Avanza la regulación del mercado de carbono. Mientras, Green Bond Meter lanzó una criptomoneda para invertir en la conservación de la selva misionera. La reconocida certificadora internacional Verra desmiente relaciones con el consorcio internacional. Un cónsul de México en Estonia, con 20 empresas a su nombre, detrás de la operación millonaria.

La aparición de Green Bond Meter (GBM) a principios de este año despertó la curiosidad del mundo empresario, político y ecologista del país: la firma se presentó a la prensa como pionera en la generación de estructuras financieras digitales orientadas a la conservación del ambiente.

Como primer objetivo, pusieron norte en la provincia de Misiones, donde se resguardan 1 millón de hectáreas de Selva Paranaense -que representan el 5% de lo que resta del Bosque Atlántico Latinoamericano-, la segunda masa boscosa con mayor multiplicidad de especies después del Amazonas y hogar del 52% de la biodiversidad de la Argentina.

En un predio de 24.829 hectáreas en la localidad de San Pedro, sobre la ruta nacional 14, se emplazará la Reserva GS1, destinada a vender los servicios ecosistémicos que ofrece la selva misionera, entre los que se destaca la generación de bonos de carbono, mediante una criptomoneda denominada GBM Coin, a la que ya se puede acceder desde 160 países.

La Voz de Misiones recorrió el lugar, que la empresa alquiló con opción de compra a la firma maderera Forestal Belga, y entrevistó a los protagonistas del incipiente modelo que busca sincronizar el rédito económico con la protección y restauración del ambiente.

Así proyecta GBM las instalaciones de la Reserva GS1, en San Pedro.

¿Es legal?

Con la creación del Ministerio de Cambio Climático, el primero en toda América, la provincia de Misiones busca poner en valor los servicios ecosistémicos que brinda la selva, en especial el carbono, el nuevo oro que respalda un incipiente mercado en el universo de las finanzas internacionales.

El ministro Patricio Lombardi define a la selva misionera como “productora de aire puro”, ya que ésta captura el carbono presente en la atmósfera y lo libera en forma de oxígeno limpio. Ese servicio ecosistémico, entre otros que ofrece la conservación de la masa boscosa, se puede cuantificar, verificar y vender en el mercado internacional.

Sin embargo, existe una cuenta pendiente entre las potencias mundiales, que se arrastra desde la Cumbre de Cambio Climático de París, en 2015, por lo cual se espera que, en la próxima reunión, en Glasgow, Escocia, los Estados logren definir una metodología unificada para la medición y comercialización del carbono.

Mientras el mundo avanza en la regulación del mercado de bonos, la empresa de capitales internacionales GBM anunció en importantes medios de comunicación argentinos la creación de la primera criptomoneda basada en la conservación de la selva misionera.

Por su parte, Lombardi sostiene que “el Estado argentino todavía no ha fijado posición respecto del mercado de carbono”, a la espera de las definiciones de la cumbre climática, que se darán para octubre de este año. A partir de allí, el gobierno nacional, así como las provincias y municipios, tendrán las herramientas para desarrollar sus proyectos de carbono dentro de un marco más claro.

No obstante, ante la indefinición de las reglas de juego, las iniciativas privadas comienzan a pisar fuerte como vías de escape de los inversores, aunque carezcan del visto bueno estatal. En este sentido, el CEO de Green Bond Meter, Juan José Núñez, indicó: “Partimos de la base legal de que ni el presidente nos puede prohibir hacer esta acción; estamos ejerciendo un derecho”.

Pero la abogada ambientalista y CEO de QuantumD-Sustainability, Liliana Ortega, advierte que “no es ilegal si el gobierno no te da la autorización”, aunque “hoy por hoy, en el mundo ya no se está valorando este tipo de iniciativas. Si vos sacás un proyecto y no tenés ni siquiera el aval de tu país y… tus créditos son débiles”, argumentó.

En el terreno local, GBM logró reunirse con el ministro de Ecología, Mario Vialey, quien el 22 de febrero los recibió en su despacho. Asimismo, la firma buscó apoyos del gobernador Oscar Herrera Ahuad y del propio Patricio Lombardi.

