Judiciales
Más testigos vincularon a Duette y Gómez con contrabandistas de granos
Dos de los seis testigos que declararon hoy en la cuarta jornada del juicio oral contra los gendarmes Marco Antonio Duette (53) y Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de liberar rutas para una organización dedicada al contrabando de granos, dieron aportes que comprometen la situación los ambos imputados.
El primero en declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fue el agente retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Norman Acuña Domínguez (50), quien se desempeñó como jefe del equipo destinado a investigar a la banda delictiva, cuya existencia fue develada a partir de una denuncia anónima realizada en enero de 2021.
El testigo narró que esa denuncia apuntaba a tres personas: el comandante principal Duette, que en ese momento era jefe del Escuadrón 9 Oberá de GNA; el sargento primero Gómez; y al empresario Santiago Marino, sindicado “rey de la soja” en Misiones por aquellos años.
La denuncia señalaba que Marino se encargaba de conseguir las cartas porte de Afip para el transporte de los granos (documentos que eran anulados luego de sortear controles y antes de ser cruzados a Brasil), mientras que Duette “liberaba las rutas para los camiones” y Gómez era “el recaudador”.
A partir de esa información se articuló una pesquisa en la cual intervino un equipo de 17 agentes de PSA, quienes comenzaron con investigaciones de escritorio para luego pasar a las tareas de campo y las escuchas telefónicas, herramienta que terminó siendo clave para desentrañar el esquema e identificar a otros involucrados en el ardid.
Acuña Domínguez explicó que las escuchas, que eran en diferidas, es decir, no en tiempo real, comenzaron sobre las líneas de los tres denunciados inicialmente, pero a partir de las conversaciones del sargento Gómez pudieron extender la investigación contra otros implicados.
“De las escuchas a Gómez surgieron numerosas personas”, apuntó y mencionó el nombre de otros cinco integrantes de la banda: “Dos Santos (Antonio Adelmo), Morel Eladio, El Mago Silva (Marcelo Rubén), Caco Hildebrandt (Ricardo) y Escher Fabio”.
Los cinco señalados fueron imputados en la misma causa, como así también Marino, el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, aunque a diferencia de Duette y Gómez, todos ellos firmaron acuerdos de juicio abreviado y por eso hoy no ocupan un lugar en el banquillo del TOF posadeño.
“Con Dos Santos hablaban de correr cosas del camino y de precios. Con (Eladio) Morel hablaban de elevar la cuotita”, precisó el testigo.
El ex investigador de PSA también mencionó escuchas entre ambos acusados y el empresario Marino, relaciones que calificó como “estrechas”.

El comandante principal Marco Antonio Duette era jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería.
Al despacho
En segundo turno declaró el suboficial mayor de Gendarmería Carlos Catalino Cabañas Barboza (56), quien al momento de los hechos era jefe de la sección núcleo del Escuadrón 9, bajo subordinación de Duette.
El testigo fue citado a comparecer para referirse a un procedimiento realizado el 14 de diciembre de 2020, cuando en la intersección de las rutas 14 y 6 detuvo un camión que transportaba soja escondida bajo una carga de aserrín.
Cabañas Barboza recordó que notificó de todo lo actuado tanto a la Fiscalía como el Juzgado Federal de Oberá, cuyas autoridades ordenaron dar intervención al personal de la DGI, pero como nunca llegaron se dispuso el secuestro preventivo del camión y su traslado hacia las instalaciones del Escuadrón 9.
Sin embargo, en su testimonial de hoy obvió sensibles detalles que sí había contado al momento de declarar como testigo durante la etapa de instrucción, ante lo cual el fiscal Pablo Di Loreto solicitó que refrescar la memoria del gendarme a partir de la lectura de las actas que conforman el expediente.
“Hay contradicciones”, advirtió Di Loreto al tribunal y pidió que se leyera la declaración previa del testigo, específicamente en la parte donde el gendarme señalaba que durante el procedimiento de aquel día se presentó el dueño del camión, quien en esa ocasión se apartó para hablar con teléfono y al volver indicó que “había hablado con el jefe para solucionar todo”.
También leyeron el fragmento donde Cabañas Barboza hizo referencia a que cuando llevaron el camión hacia el Escuadrón 9 volvió a presentarse un hombre que decía ser el dueño del camión y una mujer que alegaba ser su abogada.
“Yo les pedí que se retiraran porque no tenían credencial de abogada. Ahí Duette sale al cruce de ellos y los hace entrar a su despacho”, manifestó al declarar en sede judicial el 25 de noviembre de 2021 y hoy ratificó todo lo dicho tras el llamado de atención por parte del fiscal del tribunal.
También confirmó que tres días después de ese procedimiento fue trasladado de la sección núcleo y enviado a la sala de armas.
“De ahí en más no salí a la ruta”, agregó.

Pablo Di Loreto es el fiscal del tribunal y Rossana Sienra es querellante por Arca (ex Afip).
Cartas de porte
La jornada se completó con el testimonio de dos contadores de Arca (ex Afip), quienes dieron detalles de la investigación tributaria relacionada al expediente. Uno de ellos, Roberto Ariel Rostan, especificó que “la soja enviada a Misiones tenía un % por encima de la media nacional y entre el 50% y el 60% de las cartas de porte de esas cargas eran anuladas”.
Para ser más gráfico le puso números a la cuestión: “En 2021, siempre según sistemas de Afip, hubo 4.000 cartas de porte de soja a Misiones y más de la mitad de ellas fueron anuladas”.
El debate continuará el viernes, a partir de las 8.30. El juicio es presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, con el acompañamiento de los jueces vocales Juan Manuel Iglesias (Formosa) y Víctor Alonso (Corrientes).
Del proceso también participan la letrada Rossana Sienra como querellante en representación de Arca y los abogados Carlos Larraburu y Augusto Leguiza en defensa de los imputados.
Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja
Judiciales
Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
Judiciales
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Dieron arresto domiciliario a los 17 policías implicados en el caso Golemba
Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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