Policiales
Ni Una Menos, diez años después: 56 femicidios y 22 perpetuas en Misiones
Este martes 3 de junio se cumplen diez años de la primera marcha del Ni Una Menos, expresión feminista que surgió en repudio al femicidio de la adolescente entrerriana Chiara Páez (14) y que se transformó en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en todo el país, incluyendo Misiones, donde la movilización se replica cada año y donde el mismo flagelo golpea fuerte.
Según un relevamiento realizado por La Voz de Misiones en base a estadísticas propias que fueron elaboradas año a año, desde aquel 3 de junio en que nació el movimiento Ni Una Menos en la tierra colorada se registraron al menos 56 femicidios.
También hubo casos de mujeres que resultaron asesinadas en casos de inseguridad o dramas familiares como los hechos de parricidio, pero del análisis se desprende que hay al menos 56 crímenes donde la violencia de género o el desprecio hacia el género fueron la razón predominante para cometer el asesinato.
Entre esos 56 femicidios contabilizados por LVM desde el 3 de junio de 2015 hasta la actualidad hay, además, un caso de doble femicidio cuyo autor Sergio Kozak continúa prófugo con pedido de captura internacional y un caso de triple femicidio vinculado, donde además de la mujer también fueron asesinados sus dos pequeños hijos.
Hay 22 hombres que ya fueron condenados a prisión perpetua por sus respectivos crímenes, mientras que otras 21 causas registran sospechosos detenidos que continúan sometidos al avance de la Justicia, mientras que al menos cuatro casos sin resolver y sin ningún responsable tras las rejas. Por otra parte, hubo ocho femicidios seguidos de suicidio. La mayoría de los acusados eran parejas o ex parejas de sus víctimas.

Sergio Kozak lleva más de tres años prófugo por el doble femicidio de Gabriela Agüero y su hija Débora Elizalde en San Antonio.
De 2015 a 2020
El primer femicidio registrado tras el nacimiento del Ni Una Menos fue el de Horacelia Marasca, una adolescente de 16 años que el 16 de agosto de 2015 fue asesinada, descuartizada y descartada en las alcantarillas del arroyo Martíres en Posadas. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua su ex pareja, el carpintero Martín Monzón, tras un juicio realizado en 2023.
Meses después, el 21 de octubre de 2015, la víctima fue Hilda Manzur (36), en Leandro L. Alem, caso por el cual fue detenida su pareja, aunque el caso hasta el momento no llegó a debate oral.
De allí hay que pasar a 2016, año en el cual se contabilizaron cinco mujeres asesinadas en contextos de violencia de género: Gisel Rodríguez Da Silva (26); Angélica Suárez (20); Margarita Valdez (76); Evelyn Rojas (26); e Irma Ferreyra Da Rocha (47).
Salvo el caso de Margarita Valdez, por el asesinato de todas las demás chicas ya hubo responsables condenados a prisión perpetua.
Da Silva fue estrangulada en su casa de la chacra 32-33 de Posadas y por ese hecho purga prisión el carnicero Carlos Martín Ruiz Díaz, que tras el crimen escapó a Paraguay y fue detenido en Encarnación.
Por el caso Angélica Suárez, quien también fue estrangulada y luego arrojada dentro de una valija al arroyo El Soberbio, cumple prisión perpetua su ex pareja Oscar Baungardt.
El crimen de la joven trans Evelyn Rojas también fue considerado como femicidio por la Justicia y en esa causa fue condenado fue Ramón Da Silva, más conocido como Junior, Ramoncito o Polaquito. La sentencia también incluyó el agravante de “odio a la identidad de género”, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo eliminó tras analizar el fallo, aunque no modificó la pena.
El último femicidio del 2016 fue del Irma Ferreyra da Rocha (47), abusada y asesinada luego de una fiesta en Garupá. Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) purga prisión perpetua por aquel crimen.
Al año siguiente se registraron cuatro asesinatos marcados por la violencia de género. María Belén Rivas (16), que además estaba embarazada de siete meses, en Puerto Iguazú y Paulina Portillo (27) en Eldorado. Por el primer caso fue sentenciado a perpetua Carlos Batista, mientras que por el crimen de Portillo fue detenido Máximo Barúa.
Los restantes femicidios de ese año fueron el de Viviana Soledad Cabrera en Bonpland (26) y el de Mirta Roxana Carvallo en Villa Bonita (43). Los asesinos fueron Lucas Cabrera y Luis Ricardo Coussin (43), quienes se suicidaron tras los crímenes.