“El ministro de Cambio Climático nos desconoce totalmente”, dijo Núñez a LVM. Del otro lado, el flamante secretario de Estado asegura que no le pidieron reuniones y que, tras dialogar con Mario Vialey, preguntó por Green Bond Meter en el mundo de promotores ambientales -que conoce bien-, “pero nadie conocía a esta empresa ni nosotros entablamos comunicación”.

Patricio Lombardi, de Cambio Climático, Juan Núñez, CEO de GBM, y Liliana Ortega, abogada.

1 GBM = 1 mt²

Más allá de las normativas legales, GBM lanzó un mecanismo que, en el mundo de las criptomonedas, se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.

Siguiendo ese modelo, el consorcio de capitales internacionales ya generó la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor de U$S 1,09.

A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del predio en cuestión, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono del campo.

Por ello, la firma se vende como “la primera moneda virtual que genera incidencia real en la conservación y la restauración”, en palabras de Juan José Núñez, un joven abogado y empresario que se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de Zárate, y que no tiene reparos en reconocer que la oferta es una excelente oportunidad de, aparte de proteger la naturaleza, hacer buenos negocios.

El precio inicial del token, de U$S 1,09 por metro cuadrado, equivale a U$S 10.000 dólares la hectárea, una inversión de casi 250 millones de dólares por la totalidad del predio de 25.000 hectáreas.

Sin embargo, en los diez meses que llevará el período de capitalización, que comenzó en diciembre de 2020 y culminará en octubre de este año, el valor del token irá ascendiendo hasta los U$S 3,80, con lo cual estiman obtener una recaudación de más de 600 millones de dólares.

El objetivo final es que, en el plazo de un año, se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, con lo cual, al tener un respaldo tangible en toneladas de carbono, el token de GBM se convertiría en lo que se conoce como stablecoin, lo que implica menor volatilidad.

Esa medición permitirá además la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.

La emisión del bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años -la vida útil de la criptomoneda-, tras lo cual Green Bond Meter promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.

En este sentido, Núñez confirmó que, más allá de que el prospecto original designa al gobierno nacional como el beneficiario de las tierras, actualmente trabajan para cambiar esa disposición, para que sea la provincia la que maneje los recursos.

Capital natural

Pero para llegar a ese objetivo deben pasar por otros estadíos anteriores. Simplificado, el proceso es el siguiente: primero, la empresa arrienda la tierra para lograr que se deje de deforestar. En San Pedro, Misiones, GBM ya alquiló una propiedad de la firma maderera Forestal Belga SA, cuyo gerente general es Guillermo “Memo” Videla.

Transcurridos dos años, hace uso de la cláusula de compra, mediante lo cual el campo pasa a manos de una fundación, que será la encargada de gestionar las acciones de reforestación, mantenimiento e instalación de tecnología en el lugar, es decir, de agregarle valor a los servicios ecosistémicos que ofrece la Reserva GS1 y, por ello, de aumentar la cotización del bono de carbono y de la criptomoneda en sí.

Para que GBM decida llevar adelante el proyecto, el terreno debe estar en manos privadas, estar siendo explotado y estar libre de ocupación. Además, es necesario que no se encuentre dentro de algún sistema de protección ambiental -como un parque provincial o nacional- y haber sufrido incendios en los últimos diez años.

Quién es quién: de Uruguay a Estonia

Green Bond Meter es en realidad un consorcio empresario con capitales provenientes de Argentina, Uruguay, España y Estonia conformado a fines de 2020 exclusivamente para comercializar su criptomoneda.

La selva misionera es uno de los cuatro proyectos que involucran 100.000 hectáreas de predios a recuperar en territorio argentino, lista que se completa con la yunga de la provincia de Salta, los bosques patagónicos y la turba de Tierra del Fuego.

Además, con el mismo sistema, planean desarrollar iniciativas en 1 millón de hectáreas repartidas en diez países de los cinco continentes.

Cada uno de los miembros de la sociedad tiene a cargo una parte vital de la operación mediante la cual se genera una estructura financiera digital que pretende cuidar el capital natural y ser, al mismo tiempo, una oportunidad para ganar dinero.

El consorcio es el resultado de la unión de dos empresas: la uruguaya Nideport SA y la estona Heimdall Technologies OÜ (siglas en estonio para Sociedad de Responsabilidad Limitada).

