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Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes

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Adrián Emilio Escarlata, Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz no son ningunos desconocidos para la Justicia. Los tres integrantes de la denominada banda de narcogendarmes desbaratada por completo la semana pasada tienen, además de la reciente causa iniciada por narcotráfico, otros expedientes abiertos en los que son investigados por contrabando de granos y lavado de activos.

La historia marca que hace un buen tiempo todos ellos se dedican a maniobras delictivas, algunos incluso lo hacían en paralelo a las funciones que cumplían como miembros activos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), como fueron los casos de Escarlata y Delgado, quienes por sus primeros ilícitos detectados fueron dados de baja.

Escarlata, por ejemplo, oriundo de Apóstoles, integró dicha fuerza federal hasta 2021, cuando se descubrió que era parte de una banda dedicada al contrabando de granos, donde se sospecha que aprovechaba su función como gendarme para garantizar la circulación de los camiones eludiendo controles tributarios, aunque para ello se cobraba un “peaje” clandestino: 200 dólares por camión.

La investigación por esa causa comenzó meses antes, más precisamente el 14 de octubre de 2020, tras la persecución de un auto que transportaba 28 kilogramos de cocaína en Itatí, Corrientes.

En aquel entonces, el Renault Megane que llevaba el estupefaciente empezó a ser perseguido sobre la ruta nacional 12, pero después el rodado escapó por caminos rurales y finalmente apareció abandonado, sin ocupantes, pero con dos mochilas repletas de cocaína.

Camión con granos interceptado en caminos rurales, esquivando controles tributarios.

No era lo único. Los narcotraficantes involucrados en la maniobra también dejaron sus teléfonos celulares, aparatos que fueron peritados y de allí surgieron pistas que dieron cuenta del funcionamiento de otra banda dedicada al contrabando de granos a través de Misiones. 

En ese ardid estaba involucrado el -hasta ese entonces- gendarme Escarlata que, en paralelo, evidenciaba un ostensible aumento patrimonial en Apóstoles, donde tiene una joyería (con sucursal en Viraroso) y donde en 2021 también inauguró un complejo de fútbol 5, con promoción en medios locales, inclusive.

Del expediente se hizo cargo el Juzgado Federal de Corrientes, a cargo del magistrado Juan Carlos Vallejos, que encomendó a la GNA profundizar la pesquisa y esas labores permitieron, meses después, desbaratar la organización de la cual también formaban parte un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos efectivos de la Policía de Misiones.

La redada contra ellos fue ejecutada a mediados de 2021 y la Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento de la banda a fines de ese mismo año, rechazando las apelaciones defensivas presentadas por los imputados.

Escarlata y Hañek cuando cayeron con cocaína en Salta el año pasado.

Dólares y más dólares

Delgado, otro ex gendarme, y Ostapowicz, por su parte, afrontan una causa por lavado de activos, delito penado y contemplado por el artículo 303 del Código Penal. Al primero de ellos lo agarraron con un maletín repleto de dólares y el hilo de ese dinero llegó hasta el segundo.

La detención de Delgado se concretó el 1 de marzo de 2023. En ese entonces todavía pertenecía a la GNA y viajaba a bordo de un Mercedes Benz C200 Avantgarde por la ruta nacional 12, pero al cruzar el puente Zárate Brazo Largo se topó con el puesto fijo de la Policía entrerriana y no dudó en apretar el acelerador.

De esa forma, el misionero evadió el control y en consecuencia se activó un operativo cerrojo que dio resultados kilómetros después, en el tramo comprendido entre Médanos y Ceibas.

Al verse cercado, Delgado se desprendió de lo que llevaba: un maletín metálico con 235.000 dólares en efectivo. La caja fue descartada en un pastizal de la banquina, pero los policías entrerrianos dieron con ella.

Dentro del Mercedes Benz los agentes también encontraron 468.320 pesos en efectivo y varios celulares, aparatos que al ser requisados dirigieron la pesquisa hacia Ostapowicz.

El maletín con dólares descartado al costado de la ruta por Richar Delgado en Entre Ríos en 2023.

La detención del segundo involucrado se efectuó a mediados de septiembre de 2023, cuando una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó las riendas del caso y ejecutó una serie de allanamientos simultáneos, tanto en Posadas, como en Apóstoles, San Ignacio, Azara y Lanús, en provincia de Buenos Aires.

En esos procedimientos se incautaron más pruebas. Según difundieron en un parte de prensa posterior, los allanamientos finalizaron con el secuestro de: dos camionetas, un auto, una moto, armas de fuego, cargadores y municiones. También, obvio, más dinero: 3.871.809 pesos y 18.448 dólares.

