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Descartan femicidio en caso Antonella y condenan a Vargas a 20 años

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La familia de Antonella Bernhardt (27) volvió a llorar su muerte esta tarde. Contrariamente a lo solicitado tanto por la fiscalía como por la querella, el Tribunal Penal Uno de Posadas desestimó el agravante de femicidio y encuadró el asesinato de la joven como un homicidio simple, aplicando una pena de 20 años de cárcel para el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33), quien de esta manera esquivó la prisión perpetua. 

El fallo fue dictado hoy, exactamente a las 14, luego de los tres extensos alegatos desarrollados por las partes involucradas y tras una deliberación de poco más de una hora por parte de los integrantes del tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.

Con el fallo resolutivo en manos, los jueces regresaron a la sala de debates y por secretaría se leyó la sentencia en la que Vargas fue declarado autor del delito de homicidio simple y condenado a purgar 20 años de prisión, de los cuales ya llevo cumplidos cuatro, debido a que permanece detenido desde el 4 de abril de 2019, día en que se cometió el hecho.

Según consta en el documento, el tribunal calificó el hecho como homicidio simple por unanimidad, al tanto que el magistrado Dejesús Cardozo votó en disidencia respecto al monto de la pena ya que consideró que lo correcto era la aplicación de 25 años de cárcel, el máximo previsto para el artículo 79 del Código Penal de la Nación.

“Vergüenza, vergüenza”, alcanzaron a gritar algunos de los presentes en un SUM del Palacio de Justicia colmado, aunque la totalidad de los presentes se retiraron del recinto sin mayores inconvenientes.

Ya en los pasillos del edificio tribunalicio, las escenas de abrazos, lamentos y llantos sí ganaron lugar, casi en forma de “gritos ahogados”, tal como algunos testigos describieron oír desde el interior del departamento de Antonella el día del crimen.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 28 de noviembre, a las 12.30, en la sede del TP Uno, ubicado por calle Catamarca. A partir de ahí las partes tendrán la posibilidad de apelar la sentencia para su posterior revisión por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

Antes de oír su sentencia, Vargas hizo uso de sus últimas palabras y se explayó durante diez minutos ante el tribunal. Allí pidió perdón a la familia, insistió por cuarta vez en su teoría defensiva, habló del “in dubio pro reo” y pidió “benevolencia” al tribunal.

El fallo fue dictado por el Tribunal Penal Uno y los fundamentos serán comunicados el 28 de noviembre. FOTO: Marcos Otaño.

La querella: “Él eligió matarla”

La sexta y última jornada del debate comenzó minutos después después de las 8.30, esta vez con transmisión en vivo a través de Youtube. El primero en exponer sus conclusiones finales fue el letrado Mauricio Vergara, querellante particular en representación de la familia Bernhardt. 

Apenas comenzado, Vergara pidió al tribunal “resolver con perspectiva de género” y solicitó “una sentencia ejemplificadora para que no hayan más Antonella’s”.

Luego, reconstruyó que el acusado contactó a la víctima a través de un ofrecimiento para realizar un book de fotos y que con ello se “aprovechó de la condición de necesidad” de Antonella, dado que la joven atravesaba un difícil momento económico, en permanente búsqueda de trabajo.

“Se aprovechó de su situación de poder, de macho y decidió matarla para callarla y poder huir”, expresó Vergara.

Respecto a la calificación legal del hecho, eje principal de la discusión, el letrado querellante desestimó la aplicación del agravante de alevosía que añadió la fiscalía en jornadas previas y solamente ató el caso a la figura de femicidio (artículo 11 del artículo 80).

“Si no la hubiese matado, los golpes ya eran elementos constituyentes de violencia de género. Él eligió matarla, así que no cabe más que condenarlo por femicidio”, concluyó Vergara, aunque de manera subsidiaria pidió que si el tribunal consideraba el hecho como un homicidio simple se aplique el máximo de la pena.

