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El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”

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El juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas tuvo su capítulo violencia y tan solo un fragmento de la declaración vertida hoy por un experimentado comandante de Gendarmería especializado en inteligencia funge como si fuese una sinopsis perfecta del expediente entero: “Nunca en mis 30 años de servicio había observado semejante nivel de violencia como en esta investigación. Uso de armamentos, amenazas de muerte, intentos de sicariato, planes de fuga y organizaciones brasileñas tratando operar en nuestro país”.

Nada suena exagerado. El hombre que el próximo martes cumple 48 años y que actualmente está detenido en el penal de Marcos Paz, e incorporado al régimen del “protocolo de gestión para presos de alto riesgo” del Ministerio de Seguridad de la Nación, está imputado por el asesinato a balazos de un socio y por montar una empresa narco criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, aunque en realidad enfrenta muchas otras acusaciones más que corren por causas separadas.

Puntualmente, en este juicio Rojas enfrenta cargos por el asesinato del Aldo Andrés Canteros, perpetrado el 5 de agosto de 2018 en la chacra donde vivía la víctima en Gobernador Roca, y por crear el Primer Comando de Frontera (PCF), nombre con el cual bautizó a su banda para emular a las grandes organizaciones criminales brasileñas, con quienes, según sus investigadores, tenía contactos, vínculos y negocios acordados. Por el primer hecho puede ser condenado a prisión perpetua

El debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas tuvo hoy su sexta jornada y, tras repasar en audiencias previas sus lazos con Canteros y su presencia en el lugar del hecho, esta mañana el foco del debate se concentró en su perfil violento, lo cual le valió la calificación de delincuente de alta peligrosidad.

En ese contexto, esta mañana declararon cuatro testigos, tres de los cuales ahondaron en detalles respecto a la personalidad agresiva de Rojas, uno de ellos a partir de haber tenido relación directa con el imputado y otros desde las pistas obtenidas mediante labores de inteligencia.

El juicio se realiza con Rojas y los jueces conectados de manera telemática.

“Le volé la cabeza”

El primer testimonio del día fue aportado por una joven cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad -como la de todos los testigos-, quien al momento del crimen de Canteros era pareja de Eduardo Javier M., hombre cercano de Rojas. 

“Eduardo Javier era mi novio en ese momento. Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió.

La mujer narró que, conforme avanzaba su relación con Eduardo Javier, también empezó a participar en maniobras de la banda, principalmente viajes para traslado de drogas o dinero, ante lo cual en determinado momento también conoció a Canteros, que aparentaba ser un simple mecánico pero en realidad era parte de los negocios narcos organizados por Rojas.

La testigo avanzó en su relato hasta que recordó un último viaje realizado a Entre Ríos en busca de un dinero que Rojas necesitaba “con urgencia”. Contó que regresó sola con la plata, que Canteros pasó a buscar el bolso por Posadas y afirmó que eso sucedió pocos días antes de su asesinato.

Y lo sucedido posteriormente explica la trascendencia de su testimonio. “Yo me entero de la muerte de Canteros cuando estaba en alquiler y Rojas le llamó a mi pareja. Ahí pude escuchar lo que decía sobre lo que pasó”, anticipó.

“Él le pidió a mi pareja que no llame al número del ‘Polaco’ (por Canteros) porque estaba muerto. Nosotros no entendíamos nada. Nos sorprendió. Dijo que supuestamente hubo una emboscada, una trampa y dijo que le voló la cabeza, que Cantero le traicionó. Por eso le pidió que no le mande más mensajes y que borre todo. Él decía todo como si nada. No estaba preocupado”, reconstruyó la testigo mientras Rojas seguía su testimonio entre risas y gesticulaciones por vía telemática desde la cárcel.

Después de esta afirmación, la fiscal Vivian Barboza solicitó la reproducción de una de las tantas escuchas que incorporadas al expediente, grabación en la cual se oye prácticamente el mismo diálogo y la testigo reconoció las voces como de Rojas y de su ex pareja. La comunicación duró 5 minutos y se registró el 5 de agosto a las 23.07, es decir, apenas unas horas del crimen de Canteros. 

Él siempre decía, como jodiendo, que a él nadie le tenía fallar. Cuando eso pasaba, él siempre reaccionaba mal y además cuando consumía cocaína se ponía diferente, se ponía peor”, acotó luego la mujer.

La testigo también recordó que en una de esas llamadas posteriores al crimen, Rojas reveló que se encontraba en la casa de un hijo en Eldorado, lugar donde posteriormente fue hallada oculta en un gallinero la pistola Bersa 9 milímetros utilizada en el asesinato. Canteros recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

La escucha clave, registrada el mismo día del crimen de Canteros.

