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La Justicia pidió el desafuero del jefe de los fiscales federales de Misiones

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Tras otro faltazo a la audiencia de declaración indagatoria, el Juzgado Federal de Posadas solicitó esta mañana el desafuero del fiscal general federal de la provincia, Rubén González Glaría, quien desde hace tres años es objeto de una extensa investigación por una multiplicidad de delitos.

El expediente contra el jefe de los fiscales federales de Misiones comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien después de recolectar una batería de elementos probatorios, desde testimoniales y evidencia documental, comenzó a solicitar mayores medidas contra el fiscal investigado y el Juzgado Federal de Posadas, con el magistrado Casals interviniendo en carácter de subrogante, dio lugar a la sucesión de planteos, incluido los llamados a declaración indagatoria, pero González Glaría esquivó todas, valiéndose de diferentes argumentos y trabando diversas presentaciones.

La principal razón esgrimida por el fiscal investigado estuvo vinculada a cuestiones de salud, ante lo cual la Justicia ordenó que sea evaluado por una junta médica, cuyos profesionales concluyeron que el imputado está apto para afrontar la indagatoria, aunque como condición pidió que la audiencia se realice respectando los cuidados y consideraciones pertinentes a su cuadro.

Aún así, González Glaría, próximo a cumplir 70 años, en uso de licencia hace 4 y quien en diálogo con La Voz de Misiones alegó que la causa en su contra consiste en un plan para que quedarse con su cargo, esquivó la medida que significaría la antesala a su procesamiento por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. 

Último faltazo

La audiencia de declaración indagatoria fue programada en al menos siete oportunidades, aunque todas ellas debieron ser suspendidas. La última se dio el lunes, lo cual derivó en el pedido de desafuero formulado hoy por el juez Casals, lo cual ahora debe ser analizado por la Procuración General de la Nación.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de LVM, la audiencia del lunes iba a darse de manera telemática, aunque 10 minutos antes del inicio pautado la defensa de González Glaría presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en que centro asistencial se encontraba hospitalizado.

Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.

Recién ayer la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encuentra hospitalizado desde el domingo en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó al fiscal Turano.

Desafuero y sanciones

El impulsor de la investigación respondió entonces con una presentación elevada al juzgado interviniente, solicitando el inicio de los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado, al considerar como “injustificada su ausencia”.

La solicitud se ampara, además, en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.

La presentación del fiscal Turano fue realizada ante el juez Casals, quien aceptó los fundamentos esgrimidos y firmó la solicitud, documento que será elevado ahora a la Procuración General de la Nación. También se pidieron sanciones contra González Glaría, las cuales podrían ser apercibimientos o multas económicas.

El pedido de desafuero es clave, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.

Las denuncias

La investigación contra González Glaría, de 69 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.

Bogado declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

Fiscal investigado se defiende: “Hicieron una película de Netflix”

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Cristaldo recibió 17 años de prisión por matar y ocultar el cadáver de Tizato

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El Tribunal Penal Dos de Posadas resolvió este miércoles al mediodía condenar a Richard Arnaldo Cristaldo (49) a la pena de 17 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” en perjuicio de César Daniel Tizato (16), el adolescente con el cual el 30 de agosto de 2020 salió a cazar en inmediaciones a su casa del paraje Pindapoy, de la localidad de San José.

La sentencia, emitida por los magistrados Augusto Gregorio Busse -presidente-, César Antonio Yaya y Martín Alejandro Rau, fue en disidencia al planteo efectuado por el fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato había mantenido la acusación impuesta en etapa de instrucción y conforme a ello había solicitado que Cristaldo sea condenado a prisión perpetua por “homicidio agravado por alevosía”.

La parte resolutiva del fallo se leyó este mediodía, minutos después de las 12.30, tras un breve cuarto intermedio de poco más de 30 minutos, mientras que los fundamentos de la resolución serán comunicados el próximo 4 de junio.

Cristaldo, más conocido como Grulla, por su oficio como profesor de artes marciales, oyó el dictamen en silencio, acompañado a la distancia por sus hijas y otros familiares directos que siguieron respetuosamente la audiencia desde el sector preparado para el público presente.

Cristaldo, junto a su abogado, minutos después de firmar el acta de la sentencia.

Duda

Su abogado defensor, el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, había solicitado en su alegato la absolución de su cliente por el beneficio de la duda, al considerar que no existían pruebas directas que vinculen al acusado con el asesinato del adolescente.

El letrado cuestionó la reconstrucción del caso trazada por el fiscal Glinka. Consideró que ese relato de hechos era “inverificable”, apunt

ó a la mayoría de los testigos por “mentir” en sus declaraciones y criticó severamente a los dos comisarios (Sergio de los Santos y Gabriel Antonio Comes) por el testimonio donde dieron cuenta que durante su detención Cristaldo admitió que mató a la víctima por accidente. 

Reyes también dirigió duras acusaciones contra los serenos de la estancia La Rosita, propiedad de la firma Rosamonte, predio donde el cuerpo de Tizato apareció sin vida, con un disparo en el tórax y sumergido en una laguna de agua estancada de 1,5 metros de profundidad.

