Judiciales
Reprogramaron el inicio del juicio por el crimen de un prestamista colombiano

Tras una prórroga de último momento, el Tribunal Penal Uno de Posadas dispuso que se reprograme para el miércoles 14 el inicio del juicio oral por el crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), ultimado a puñaladas en su departamento del barrio Yacyretá en 2021, hecho por cual hay dos imputados pasibles de ser condenados a prisión perpetua.
El debate tenía previsto comenzar mañana y extenderse durante un total de seis jornadas, pero en virtud de la imposibilidad de ubicar a cinco de los 37 testigos citados inicialmente, se resolvió conceder a una prórroga solicitada por la querella, encabezada por el letrado Ignacio Peña, y reprogramar el inicio de las audiencias para el miércoles de la semana próxima.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante), mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá Martín Rau y como querellante particular actuará el mencionado Ignacio Peña.
El banquillo de los acusados estará ocupado por dos personas. Una de ellas es Brayan Daimán Casso Acosta (28), quien será defendido por la letrada particular Lilia Vargas, mientras que su consorte de causa es Juan Ramón Ramírez (29), que será representado por el defensor oficial Mario Ramírez.
Casso Acosta aguardaba el inicio del debate en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, beneficio que le fue otorgado en junio luego de un planteo presentado por su abogada defensora al vencerse los plazos de preventiva.
Ahora, ante la inminencia del inicio de las audiencias, el extranjero fue detenido y deberá aguardar en esa condición hasta la próxima semana, aunque su defensa presentará un pronto despacho para resolver la cuestión.
Sobre Casso Acosta la expectativa es mayor dado que, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, se espera que en la primera audiencia de juicio brinde su versión de los hechos y declare por primera vez.
Ambos están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarados responsables del hecho.
Dicha calificación fue determinada por Patricia Clérici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete, en base a los diversos elementos de prueba recolectados a lo largo de la pesquisa.
Según pudo saber LVM, la teoría del hecho plasmada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa indica que ambos acusados asesinaron a Gallego Rojas para robarle 70.000 pesos y una motocicleta, y que para cumplir con dicho ardid vinieron exclusivamente desde Corrientes.

Gallego Rojas fue asesinado en su departamento del barrio Yacyretá en 2021.
El crimen
El crimen del extranjero, de 32 años, fue reportado el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, cuando sus vecinos del barrio Yacryterá (chacra 103) llamaron a la Policía para alertar que oyeron pedidos sus gritos de auxilio.
Cuando los efectivos acudieron a la vivienda, se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero de su departamento. Su cuerpo presentaba 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal estaba localizada en el tórax, según confirmó luego el examen de autopsia.
En el caso trabajó el personal de la Dirección Homicidios, que al recabar información supo que minutos antes del hecho dos hombres fueron vistos salir de la casa de Gallego Rojas a bordo de la moto de la víctima y llevándose consigo una caja fuerte portátil con 70.000 metros dentro.

El ADN de uno de los imputados fue hallado en la escena del crimen.
Los sospechosos y las pruebas
Familiares de la víctima apuntaron sus sospechas hacia un sujeto con el cual aparentemente Gallego Rojas había tenido un conflicto laboral relacionado a la venta de inmuebles que derivó en una enemistad.
Así apareció sobre la mesa el primer nombre, el de Brayan Damián Casso Acosta -compatriota de la víctima-, y el devenir de la investigación lo terminó acorralando.
Es que más testimoniales lo ubicaron morando una vivienda a 200 metros de la casa de Gallego Rojas apenas unos días antes del hecho y otros testigos mencionaron haberlo visto llegar a ese mismo lugar con la Honda Titán de la víctima en un horario posterior al crimen.
Con todos los datos recolectados, la Policía lo ubicó y detuvo el 1° de marzo de ese mismo año. El joven sindicado como su acompañante, en tanto, fue capturado tres días más tarde en Corrientes y en un principio su grado de participación parecía menor, pero en la elevación a juicio se determinó que ambos deben responder como coautores del crimen.
De igual manera, al margen de las testimoniales, en el expediente obran otras pruebas que complican a los detenidos, principalmente a Casso Acosta.
Se tratan de pericias de ADN que ubican al sospechoso en la escena del crimen y cotejos científicos que determinaron que la sangre hallada en prendas de vestir incautadas en su poder correspondía a la víctima.
Judiciales
Adolfo Guirula, cuarto policía acusado de sedición que recupera la libertad