Nideport SA tiene su sede en el World Trade Center (WTC), una zona franca de Montevideo que tiene entre sus ventajas impositivas la posibilidad de realizar transferencias internacionales de dinero sin pagar impuestos.

La empresa oriental, al mando de Ricardo Morales Bosch, es la responsable de coordinar la adquisición de tierras privadas en las que GBM desarrollará sus proyectos y determinará la empresa adherente que implementará la estrategia de preservación. En el caso de San Pedro, será la fueguina Global Seven SA la que llevará adelante las intervenciones en la Reserva GS1.

También Nideport se encargará de la emisión del GBM Bono, la herramienta financiera que le dará respaldo sustentable al token y que se emitirá cada año con certificación de tercera parte de Verra, la organización de estándares de carbono más importante del mundo.

Cónsul de los criptonegocios

La segunda integrante de la sociedad, columna vertebral del proyecto, es Heimdall Technologies, que obtuvo la licencia para emitir y comercializar criptomonedas por parte del Ministerio de Economía y Comunicaciones del gobierno de Estonia.

Según se desprende de la información pública que surge del número de licencia de la empresa, el dinero obtenido por GBM Coin se transfiere a una cuenta del SwedBank, una entidad financiera sueca que en marzo de 2020 fue multada con 363 millones de euros por blanquear dinero en Estonia.

Pionero en la legislación sobre criptomonedas, el país del norte de Europa se convirtió en los últimos años en un paraíso para el desarrollo de este tipo de negocios.

El empresario español Francisco Javier Ortiz de Artiñano Jiménez es quien maneja las operaciones en Tallin, la capital de Estonia, donde además ejerce como cónsul honorario de México, desde 2014.

Se trata de un personaje con amplias relaciones diplomáticas y con roce con altas esferas del poder mexicano, por lo cual llegó a ser representante del país en la capital estonia, donde se radicó desde 2004.

El cónsul Javier de Ortiz de Artiñano, junto al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Heimdall Technologies tiene su domicilio en la calle Kohtu 3A, donde además está emplazada la sede consular. Pero ésta no es la única firma que registró su sede en esa dirección, ya que otras 56 empresas se radicaron allí, de las cuales 20 están a nombre del mismo Javier Ortiz de Artiñano.

Otra de las empresas que comparte oficinas con el consulado es FTR Consultants, a través de la cual el diplomático y empresario ofrece asesoramiento para instalar negocios en Estonia y en los países bálticos. Según anuncia en su página web, el lugar es ideal “por su especial régimen, equivalente a un paraíso fiscal”.

En Tallin. Sede consular mexicana, de Heimdall y de otras 56 empresas.

De los dos lados del mostrador

En el camino de GBM Coin, al igual que todo proyecto de carbono a nivel mundial, para obtener la validación de las toneladas medidas en su campo, que otorga la prestigiosa organización Verra, se deben ejecutar una serie de estudios técnicos de relevamiento complejo por parte de consultores externos a la empresa.

“No podemos decir nosotros cuánto estamos mejorando la selva”, explica el CEO global Núñez, quien además contó que Certificación Sustentable SA es la firma “que nos está midiendo todos los procesos desde el inicio”. A ésta se sumaría EcoSecurities, que, en palabras del empresario y experto en seguridad, es la encargada de llevar adelante la metodología. Ambas constituirían la certificación de terceras partes requerida por Verra para emitir bonos de carbono.

Sin embargo, La Voz de Misiones pudo saber que el gerente general de Certificación Sustentable SA, Marcelo Taboada, es a la vez el director de Certificaciones de Green Bond Meter, lo cual violaría la condición de independencia obligatoria.

Núñez buscó despejar dudas y argumentó: “Ya con tener a EcoSecurities, que es la que hace la metodología, y a Verra de tercera parte, ya cumplimos la certificación de tercera parte y él -por Taboada- lo que nos pidió es: ‘Yo voy a certificar solamente Argentina y quedo incorporado a la compañía para lo que viene para adelante’”.

Certificación desconocida

Verra es una organización sin fines de lucro, con sede Washington, Estados Unidos, que otorga una de las validaciones más reconocidas de estándares de carbono verificado.

