Judiciales
Perpetua para Martín Monzón por el femicidio de Horacelia en 2015

Ni accidente, ni legítima defensa, ni emoción violenta. Martín Fernando Monzón (39) no pudo torcer su destino y este mediodía fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Horacelia Génesis Marasca (16), la adolescente que en 2015 fue ultimada a puñaladas, descuartizada y descartada en bolsas de consorcio por desagües y alcantarillas del barrio Villa Cabello de Posadas.
La sentencia fue dictada minutos antes de las 13, en el recinto de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), quienes deliberaron el fallo en sesión privada durante casi una hora.
En su veredicto, los jueces decidieron declarar a Monzón autor del delito de “homicidio calificado por haber sido cometido contra persona con quien se ha mantenido una relación de pareja”, figura enmarcada en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal de la Nación Argentina.
De esta manera, Monzón recibió la pena de prisión perpetua y deberá cumplir al menos 35 años de encierro efectivo. Recién en 2050 estará habilitado a solicitar una posible libertad condicional.
“Lamento mucho lo que sucedió, lo lamento por ella, por nuestro hijo. También lo lamento por mí porque yo la quería mucho, yo la cuidaba. En ese momento me vi acorralado y no supe cómo defenderme, porque ella me ataca con furia. No me dio la oportunidad de correr como veces anteriores”, fueron las últimas palabras emitidas por el ahora condenado ante el tribunal, manteniendo así y hasta la última instancia su versión defensiva, de la cual -asegura- nadie le cree y por ello pidió el uso del “suero de la verdad”.

Monzón deberá cumplir -al menos- 35 años de prisión efectiva.
Alegato fiscal: Monzón, un asesino cruel y frío
Justamente, quien se encargó de contrastar esa versión fue el fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato consideró el hecho como un asesinato “cruel” y “frío”, del cual Monzón era “absolutamente culpable”.
La exposición del representante del Ministerio Público Fiscal ante los magistrados se extendió durante casi una hora, lapso en el cual reconstruyó el femicidio y ahondó en los elementos de prueba que -según su consideración- permitían contrarrestar cada una de las variables defensivas que podría plasmar luego el abogado público del acusado, Miguel Ángel Varela.
“Estoy contento de que haya llegado este momento porque significa el final del juicio contra Horacelia, destinado a comprobar si ella era una pequeña niña atorrante que se merecía todo lo que le pasó. He escuchado demasiados testimonios que parece ser que estaban destinaos a acreditar eso y me alegra tener la oportunidad de poder contar la historia de verdad”, comenzó, con ironía y sin vacilar, el fiscal Glinka, apuntando a una estrategia defensiva que -a su parecer- pretendía ubicar a la víctima como una adolescente “loca, falopera, agresiva y mala madre”.
Luego, cuestionó la relación de pareja existente entre la víctima y Monzón, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambos. “Eso no era una relación real. Eso era técnicamente un abuso o corrupción de menores. Horacelia era una joven con múltiples vulnerabilidades. Ella se quería separar, pero no tenía a quién recurrir”, continuó.
Con ello dio paso a la reconstrucción del hecho y, en primera instancia, describió las circunstancias de tiempo y lugar: 16 de agosto de 2015, a la noche, en el departamento 3, del edificio A, de la chacra 150, del barrio Villa Cabello de Posadas.
Para el fiscal, quedó probado que esa tarde la adolescente se encontró con un sereno con quien mantenía relaciones sexuales paralelas y a quien calificó como “otro degenerado”, pero que Monzón la encontró y eso desató una discusión que derivó en el crimen horas después. “Ella se quería separar, pero él no quería aceptarlo”, señaló.