Adolfo Guirula, uno de los ocho policías imputados en la causa que investiga presuntos delitos de “intento de sedición” y “conspiración”, se transformó esta mañana en el cuarto implicado en recuperar su libertad tras permanecer más de nueve meses detenido.
La excarcelación de Guirala se produjo esta mañana desde la Unidad Penal VII de Cerro Azul, donde pasó las últimas semanas alojado en compañía de Ramón Amarilla, el primero de los ex uniformados implicados en la misma causa que recuperó su libertad tras ser electo diputado provincial.
De esta manera, ya son cuatro los agentes liberados, ya que también hay que sumar a Joaquín Orrego y Horacio Elías Coutto, quienes a uno a uno fueron recibiendo las respectivas notificaciones de cese de prisión preventiva por parte del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón.
Quienes continúan detenidos son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros y Diego Hernán Correa.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre del año pasado, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un presunto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta salarial que derivó en un acampe de doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo de 2024.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.
Durante todos estos meses, los agentes reclamaron su inocencia y sus familiares encabezaron diversas medidas de protesta requiriendo la excarcelación de cada uno de ellos.
Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición
Judiciales
Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, dispuso el cese de la prisión preventiva para el ex policía Horacio Elías Coutto, quien en horas del mediodía recuperó la libertad, aunque sigue supeditado al expediente judicial que lo investiga junto a otros siete ex uniformados por “intento de sedición” y “conspiración”.
Minutos antes de las 13 de este martes, Coutto cruzó las barreras de la Unidad Penal VII de Puerto Rico para fundirse en un abrazo con sus familiares y amigos, que lo esperaban a las afueras del predio para regresar a su hogar luego de los diez meses que permaneció detenido.
“Estoy muy contento, muy feliz de poder recuperar mi libertad. Quiero dar gracias, primeramente, a Dios que me acompañó en este momento difícil, nunca me soltó la mano; a mi familia que siempre estuvieron; a mis amigos que se tomaron el tiempo de venir a visitarme; a todos los amigos que me hice; y a la gente que colaboró con nuestra familia en esta situación que estábamos pasando”, fueron las primeras palabras de Coutto tras recuperar su libertad frente a la unidad penitenciaria.
El ex policía también agradeció a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) “que me atendieron muy bien, excelentes personas, la verdad que no tengo ninguna queja, nos cuidaron perfectamente”.
En esa línea, Coutto le dedicó unas palabras de agradecimiento al ex vocero policial y diputado provincial electo, Ramón Amarilla, el primero de los ocho ex uniformados detenidos por esta causa en recuperar su libertad el pasado 13 de junio.
“Quiero agradecer a Ramón Amarilla, quien desde el momento en que recuperó la libertad se puso en compromiso con nosotros, con nuestras familias, nos dio tranquilidad y esperanza”, manifestó el ex uniformado.
Por último, dejó un mensaje a las autoridades provinciales: “A los poderosos les digo que escuchen a la gente, que escuchen a los misioneros, que no crean ingenuamente, que unos simples barrotes o unos muros pueden callar la voluntad de un pueblo que lucha por la justicia, por la verdad y la dignidad”.
Con Ramón Amarilla, Horacio Elías Coutto y Joaquín Orrego, son tres los ex policías que recuperaron su libertad, pero siguen siendo investigados en la causa que inició la Justicia de Misiones tras descubrirse el grupo de WhatsApp “Solo Cola”, en el que los uniformados destituidos de la fuerza provincial habrían planificado un supuesto plan con diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.
Por lo tanto, mientras dure la instrucción de la causa, los ex efectivos policiales tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez al mes en la comisaría con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de acreditar su permanencia en la provincia.
Quienes quedan detenidos por la misma causa son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa y Adolfo Guirula.
Dispusieron la liberación de otro ex policía acusado por intento de sedición
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Condena de 23 años para acusado de asesinar a un colono en San Javier

El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este viernes a 23 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Porteño” Sosa por el homicidio del colono Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones efectuadas a su esposa Orestini Cerri, que sobrevivió a pesar de las graves heridas sufridas, en un hecho ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier.
El caso se ventiló en debate oral durante tres jornadas y Sosa fue declarado coautor de los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real”.
El fallo coincidió en parte con lo solicitado por el fiscal David Milicich, quien en sus alegatos dio por probada la participación del imputado en el crimen de Escarvadofski y solicitó que se lo condene a 35 años de cárcel.
La defensa de Sosa, por su parte, había pedido su absolución al considerar que no había suficientes pruebas en su contra. El propio acusado además declaró en la segunda jornada del debate y se declaró inocente.
“Yo no soy un asesino, no soy un delincuente. Tienen a la persona equivocada. Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, fueron las palabras de Sosa, quien además denunció haber recibido apremios y aprietes tras ser detenido un año después del hecho en Buenos Aires.
El asesinato de Escarvadofski ocurrió cerca de las 18 del 4 de abril del 2017 en el paraje Santa Irene, donde tenía su chacra.
Ese día, el tiempo estuvo muy feo, debido a la gran cantidad de lluvia que había caído en el Alto Uruguay. Escarvadofski y Cerri estacionaron su Chevrolet Corsa en el garaje y, en esa instancia, notaron que habían dos personas fuera del terreno, en la esquina.
El hombre fue a ver qué querían y a poner el candado al cerco de la casa, que nunca traspuso. Su mujer, en tanto, se fue para adentro de la vivienda.
Allí recibió varios disparos que lo dejaron malherido y terminó muriendo en los brazos de su mujer, que salió a ver qué pasaba al escuchar las detonaciones.
Según dijo, los hombres le pidieron que abra la casa, ella se negó y terminó recibiendo dos impactos de bala. Allí se trenzó en una pelea y tras golpear en la entrepierna a uno de los agresores, salió a la calle a pedir ayuda. Los sujetos aprovecharon para escapar en el vehículo de la pareja, que fue hallado al día siguiente.
Para el fiscal Milicich, Sosa fue uno de los atacantes que participaron aquel día, aunque también consideró que el blanco en realidad era uno de los hijos de la pareja.
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