Sicarios, órdenes de ejecución y conexiones criminales

Similar consideración expuso minutos después el tercer testigo del día, un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con 28 años de experiencia en trabajos de inteligencia que participó de la investigación por el PCF, banda que comenzó a operar un año después del asesinato de Canteros, cuando Rojas ya estaba preso en el penal de Ezeiza.

“Él siempre ordenaba represalias para los que fallaban en sus maniobras delictivas”, apuntó el uniformado, conclusión a la que arribó tras analizar horas y horas de intervenciones telefónicas junto a un equipo de aproximadamente 15 agentes dedicados exclusivamente al caso, incluyendo intérpretes en guaraní y portugués. 

El experimentado comandante dio un relato pormenorizado. Describió al PCF como una “organización transnacional con gran capacidad operativa”, dedicada a abastecer tanto de marihuana como de cocaína “al sur de Brasil y a la zona oeste de Buenos Aires”.

Rojas era el organizador. Él articulaba todo. No solo planificaba, sino que también coordinaba y controlaba las acciones desde el penal de Ezeiza por celular. Ahí adentro celebró una asociación delictiva con Campos -Pablo Antonio-”, describió y mencionó al otro imputado en la causa por el PCF, a quien se lo acusa de ser el capo de la pata bonaerense de la banda. 

Pero el comandante fue mucho más profundo en su testimonio y graficó la violencia que se transformó en un sello distintivo del Negro Rojas, principalmente después de la pérdida de cargamentos.

En la causa se consigna que contra la banda se asestaron cuatro operativos, lográndose incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32,564 kilogramos de cocaína, aunque otro certero golpe se dio en Pirapó (Paraguay), donde una carga de 10 toneladas fue interceptada antes de ser cruzada a Misiones.

“Para ese cargamento que terminaron interceptando en Paraguay estaba previsto el ingreso de sicarios a Misiones para que se encarguen de escoltar el traslado y resguardar la carga”, detalló el efectivo federal.

En octubre de 2020 la Policía paraguaya interceptó una carga de 10 toneladas que Rojas pretendía ingresar a Misiones.

Luego, enumeró las amenazas proferidas por Rojas e incluso nombré a quiénes les declaró la muerte. “Cuando la Prefectura incautó 700 kilos de marihuana en el río Paraná estaba convencido que un paraguayo identificado como Lecayá era quien filtró la información y ordenó su eliminación, para ello buscó sicarios y uno de ellos se llamaba Fidel”, precisó.

Sin embargo, las amenazas por esa carga perdida no terminaba ahí, dado que -según el investigador- Rojas también identificó al efectivo de PNA que supuestamente había sido recibido la información de la maniobra y prometió venganza.

El comandante agregó que toda esa información fue comunicada de inmediato a autoridades judiciales, quienes dispusieron medidas de seguridad para el prefecturiano e incluso alertaron de todo a sus pares en Paraguay que también resguarden a Lecayá.

Y así continuó el testigo, repasando más amenazas de Rojas hacia otras personas, mencionando además aquella escucha telefónica donde el imputado desde la cárcel de Ezeiza apuntó contra el juez federal Miguel Ángel Guerrero y juraba revancha. 

“… Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida… Se dieron cuenta, pero en cada celda le deje una señal, si son bastante vivos, ahora recién se van a dar cuenta, contra que se van a enfrentar esta vuelta, no tienen idea ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores…”, se oye en esa intervención telefónica.

Si bien no son objeto de análisis de esta causa, el testigo también ahondó en las vinculaciones de Rojas con otros actores criminales con quienes comparte otras causas judiciales abiertas como, por ejemplo, la del plan orquestado para asesinar al juez Fernando Verón, que lleva adelante el expediente por el doble crimen de El Acuerdo, donde el ahora juzgado también está imputado como autor de un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

También expuso el vínculo hecho entre Rojas y Rudinei “Gordo” Lopes, un brasileño que integraba la facción Bala Na Cara y con quien compartió unas semanas en la Unidad Penal II de Oberá.

“Rudinei, de Bala Na Cara, iba a ser el receptor de la carga de 400 kilogramos de marihuana que fueron interceptados en Oberá. Esa droga iba a ser pasada por Panambí o San Javier. Estas organizaciones pretendían ingresar y operar en el país”, cerró, casi como alerta, el comandante.

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Rojas y Canteros, horas antes del crimen, apunto de comprar carne para celebrar su cumpleaños.

Próxima audiencia

Hoy también declararon otros dos testigos y quedó uno pendiente, dado que la audiencia debió ser suspendida al mediodía debido a un corte de internet en el penal de Marcos Paz.

En consecuencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el otro jueves, donde se prevé la declaración de al menos seis testigos más.

El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).

Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).

Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.


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Imponen millonaria multa a dueña de pitbull por ataque a menores en Posadas

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El pasado viernes 14 de febrero, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 de Posadas resolvió hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Lorena A. y Fabio.K, progenitores de Fabio K. y Dahian K, quienes resultaron víctimas del ataque de un perro pitbull el 16 de septiembre de 2018.

Por el hecho, Dominga E, en carácter de dueña del animal, deberá otorgar a los menores la suma de $6.775.671 y $8.555.141,04 respectivamente, en concepto de “incapacidad sobreviniente”; $1.250.000 y $750.000 por “daño moral”; y $200.000 por “gastos médicos y de farmacia”.

“Lo admirable de este fallo es que se dirigió hacia las partes -que son dos menores de edad- de una forma muy llana y clara. Les envía un mensaje comentando cómo fue el caso y cómo el se ocupó, para que ellos puedan entender a través de las lecturas del fallo”, resaltó el abogado Sebastián Mieres, consultado por LVM.

Por último, destacó: “Otro aspecto a resaltar es que el juez (Martín Rubén López) se puso a disposición por si en algún momento los chicos quieren hablar con él o hacer una pregunta. Es decir, finalmente hubo Justicia en lo que respecta al caso concreto y a las partes”.

Simultáneamente, el juzgado propuso al Honorable Concejo Deliberante de Posadas la creación del “Registro de Animales Potencialmente Peligrosos”, lo que marcaría un importante precedente para la capital provincial en el marco de una problemática frecuente.

 Antecedentes

El documento en cuestión, al que pudo acceder este medio, detalla que la denuncia fue presentada el 2 de diciembre del año 2021 por Lorena A. y Fabián K por daños y perjuicios contra Dominga E.

La pareja, representada por el abogado Sebastián Mieres, reclamó la reparación de los daños y perjuicios sufridos por sus hijos -menores de edad- como consecuencia del ataque de un perro de raza Pitbull, el 16 de septiembre del año 2018.

Según consta la denuncia, ese día, aproximadamente a las 10, Lorena A. se encontraba caminando por calle 145 junto a sus hijos Fabio (9), Dahiana (7) y Lucas (12), cuando de repente escucharon que la demandada llamaba a su perro, de raza pitbull, que se había escapado de su domicilio.

El animal, tras huir de su vivienda, atacó al menor Fabio, mordiéndolo en su brazo derecho. Con la ayuda de terceros lograron frenar el ataque; sin embargo, de inmediato el can se dirigió hacia la menor Dahiana, a quien mordió en el brazo izquierdo y luego en la espalda.

Tras la agresión y con la ayuda de un vecino, llevaron nuevamente al animal a su domicilio y como resultado del ataque ambos menores sufrieron múltiples heridas.

Un reparo millonario

Según el fallo, la responsabilidad de Dominga E, como propietaria del animal, “deriva de la falta de control sobre el mismo, lo que ocasionó lesiones a personas que transitaban por la vía pública”. En consecuencia, sostiene que: “la demandada debe responder por su deber de custodia y vigilancia, indemnizando los daños sufridos por los menores”.

Por otra parte, destacó que: “La demandada incumplió normativa de fondo, así como también la Ordenanza Municipal X N° 11, Capítulo II”.

En cuanto a los rubros indemnizatorios reclamados, contempla el daño estético, incapacidad sobreviniente, gastos médicos y de farmacia, y daño moral. Ya que, desde aquel ataque, los menores debieron atravesar meses de reposo y recuperación, medicación, molestias y dolores, así como la imposibilidad de realizar actividades recreativas.

A esto sumaron la cicatriz que ambos poseen y el estrés postraumático crónico que, según estiman, requerirá tratamiento psicológico, concepto por el cual reclamaron la suma de $10.000.000. A su vez, por gastos médicos y de farmacia, debieron afrontar gastos en medicamentos y traslados, por lo que peticionaron la suma de $200.000.

En cuanto al daño estético, alegaron que las mordeduras causaron en Fabio lesiones cronificadas en el brazo derecho y en Dahiana, lesiones en el brazo izquierdo y en la espalda. Como consecuencia, debieron ser sometidos a múltiples curaciones e intervenciones médicas, lo que les dejará cicatrices permanentes.

Los damnificados, afirmaron que esto les genera un profundo pesar, ya que afecta su imagen personal, provocándoles un perjuicio que estimaron en la suma de $2.000.000.