2018 fue el año con el peor registro en cuanto a femicidios en Misiones.
2018 fue el año con el peor registro de la década analizada, con un total de 9 femicidios. Las víctimas de ese año fueron Elsa Inés Glosniski (64), de Aristóbulo del Valle; María Larrosa (51), de Dos Hermanas; Carolina Aguerre (30), de Oberá; Raquel Dos Santos (17), de San Pedro; Ruth Gómez (17), de Iguazú; Liliana Toth (56), de Gobernador Roca; Natalia Samaniego (25), de Posadas; Claudia Dino (27), de San Martín; y Cecilia Krujoscki (34), de Aristóbulo del Valle.
Las perpetuas fueron para Ariel Duarte, por el caso Gómez; Teodoro Lukasiewicz por Toth; Juan Carleris por Samaniego; Daniel Salvayot por Dino; y Miguel Ángel Feldick por Krujoscki.
En 2019 los casos registrados fueron seis y las víctimas fueron más porque hubo un triple femicidio vinculado: María Belén González (16), de Iguazú; Fiorella Itatí Aghem (20), de San Vicente; Antonela Bernhardt (27) de Oberá (asesinada en Posadas); Estela Fidencia Arapayú (49), de Colonia Oasis; Raquel Pereira (22) y sus hijos Thiago (5) y Jefferson (8), de San Pedro; y, por último, Vilma Mercado (19), también de Iguazú.
Todos los hechos estuvieron marcados por la crudeza, más aún el de Raquel Pereira, que junto a sus hijos fue masacrada a machetazos por su ex pareja Silvio Mogarte, que después de la matanza intentó suicidarse, pero no lo logró y tras quedar detenido fue condenado a prisión perpetua, al igual los asesinos de las demás chicas: Sebastián Estridel; Leopoldo Borovski; Lotario Puzin; y el soldado Carlos Leandro Luis Villar.
La única excepción fue el caso Bernhardt, cuyo acusado fue el fotógrafo Cristian Vargas, quien llegó a juicio imputado por femicidio pero el Tribunal Penal Uno decidió condenarlo a 20 años de prisión por homicidio simple, fallo que aún no está firme.
De 2020 a la actualidad
En 2020, año marcado por el inicio de la pandemia y las restricciones sanitarias, hubo 7 casos: Salete Rodríguez López (54), en San Antonio; Sonia Cerpa (40), en Dos Hermanas; Lorena Barreto (32), en Puerto Libertad; María Solange Diniz Rabela (24), en la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente; Yésica Tavárez (19), en San Javier; Cintia Lemos (27), en Montecarlo; y Patricia Mereles (32).
Por esos siete casos se dictaron cuatro condenas a perpetua, aunque en uno de ellos, en el crimen de Mereles, el STJ ordenó que se dicte una nueva sentencia sin el agravante de femicidio.
Otro hecho tiene a su imputado a la espera del juicio oral. Se trata del cacique Claudio, que el 18 de junio enfrentará a la Justicia por el asesinato de su pareja Diniz Rabela.
Los restantes casos se trataron de femicidios seguido de suicidios.

El caso de Soledad Machuca es uno de los tres femicidios registrados en 2025.
El segundo año de la pandemia, es decir, 2021, se dirigía a terminar sin femicidios, pero el sábado 27 de noviembre la joven madre Amalia Pamela Torres (22) fue hallada sin vida en su casa de Oberá.
Todas las sospechas recayeron sobre su ex pareja, quien fue detenido a las pocas horas pero tras un meses quedó libre por falta de pruebas y el caso camino hacia la impunidad.
Para 2022 el flagelo volvió a tomar otra dimensión con otras siete mujeres asesinadas en contextos de violencia machista: Estefanía Beatriz Benítez (22), en Oberá; Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (24), en San Antonio; la taxista Claudia Benítez (34), en Posadas; Beatriz Machado (17), en San Antonio; Dora Samaniego (79), en Posadas; y Virginia Riquelme (41), en Wanda.
De entre esos casos, hasta el momento solo fue condenado el responsable de la muerte de Machado, Pablo Rafael Alvez Policeno. Las demás causas tienen detenidos a la espera de juicio o se suicidaron tras el hecho.
El panorama en 2023 no fue muy diferente, con otros siete femicidios. Las víctimas de ese año fueron Natalia Castro (41), en Posadas; la gendarme Jéssica Galeano (31), en Posadas; Daniela Carmen Radke (23), en San Vicente; Norma Maidana (40), en Garupá; Jéssica Silvana Duarte (30), en Comandante Andresito; y Adriana Estefanía Dos Santos (16), en San Pedro.
Los siete casos tiene a sus respectivos sospechosos detenidos y a la espera del avance de las investigaciones. Todos están imputados por femicidio, que prevé prisión perpetua.
En 2024 la tendencia negativa se mantuvo. Fueron seis los crímenes de este tipo registrados a lo largo de ese año: la niña Milagros Ayelén Prestes (10), en Colonia Aurora; Graciela Beatriz Soto (49), en San Ignacio; Ramona Morínigo (39); en Posadas; Priscila Cecilia Díaz (20), en Jardín América; otra niña, Fabiana Sirino (8), en 25 de Mayo; y María Ofelia Calixto (33), en Alberdi.
Todos los hechos tienen detenidos bajo firme sospecha de ser autores de los crímenes investigados, a excepción del caso Soto, que permanece sin resolverse y del de Calixto, cuyo responsable se suicidó.
Transcurridos seis meses del 2025, son tres los casos de femicidios contabilizados: Amanda Müller (70), en Santa Ana; la preceptora Soledad Machuca (34), en Posadas; y Juana Maciel (23), en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú. En todos ellos hay detenidos.
Policiales
Inspección ocular en el Concejo de Caraguatay por la denuncia contra Peyer
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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