Judiciales
“Soy inocente” y “aún soy diputado”: la declaración completa de Germán Kiczka
Tal como lo dispuso el Tribunal Penal Uno de Posadas, ayer a la tarde se difundió la grabación de los testimonios brindados ayer por los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), quienes enfrentan juicio oral desde por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi.
El material fue publicado en la misma cuenta de Youtube a través de la cual se transmitió en vivo el inicio del juicio, aunque la audiencia del martes, en la que ambos imputados declararon, se realizó a puertas cerradas, modalidad aplicada en juicios sobre casos que traten delitos contra la integridad sexual.
Si bien ya se conocía que Sebastián admitió su responsabilidad en los hechos e incluso se disculpó con su hermano y que Germán se declaró inocente, con la grabación hecha pública se pueden extraer sus declaraciones textuales.
El primero en pasar ante el estrado de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, fue el mayor de los hermanos, quien formalmente se abstuvo de prestar declaración indagatoria y solo se limitó a hacer a una “aclaración” en la cual admitió su responsabilidad en la causa.
“Quiero aclarar que yo presenté una carta en diciembre donde explica que la computadora Acer que estaba en mi casa era yo quien la utilizada”, fueron sus primeras palabras, para luego dirigir la mirada hacia su hermano y lanzar: “Quiero aprovechar, por enésima vez, para pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.
“Germán, disculpá loco”, le expresó con voz temblorosa.
Y antes de volver a su asiento, reiteró: “Yo soy responsable de la Acer, solo yo usaba”.
La Acer a la que Sebastián hizo referencia es la notebook incautada en la casa del barrio Illía que compartía con su padre y en la cual se hallaron más de 600 archivos con contenido Masi.
Para la fiscal Silvia Barronis, que investigó el caso y solicitó la elevación a juicio del expediente, esa Acer era propiedad del hasta ese entonces diputado provincial Germán Kiczka dado que no solo que tenía cargado sus datos de usuario, sino que también registraba movimientos recientes como, por ejemplo, el pago de boletas de servicios, entre otras evidencias.
“Sigo siendo diputado”
Germán, por su parte, se desliga de ella y así lo reiteró ayer, cuando fue su turno de pasar a declarar ante los jueces del TP Uno.
“Voy a ver ser muy breve”, avisó el imputado al sentarse frente a ellos. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos. Acá, bajo juramento, declaro que jamás en mi vida busque, investigué, descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil”, añadió.
Y afirmó: “En todos los dispositivos electrónicos utilizados por mí no hay nada y mire que me allanaron señor juez. En mi casa, en mi oficina en la cigarrerra, en mi oficina en la Legislatura, en la casa de mis suegros”.
A partir de ahí, volvió a considerarse víctima de una persecución política: “Quiero declarar que esto sí es una persecución política, lo fue siempre y desde un principio. El gobierno sabe que destruyéndome a mí, destruye a mi partido y destruye a la única fuerza opositora real de la provincia”.
“Fui el único diputado de 40 que, en repetidas veces, me opuse a leyes nefastas que el gobierno provincial quería implementar en detrimento de la provincia”, aseveró y casi a modo de respuesta a lo expuesto por el fiscal Vladimir Glinka en su alegato de apertura sostuvo: “Si uno analiza las leyes a las que hago referencia se va a dar cuenta que no es necesario ser Mandela para ser un perseguido político”.
También se despachó contra los integrantes de la Legislatura provincial, a quienes acusó de haberlo expulsado “inconstitucionalmente”.
“La Cámara se apresuró en expulsarme a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros, mostrando mi colaboración, mi apertura con la Justicia”, consideró.
Y culminó: “Me expulsaron de manera inconstitucional y sin siquiera darme la posibilidad de defensa. Por eso yo aún me siento y aún soy diputado de la provincia de Misiones”.
Siguen las testimoniales
El juicio oral continuó hoy con la declaración de dos testigos, entre ellos los policías que intervinieron en las detenciones de los hermanos, y la incorporación por lectura de otras seis testimoniales.
En el debate participan los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que los imputados son defendidos por Gonzalo De Paula, por Germán Kiczka, y Eduardo Paredes, por Sebastián.
FOTO: Marcos Otaño.
Autorizaron difundir la grabación del testimonio de los hermanos Kiczka
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
Caso Candia: pericias se centrarán en retazos de tela, celulares y un auto
El Tribunal Penal Uno de Posadas declaró culpable al albañil paraguayo acusado de abusar sexualmente de dos cuñadas menores de edad en una casa del barrio Santa Clara II de Garupá y lo condenó a 15 años de prisión.
La sentencia contra Román Federico Agustín Melgarejo (28) fue dictada este mediodía, tras tres días de debate y luego de una ronda de alegatos en la que el fiscal Vladimir Glinka solicitó una pena de 20 años de cárcel para el imputado.
El fallo fue emitido por el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por los jueces de instrucción Ricardo Balor y Fernando Verón, ambos por subrogancia legal. El imputado fue declararon penalmente responsable de un hecho de abuso sexual con acceso carnal y una tentativa del mismo abuso, ambos agravados por la convivencia.
El abogado defensor Abel Martín Acevedo solicitó la absolución de Melgarejo por falta de mérito.
Los hechos que se ventilaron en debate ocurrieron en 2016 y 2018, aunque salieron a la luz tiempo después, cuando las víctimas, de 11 y 13 años, revelaron los abusos que padecían a manos Melgarejo, que en ese entonces era pareja de la hermana mayor de las víctimas.
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