Judiciales
Descartan femicidio en caso Antonella y condenan a Vargas a 20 años
La familia de Antonella Bernhardt (27) volvió a llorar su muerte esta tarde. Contrariamente a lo solicitado tanto por la fiscalía como por la querella, el Tribunal Penal Uno de Posadas desestimó el agravante de femicidio y encuadró el asesinato de la joven como un homicidio simple, aplicando una pena de 20 años de cárcel para el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33), quien de esta manera esquivó la prisión perpetua.
El fallo fue dictado hoy, exactamente a las 14, luego de los tres extensos alegatos desarrollados por las partes involucradas y tras una deliberación de poco más de una hora por parte de los integrantes del tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.
Con el fallo resolutivo en manos, los jueces regresaron a la sala de debates y por secretaría se leyó la sentencia en la que Vargas fue declarado autor del delito de homicidio simple y condenado a purgar 20 años de prisión, de los cuales ya llevo cumplidos cuatro, debido a que permanece detenido desde el 4 de abril de 2019, día en que se cometió el hecho.
Según consta en el documento, el tribunal calificó el hecho como homicidio simple por unanimidad, al tanto que el magistrado Dejesús Cardozo votó en disidencia respecto al monto de la pena ya que consideró que lo correcto era la aplicación de 25 años de cárcel, el máximo previsto para el artículo 79 del Código Penal de la Nación.
“Vergüenza, vergüenza”, alcanzaron a gritar algunos de los presentes en un SUM del Palacio de Justicia colmado, aunque la totalidad de los presentes se retiraron del recinto sin mayores inconvenientes.
Ya en los pasillos del edificio tribunalicio, las escenas de abrazos, lamentos y llantos sí ganaron lugar, casi en forma de “gritos ahogados”, tal como algunos testigos describieron oír desde el interior del departamento de Antonella el día del crimen.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 28 de noviembre, a las 12.30, en la sede del TP Uno, ubicado por calle Catamarca. A partir de ahí las partes tendrán la posibilidad de apelar la sentencia para su posterior revisión por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
Antes de oír su sentencia, Vargas hizo uso de sus últimas palabras y se explayó durante diez minutos ante el tribunal. Allí pidió perdón a la familia, insistió por cuarta vez en su teoría defensiva, habló del “in dubio pro reo” y pidió “benevolencia” al tribunal.
La querella: “Él eligió matarla”
La sexta y última jornada del debate comenzó minutos después después de las 8.30, esta vez con transmisión en vivo a través de Youtube. El primero en exponer sus conclusiones finales fue el letrado Mauricio Vergara, querellante particular en representación de la familia Bernhardt.
Apenas comenzado, Vergara pidió al tribunal “resolver con perspectiva de género” y solicitó “una sentencia ejemplificadora para que no hayan más Antonella’s”.
Luego, reconstruyó que el acusado contactó a la víctima a través de un ofrecimiento para realizar un book de fotos y que con ello se “aprovechó de la condición de necesidad” de Antonella, dado que la joven atravesaba un difícil momento económico, en permanente búsqueda de trabajo.
“Se aprovechó de su situación de poder, de macho y decidió matarla para callarla y poder huir”, expresó Vergara.
Respecto a la calificación legal del hecho, eje principal de la discusión, el letrado querellante desestimó la aplicación del agravante de alevosía que añadió la fiscalía en jornadas previas y solamente ató el caso a la figura de femicidio (artículo 11 del artículo 80).
“Si no la hubiese matado, los golpes ya eran elementos constituyentes de violencia de género. Él eligió matarla, así que no cabe más que condenarlo por femicidio”, concluyó Vergara, aunque de manera subsidiaria pidió que si el tribunal consideraba el hecho como un homicidio simple se aplique el máximo de la pena.
La fiscalía: “Cuando recibió un no, la mató”
Seguido a Vergara, llegó el momento del fiscal Martín Rau, quien expuso durante casi dos horas, apoyándose en filminas con transcripciones de testimoniales, reproducción de chats y exhibición de fotografías.