La fiscalía: “Cuando recibió un no, la mató”

Seguido a Vergara, llegó el momento del fiscal Martín Rau, quien expuso durante casi dos horas, apoyándose en filminas con transcripciones de testimoniales, reproducción de chats y exhibición de fotografías. 

Fiel a su estilo, el representante del Ministerio Público Fiscal comenzó su alegato desarrollando la versión dada por el imputado para luego contrastar cada fragmento de ese relato defensivo con las pruebas obrantes en el expediente y las recolectadas durante el proceso oral.

En sus tres indagatorias (una en instrucción y dos en juicio), Vargas sostuvo que, en medio de la sesión de fotos, mantuvo un encuentro sexual con Antonella que ella filmó y que luego utilizó para extorsionarlo, lo cual derivó en una discusión y un forcejeo que culminó en una puñalada “accidental” en el cuello de la víctima. Sobre ello, Rau fue directo: “Son falacias”.

Tal como lo había adelantado en la ampliación de imputación efectuada el viernes pasado, Rau trazó como hipótesis del caso que Antonella le reclamó a Vargas el pago de una sesión de fotos tomada anteriormente y que ese fue el desencadenante de una discusión que derivó en el femicidio.

El fiscal sostuvo que en medio de la discusión Vargas golpeó en la cabeza a Antonella con un velador que se rompió “en tres pedazos” y con ella desmayada en el suelo le aplicó la puñalada que le perforó la vía aérea y que se detuvo en los cuerpos vertebrales 3 y 4, provocando un shock hipovolémico y un síndrome de asfixia ya que esa misma sangre ingresó al conducto respiratorio.

El fiscal Martín Rau pidió prisión perpetua por doble homicidio calificado por femicidio y alevosía. FOTO: Marcos Otaño.

Para sustentar su teoría, Rau repasó los testimonios brindados por las tres vecinas que ese día intervinieron en auxilio de Antonella y que incluso filmaron a Vargas retirándose del lugar.

“Capdevila (testigo) escuchó ‘gritos ahogados’. Y su testimonio encuentra correlato en las pruebas. Ni ella ni las otras testigos mencionan haber oído los gritos de la pelea que refiere el imputado y eso que a través de esas paredes hasta se escuchaba el ruido de la cadena del baño”, graficó el fiscal.

A continuación, dio paso a la declaración de la médica forense Carolina Lanzos, a quien calificó como “testigo calificado” y “más importante”.

Para Rau el testimonio de Lanzos fue categórico para establecer que Antonella recibió “una paliza” que la dejó “desmayada” y que estando “acostada en el piso” recibió una “puñalada brutal”.

“Sobre el tórax tenía manchas de sangre gruesas, eran coagulaciones, eran manchas sin caída. Lo determinante no es dónde hay manchas, sino dónde no hay manchas de sangre y por el principio de transferencia de sangre se observan manchas en la pared, pero siempre en la zona baja. Todo esto demuestra dónde estaba ubicado el cuerpo al momento del hecho”, argumentó.

Rau también desestimó la versión de un encuentro sexual entre Antonella y Vargas y más aún la existencia del video del acto con el cual la joven supuestamente pretendió extorsionar al ahora condenado ya que dicho material nunca fue hallado a pesar de las pericias informáticas. 

En esa línea, apuntó que “Vargas utilizó las fotos para satisfacer su apetito voyerista y tomó a la mujer como un objeto. Sabía que Antonella buscaba trabajo y se aprovechó de eso. Cuando recibió un no, la mató. Él no aceptó que Antonella se revelara. Hoy solo quiere manipular al tribunal y cambia su versión en cuanto la prueba va derrumbando sus dichos”.

Al considerar probado que medió violencia de género en el caso y que el acusado actuó sobreseguro contra una víctima indefensa, Rau mantuvo su acusación y pidió la pena de prisión perpetua para Vargas como autor de homicidio doblemente calificado por femicidio y alevosía.

