Provinciales
Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).
Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.
La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria.
Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.
“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.
La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.
Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.
“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.
Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.
“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.
La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento.
“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.
Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.
“El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.
Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.
“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.
Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.
“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.
La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.
“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.
La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.
“Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.
Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.
“La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.
Provinciales
Colonos de San Pedro en Posadas: “Las vidas con Arauco están en riesgo”
Luego de la escalada de violencia que derivó en el incendio de viviendas, golpizas y detenciones el fin de semana pasado, los colonos de San Pedro que enfrentan un conflicto territorial con Arauco, viajaron esta mañana a Posadas donde presentaron una denuncia en la Jefatura de Policía y asistieron a una reunión con el titular de la Subsecretaría de Tierras, Daniel Behler.
En representación de las familias afectadas por los incendios e intentos de desalojo, estuvo presente Diego Antúnez, presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras, quien anticipó a La Voz de Misiones que durante la reunión se planteó realizar un relevamiento de familias para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno.
“No llegamos a nada concreto, simplemente seguir trabajando. Lamentablemente sin poder volver a cultivar tranquilos por estar en el acampe”, expresó en referencia a los acampes que emplazaron semanas atrás frente a la Municipalidad de San Pedro y la comisaría local para visibilizar la situación.
El arribo a la capital provincial en busca de respuestas se dio luego de varias semanas de tensión entre efectivos de seguridad, que responderían a la empresa Arauco, quienes ingresaron a los predios donde residen las familias , provocaron incendios, y con ello la pérdida de viviendas, plantaciones y animales de hombres y mujeres que viven de lo que producen.
“Estamos en tierras que dicen ser de Arauco, pero nosotros decimos que son nuestras porque hay colonos que están hace más de doce años, algunos de mínimamente seis y se dedican a producir alimentos en las colonias Puerto Argentino I, II y III, San Juan Bosco y Las Chacritas, donde sí o sí las familias necesitan entre 5 a 15 hectáreas para los cultivos anuales, además de criar gallinas, cerdos y vacas”, añadió Antúnez.
Además del reclamo territorial, también señalaron la falta de servicios básicos que padecen desde hace años: “Nadie tiene servicio de luz, agua y caminos. En mi zona -que es San Juan Bosco- estamos obligados a pasar por los caminos de Arauco. La municipalidad no nos hace caminos porque asegura que es propiedad privada, que no es parte del casco urbano y que él no tiene nada que ver en eso. Ahora finalmente pareciera estar más abierto al diálogo, pero por el momento seguimos sin caminos, sin luz y Arauco nunca nos mostró los papeles”.
“Como hay zonas desfavorables para la instalación de un pozo perforado, nos sugirieron una relocalización, pero son mínimamente unas 164 familias, entonces no podemos ir todos a un mismo lugar porque vamos a tener que talar árboles de vuelta y volver a hacer una chacra. Nosotros le pedimos quedarnos en la franja donde estamos, desde el empalme La Boca hasta San Juan Bosco, y a medida que necesitemos más tierra pediremos permiso para agrandar la chacra”, puntualizó sobre la reunión.
Durante el encuentro, César Fariña, quien también estuvo presente como dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), responsabilizó al gobierno por las situaciones de violencia sufridas días atrás, cuando efectivos dispararon con armas de fuego contra dos colonos, entre los que se encontraba un menor.
“Las vidas con Arauco están en riesgo y yo responsabilizo al gobierno de la provincia de cualquier muerte o desaparición que pueda haber en San Pedro. Estamos muy preocupados y vamos a encargarnos de las cuestiones técnicas, pero la violencia no vamos a tolerar más”, enfatizó.
Paralelamente, otro grupo de colonos, que residen en las colonias mencionadas, se dirigió a la Jefatura de Policía para presentar la denuncia que días atrás acercaron -sin resultados positivos- ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, correspondiente a cuatro detenciones arbitrarias y episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el último sábado.
San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos
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San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos
El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.
Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.
El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.
En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.
Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”.
A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.
En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados.
Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”.
En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.

Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.
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Antecedentes
Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura.
Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.
También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
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Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
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