“Han venido acá y mintieron. Ellos no es que solo caminan sin hacer nada. Ellos son sanguinarios y mutiladores con quienes entran a cazar y pescar”, lanzó.

Reyes alegó que “no hay pruebas y los indicios desaparecieron. Los testigos que lo vieron mojado han mentido antes y ahora”, al tiempo que sostuvo que “es imposible que la bala de un calibre 22” -proyectil compatible con el rifle incautado en poder del acusado- cause la lesión penetrante y perforante que presentaba la víctima.

En último intento por torcer su destino, Cristaldo volvió a hablar ante el tribunal y reiteró su inocencia, aduciendo que ese episodio en la comisaría donde presuntamente admitió el crimen, fue bajo amenazas de los policías intervinientes.

El tribunal presidido por Gregorio Busse -al centro- emitió el fallo minutos después de las 12.30.

Cobarde, traicionero y abusivo

Un alegato diametralmente opuesto fue el desarrollado por el fiscal Glinka, quien consideró que el imputado pergeñó un “engaño” para llevar al adolescente a cazar a una zona inhóspita, actuando sobreseguro y aprovechándose del estado de vulnerabilidad e indefensión de Tizato.

A Tizato lo mataron de una forma muy cobarde, traicionera y abusiva. Lo privaron de la posibilidad de torcer su destino. Lo manosearon. Le pusieron una piedra en la ropa para que se hunda y se pudra en la profundidad”, describió.

Glinka también sostuvo que, a partir del hecho, el imputado hizo de todo para desviar la investigación y confundir a la Policía durante las labores de búsqueda con tal de asegurar su impunidad.

Para el fiscal, fue imposible determinar “las razones” del crimen, pero afirmó que ya no quedan “teorías alternativas” para analizar, descartando las hipótesis de un hecho accidental, de una posible responsabilidad de los serenos del campo La Rosita o del involucramiento de otros presuntos jóvenes con quienes Cristaldo afirmó que la víctima decidió quedarse para no volver con él.

¿Existieron esas personas? Yo lo descarto. La lógica es que Daniel nunca se separó del imputado. Es solo un relato más que jamás se pudo comprobar. Tizato murió por el disparo mientras se hundía en el agua. Ahí empezó un intento desesperado por torcer las pruebas y se mojó hasta el ombligo ocultando el cuerpo, no caminando por el campo. Los arroyos estaban secos”, reconstruyó.

“En fin. Ya no hay posibilidad de teorías alternativas. Se investigó todo. Fue la última persona que estuvo con Dani, era el único armado, estaba todo mojado cuando volvió y la ciencia determinó que era imposible que ese rifle se dispare por accidente”, resumió Glinka y solicitó la pena de prisión perpetua como autor de “homicidio agravado por alevosía”, aunque luego el tribunal modificó la calificación del caso.

 

Piden prisión perpetua para Richard Cristaldo por el homicidio de Dani Tizato

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Piden prisión perpetua para Richard Cristaldo por el homicidio de Dani Tizato

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El fiscal Vladimir Glinka mantuvo la acusación de “homicidio agravado por alevosía” y solicitó la pena de prisión perpetua para Richard Arnoldo “Grulla” Cristaldo (49), único imputado por el asesinato de Dani Tizato (16), registrado en 2020 en San José.

Para el titular de la fiscalía, quedó comprobado que Cristaldo pergeñó un “engaño” para llevar al adolescente a cazar y luego cometió el crimen, asesinándolo de un disparo que le atravesó el corazón y ocultando el cadáver en una laguna de agua estancada.

Glinka también sostuvo que, a partir del hecho, el imputado hizo de todo para desviar la investigación y confundir a la Policía durante las labores de búsqueda con tal de asegurar su impunidad.

Para el fiscal fue imposible determinar “las razones” del crimen, pero afirmó que ya no quedan “teorías alternativas” para analizar, descartando la hipótesis de un hecho accidental o de una posible responsabilidad de los serenos del campo La Rosita, predio donde ocurrió el crimen y se descubrió el cuerpo tras 32 días de búsqueda.

“Tizato murió por el disparo mientras se hundía en el agua. Ahí empezó un intento desesperado por torcer las pruebas. Él se mojó hasta el ombligo ocultando el cuerpo, no caminando por el campo. Los arroyos estaban secos”, apuntó.

Tras el pedido, el Tribunal Penal Dos dispuso un cuarto intermedio y más tarde será el turno de alegar para José Antonio Reyes, abogado defensor del imputado.

El caso Tizato comenzó el 30 de agosto de 2020, cuando fue a cazar con Cristaldo y nunca volvió. Su cuerpo apareció 32 días después en una laguna de agua estancada de 1,5 metros de profundidad. Tenía un disparo en el pecho y rocas entre sus prendas para evitar que flote.

Cristaldo arguyó que en medio del camino el adolescente se quedó junto a otros tres jóvenes que nunca pudieron ser ubicados y quiénes, para el fiscal, “nunca existieron”.