“La violencia de género ya no se sufre en silencio, la gente se involucra y la participación de estas vecinas impidió la impunidad de este hecho”, valoró Rau respecto a la conducta de las vecinas de Antonella.

Y, por último, ya ganado por la emoción, el fiscal miró al tribunal y culminó su pedido: “Hay una deconstrucción social, ahora solo falta una deconstrucción judicial. Les toca a ustedes hacer lo suyo, para que la parte judicial no quede en una voluntad vacío de contenido. Deseo que esto se traduzca en la condena que hemos pedido”. Finalmente, no sucedió.

La defensa: “No hay certeza sobre los agravantes”

El último en exponer su alegato fue el defensor oficial Mario Ramírez, quien mantuvo el eje de la discusión en los mismos términos planteados desde el día 1 del caso: oponerse a la aplicación de agravantes.

“En este juicio no hay impunidad. Los agravantes de femicidio y alevosía no están presentes en este caso. No estamos pidiendo que le den un premio ni la libertad a Vargas, estamos diciendo que hubo un exceso en la calificante”, respondió a los otros alegatos el letrado con largos años de carrera como defensor oficial.

En marco, arremetió que “hay que trabajar con lo que hay, no con lo que no hay. No hay que presumir en contra del imputado. No se puede completar lo que no se sabe con agravantes, hay que fundamentarlo con lo que hay en la plataforma fáctica y acá no hay pruebas, no hay certezas sobre los agravantes, son puras conjeturas”.

Ramírez admitió que la versión dada por Vargas “es difícil de creer” y que “quizás ni su mamá le crea”, pero “él no está obligado a decir la verdad, es el Estado el que está obligado a probar el hecho, lo que no esta pasando”.

Vargas estuvo representado por el defensor oficial Mario Ramírez. FOTO: Marcos Otaño.

Para la defensa, la pelea narrada por el imputado sí existió y sostuvo que la forense Lanzos “se aventuró más allá de sus funciones” en su testimonio.

En esa línea, cerró con que “a Vargas le importaba más el celular de Antonella con el video y no traicionar a su esposa que ir preso. Es la realidad. Por eso dejó su celular y se llevó el de ella. No hay más que eso”.

Como corolario, consideró que “no porque la víctima haya sido una mujer es un femicidio y no porque haya habido mucha sangre es alevosía”. En consecuencia realizó pidió encuadrar el caso como un homicidio culposo o, en forma subsidiaria, la aplicación la aplicación de la pena mínima por homicidio simple. 

Finalmente, el tribunal se inclinó por esa última figura, aunque aplicó una pena de 20 años. Vargas se retiró esposa por una comitiva del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y volvió a ser alojado en la Unidad Penal VI de Miguel Lanús.

La causa había llegado a debate oral como femicidio, delito que prevé una pena de prisión perpetua equivalente a 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Al esquivar la perpetua, Vargas también quedó habilitado a pedir la libertad condicional antes de purgar la totalidad de la pena, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos por la ley.

La familia de Antonella Bernhardt se retiró en lágrimas pero sin incidentes. FOTO: Marcos Otaño.


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Ramón Amarilla quedará detenido en la cárcel de Cerro Azul

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Ramón Amarilla

Tras ser detenido anoche en el marco de una nueva causa iniciada esta semana por “intento de sedición y conspiración”, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla será trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, según confirmó al portal Norte Misionero el jefe de la Policía, el comisario general Sandro Martínez.

“El juez (Fernando Verón) ordenó el traslado del suboficial retirado Ramón Amarilla a la Unidad Penal de Cerro Azul y eso se está haciendo en este momento. No sé si declaró o no, pero el traslado se está realizando por una manda judicial”, reveló el mandamás de la fuerza provincial esta tarde.

Amarilla, al igual que otros siete agentes policiales, fueron detenidos ayer, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención el lunes el oficial ayudante Diego Hernán Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”.

En esas conversaciones, los involucrados planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospechaban hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron entre la tarde y noche de ayer.

