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La Justicia pidió el desafuero del jefe de los fiscales federales de Misiones

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Tras otro faltazo a la audiencia de declaración indagatoria, el Juzgado Federal de Posadas solicitó esta mañana el desafuero del fiscal general federal de la provincia, Rubén González Glaría, quien desde hace tres años es objeto de una extensa investigación por una multiplicidad de delitos.

El expediente contra el jefe de los fiscales federales de Misiones comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien después de recolectar una batería de elementos probatorios, desde testimoniales y evidencia documental, comenzó a solicitar mayores medidas contra el fiscal investigado y el Juzgado Federal de Posadas, con el magistrado Casals interviniendo en carácter de subrogante, dio lugar a la sucesión de planteos, incluido los llamados a declaración indagatoria, pero González Glaría esquivó todas, valiéndose de diferentes argumentos y trabando diversas presentaciones.

La principal razón esgrimida por el fiscal investigado estuvo vinculada a cuestiones de salud, ante lo cual la Justicia ordenó que sea evaluado por una junta médica, cuyos profesionales concluyeron que el imputado está apto para afrontar la indagatoria, aunque como condición pidió que la audiencia se realice respectando los cuidados y consideraciones pertinentes a su cuadro.

Aún así, González Glaría, próximo a cumplir 70 años, en uso de licencia hace 4 y quien en diálogo con La Voz de Misiones alegó que la causa en su contra consiste en un plan para que quedarse con su cargo, esquivó la medida que significaría la antesala a su procesamiento por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. 

Último faltazo

La audiencia de declaración indagatoria fue programada en al menos siete oportunidades, aunque todas ellas debieron ser suspendidas. La última se dio el lunes, lo cual derivó en el pedido de desafuero formulado hoy por el juez Casals, lo cual ahora debe ser analizado por la Procuración General de la Nación.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de LVM, la audiencia del lunes iba a darse de manera telemática, aunque 10 minutos antes del inicio pautado la defensa de González Glaría presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en que centro asistencial se encontraba hospitalizado.

Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.

Recién ayer la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encuentra hospitalizado desde el domingo en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó al fiscal Turano.

Desafuero y sanciones

El impulsor de la investigación respondió entonces con una presentación elevada al juzgado interviniente, solicitando el inicio de los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado, al considerar como “injustificada su ausencia”.

La solicitud se ampara, además, en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.

La presentación del fiscal Turano fue realizada ante el juez Casals, quien aceptó los fundamentos esgrimidos y firmó la solicitud, documento que será elevado ahora a la Procuración General de la Nación. También se pidieron sanciones contra González Glaría, las cuales podrían ser apercibimientos o multas económicas.

El pedido de desafuero es clave, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.

Las denuncias

La investigación contra González Glaría, de 69 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.

Bogado declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

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Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas

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rey de las mulas narco

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.

Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngsentre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.

La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.

El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.

Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.

Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.

Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.

San José, el origen

El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.

La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.

La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.

En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.

La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.

Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.

Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.

Va cocaína, llega éxtasis

Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.

La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.

El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.

El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.

Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.

La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.

 

Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis

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La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo

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El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”. 

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal. 

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada. 

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta

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El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.

Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.

Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado

Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.

Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.

Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.

La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.

El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.

Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes

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