Judiciales
“Soy inocente” y “aún soy diputado”: la declaración completa de Germán Kiczka
Tal como lo dispuso el Tribunal Penal Uno de Posadas, ayer a la tarde se difundió la grabación de los testimonios brindados ayer por los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), quienes enfrentan juicio oral desde por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi.
El material fue publicado en la misma cuenta de Youtube a través de la cual se transmitió en vivo el inicio del juicio, aunque la audiencia del martes, en la que ambos imputados declararon, se realizó a puertas cerradas, modalidad aplicada en juicios sobre casos que traten delitos contra la integridad sexual.
Si bien ya se conocía que Sebastián admitió su responsabilidad en los hechos e incluso se disculpó con su hermano y que Germán se declaró inocente, con la grabación hecha pública se pueden extraer sus declaraciones textuales.
El primero en pasar ante el estrado de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, fue el mayor de los hermanos, quien formalmente se abstuvo de prestar declaración indagatoria y solo se limitó a hacer a una “aclaración” en la cual admitió su responsabilidad en la causa.
“Quiero aclarar que yo presenté una carta en diciembre donde explica que la computadora Acer que estaba en mi casa era yo quien la utilizada”, fueron sus primeras palabras, para luego dirigir la mirada hacia su hermano y lanzar: “Quiero aprovechar, por enésima vez, para pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.
“Germán, disculpá loco”, le expresó con voz temblorosa.
Y antes de volver a su asiento, reiteró: “Yo soy responsable de la Acer, solo yo usaba”.
La Acer a la que Sebastián hizo referencia es la notebook incautada en la casa del barrio Illía que compartía con su padre y en la cual se hallaron más de 600 archivos con contenido Masi.
Para la fiscal Silvia Barronis, que investigó el caso y solicitó la elevación a juicio del expediente, esa Acer era propiedad del hasta ese entonces diputado provincial Germán Kiczka dado que no solo que tenía cargado sus datos de usuario, sino que también registraba movimientos recientes como, por ejemplo, el pago de boletas de servicios, entre otras evidencias.
“Sigo siendo diputado”
Germán, por su parte, se desliga de ella y así lo reiteró ayer, cuando fue su turno de pasar a declarar ante los jueces del TP Uno.
“Voy a ver ser muy breve”, avisó el imputado al sentarse frente a ellos. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos. Acá, bajo juramento, declaro que jamás en mi vida busque, investigué, descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil”, añadió.
Y afirmó: “En todos los dispositivos electrónicos utilizados por mí no hay nada y mire que me allanaron señor juez. En mi casa, en mi oficina en la cigarrerra, en mi oficina en la Legislatura, en la casa de mis suegros”.
A partir de ahí, volvió a considerarse víctima de una persecución política: “Quiero declarar que esto sí es una persecución política, lo fue siempre y desde un principio. El gobierno sabe que destruyéndome a mí, destruye a mi partido y destruye a la única fuerza opositora real de la provincia”.
“Fui el único diputado de 40 que, en repetidas veces, me opuse a leyes nefastas que el gobierno provincial quería implementar en detrimento de la provincia”, aseveró y casi a modo de respuesta a lo expuesto por el fiscal Vladimir Glinka en su alegato de apertura sostuvo: “Si uno analiza las leyes a las que hago referencia se va a dar cuenta que no es necesario ser Mandela para ser un perseguido político”.
También se despachó contra los integrantes de la Legislatura provincial, a quienes acusó de haberlo expulsado “inconstitucionalmente”.
“La Cámara se apresuró en expulsarme a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros, mostrando mi colaboración, mi apertura con la Justicia”, consideró.
Y culminó: “Me expulsaron de manera inconstitucional y sin siquiera darme la posibilidad de defensa. Por eso yo aún me siento y aún soy diputado de la provincia de Misiones”.
Siguen las testimoniales
El juicio oral continuó hoy con la declaración de dos testigos, entre ellos los policías que intervinieron en las detenciones de los hermanos, y la incorporación por lectura de otras seis testimoniales.
En el debate participan los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que los imputados son defendidos por Gonzalo De Paula, por Germán Kiczka, y Eduardo Paredes, por Sebastián.
FOTO: Marcos Otaño.
Autorizaron difundir la grabación del testimonio de los hermanos Kiczka
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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