El último en ser detenido fue Ramón Amarilla, quien no estaba en su casa pero cerca de las 22 se presentó en la Jefatura de Policía por calle Félix de Azara y desde ahí fue trasladado a la comisaría Segunda en compañía de su abogado defensor, el ex juez penal Ramón Grinhauz.

Esta mañana, uno de los máximos referentes de los policías en protesta fue llevado al juzgado que dirige Verón y allí se dispuso su posterior traslado a la cárcel de Cerro Azul, donde también están presos los hermanos Germán y Sebastián Kiczka.

“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial


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Narcopiloto boliviano recapturado firmó un juicio abreviado por 5 años

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Cristopher Andrei Cueto Lazcano (30), el narcopiloto boliviano que este año fue extraditado a Argentina tras permanecer más de ocho años prófugo, firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión, misma condena que se le había aplicado al otro extranjero que comandaba el Cessna 337 en el que llevaban 400 kilogramos de marihuana.

El abreviado fue firmado en las últimas, tras un acuerdo alcanzado entre la defensa del imputado y la fiscalía interviniente. Ahora el dictamen debe ser elevado al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, cuyas autoridades deben homologarlo para transformarlo en sentencia.

En el acuerdo Cueto Lezcano admitió la acusación que pesaba en su contra y se reconoció como “autor” del delito “contrabando de importación de estupefacientes agravado”.

Cueto Lazcano fue capturado el 19 de agosto de 2014 mientras aterrizaba una avioneta repleta de marihuana sobre una pista clandestina ubicada en un campo de Toledo, provincia de Corrientes.

Detrás suyo operaba una banda narco con base y líderes en Misiones, por lo cual el expediente más tarde recayó en manos del TOF de Posadas, aunque en medio del proceso de instrucción el extranjero logró fugarse de la provincia tras acceder a una prisión domiciliaria por una enfermedad en la piel.

Después de ello, Cueto Lazcano se transformó en un fantasma y nada más se supo de él, hasta que en 2017 volvió a tener actividad en las redes sociales y a mediados del año pasado fue capturado por Interpol en la ciudad boliviana de Tarija.

Tras su detención, el implicado fue alojado en un presidio de su país y a fines de agosto se concretó su extradición a la Argentina, más precisamente a Misiones, donde quedó detenido y ahora deberá cumplir condena.

Narco piloto boliviano que se fugó de Misiones en 2015 cayó en su país


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Suspendieron a la funcionaria judicial que habló con Kiczka durante su fuga

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La abogada, funcionaria judicial y pareja del defensor particular de los hermanos Kiczka, María Carla Dalmaroni, fue suspendida por 30 días a raíz de los contactos telefónicos mantenidos con el ex legislador durante sus días en clandestinidad.

La medida fue dictaminada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuyas autoridades dispusieron el inicio de un sumario administrativo y la suspensión por 30 días en sus funciones a Dalmaroni.

La sancionada se desempeña como secretaria en el Juzgado de Paz de Apóstoles, pero además de ello es pareja del abogado Gonzalo De Paula, quien asumió el patrocinio legal tanto de Germán Kiczka, como de su hermano Sebastián.

La mujer quedó en la mira de todos tras conocerse una pericia que confirmó que ella mantuvo contacto telefónico con el ex diputado mientras el imputado se encontraba prófugo y no informó sobre lo sucedido, a pesar de que en su carácter de funcionaria judicial estaba obligada a hacerlo.

Esta situación fue advertida por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la investigación contra los hermanos imputados por tenencia y distribución de archivos Masi (material de abuso sexual infantil) tras lo cual el STJ resolvió la medida.

La suspensión podría extenderse por 30 días más e incluso Dalmaroni podría ser excluida del cargo en caso de que el juez Faría avance judicialmente contra ella por su accionar en la causa Kiczka.

Sebastián Kiczka se negó a declarar ante un faltazo de su abogado defensor


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