Finalmente, en lo referente al daño moral, sostuvieron que “existen todos los elementos fácticos para acreditar su existencia, ya que el hecho afectó la tranquilidad y estabilidad emocional de los menores”.

Asimismo, señalaron que la conducta de la demandada “generó frustración, angustia y desánimo, no sólo por los daños ya expuestos, sino también por la falta de un acercamiento por parte de la accionada, quien en ningún momento manifestó intención de disculparse ni mostró interés en arribar a una solución amistosa”, por lo que reclamaron la suma de $2.000.000.

El 28 de mayo del 2024, se realizó la audiencia prevista en el art 362 de la ley XII N°27, y no habiéndose arribado a un acuerdo se fijó el hecho controvertido: La responsabilidad y los rubros reclamados por los daños y perjuicios iniciada por los padres de los menores anteriormente indicados a raíz de los daños que sufrieron por un perro de raza “pitbull”, siendo la demandada Dominga E. dueña del mismo.

Finalmente, el pasado viernes 14 de febrero el juzgado dio sentencia, además de marcar un precedente con la propuesta de creación del “Registro de Animales Potencialmente Peligrosos” en la ciudad de Posadas.

Esto no solo servirá para evitar casos similares en el futuro, sino también para que haya más control y responsabilidad en la tenencia de estos animales”, concluye el documento.

Último adiós a policía retirado atacado por dos pitbull: “Queremos justicia”


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Carlos Carvallo está preso en Candelaria y le negaron la domiciliara

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Carlos Carvallo

Tras más de seis años detenido, purgando la pena de 12 años de prisión impuesta por delitos de lesa humanidad, el represor devenido en locutor Carlos Luis Carvallo (70) fue trasladado desde Entre Ríos a la cárcel federal de Candelaria y solicitó la prisión domiciliaria, aunque se la negaron.

Desde su captura en 2018, concretada tras más de cuatro años evadiendo un pedido de captura internacional en su contra, Carvallo estuvo detenido en Paraná, Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar.

En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad agravada por ser la víctima un perseguido político”.

Todos estos hechos fueron cometidos en perjuicio de Manuel Ramat, un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que estuvo secuestrado en la comisaría paranaense de El Brete y que logró reconocer al imputado como uno de sus captores.

Como era época de pandemia, Carvallo oyó todo el proceso en su contra desde la Unidad Penal I de Paraná, donde continuó purgando la pena de 12 años de prisión impuesta en su contra por el juez Pablo Seró.

Sin embargo, en los últimos meses, la Justicia autorizó el traslado del represor a la Unidad Penal 17 de Candelaria para que pueda estar cerca de un familiar directo con una enfermedad terminal, según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

En paralelo, Carvallo también pidió acceder a la prisión domiciliaria, pero dicho planteo fue denegado por las mismas autoridades intervinientes, ante lo cual deberá continuar privado de su libertad.

Represor en Entre Ríos

El juicio contra Carvallo había comenzó en marzo de 2020, pero debió suspenderse a razón de la emergencia sanitaria decretada en todo el país por la pandemia de Covid-19.

Meses después, las audiencias se reanudaron en forma remota y, en esas circunstancias, en octubre se realizaron los alegatos, ocasión en la que la fiscalía había pedido 11 años de prisión y las partes querellantes 21.

El expediente que se ventiló en debate oral fue un desprendimiento de la causa Aérea Paraná I en 2014, en la que Ramat brindó declaración testimonial y allí volvió a identificar a Carvallo como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo detuvo ilegalmente y lo torturó durante 45 días.

En su alegato, el fiscal García Escalada destacó “la cantidad de declaraciones sustancialmente coincidentes” de la víctima Ramat y detalló que “se cuenta en la causa con cinco actas de declaración testimonial de Ramat. En las cinco fue claro describiendo los hechos que padeció, identificando con nitidez a Carvallo como uno de sus autores principales, al menos en lo que refiere a la primera fase de su padecimiento, la va desde el 30 de septiembre de 1976 hasta 45 días más tarde, cuando es llevado del centro clandestino de detención de El Brete a la UP I de Paraná”.

Carvallo se mantuvo cuatro años prófugo, con pedido de captura de Interpol en su contra.

La investigación realizada reconstruyó que Ramat conoció a Carvallo cuando éste llegó a su casa y se presentó como oficial de la Policía para llevar adelante un allanamiento vinculado a un hermano del dirigente que ya había sido asesinado en Campana.

Después de ese episodio, el dirigente se presentó ante la Policía, donde volvió a encontrarse con Carvallo y allí comenzó su padecimiento.