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El juicio por el crimen de Dani Tizato en etapa final: este miércoles alegatos

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La etapa de incorporación de pruebas en el juicio para esclarecer el asesinato de César Daniel “Dani” Tizato (16) culminó hoy con la declaración de los últimos ocho testigos convocados por el Tribunal Penal Dos de Posadas y el proceso ingresó a la recta final, con la instancia de alegatos y posible dictado de sentencia previstos para este miércoles, a partir de las 8.30.

Quienes comparecieron esta mañana en la sala de debates del tribunal ubicado por calle San Martín de Posadas fueron, en su mayoría, peones rurales y serenos del predio La Rosita, perteneciente a la firma Rosamonte, campo al cual Tizato fue a cazar en compañía de Richard Arnaldo “Grulla” Cristaldo (49), hoy acusado del asesinato del adolescente, cuyo cuerpo apareció luego de 33 días de búsqueda con un balazo en el tórax y sumergido a 1,5 metros de profundidad en una laguna de agua estancada ubicada en la misma propiedad.

Los trabajadores del predio coincidieron al declarar que sus funciones se limitaban a “controlar” los estanques de piscicultura para, principalmente, evitar que aves acuáticas como el mbiguá se alimente de los alevinos.

Para tal fin, realizaban recorridos diarios a la luz del día, actividades que hacían -según sus testimonios- sin portación de armas, aunque tenían “a disposición una escopeta” que utilizaban para espantar las aves con disparos al aire.

Silvio Servat, identificado en el debate como “el jefe de seguridad de La Rosita” y de otras propiedades de Rosamonte, explicó para el caso de que los peones rurales advirtieran la presencia de cazadores furtivos en el predio tenían un “protocolo de acción” que estipulaba un aviso directo hacia su persona, para luego acudir a la Policía.

“Los muchachos son nuestros ojos y nuestros oídos. Ellos avisan y yo llamo a la Policía. Nosotros no ahuyentamos”, señaló, descartando la posibilidad de que los trabajadores repelieran a tiros a personas ajenas al lugar.

De igual manera, en otro tramo de su declaración, el testigo -que también participó de la búsqueda de Tizato- detalló que el cadáver del adolescente fue encontrado lejos de las zonas de vigilancia, lo cual reduciría la posibilidad de un cruce entre cuidadores y cazadores.

El cuerpo no estaba en un lugar de vigilancia habitual porque no es una laguna de Pacú. Es una laguna de agua estancada, que no tiene producción y tampoco es una zona donde hubo abigeato. Ahí no había nada que cuidar”, resumió.

Cristaldo junto a su abogado, el ex juez penal José Antonio Reyes.

Fin de testimoniales y paso a alegatos

La jornada se completó con breves testimonios de un agente policial, de un amigo y de una hija de Cristaldo. Con esos aportes se dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas, alcanzando un total de 24 declaraciones recibidas en seis jornadas de debate oral.

El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30, instancia prevista para el inicio de la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Vladimir Glinka, mientras que en segundo orden lo hará el abogado defensor particular y ex juez penal José Antonio Reyes.

Richard Cristaldo llegó a esta instancia detenido y procesado por “homicidio agravado por alevosía”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

En la primera audiencia de juicio, el acusado aceptó declarar y ante las partes se declaró inocente.En ningún momento se me pasó por la cabeza hacerle daño a un chico. Jamás haría algo así. El juez Faría (Miguel Ángel – de Apóstoles) me acusó de cosas que no son. Es una injusticia por lo que estoy pasando”, sostuvo.

El fiscal Vladimir Glinka será el primero en alegar este miércoles.

El lunes, en tanto, hubo dos declaraciones que contradicen el relato defensivo y que podrían resultar clave para el proceso: Cristaldo admitió el crimen del adolescente al momento de su detención.

Así se desprende de los aportes brindados por Sergio Dos Santos, que era jefe de la comisaría Primera de San José, y Gabriel Antonio Comes, que era el titular de la Dirección Homicidios.

“Él se quebró, se desmayó y contó que todo fue accidental, que se le disparó el arma”, comentó Dos Santos y, a su vez, Comes amplió: “El pueblo estaba conmovido, había mucha gente en la comisaría. A Richard lo atendimos en la oficina del jefe de la comisaría. Ahí empezó a llorar y dijo que se le escapó un tiro, que no tuvo intención de matar al chico. Le comenté eso al juez y dijo que se le tome declaración en sede judicial”.

La posibilidad de un disparo accidental también fue abordado por licenciados en Criminalística que participaron de labores periciales. Entre ellas Daiana Salazar, quien al momento de declarar afirmó que el aire comprimido adaptado para calibre 22 incautado como posible arma homicida a Cristaldo presenta un mecanismo sobre el cual “no existe posibilidad de un disparo accidental”. 

El tribunal encargado de impartir justicia es presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares César Yaya y Martín Rau.

Los magistrados del Tribunal Penal Dos, junto a un testigo y al fiscal en pleno debate.

Dos policías revelaron que Cristaldo admitió el crimen de Tizato en la comisaría

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