Fiel a su estilo, el representante del Ministerio Público Fiscal comenzó su alegato desarrollando la versión dada por el imputado para luego contrastar cada fragmento de ese relato defensivo con las pruebas obrantes en el expediente y las recolectadas durante el proceso oral.
En sus tres indagatorias (una en instrucción y dos en juicio), Vargas sostuvo que, en medio de la sesión de fotos, mantuvo un encuentro sexual con Antonella que ella filmó y que luego utilizó para extorsionarlo, lo cual derivó en una discusión y un forcejeo que culminó en una puñalada “accidental” en el cuello de la víctima. Sobre ello, Rau fue directo: “Son falacias”.
Tal como lo había adelantado en la ampliación de imputación efectuada el viernes pasado, Rau trazó como hipótesis del caso que Antonella le reclamó a Vargas el pago de una sesión de fotos tomada anteriormente y que ese fue el desencadenante de una discusión que derivó en el femicidio.
El fiscal sostuvo que en medio de la discusión Vargas golpeó en la cabeza a Antonella con un velador que se rompió “en tres pedazos” y con ella desmayada en el suelo le aplicó la puñalada que le perforó la vía aérea y que se detuvo en los cuerpos vertebrales 3 y 4, provocando un shock hipovolémico y un síndrome de asfixia ya que esa misma sangre ingresó al conducto respiratorio.
Para sustentar su teoría, Rau repasó los testimonios brindados por las tres vecinas que ese día intervinieron en auxilio de Antonella y que incluso filmaron a Vargas retirándose del lugar.
“Capdevila (testigo) escuchó ‘gritos ahogados’. Y su testimonio encuentra correlato en las pruebas. Ni ella ni las otras testigos mencionan haber oído los gritos de la pelea que refiere el imputado y eso que a través de esas paredes hasta se escuchaba el ruido de la cadena del baño”, graficó el fiscal.
A continuación, dio paso a la declaración de la médica forense Carolina Lanzos, a quien calificó como “testigo calificado” y “más importante”.
Para Rau el testimonio de Lanzos fue categórico para establecer que Antonella recibió “una paliza” que la dejó “desmayada” y que estando “acostada en el piso” recibió una “puñalada brutal”.
“Sobre el tórax tenía manchas de sangre gruesas, eran coagulaciones, eran manchas sin caída. Lo determinante no es dónde hay manchas, sino dónde no hay manchas de sangre y por el principio de transferencia de sangre se observan manchas en la pared, pero siempre en la zona baja. Todo esto demuestra dónde estaba ubicado el cuerpo al momento del hecho”, argumentó.
Rau también desestimó la versión de un encuentro sexual entre Antonella y Vargas y más aún la existencia del video del acto con el cual la joven supuestamente pretendió extorsionar al ahora condenado ya que dicho material nunca fue hallado a pesar de las pericias informáticas.
En esa línea, apuntó que “Vargas utilizó las fotos para satisfacer su apetito voyerista y tomó a la mujer como un objeto. Sabía que Antonella buscaba trabajo y se aprovechó de eso. Cuando recibió un no, la mató. Él no aceptó que Antonella se revelara. Hoy solo quiere manipular al tribunal y cambia su versión en cuanto la prueba va derrumbando sus dichos”.
Al considerar probado que medió violencia de género en el caso y que el acusado actuó sobreseguro contra una víctima indefensa, Rau mantuvo su acusación y pidió la pena de prisión perpetua para Vargas como autor de homicidio doblemente calificado por femicidio y alevosía.
“La violencia de género ya no se sufre en silencio, la gente se involucra y la participación de estas vecinas impidió la impunidad de este hecho”, valoró Rau respecto a la conducta de las vecinas de Antonella.
Y, por último, ya ganado por la emoción, el fiscal miró al tribunal y culminó su pedido: “Hay una deconstrucción social, ahora solo falta una deconstrucción judicial. Les toca a ustedes hacer lo suyo, para que la parte judicial no quede en una voluntad vacío de contenido. Deseo que esto se traduzca en la condena que hemos pedido”. Finalmente, no sucedió.
