Provinciales
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
Docentes de la Escuela Ñande Kokue e integrantes del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) y el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), se reunieron este mediodía con autoridades provinciales, quienes coincidieron en abrir una mesa de diálogo a fin de destrabar el conflicto territorial que afecta al polo educativo y agroecológico del que dependen 112 familias.
El pasado 28 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Uno de Eldorado emitió una orden de desalojo sobre los lotes 48 y 49 de Montecarlo, donde se encuentra asentada la escuela Ñande Kokue y funciona el Bachillerato Orientado Provincial 126 con parcelas de cultivo.
El pasado miércoles, la situación movilizó a un numeroso grupo de docentes y familias de campesinos, quienes expusieron la preocupación en el marco de la reunión de intendentes, ministros y otros funcionarios provinciales, concretada en esa misma localidad, y solicitaron la intervención del Estado para evitar ser desplazados del lugar.
Como resultado de ese encuentro, el ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, los convocó a una audiencia que se desarrolló durante el mediodía de hoy en Casa de Gobierno.
Luego de tres horas de debate, las partes elaboraron un acta en el que plantearon la apertura de una mesa de diálogo entre los campesinos y la empresa forestal La Misionera S.A, a fin de destrabar el conflicto territorial -en un predio de al menos 80 hectáreas- y frenar el desalojo que hasta el momento está previsto para el jueves 11 de junio.

Miembros del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) en la Plaza 9 de Julio a la espera de la audiencia con el gobierno
Ñande Kokue
El territorio en disputa se vincula a un proyecto que tenía prevista la creación de un parque provincial. Ante la falta de avances, el espacio verde fue recuperado por un grupo de campesinos agroecológicos hace 15 años, y desde entonces se dedican al cultivo de alimentos para la subsistencia.
Según fuentes consultadas, dentro del mismo funciona el Bop 126 bajo la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA I), donde los docentes no sólo se abocan al dictado de clases, sino también al recorrido de parcelas con acompañamiento y atención de las demandas productivas.
“Allí funciona un proyecto educativo. En primer lugar una escuela primaria con tres maestros, una secundaria con 83 alumnos y 18 profesores, 50 egresados de dos promociones (este año saldría la tercera) y hay gente que ya está en la universidad”, expresó el docente Rubén Ortíz en diálogo con la prensa, previo a la audiencia con Sartori.
Al mismo tiempo, aseguró que el espacio cuenta con formación universitaria: “También funciona ahí una diplomatura de la Universidad de La Plata sobre salud rural. Es un proyecto educativo completo, el drama es que si se desaloja todo esto se termina”.
A su vez, brindó detalles sobre la capacidad y variedad productiva del lugar: “Ahí hay yerbales que en este momento empiezan a tener 10 mil kilos por hectárea, esto es lo que no perdona el pueblo, que el tarefero esclavo hoy tenga yerbales”. Y agregó: “Se producen más de un millón de kilos de mandioca, maíz de todas las variedades, cinco variedades de porotos, zapallos, maní y batata. En total son alrededor de 26 productos, sin contar las verduras y todo producido de manera agroecológica, está prohibido el uso de agrotóxicos en toda la zona”.
“Lo que el Ministerio de Educación no acepta es que la escuela sea campesina, ellos querían siempre que se cambie el nombre. No querían que se llame ni de tareferos ni de campesinos y nosotros no queremos cambiar el nombre porque no se trata de eso. Esa escuela tiene como eje del proyecto educativo la reforma agraria, no es inocente lo que ellos dicen”, añadió Ortiz sobre el conflicto.
Y cerró: “Nosotros ya estamos haciendo la reforma agraria desde el momento en que le damos un uso, una tenencia del suelo y cuidado. Para reforzar la producción se diseñó un dispositivo curricular que tiene cuatro ejes: el primero es la educación popular, la organización del MCL, la producción agroecológica y lo que hoy estamos discutiendo es el uso de tecnología”.
Unas 112 familias en riesgo por desalojo de escuela campesina en Montecarlo
Provinciales
Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
Provinciales
Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
Provinciales
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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