En palabras de la abogada Liliana Ortega, se trata de “el grupo de estándares del mercado de carbono más grande del mundo”, dijo la especialista, que también lleva adelante un proyecto en la localidad de Comandante Andresito.

El ministro de Cambio Climático de la provincia confirmó a su vez que el gobierno trabaja desde fines del año pasado con la certificadora internacional, aunque advirtió que “estamos en proceso de trabajo y queremos ser cautos de anunciar algo hasta que no haya algo concreto”, indicó Lombardi.

Desde GBM, Juan José Núñez aseguró: “Estamos en proceso de certificación con Verra, es muy largo, queremos acelerar los pasos”, relató.

La Voz de Misiones consultó a la organización internacional sobre el avance en la certificación del carbono del proyecto de Green Bond Meter, en las 25.000 hectáreas de la localidad de San Pedro.

El director para América Latina y el Caribe, Angelo Sartori, respondió vía mail sobre la relación con GBM: “Verra no está actualmente vinculado con ninguna plataforma operada por esta empresa”.

“Recibimos esta misma consulta en enero de 2021, ya que aparentemente hubo una nota de prensa que nombraba a GBM y revisamos nuestro sistema de Registro y no teníamos nada a su nombre en esa fecha. Siendo 19 de abril de 2021, y revisando nuevamente nuestro sistema de Registro, nuevamente no encontramos nada a nombre de GBM”.

Ante una repregunta, el funcionario desconoció cualquier vínculo y agregó: “Verra no ha establecido ningún tipo de comunicación con GBM y tampoco estamos involucrados con el tema de criptomonedas, por lo que no es factible referirnos a posibles iniciativas que estarían promoviendo otras entidades sin un vínculo con nuestra organización”.

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A 25 días de la desaparición de César Daniel Tizato, La Voz de Misiones entrevistó a los protagonistas del drama policial que mantiene a toda la comunidad y a las autoridades, que despliegan un amplio operativo para intentar resolver el misterio.

El joven de 16 años del barrio Pindapoy, de San José, salió a cazar con su vecino Richard Cristaldo, de 44 años, dentro de la estancia La Rosita, propiedad de la empresa Rosamonte, el domingo 30 de agosto. Desde entonces, no se tienen pistas de su paradero.

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CANDELARIA. Un buque de carga a punto de hundirse con más de 7 mil litros de aceite en las costas del puerto de Campichuelo, en Paraguay, puso en alerta a las autoridades de ambas orillas, ya que a menos de 900 metros del peligro ambiental latente que significa el posible derrame en el río Paraná, se encuentra la costa de Candelaria, la antigua capital de Misiones, Argentina.

La embarcación, llamada Yporã II, se encuentra anclada hace dos años y, desde entonces, es objeto de disputa entre las autoridades del gobierno paraguayo y el empresario de desguace de buques Kyu You Lee, quien en junio de este año contrató a una empresa para tirar la carga en una ex cantera de piedra.

No obstante, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales, a cargo de Raquel Bordón, frenó la operación ya que la empresa tenía sus licencias vencidas, además de que no se contaba con un estudio de suelo que garantizara que la descarga no sería perjudicial.

Luego de esta situación, abogados de la empresa instaron a Bordón a realizar un estudio, algo que finalmente sucedió el pasado 9 de julio, cuando la fiscal se hizo presente en el lugar para evaluar la manera de extraer del aceite y desecharlo sin afectar al ambiente.

El procedimiento se limitó a la toma de muestras de los líquidos existentes dentro de los compartimentos del buque, tras lo cual Bordón le dio a Kyu You Lee 48 horas para que encuentre una empresa que se deshaga de la carga, aunque el abogado del dueño, Ernesto Garcete, lo rechazó de plano al considerar que era muy poco tiempo, por lo cual anunció que pediría una prórroga.

Desde Misiones, las autoridades del Ministerio de Ecología se comunicaron con sus pares de la Nación, quienes dialogan a su vez con las autoridades paraguayas y la Comisión Mixta del Río Paraná para elaborar una estrategia de intervención.

La Voz de Misiones sobrevoló el lugar y en las imágenes se puede observar la descomposición del Yporã II, que comenzó a hundirse hace unos seis meses y amenaza a la biodiversidad del río frente a las costas de Candelaria y a menos de 30 kilómetros de Posadas y Encarnación.

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