El fiscal Vladimir Glinka, el arma homicida, el tribunal y los flashes.
A partir de ahí, valoró los aportes brindados por los médicos forenses Silvina Lanzos y Antonio Galuppo, y se apoyó en un muñeco de RCP para describir las lesiones sufridas por la víctima y reconstruir la mecánica del femicidio.
De esta manera, Glinka apuntaló que Horacelia fue golpeada, muy posiblemente contra la pared, producto de lo cual perdió dos dientes frontales, y luego fue ultimada de tres estocadas en el pecho, una de las cuales vulneró el esternón, perforó el corazón e hizo tope en la sexta vértebra dorsal.
Y fue más allá en su análisis: “Se ha dicho que estas lesiones fueron producidas en forma simultánea, pero no fue así. Primero hubo golpes, luego un silencio y después puñaladas. Después de los golpes ella estaba inconsciente y, claro, Monzón ya no podía ir para atrás con todo lo malo que ya estaba haciendo. Para él fue mejor asesinarla cruel y fríamente”.
Su hipótesis sostiene que, al ver a Horacelia inconsciente en el suelo, Monzón decidió asesinarla y para ello probó tres “incisiones” hasta concretar la lesión más grave, que alcanzó los 14 centímetros de profundidad y se constituyó como la herida mortal.
En ese marco, al considerar que la víctima fue asesinada en estado de inconsciencia y, por ende, indefensión, Glinka amplió la acusación y también colocó en el caso el agravante de alevosía, aunque esto fue desestimado en la sentencia.
Para culminar, el fiscal descartó que el hecho haya podido tratarse de un accidente por las características de las lesiones descritas; desestimó la teoría de una “legítima defensa” al fundamentar -entre otras cosas- que no hubo enfrentamiento entre los involucrados; y sostuvo que la posibilidad de una “emoción violenta” como reacción a una infidelidad solo formaba parte de una coartada.
“Monzón actuó con absoluto desprecio por la vida humana. No imagino un homicidio peor. Acá Horacelia era una nena que cayó en mano de dos degenerados, uno de los cuales la mató, la partió en pedazos y la arrojó por todos lados”, cerró Glinka, antes de pedir la prisión perpetua para el acusado.
Alegato defensivo: “Era la vida de él o de ella”
Al culminar Glinka, le llegó el turno de exponer al defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuyo alegato superó los 90 minutos y estuvo cargado de cuestionamientos a las labores realizadas por peritos intervinientes en la causa, además de un apartado dedicado a la prensa.
El defensor comenzó por las denuncias previas por violencia que fueron radicadas contra Horacelia tanto por Monzón como por una hermana de ella, además de recordar el testimonio de vecinos que dieron cuenta de agresiones de parte de la adolescente hacia el acusado.
Luego, atacó el aporte de los peritos Lanzos y Galuppo, realizadores de la autopsia y quienes al declarar durante el juicio indicaron que tanto los golpes como las puñaladas que presentaba Horacelia eran de características “vitales”, es decir, producidas con ella aún en vida.
Y Varela arremetió: “Los peritos no dijeron esto nunca antes. Recién ahora lo incorporaron y cuando pregunté en base a qué llegaron a esas conclusiones dijeron que fue a través de las fotos. Es absurdo. Ellos no cumplieron con su deber y vinieron a decir una cosa que no es verdad y en perjuicio del imputado”.

El defensor Miguel Ángel Varela entregó al tribunal bibliografía forense y antecedentes de nulidades contra peritos.
El letrado también cuestionó a los peritos que realizaron la junta psiquiátrica a Martín Monzón, al señalar que realizaron una “indagatoria ilícita” al imputado y se consideró en “desigualdad de armas”, dado que las defensas no cuentan con peritos de parte.
Ya en los últimos minutos de alocución, el defensor volvió a mencionar agresiones de parte de Horacelia al imputado y señaló que “a Monzón podemos no creerle, pero por fuera de su relato hay indicios múltiples y coincidentes que pueden constituir prueba de ello”.
A partir de ahí, trazó su versión del hecho y profundizó en la tesis de la legítima defensa: “Hay una primera confrontación. Ella cae sobre una mesita en la sala, se levanta, va a la cocina y regresa con el cuchillo. Monzón no la ve. Ella manda el primer puntazo con intenciones de matarlo. Él manotea, hay un forcejeo y se produce el desenlace fatal”.
Además, agregó que “acá se ha autopuesto en peligro la víctima. La acción se Horacelia de atacar es la que causa el resultado”, comparando la situación -con las salvedades propias del caso- con un ladrón que ingresa a robar y corre el riesgo de que el dueño de casa pudiera estar armado y arremeter contra él.
Incluso, Varela avanzó hacia un posible escenario de exceso en legítima defensa y argumentó: “Era la vida de él o de ella. Tuvo que optar. Tuvo que defenderse”.
Ante este panorama, el letrado solicitó la absolución de Martín Monzón por legítima defensa o bien la pena mínima por exceso de legítima defensa u homicidio bajo emoción violenta. También planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Nada de ello fue tenido en cuenta en la sentencia.