“Ramat concurrió por consejo de su abogado a la Dirección de Investigaciones. Allí el jefe le dijo que debía esperar a Carvallo y cuando llegó Carvallo comenzó el periplo de padecimientos. Lo llevaron a Santa Fe, lo obligaron a bajarse del auto, a ingresar al baúl, lo reingresaron a Paraná y lo alojaron en El Brete. Allí permaneció en situación infrahumana, comiendo con la mano, sometido a interrogatorio con trompadas y submarino seco (…) Allí le dijeron ‘vos sos boleta, nadie sabe que estás acá, vos tenés tu DNI’. Con eso querían demostrar la plena disposición que Carvallo y los otros tenían sobre la vida y la integridad física de Ramat”, siguió García Escalada en su alegato.

En esa misma audiencia expuso Lucía Tejera, quien además de recordar todos los hechos sufridos por Ramat también repasó el legajo de Carvallo para dar cuenta de la historia del imputado dentro de las filas de la Policía.

“En octubre de 1975 participó del secuestro de material ideológico y de la detención de varias personas, resaltando una felicitación por su extraordinaria dedicación, energía, serenidad y espíritu puesto en ese procedimiento. Figura también en ese legajo la realización satisfactoria de un curso contra subversivos en agosto de 76. Meses después formó parte de patota que secuestró y torturó a Ramat”.

Tejera recordó que después de esos 45 días privado de su libertad en clandestino, Ramat fue declarado preso legal y “sometido a un consejo de guerra, parodia de juicio como dicen las víctimas, y condenado bajo jurisdicción militar”.

Allí la víctima inició un periplo de detención en el cual pasó por los penales de Sierra Chica, La Plata, Caseros y Paraná, donde fue liberado en 1984 y donde ahora, casi 40 años después, se encuentra encerrado su captor.

De locutor a prófugo

La historia de Carvallo, en tanto, fue muy distinta. Después de la dictadura llegó a Misiones y ocultando su pasado se desempeñó como locutor en varias radios de Posadas, entre ellas en FM Show, siendo ladero al micrófono de Alfredo Abrazian y transformándose incluso en un personaje altamente conocido.

Su situación recién cambió en 2014, después del juicio por la causa Aérea Paraná I que derivó en el dictado de un pedido de detención internacional por parte de la Justicia de Entre Ríos.

Después de ello, el locutor se mantuvo prófugo durante un largo tiempo hasta que finalmente en 2018 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron ubicarlo en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas.


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Prisión perpetua para Remskij por estrangular y arrojar a la basura a su madre

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Alfredo Rafael Remskij (30) firmó un acuerdo de juicio abreviado este lunes a la mañana, minutos antes del inicio del debate oral que estaba programado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, y fue condenado a la pena de prisión perpetua por el asesinato de su madre Dominga Huzy, cometido en 2017 en Apóstoles.

El acuerdo llevó la rúbrica del acusado, de su abogado defensor Fausto Vergara y del fiscal Vladimir Glinka. En el documento, Remskij admitió la autoría del crimen y aceptó ser condenado a perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva.

La ex pareja de Remskij, Mayra Dutra, había llegado hasta este instancia imputada por “encubrimiento”, pero resultó sobreseída. Estaba acompañada por el defensor oficial Marcelo Ozuna.

El acuerdo alcanzado entre las partes posteriormente fue aceptado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Marcela Leiva (subrogante), quienes transformaron el acta en sentencia.

Dominga Huzy era madre de dos hijos.

Estrangulada y arrojada al basural

El crimen que aún conmociona a Apóstoles se descubrió el domingo 10 de septiembre de 2017, cuando dos personas revolvían cosas en el basural y al estirar de un cable descubrieron un cadáver envuelto en mantas.

La víctima allí fue identificada como Dominga Isabel Huzy, separada, madre de dos hijos y residiendo en ese entonces en una vivienda ubicada sobre la calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.

Con el correr de las horas los investigadores posaron la lupa sobre Rafael, uno de sus hijos, quien tenía antecedentes de violencia contra ella y quien los días previos al descubrimiento del asesinato había desparramado por el barrio la versión de que su mamá se había mudado a Virasoro, Corrientes.

El devenir de la investigación lo acorraló aún más. Cámaras de seguridad dispuestas en varios puntos de la ciudad detectaron que entre el sábado y domingo el muchacho utilizó el camión pluma de su padre para trasladar todas las pertenencias de su madre hasta el basural.

En uno de esos viajes, también habría llevado el cuerpo de Huzy y una prueba de ello es que en el camión se halló una cadenita de la mujer.

La autopsia estableció que la víctima murió por un estrangulamiento y la principal hipótesis es que el crimen fue cometido para quedarse con la vivienda de Huzy.

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