces a Brasil en temporadas veraniegas por los puestos de frontera tanto de Bernardo de Irigoyen, como de Alba Posse, San Javier y Santo Tomé, este último en Corrientes. En esas ocasiones, los viajes fueron por lapsos de entre diez y quince días.

En el medio, precisamente en octubre del año pasado, apenas unos meses después de la sexta citación a indagatoria frustrada, el fiscal dejó marcado su salida del país a través del aeropuerto internacional de Ezeiza con rumbo a España, regresando a la misma terminal aérea 18 días después desde Alemania.

Todos estos movimientos migratorios se produjeron en medio de constantes citaciones a indagatoria que, una tras otra, se vieron postergadas en virtud de certificados médicos o presentaciones judiciales de diversa índole, incluido un pedido de apartamiento contra el magistrado que dirige la causa, planteo que en 2022 fue rechazo por la Cámara de Apelaciones.

Último “faltazo”

El último “faltazo” se dio el 29 de julio, cuando 10 minutos antes del inicio de la audiencia programada bajo modalidad telemática su defensa presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en qué centro asistencial se encontraba hospitalizado.

Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.

Fue cuatro días después que la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encontraba hospitalizado desde el domingo 28 en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó a Pablo Turano, fiscal de Procuración General de la Nación, impulsor de la investigación desde el comienzo y quien ante este panorama avanzó en un pedido de desafuero.

Desafuero

El pedido de desafuero fue presentado al considerarse como “injustificada” la última ausencia de González Glaría a la séptima indagatoria pautada, tras lo cual el juez José Luis Casals aceptó los fundamentos esgrimidos y dio lugar al planteo, que ahora deberá ser elevado a la Procuración General de la Nación para que su resolución. En el documento también se pidieron sanciones contra el fiscal investigado, las cuales podrían ser desde apercibimientos hasta multas económicas.

Ahora, según ampliaron fuentes de LVM, la defensa del funcionario no solo que apeló la solicitud de desafuero, sino que también presentó otro pedido de recusación contra Casals, ante lo cual la causa volvió a una etapa recursiva que podría extenderse durante varios meses, teniendo en cuenta las diferentes instancias judiciales a las cuales se puede recurrir.

El pedido de desafuero podría ser determinante para el futuro del expediente, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.

La solicitud se ampara en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.


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Van a juicio los acusados de robar y matar con fuego a una anciana en Posadas

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Dora Ramírez juicio

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga el homicidio de Dora Ramírez (71), una anciana que el 2 de mayo de 2022 fue sorprendida por asaltantes que además de robarle provocaron un incendio que provocó su muerte. 

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la elevación a juicio de la causa se formalizó tras una resolución firmada por la Cámara de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron lo actuado por el juez Mattos y rechazaron los recursos presentados por la defensa de los imputados.

De esta manera, el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se deberá realizar el juicio otra contra los imputados identificados como Elvio Omar Jede (49), José Luis “Kuby” Cabral (28), Ángela Yesenia Pereyra (33), Mercedes Angélica Pereyra (45) y un joven que al momento del hecho tenía 16 años.

Según detallaron, los primeros cuatro están acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo y daños, en concurso real”, mientras al adolescente solo lo imputan por “homicidio en ocasión de robo”. Las calificaciones prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión, según lo establece el artículo 165 del Código Penal de la Nación. 

Dora Ramírez tenía 71 años y vivía sola en una casa de la chacra 105. FOTO: El Territorio.

Fuego y muerte en la 105

El crimen de Ramírez se registró el 2 de mayo de 2022. Esa noche, vecinos de la chacra 105, ubicada en cercanías al Chango Más de la avenida Tacuarí, llamaron a la Policía porque una de las viviendas de la zona ardía en llamas.

Cuando los uniformados llegaron, poco y nada pudieron hacer para contener las llamas, mucho menos para salvar la vida de la anciana, que falleció calcinada en el interior de la vivienda.

Según señalaron los vecinos en ese entonces, Ramírez vivía sola y tenía problemas de movilidad por osteoporosis.

La hipótesis inicial apuntó a un hecho desafortunado y trágico desencadenado como consecuencia de un cortocircuito, pero las pistas recolectadas por los especialistas de la Dirección Homicidios de la Policía marcaron completamente lo contrario.

Las fuentes de LVM indicaron que, en medio de las averiguaciones, los investigadores obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que la muerte de Ramírez para nada se trató de un accidente, sino que más bien la anciana fue asesinada después de un robo.

A partir de ahí, avanzaron en la identificación de posibles sospechosos y así llegaron a cinco personas y en los allanamientos se secuestraron varios elementos de prueba más que comprometedores.

Los primeros detenidos fueron Jede y Pereira, en cuyo poder los investigadores incautaron un automóvil Peugeot 205 que habría sido utilizado para sustraer elementos de la casa de Ramírez e incluso fue captado por cámaras de seguridad dispuestas en cercanías a la vivienda de la víctima.

Durante la madrugada siguiente, es decir, el 6 de mayo, en tanto, los pesquisas avanzaron hasta una casa ubicada en el barrio Nuevo de Garupá, donde detuvieron a Romero y demoraron a un adolescente.

En ese lugar, los uniformados dieron con una importante cantidad de objetos que comprometieron a los involucrados como, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos, un nebulizador, un monedero y documentaciones vinculadas a Ramírez y familiares de la anciana asesinada.

Se estima que dichos objetos fueron parte del botín sustraído por la banda que esa semana ingresó a la casa de Ramírez y luego asesinó a la anciana y provocó un incendio en el lugar para borrar huellas.

El último en caer fue Kuby. Su detención se concretó durante un procedimiento en la chacra 181 y desde un comienzo fue apuntado como el “organizador” o “ideólogo” del golpe.


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Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura

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Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.

La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.

El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.

Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.

Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka


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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi

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Daniela Dupuy

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.

En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.

En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.

La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.

Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.

Tanto el diputado Germán Kiczka como su hermano Sebastián están desde el domingo presos en la cárcel de Cerro Azul.

En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.

A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.

Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.

Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.

Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores. 


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