La defensa: “No hay certeza sobre los agravantes”
El último en exponer su alegato fue el defensor oficial Mario Ramírez, quien mantuvo el eje de la discusión en los mismos términos planteados desde el día 1 del caso: oponerse a la aplicación de agravantes.
“En este juicio no hay impunidad. Los agravantes de femicidio y alevosía no están presentes en este caso. No estamos pidiendo que le den un premio ni la libertad a Vargas, estamos diciendo que hubo un exceso en la calificante”, respondió a los otros alegatos el letrado con largos años de carrera como defensor oficial.
En marco, arremetió que “hay que trabajar con lo que hay, no con lo que no hay. No hay que presumir en contra del imputado. No se puede completar lo que no se sabe con agravantes, hay que fundamentarlo con lo que hay en la plataforma fáctica y acá no hay pruebas, no hay certezas sobre los agravantes, son puras conjeturas”.
Ramírez admitió que la versión dada por Vargas “es difícil de creer” y que “quizás ni su mamá le crea”, pero “él no está obligado a decir la verdad, es el Estado el que está obligado a probar el hecho, lo que no esta pasando”.
Para la defensa, la pelea narrada por el imputado sí existió y sostuvo que la forense Lanzos “se aventuró más allá de sus funciones” en su testimonio.
En esa línea, cerró con que “a Vargas le importaba más el celular de Antonella con el video y no traicionar a su esposa que ir preso. Es la realidad. Por eso dejó su celular y se llevó el de ella. No hay más que eso”.
Como corolario, consideró que “no porque la víctima haya sido una mujer es un femicidio y no porque haya habido mucha sangre es alevosía”. En consecuencia realizó pidió encuadrar el caso como un homicidio culposo o, en forma subsidiaria, la aplicación la aplicación de la pena mínima por homicidio simple.
Finalmente, el tribunal se inclinó por esa última figura, aunque aplicó una pena de 20 años. Vargas se retiró esposa por una comitiva del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y volvió a ser alojado en la Unidad Penal VI de Miguel Lanús.
La causa había llegado a debate oral como femicidio, delito que prevé una pena de prisión perpetua equivalente a 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Al esquivar la perpetua, Vargas también quedó habilitado a pedir la libertad condicional antes de purgar la totalidad de la pena, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos por la ley.
Judiciales
Imputaron por homicidio simple a acusado de matar y enterrar a Priscila Díaz
Carlos David Del Valle (21), el joven detenido por el asesinato de Priscila Cecilia Díaz (21), la muchacha de Jardín América que fue estrangulada y luego enterrada en un pinar de Jardín América, se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado por el delito de homicidio simple.
Tal como estaba previsto, el implicado fue trasladado ayer al mediodía al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.
En esa instancia, señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el muchacho optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
Las fuentes indicaron que en la misma audiencia Del Valle fue notificado del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
En la imputación, que es provisoria y puede modificarse conforme el avance de la pesquisa, las autoridades judiciales consideraron que no existen elementos como para incluir agravantes.
De esta manera, al menos por ahora Del Valle esquivó una acusación por femicidio, figura prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal y que contempla la prisión perpetua como única pena.
El crimen
El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves de la semana pasada, cuando su cuerpo fue hallado semienterrado en un pinar del barrio Los Cedros, aunque el hecho se habría registrado el domingo previo.
Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día la joven fue vista compartiendo una ronda de tragos con varios vecinos de la zona hasta que, en determinado momento, quedó a solas con Del Valle y en esas circunstancias se habría producido el ataque que terminó en muerte.
La autopsia estableció que Díaz murió como consecuencia de asfixia mecánica por comprensión, lo que equivale a decir que fue estrangulada. En su cuerpo también detectaron lesiones defensivas, lo que se condice además con los rasguños que el sospechoso presentaba al momento de ser detenido.