Como en aquella ocasión, ahora Delgado y Ostapowicz volvieron a ser detenidos. El primero de ellos, afirman investigadores que estuvieron tras sus pasos, después de la causa por lavado bajó su perfil y se recluyó en Bernardo de Irigoyen, donde prácticamente nadie conocía su historial. 

En Irigoyen hubo ahora nuevas redadas para dar con él, pero no estaba y su captura se dio cerca de Paso de los Libres. Ostapowicz, en cambio, fue detenido en Posadas. Los dos fueron capturados la semana pasada como los últimos eslabones que faltaban para desbaratar por completo la banda de narcogendarmes descubierta en Salta. 

Dicha empresa narco comenzó a ser investigada el 19 de mayo de 2024, cuando Diego Delgado -hermano de Richar y también ex gendarme- cayó en una camioneta Amarok con 303 kilogramos de cocaína. Más tarde, en septiembre, en el segundo golpe, cayeron Escarlata y su pareja, Marlene Heñuk, en otra camioneta con 31 kilogramos del mismo estupefacientes.

Los detenidos son ocho en total y todos se encuentran a disposición del Juzgado de Garantías Uno de Salta, a cargo del magistrado Julio Bavio. Están imputados por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Una Ford Raptor y una Jeep, secuestrados durante la redada para dar con los últimos involucrados de la banda.

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Judiciales

Apelaron el archivo de la causa por la muerte de un jubilado en 2025

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Los hermanos Edgar Corral y José Luis Apaza presentaron una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica, ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Posadas, contra un enfermero y a la ex pareja de su padre, Rubén Corral, quien falleció en septiembre pasado. La Justicia resolvió desestimar y archivar la causa, por lo que ambos apelaron y solicitaron dar continuidad a la investigación. 

El caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y la denuncia fue dirigida contra la ex pareja del difunto, Helga R. y el enfermero a cargo, Santiago Miguel R.

Para Edgar Corral, ambos implicados “habrían procedido irregularmente durante la atención médica domiciliaria” de su padre, “un paciente con diabetes y obesidad que necesitaba seguimiento médico permanente y supervisión profesional”. Al mismo tiempo, aseguró que hubo “encubrimientos tras el fallecimiento”.

La denuncia, a la que tuvo acceso LVM, fue radicada en septiembre del año pasado, tras el deceso de Rubén Corral y en la presentación los hijos del fallecido alegaron que: “De las pruebas reunidas surge que las personas intervinientes en el control, monitoreo y cuidado del causante no actuaron con la debida diligencia ni tomaron con seriedad su condición de salud, pese a tratarse de un paciente con enfermedad crónica (diabetes) que requería seguimiento médico permanente y supervisión profesional”.

El documento en cuestión también advierte que: “Existen sospechas fundadas de abandono y desatención, tanto en los días previos como en las horas posteriores al fallecimiento, lo que habría sido acompañado de decisiones irregulares sobre su cuerpo y sus bienes, adoptadas sin conocimiento ni consentimiento de sus hijos”. 

En el caso intervino la fiscal Patricia Clerici, que tiempo después de analizar las pruebas recabadas, resolvió desestimar la denuncia y el archivo de las actuaciones, al considerar que “el hecho denunciado no encuadra en una figura penal”. 

En su planteo, la fiscal argumentó que tras “una atenta lectura de sus constancias da cuenta de que el occiso habría fallecido por causas naturales sin intervención dolosa o culposa de terceros”.

Tras ese dictamen, el 21 de mayo pasado, el juez Miguel Mattos compartió la opinión fiscal al considerar que “las presentes actuaciones no reúnen las condiciones fundamentales para ser posible el avance del proceso al no existir delito”, por lo que, en consonancia con el artículo 204 del código de Procedimiento en materia Penal, resolvió el “rechazo o archivo” de la causa. 

Apelación

No conformes con el resultado, los denunciantes decidieron apelar el dictamen de desestimación y archivo de la causa. En ese marco, insitieron en continuar la investigación al sostener que “existen elementos unívocos que configuran los delitos de Homicidio (Art. 79 C.P.) o Abandono de Persona Seguido de Muerte (Art. 106 C.P.), Ejercicio Ilegal de la Medicina (Art. 208 C.P.) y Falsedad Ideológica (Art. 293 C.P.)”.

Al respecto, Edgar Corral (33) expresó en diálogo con La Voz de Misiones que: “En su testimonial, el enfermero Facundo Facal manifestó que Santiago Miguel Rossler (enfermero a cargo) le impidió realizar el RCP. No pudo realizar la maniobra ya que el enfermero se lo negó haciéndose cargo de la decisión”. 