El debate oral comenzó el 1 de marzo y fue presidido por el juez César Yaya.
Apostillas
- FUNDAMENTOS: Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el 23 de marzo, a las 12, en el Tribunal Penal Dos.
- LA PRENSA: El defensor Miguel Ángel Varela cuestionó la cobertura mediática del caso, alegando parcialidad hacia la fiscalía y morbo. “Lamentablemente, la prensa no refleja todo lo que ocurrió en este caso. Lo hace de forma tendenciosa, por el condimento fuertísimo del desmembramiento y el morbo”, sostuvo.
- PRESENTES: La última audiencia del juicio contó con la presencia de varios funcionarios judiciales, entre ellos, la fiscal Adriana Herbociani, el juez Ricardo Balor y el ex jefe de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Judiciales (Saic), Fernando Castelli.
- EL JUICIO: El debate oral se extendió durante siete jornadas y declararon un total de 23 testigos.
Judiciales
Gitano acusado de homicidio se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel

Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), el gitano detenido desde anoche por el asesinato del Daniel Jesús Traico (24) -integrante de la misma comunidad-, se abstuvo de declarar esta mañana ante la Justicia, fue imputado por homicidio y continuará el avance de la causa alojado en una unidad penal.
El joven fue trasladado a primeras horas de este jueves hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
Según detallaron las fuentes de La Voz de Misiones, el implicado designó abogado defensor oficial y luego de cumplimentar ese trámite optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de las pruebas que hasta el momento obran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Por razones de seguridad, culminado los trámites de rigor, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que Marcos sea alojado en una unidad penal de la provincia para preservar su integridad y evitar cualquier clase de ataque, represalia o episodio de violencia en su contra.
Prácticamente acorralado por los agentes que estaban en su búsqueda y persuadido también por su propio padre, el implicado se entregó anoche ante la Policía tras permanecer una semana prófugo.
Crimen y venganza
El crimen de Traico se registró el 29 de enero. El joven fue atropellado intencionalmente mientras cruzaba la colectora de la avenida Quaranta, en cercanías a la estación de transferencia y de su casa.
La víctima fue arrollada por un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Marcos, ahora detenido e imputado por homicidio.
Después del hecho, Traico fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su deceso desató una cacería por parte de sus familiares, quienes esa misma mañana incendiaron dos viviendas relacionadas a los Marcos.
“Hay más casas para incendiar si no meten presos al acusado. Si nadie hace nada vamos a hacer justicia por mano propia. Una casa, un auto, se recupera. Una vida no”, habían amenazado ese mismo día y es por ello que tanto la Justicia como la Policía extrema medidas seguridad en torno al caso.
En su denuncia, la familia de la víctima acusó un homicidio planificado, con varios actores más involucrados, a quienes apuntan como encubridores. En ese marco, el día siguiente al crimen fueron detenidos otros dos jóvenes de la misma comunidad, quienes en las próximas horas podrían ser excarcelados y continuar el proceso en libertad dado que el principal sospechoso ya se encuentra tras las rejas.
Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas
Judiciales
Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.
El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.
Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre.
La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.
Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.
En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.
En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.
En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.
La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.
Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas
Judiciales
Maldonado, el agresor del periodista Ortiz, pagó 1 millón y quedó en libertad

El abogado Gustavo Maldonado recuperó la libertad este viernes tras presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, dondé prestó testimonial y pagó una fianza de 1 millón de pesos en el marco de una denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortiz.
La medida se concretó de inmediato tras la fianza “otorgada por dos personas como garantes de que cumplirá con las medidas y se presentará ante el juzgado cuando sea llamado”, según confirmó a LVM el juez Pedro Piris, titular subrogante del mencionado juzgado.
De esta manera, le fue otorgada la libertad provisional con medidas de restricción que incluyen la prohibición de contacto, ausentarse del país y presentarse periódicamente, con posibilidad de implementación de un botón de pánico a los denunciantes, entre los que se encuentran el periodista Ortiz y su pareja.
También quedó en libertad Gastón Machado, quien estuvo detenido durante una semana por acompañar a Maldonado el día en que se produjo la agresión contra el periodista.
Tanto el abogado Maldonado como Machado, seguirán imputados por el delito de “amenazas agravadas” y “lesiones leves” y deberán continuar a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.
Antecedentes
El miércoles 16 de enero el abogado y secretario legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), se presentó en el domicilio del periodista, Enrique Ortiz (49), a quien propició golpes y empujones. En ese momento, estuvo acompañado por Gastón Machado, quien habría portado un arma de fuego, según los videos viralizados en redes sociales.
Hasta el mes de diciembre, Maldonado fue certificado por su trabajo como planta permanente en la legislatura local. El documento que circuló en forma de denuncia, expone una lista de 17 trabajadores en la misma condición, cuyas actividades fueron aprobadas por el concejal Pablo Velázquez, que estampó su firma al final de la nota titulada: Certificación de Servicios.
Tras la denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” y el inicio de la causa judicial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.
La institución analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.
Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado
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