Judiciales
La Justicia pidió el desafuero del jefe de los fiscales federales de Misiones

Tras otro faltazo a la audiencia de declaración indagatoria, el Juzgado Federal de Posadas solicitó esta mañana el desafuero del fiscal general federal de la provincia, Rubén González Glaría, quien desde hace tres años es objeto de una extensa investigación por una multiplicidad de delitos.
El expediente contra el jefe de los fiscales federales de Misiones comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien después de recolectar una batería de elementos probatorios, desde testimoniales y evidencia documental, comenzó a solicitar mayores medidas contra el fiscal investigado y el Juzgado Federal de Posadas, con el magistrado Casals interviniendo en carácter de subrogante, dio lugar a la sucesión de planteos, incluido los llamados a declaración indagatoria, pero González Glaría esquivó todas, valiéndose de diferentes argumentos y trabando diversas presentaciones.
La principal razón esgrimida por el fiscal investigado estuvo vinculada a cuestiones de salud, ante lo cual la Justicia ordenó que sea evaluado por una junta médica, cuyos profesionales concluyeron que el imputado está apto para afrontar la indagatoria, aunque como condición pidió que la audiencia se realice respectando los cuidados y consideraciones pertinentes a su cuadro.
Aún así, González Glaría, próximo a cumplir 70 años, en uso de licencia hace 4 y quien en diálogo con La Voz de Misiones alegó que la causa en su contra consiste en un plan para que quedarse con su cargo, esquivó la medida que significaría la antesala a su procesamiento por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros.
Último faltazo
La audiencia de declaración indagatoria fue programada en al menos siete oportunidades, aunque todas ellas debieron ser suspendidas. La última se dio el lunes, lo cual derivó en el pedido de desafuero formulado hoy por el juez Casals, lo cual ahora debe ser analizado por la Procuración General de la Nación.
De acuerdo a lo consignado por fuentes de LVM, la audiencia del lunes iba a darse de manera telemática, aunque 10 minutos antes del inicio pautado la defensa de González Glaría presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en que centro asistencial se encontraba hospitalizado.
Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.
Recién ayer la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encuentra hospitalizado desde el domingo en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó al fiscal Turano.
Desafuero y sanciones
El impulsor de la investigación respondió entonces con una presentación elevada al juzgado interviniente, solicitando el inicio de los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado, al considerar como “injustificada su ausencia”.
La solicitud se ampara, además, en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.
La presentación del fiscal Turano fue realizada ante el juez Casals, quien aceptó los fundamentos esgrimidos y firmó la solicitud, documento que será elevado ahora a la Procuración General de la Nación. También se pidieron sanciones contra González Glaría, las cuales podrían ser apercibimientos o multas económicas.
El pedido de desafuero es clave, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.
Las denuncias
La investigación contra González Glaría, de 69 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.
Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.
Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.
La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.
Bogado declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.
Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.
A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.
El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.
En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.
Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.
También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.
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El después al femicidio de Batista: “Queremos la tenencia de los chicos”

A casi una semana del femicidio de Claudia Soledad Batista (28), en su familia la tristeza y la desazón continúan a flor de piel, pero buscan reconvertir ese dolor en la fortaleza necesaria para encabezar la lucha por la tenencia definitiva de los niños que quedaron sin su madre.
Batista era mamá de cinco menores de edad, dos de los cuales también son hijos de Gabriel Cruz (25), su ex pareja y único imputado por el femicidio registrado el domingo pasado en San José.
Actualmente, todos los niños se encuentran junto a la familia materna gracias a una resolución que les otorgó una tenencia provisoria por seis meses, pero ya se preparan para albergar a los menores de manera definitiva.
“Sabemos que a nuestra hermana ya nadie nos va a devolver, pero queremos mantener unidos a los chiquitos. Ahora están con mis padres, que tienen todas las condiciones para criarlos y cuidarlos, pero en caso que eso no suceda todos los hermanos podemos hacernos cargo”, señaló a La Voz de Misiones una hermana Soledad Batista.
La preocupación nace en el hecho de enterarse que la familia paterna de dos de los niños también estaría interesada en la tenencia de los menores, pero los Batista se oponen a esa posibilidad.
“No queremos que se vayan con ellos, ni que tampoco se acerquen. Ellos no hicieron nada por mi hermana y eso que vivían en el mismo barrio. Nunca se interesaron y ese día tampoco ayudaron en nada. Además de que es una zona peligrosa, no queremos que los chicos estén ahí”, apuntaron.
La situación toma mayor gravedad al tener en cuenta que dos de los niños, de 4 y 8 años, presenciaron el ataque a machetazos que acabó con la vida de su madre.
“Nosotros estamos tratando de salir adelante. Con los chicos tratamos de no tocar el tema, pero el más chico se pone a jugar, piensa en su mamá y se acuerda como fue que pasó todo. Es tremendo todo lo que pasó”, describieron.
El femicidio de Batista ocurrió el domingo a la noche, en la casa donde la joven residía en el barrio La Tablada de San José, aunque ella era oriunda de Leandro N. Alem.
La joven fue ultimada de 23 machetazos, 19 de los cuales fueron dirigidos a las zonas del cráneo, hombros y miembros superiores.
Por el caso está detenido e imputado Gabriel Cruz (25), su ex pareja y padre de dos de los cinco hijos de la víctima.
Si bien no se registran denuncias formales, familiares de la joven señalaron que el sospechoso siempre ejerció violencia contra Batista e incluso consideran que en los últimos días estaba amenazada porque había publicado “mensajes de despedida” en sus estados de Whatsapp.
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Gabriel Cruz no declaró y fue imputado por el femicidio de Soledad Batista