Y ahondó: “Yo creo que acá la Justicia está encubriendo algo porque, yo pienso, ¿cómo con todas estas pruebas, las testimoniales hechas y demás no van a llamar para calidad indagatoria a esta gente denunciada?”.

“Mi conclusión es que la señora R., ex concubina de mi padre, hizo cremar el cuerpo sin mi consentimiento. Ella es de Salta y mientras venía de allá para Misiones coordinó todo lo que es el servicio de sepelio vía telefónica. Hay algo muy raro en el medio, ¿Cómo el servicio de sepelios va a actuar así? ¿Cómo no va a hacerse presente la Policía en el domicilio? y en la declaración de la enfermera Cristina ella afirma que el enfermero Santiago R. le había pedido el dinero de mi padre y las llaves del auto, cuando ni siquiera es familiar y estaba ejerciendo la profesión de manera ilegal”.

Y añadió: “Pido a la Justicia que investigue porque sospecho que este muchacho le inyectó algo a mi padre. Para mi fue premeditado y por parte de su ex concubina. Ella tiene un hijo con mi padre, quien es mi medio hermano, y con él hubo ocultamiento hacia los otros dos hermanos que somos yo y mi otro hermano que reside en Salta”.

El caso

Ruben Corral falleció el pasado 17 de septiembre alrededor de las 21 en su domicilio situado en la ciudad de Posadas, donde recibía atención médica domiciliaria, en tratamiento por dos enfermedades crónicas: diabetes y obesidad. 

Uno de sus hijos denunciantes observó una serie de “irregularidades” durante la atención médica y el posterior fallecimiento, por lo que decidió investigar al personal que lo atendió a través del Colegio de Enfermeros de Misiones y la funeraria que retiró el cuerpo de la vivienda.

“Una de las cosas que encontré es que el enfermero -que lo atendía hace dos años- tiene matrícula vencida desde el año 2022. Sin embargo, ejercía actos de médico, prescribía medicina, hacía indicaciones de médico, le inyectaba suero a mi papá y le hacía intravenosa. Entonces mandé a pedir un informe sobre su matrícula y pude constatar que se encontraba vencida”, aseguró conforme al informe emitido por el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones el pasado 13 de enero.

El mismo confirma que Santiago Miguel R., quien se encontraba a cargo de los cuidados de Rubén Corral, no contaba con su matrícula profesional vigente desde el año 2022, como tampoco la declaración de su domicilio profesional.

El mencionado profesional se encuentra inactivo por deuda, con carnet fuera de vigencia, habiendo sido matriculado el 7 de julio de 2010, y con matrícula inhabilitada desde el mes de julio del año 2022, situación que se mantiene hasta la fecha. Asimismo, se informa que no registra antecedentes éticos conforme a la información disponible en esta colegiatura”, detalla el documento.

El día del fallecimiento, también se encontraban presentes Facundo Facal y Zahra Barakat, enfermeros de la red de traslados, que condujeron las dos ambulancias para realizar las atenciones en el domicilio del difunto. “Tengo los testimonios de ellos que hizo la fiscalía bajo juramento, lo de Facal es terrible, no pudo realizar la maniobra de RCP por órden de R. Por eso digo que está demostrado el abandono de persona seguido de muerte”.

Respecto a la atención domiciliaria, explicó: “A mi padre no le gustaban las clínicas, le tenía fobia a los hospitales, entonces, él pagaba por atención en su domicilio a Santiago R. y tenía las cuidadoras que le cocinaban, le limpiaban, él iba en la camioneta, ellas le llevaban el dinero y pagaban proveedores, porque en ese momento se encontraba a cargo de un puesto con venta de legumbres en el Mercado Central”.

Distribuidora de legumbres de Rubén Corral.

“Cuando fui a Misiones pude lograr el contacto con una de las cuidadoras de mi padre, ella se llama Cristina Cantero. También contacté a Camila Alvez y empecé a reunir testimoniales mías por audios de WhatsApp, empecé a armar la historia y había muchas cosas que no me cerraban. Frente a esto, mandé un mail a la red de traslados de Misiones, me acredité como hijo del fallecido, con el acta de defunción, partida de nacimiento y documento, y me mandaron un informe que fue lo más devastador para mí”, apuntó. 

El mencionado documento, emitido por la Unidad Central de Emergencias y Traslados con la firma del Ministerio de Salud de Misiones, en noviembre de 2025, dejó constancia de que R. había impedido la realización del RCP al paciente en cuestión.

Según ese historial, fue el 17 de septiembre de 2025 a las 8.58 cuando la unidad de traslado arribó al domicilio de Corral a fin de verificar su estado de salud, quien se encontraba en tratamiento por diagnóstico de diabetes tipo 2.

