El concejal de Garupá por el PRO Rodolfo Kusczak fue suspendido por tiempo indeterminado luego de que una comisión investigadora dictaminara que el edil incurrió en “actos de conducta inmoral y deshonesta” en el marco de una denuncia efectuada contra el presidente del cuerpo legislativo Miguel Rauber, acusación que luego fue considerada “falsa, infundada y maliciosa”.

La sanción al concejal Kusczak se resolvió en la sesión del martes, donde uno de los temas incluidos en la orden del día consistía en tratar en el dictamen de la comisión investigadora que se formó días después de que el edil acusara a Rauber por presuntas adulteraciones en el presupuesto de 2025.

El tema fue analizado durante un lapso de 60 días y en ese período la comisión investigadora se encargó de revisar las documentaciones vinculantes, como así también citó al denunciante para que ratificara su acusación y/o presentara pruebas, lo que finalmente nunca ocurrió.

En consecuencia, la comisión consideró que el accionar del edil opositor constituyó una “conducta inmoral y deshonesta” al “difundir socialmente una falsa denuncia o una información falsa”, generando un “gran perjuicio a las instituciones democráticas” que forman parte del poder Legislativo y Ejecutivo del municipio.

Los investigadores consideraron que la denuncia no tuvo “sustento probatorio alguno” e incluso concluyeron que “no existió falsificación de la Ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año 2025, la cual fue debatida, aprobada y publicada conforme a las disposiciones legales vigentes”.

En base a todo lo expuesto, consideraron que la conducta de Kusczak “configura una transgresión a los deberes de probidad, lealtad institucional y respecto entre pares”, por lo cual recomendaron al cuerpo legislativo proceder a la destitución del edil en cuestión, amparados en el artículo 25 inciso d del Reglamento Interno del HCD local y al artículo 247, inciso 3, de la Carta Orgánica Municipal.

Conocido el informe, el presidente del HCD, Miguel Rauber, no apoyó la destitución del concejal, pero sí consideró oportuno la aplicación de una suspensión hasta tanto la Justicia emita una resolución.

La moción fue acompañada por mayoría y de esta manera se aprobó la suspensión de Kuszack.

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Un proyecto de ley, impulsado por un grupo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y el partido tucumano CREO que lidera el ruralista Sebastián Murga, propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y el traspaso de sus funciones y recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.

La iniciativa se encuentra en la órbita de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados de la Nación, y es autoría de la legisladora del PRO Corrientes, Sofía Brambilla.

En su artículo 1º, el proyecto dispone “disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ente de derecho público no estatal”, y en el 2º ordena “transferir la totalidad de los recursos materiales y financieros” a la secretaría a cargo de Sergio Iraeta.

En sus artículos 5º, 6º y 7º, contempla la creación de un “Fondo de la Yerba Mate”, administrado por la Secretaría dependiente de la cartera de Luis Toto Caputo, que será distribuido entre los actores de la cadena productiva yerbatera.

En los fundamentos, los diputados macristas y libertarios cuestionan la “eficacia” del organismo que quieren desaparecer y argumentan que, luego de más de 20 años de su creación, su desempeño fue empañado por “resoluciones contradictorias”, “ineficiencia administrativa” y una “superposición con organismos como Senasa y Anmat”.

En otro párrafo, hablan de “inseguridad jurídica, litigiosidad y costos innecesarios para el sector productivo”, y culpan al Inym del “creciente malestar entre productores, industriales y exportadores”.

Sostienen que “con esta iniciativa se busca dar respuesta a un reclamo concreto de los actores del sector, que ven en la actual institucionalidad un freno al crecimiento y la competitividad”.

“El INYM funcionó durante más de 20 años como una estructura burocrática que ahogó al sector con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios concretos”, afirman.

Firman el proyecto, los macristas Damián Arabia (Caba), Gerardo Millman (Buenos Aires), Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro), Karina Bachey (San Luis), José Núñez (Santa Fe), Aníbal Tortoriello (Río Negro), Germana Figueroa (Santa Fe), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), Marilú Quiróz (Chaco), Martín Ardohain (La Pampa), Ana Romero (Chubut) y Nancy Ballejos (Entre Ríos); la tucumana de CREO Paula Omodeo y el libertario entrerriano Benedit Beltrán.

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El senador del PRO Misiones y titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, del Congreso de la Nación, Martín Goerling, diferenció el decreto 330/2025 del presidente Javier Milei que autoriza a la Policía Federal (PFA) a patrullar las redes sociales y efectuar requisas sin orden judicial, de la ley de ciberdelitos aprobada por la Legislatura de Misiones en septiembre del año pasado.

“No es lo mismo, no crea una fiscalía específica”, distinguió Goerling y opinó: “La ley de Misiones es inconstitucional”.

El parlamentario macrista explicó a La Voz de Misiones que el decreto presidencial, que creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, “señala taxativamente que toda la actividad investigativa –en este caso, la referida a lo que se conoce como ciberpatrullaje– deberá realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito”.

Goerling reconoció que el artículo 6°, inciso 11, autoriza a la PFA a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

“Esta facultad permite a la fuerza actuar de manera proactiva en entornos virtuales donde se gestan o manifiestan delitos como el grooming, la trata de personas o el narcotráfico, sin necesidad de intervención judicial previa, siempre que se trate de espacios accesibles al público”, justificó.

“No obstante, el mismo artículo impone límites claros para proteger los derechos fundamentales”, aseguró el senador misionero y abundó: “Las tareas digitales deberán realizarse conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente y deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.

“De este modo, el nuevo marco normativo busca equilibrar la eficacia en la prevención del delito con el resguardo de las garantías constitucionales”, opinó.

Goerling, que participó ayer del acto en el barrio porteño de Palermo donde Milei y su ex jefa política, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentaron la nueva dependencia que bautizaron como el “FBI argentino”, adelantó a LVM que “en la comisión bicameral que presido vamos a hacer un estudio a fondo y después vamos a dar una opinión”.

“Me parece perfecto que se investigue en las redes al delito, no a las opiniones políticas”, afirmó y opinó que “ese es el limite que pasó la legislación de Misiones”.

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