El cadáver de Díaz estaba desnudo al momento de su hallazgo, aunque en la necropsia no se detectaron signos ni evidencias de un abuso sexual, aunque los investigadores iban a aguardar el resultado de otros estudios complementarios y de mayor especificidad.
El caso de descubrió gracias a un testigo clave, quien la semana pasada se acercó a la comisaría local para contar que un conocido suyo había confesado el crimen de una joven y también agregó que su hermano había ayudado a enterrar el cuerpo.
Tras esta denuncia, la Policía inició averiguaciones y al poco tiempo dio con ambos sospechosos. El otro detenido es hermano de Del Valle, tiene 16 años y quedó alojado en el Cemoas, a disposición del Juzgado Correccional y de Menores local.
Díaz era madre de una niña de 3 años y sus restos fueron despedidos en el cementerio local el sábado a la mañana. Sus familiares reclaman justicia y preparan una marcha para este jueves en Jardín América.
Femicidio en Jardín América: autopsia reveló que Priscila Díaz fue estrangulada
Judiciales
Martínez, el primo de Rojas acusado de “traición” y detenido tras el juicio
El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.
No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.
“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.
Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.
La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.
“Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.
Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.
Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.
Nombrado, buscado y detenido
Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.
La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.
Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.
Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
Judiciales
Piden elevar a juicio causa contra conductor que atropelló y mató a Dana Sánchez
La titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Inés Clereci, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Estanilao Salvador Barreiro (65), el automovilista que atropelló y mató a Dana Anabel Sánchez (24), al considerar que la etapa procesal se encuentra agotada y dictaminó que el imputado debe responder ante la Justicia como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.
Dana perdió la vida en el hospital Madariaga en la mañana del 12 de enero, horas después de ser atropellada por un auto que iba al mando de Barreiro mientras ella caminaba por el cordón cuneta de la vereda de la avenida Leandro N. Alem de la capital misionera.
Por el siniestro, también resultó con heridas de gravedad Rosalina Olivera, quien esa noche caminaba unos metros delante de la víctima fatal, aunque en sentido contrario, al tiempo que otros dos transeúntes resultaron ilesos “de milagro”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
La investigación trazada por la fiscalía en el requerimiento recientemente formulado pudo establecer que Barreiro conducía su automóvil marca Mazda 626 sobre la arteria Alem, en dirección este-oeste, a unos 80 kilómetros por hora, hasta que a unos metros de llegar a la avenida Las Heras cruzó un badén sin disminuir la velocidad, perdiendo el control del auto sobre el carril opuesto y impactando desde atrás a Dana Sánchez y de frente a Rosalía Oliveira.
“Como consecuencia de los impactos consecutivos, Dana Anabel Sánchez falleció en las primeras horas de la mañana siguiente, 12 de enero de 2024, y Rosalina Olivera sufrió lesiones graves consistentes en fractura de radio distal derecho de rama ilio e izquiopubiana bilateral fractura bilateral de sacro y trauma cerrado de abdomen que demandarían un tiempo de curación de 90 días y 120 de incapacidad laboral”, detalló en su resolución la fiscal Clerici respecto a las lesiones diagnosticadas en las víctimas del hecho.
Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta, la funcionaria judicial citó la declaración indagatoria al imputado, instancia en la cual Barreiro asumió la responsabilidad del hecho, argumentando que circulaba a 50 o 60 kilómetros por hora y que desconocía el badén que traspasó sin disminuir la velocidad que le costó la vida a Dana.
La fiscal, además, contrapuso esa declaración con la inspección ocular del lugar del siniestro, pericia que concluyó en que Barreiro circulaba a una velocidad mayor a la permitida en las avenidas de zonas urbanas.
Además, el expediente cuenta con declaraciones de los testigos presenciales del hecho, así como también la de Rosalía Oliveira, los informes periciales en el lugar del hecho y las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
El requerimiento ahora debe ser analizado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien de no encontrar irregularidades y de considerar correspondiente, deberá estampar la firma para la elevación a juicio del expediente.
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