El mismo documento señala que, según constató la licenciada en Enfermería, Barakat, durante la comisión, “el paciente se encontraba sentado en la cama, lúcido, colaborativo, con signos vitales estables sin criterio emergente, quedando con indicaciones y pautas de alarma”. Al mismo tiempo, añadió que “al referir que no había tomado la Metformina indicada, se le administra la misma al momento del control”.

A las 20.30 de ese mismo día, se concretó la visita de la segunda unidad de traslado en cuestión, tras un llamado al 911. Fue entonces cuando el enfermero Facundo Facal informó que Corral se encontraba tendido en el baño, en decúbito neutral, por lo que lo ayudaron a cambiar de posición e ingresó en Paro Cardíaco Repentino (PCR) y el enfermero Facal sugirió reanimación, a lo que R., encargado del paciente, “decide no comenzar, haciéndose responsable de la decisión”.

Tras el fallecimiento, el hijo denunciante decidió dirigirse a la funeraria donde realizaron el sepelio y posterior cremación. “En la información que pedí a la funeraria pude ver que la ex concubina de mi papá mintió en la declaración jurada del crematorio diciendo que mi padre no tenía hijos, apurando la cremación y haciéndola de manera expres”.

Y sumó: “Leí una ordenanza municipal que dice que mínimamente el cuerpo tiene que cumplir 24 horas, antes de cremarlo. Ella pagó una cremación exprés para apurar y que no se pueda hacer una autopsia, sabiendo de mi existencia y sin consultarme. A todo esto, en una testimonial de una de las enfermeras que lo cuidaban, ella dice que cuando él muere, ella ve que se va la ambulancia y automáticamente llega el servicio de sepelios, nunca se hizo presente la Policía ni un médico forense”.

“Con todo esto que reuní, sobre la red de traslados, el crematorio, el informe del Colegio de Enfermeros, fui, hice la denuncia, con la denuncia entregué un pendrive con toda esta información e informes, con el testimonio mío y de mi hermano, y bueno, creo que la fiscal no leyó o no entendió nada y me quieren archivar la causa”, lamentó en diálogo con este medio.

Luego, concluyó: “Esto va a ir a la Cámara de Apelaciones, no puede quedar así. No me dieron la posibilidad de despedirlo, me negaron el contacto con él y la verdad es que me parece muy injusto. Por eso quiero hacer público todo esto, para que también la gente sepa cómo se maneja la Justicia en Misiones. Me parece que con todas estas pruebas no pueden mirar para otro lado”.

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Peatón murió atropellado por una ambulancia en Campo Grande

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Un hombre de 85 años caminaba sobre la ruta 14, en horas de la madrugada de este jueves, en el momento en que fue embestido por una ambulancia del hospital local, cuyo impacto le provocó la muerte de inmediato. 

El siniestro se registró pasada la medianoche, a la altura del kilómetro 912, cuando una ambulancia Peugeot Boxer, conducida por Cristian S. (45), circulaba en sentido Campo Viera-Campo Grande.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó contra Gerónimo Samaniego (85) quien, a raíz de las lesiones provocadas por el fuerte impacto, perdió la vida en el lugar.

Efectivos de la Comisaría de Campo Grande llevan adelante las actuaciones judiciales. Por su parte, el personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

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Confirmaron el homicidio de un vecino de Alberdi y detuvieron a un sospechoso

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homicidio alberdi

La investigación por la muerte de Mateo Calixto (39), registrada el 25 de mayo en Colonia Alberdi, tuvo avances este miércoles, tras la confirmación de un homicidio mediante el examen de autopsia y la pesquisa derivó en la detención de un sospechoso.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el cuerpo de Calixto fue encontrado sin vida sobre un camino rural de Alberdi y la reconstrucción realizada estableció que horas antes había estado en un bar donde tuvo un enfrentamiento con otros tres hombres que inicialmente fueron demorados, aunque más tarde recuperaron la libertad.

En ese marco, los investigadores continuaron recabando información y una de las claves para avanzar en el caso llegó a partir de la autopsia, cuyo informe indicó que la víctima falleció como consecuencia de un disparo con escopeta en la cara.

Con ese dato, el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, ordenó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en el paraje El Bonito.

En uno de esos inmuebles, propiedad de uno de los sospechosos que habían sido demorados inicialmente, se halló una escopeta calibre 36, de similares características a la utilizada para dar muerte a Calixto.

Según precisó la Policía, al momento del procedimiento el dueño de casa no estaba, pero fue localizado minutos después y ahora se encuentra detenido, a disposición de la Justicia.

El implicado fue identificado como Sebastián L. (26), quien ahora deberá enfrentar una acusación por homicidio.

El detenido tiene 26 años y ahora está a disposición de la Justicia.

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