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La Justicia pidió el desafuero del jefe de los fiscales federales de Misiones

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desafuero fiscal

Tras otro faltazo a la audiencia de declaración indagatoria, el Juzgado Federal de Posadas solicitó esta mañana el desafuero del fiscal general federal de la provincia, Rubén González Glaría, quien desde hace tres años es objeto de una extensa investigación por una multiplicidad de delitos.

El expediente contra el jefe de los fiscales federales de Misiones comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien después de recolectar una batería de elementos probatorios, desde testimoniales y evidencia documental, comenzó a solicitar mayores medidas contra el fiscal investigado y el Juzgado Federal de Posadas, con el magistrado Casals interviniendo en carácter de subrogante, dio lugar a la sucesión de planteos, incluido los llamados a declaración indagatoria, pero González Glaría esquivó todas, valiéndose de diferentes argumentos y trabando diversas presentaciones.

La principal razón esgrimida por el fiscal investigado estuvo vinculada a cuestiones de salud, ante lo cual la Justicia ordenó que sea evaluado por una junta médica, cuyos profesionales concluyeron que el imputado está apto para afrontar la indagatoria, aunque como condición pidió que la audiencia se realice respectando los cuidados y consideraciones pertinentes a su cuadro.

Aún así, González Glaría, próximo a cumplir 70 años, en uso de licencia hace 4 y quien en diálogo con La Voz de Misiones alegó que la causa en su contra consiste en un plan para que quedarse con su cargo, esquivó la medida que significaría la antesala a su procesamiento por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. 

Último faltazo

La audiencia de declaración indagatoria fue programada en al menos siete oportunidades, aunque todas ellas debieron ser suspendidas. La última se dio el lunes, lo cual derivó en el pedido de desafuero formulado hoy por el juez Casals, lo cual ahora debe ser analizado por la Procuración General de la Nación.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de LVM, la audiencia del lunes iba a darse de manera telemática, aunque 10 minutos antes del inicio pautado la defensa de González Glaría presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en que centro asistencial se encontraba hospitalizado.

Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.

Recién ayer la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encuentra hospitalizado desde el domingo en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó al fiscal Turano.

Desafuero y sanciones

El impulsor de la investigación respondió entonces con una presentación elevada al juzgado interviniente, solicitando el inicio de los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado, al considerar como “injustificada su ausencia”.

La solicitud se ampara, además, en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.

La presentación del fiscal Turano fue realizada ante el juez Casals, quien aceptó los fundamentos esgrimidos y firmó la solicitud, documento que será elevado ahora a la Procuración General de la Nación. También se pidieron sanciones contra González Glaría, las cuales podrían ser apercibimientos o multas económicas.

El pedido de desafuero es clave, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.

Las denuncias

La investigación contra González Glaría, de 69 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.

Bogado declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

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Van a juicio los acusados de robar y matar con fuego a una anciana en Posadas

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Dora Ramírez juicio

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga el homicidio de Dora Ramírez (71), una anciana que el 2 de mayo de 2022 fue sorprendida por asaltantes que además de robarle provocaron un incendio que provocó su muerte. 

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la elevación a juicio de la causa se formalizó tras una resolución firmada por la Cámara de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron lo actuado por el juez Mattos y rechazaron los recursos presentados por la defensa de los imputados.

De esta manera, el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se deberá realizar el juicio otra contra los imputados identificados como Elvio Omar Jede (49), José Luis “Kuby” Cabral (28), Ángela Yesenia Pereyra (33), Mercedes Angélica Pereyra (45) y un joven que al momento del hecho tenía 16 años.

Según detallaron, los primeros cuatro están acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo y daños, en concurso real”, mientras al adolescente solo lo imputan por “homicidio en ocasión de robo”. Las calificaciones prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión, según lo establece el artículo 165 del Código Penal de la Nación. 

Dora Ramírez tenía 71 años y vivía sola en una casa de la chacra 105. FOTO: El Territorio.

Fuego y muerte en la 105

El crimen de Ramírez se registró el 2 de mayo de 2022. Esa noche, vecinos de la chacra 105, ubicada en cercanías al Chango Más de la avenida Tacuarí, llamaron a la Policía porque una de las viviendas de la zona ardía en llamas.

Cuando los uniformados llegaron, poco y nada pudieron hacer para contener las llamas, mucho menos para salvar la vida de la anciana, que falleció calcinada en el interior de la vivienda.

Según señalaron los vecinos en ese entonces, Ramírez vivía sola y tenía problemas de movilidad por osteoporosis.

La hipótesis inicial apuntó a un hecho desafortunado y trágico desencadenado como consecuencia de un cortocircuito, pero las pistas recolectadas por los especialistas de la Dirección Homicidios de la Policía marcaron completamente lo contrario.

Las fuentes de LVM indicaron que, en medio de las averiguaciones, los investigadores obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que la muerte de Ramírez para nada se trató de un accidente, sino que más bien la anciana fue asesinada después de un robo.

A partir de ahí, avanzaron en la identificación de posibles sospechosos y así llegaron a cinco personas y en los allanamientos se secuestraron varios elementos de prueba más que comprometedores.

Los primeros detenidos fueron Jede y Pereira, en cuyo poder los investigadores incautaron un automóvil Peugeot 205 que habría sido utilizado para sustraer elementos de la casa de Ramírez e incluso fue captado por cámaras de seguridad dispuestas en cercanías a la vivienda de la víctima.

Durante la madrugada siguiente, es decir, el 6 de mayo, en tanto, los pesquisas avanzaron hasta una casa ubicada en el barrio Nuevo de Garupá, donde detuvieron a Romero y demoraron a un adolescente.

En ese lugar, los uniformados dieron con una importante cantidad de objetos que comprometieron a los involucrados como, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos, un nebulizador, un monedero y documentaciones vinculadas a Ramírez y familiares de la anciana asesinada.

Se estima que dichos objetos fueron parte del botín sustraído por la banda que esa semana ingresó a la casa de Ramírez y luego asesinó a la anciana y provocó un incendio en el lugar para borrar huellas.

El último en caer fue Kuby. Su detención se concretó durante un procedimiento en la chacra 181 y desde un comienzo fue apuntado como el “organizador” o “ideólogo” del golpe.


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Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura

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Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.

La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.

El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.

Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.

Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka


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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi

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Daniela Dupuy

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.

En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.

En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.

La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.

Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.

Tanto el diputado Germán Kiczka como su hermano Sebastián están desde el domingo presos en la cárcel de Cerro Azul.

En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.

A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.

Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.

Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.

Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores. 


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