Gabriel Cruz (25), el único acusado por el crimen de su ex pareja Claudia Soledad Batista (28), se abstuvo de declarar ante la Justicia esta mañana y fue imputado por el delito de femicidio, figura que prevé prisión perpetua.
Tal como estaba previsto, el sospechoso fue trasladado hacia el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, donde compareció ante el magistrado Juan Manuel Monte (subrogante), instancia en la que designó abogado defensor y decidió guardar silencio.
En la misma audiencia, el implicado fue notificado del hecho que se investiga, como así también de los elementos de probatorios que se registran en su contra hasta el momento y fue imputado por femicidio.
Tras culminar el trámite, Cruz fue nuevamente trasladado a una celda policial donde continuará privado de su libertad mientras avanza el expediente que lo investiga por el asesinato a machetazos de su ex pareja.
El crimen de Batista se registró el domingo a la noche, en la casa donde la mujer residía en el barrio La Tablada de San José.
Allí la joven madre de cinco pequeños, dos de ellos junto al detenido, fue ultimada con un total de 23 heridas de machete, 19 de las cuales se concentraron en la zona del cráneo, hombros y miembros superiores.
La víctima era oriunda de Alem pero hace un tiempo se instaló en San José junto a Cruz, de quien estaba separada hace unos meses.
Los familiares de Batista señalaron que el implicado siempre “fue violento” con ella, aunque no se registran denuncias formales por violencia de género en contra del sospechoso.
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Este jueves declara el único detenido por el femicidio de Soledad Batista

La causa por el femicidio de Claudia Soledad Batista (28) tendrá este jueves uno de los primeros pasos procesales, con el llamado a indagatoria de su ex pareja, Gabriel Cruz (25), único acusado por el crimen.
Se prevé que a primeras horas de mañana el sospechoso sea trasladado hacia el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Ángel Faría.
En esa instancia, el implicado será notificado del hecho que se investiga, de los elementos probatorios que hasta el momento se registran en su contra y tendrá la posibilidad de declarar o bien abstenerse, tal como lo ampara su derecho.
Por las características del hecho, se estima que sea imputado por el delito de femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable en un futuro debate oral y público.
El muchacho está detenido desde el domingo a la noche, poco después del descubrimiento del crimen de su ex pareja Soledad Batista, quien fue ultimada a machetazos y de acuerdo al examen de autopsia recibió un total de 23 heridas cortantes, 19 de las cuales se localizaron en el cráneo, hombros y miembros superiores.
El hecho se registró en la vivienda de la víctima en el barrio La Tablada de San José, donde los investigadores también secuestraron un machete que ahora será sometido a pericias por parte de la Dirección Criminalística de la fuerza provincial.
El caso
Según reconstruyeron familiares de la víctima a este medio, Batista es oriunda de Leandro N. Alem pero hace un tiempo decidió mudarse a San José junto a Cruz, de quien actualmente estaba separada.
También dieron cuenta que episodios de violencia de genero previos, aunque señalaron que la única denuncia que hubo posteriormente fue retirada por la propia Batista.
“Ellos se conocen hace mucho tiempo. Tienen dos hijos en común y estaban separados ya. Él siempre fue violento, ella llegó a hacerle una denuncia pero después la retiró porque él siempre amenazaba con que iba a matarse”, señaló una hermana de la joven, quien prefirió no identificarse.
Sobre lo sucedido en la noche del domingo, la mujer contó “él llegó a la casa de mi hermana con otro hombre y se puso a tomar. Después pasó lo que pasó. No tenemos palabras. Ella quedó desfigurada, le destrozó la cabeza de un machetazo”.
“Nosotros todavía no caemos. Queremos que haya justicia y que él se pudra en la cárcel. Ella ayer por la tarde ya estuvo compartiendo unos estados como de despedida en Whatsapp. Creemos que por ahí estaba amenazada y ya sabía lo que le podía pasar”, amplió.
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