Judiciales
“Soy inocente” y “aún soy diputado”: la declaración completa de Germán Kiczka
Tal como lo dispuso el Tribunal Penal Uno de Posadas, ayer a la tarde se difundió la grabación de los testimonios brindados ayer por los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), quienes enfrentan juicio oral desde por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi.
El material fue publicado en la misma cuenta de Youtube a través de la cual se transmitió en vivo el inicio del juicio, aunque la audiencia del martes, en la que ambos imputados declararon, se realizó a puertas cerradas, modalidad aplicada en juicios sobre casos que traten delitos contra la integridad sexual.
Si bien ya se conocía que Sebastián admitió su responsabilidad en los hechos e incluso se disculpó con su hermano y que Germán se declaró inocente, con la grabación hecha pública se pueden extraer sus declaraciones textuales.
El primero en pasar ante el estrado de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, fue el mayor de los hermanos, quien formalmente se abstuvo de prestar declaración indagatoria y solo se limitó a hacer a una “aclaración” en la cual admitió su responsabilidad en la causa.
“Quiero aclarar que yo presenté una carta en diciembre donde explica que la computadora Acer que estaba en mi casa era yo quien la utilizada”, fueron sus primeras palabras, para luego dirigir la mirada hacia su hermano y lanzar: “Quiero aprovechar, por enésima vez, para pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.
“Germán, disculpá loco”, le expresó con voz temblorosa.
Y antes de volver a su asiento, reiteró: “Yo soy responsable de la Acer, solo yo usaba”.
La Acer a la que Sebastián hizo referencia es la notebook incautada en la casa del barrio Illía que compartía con su padre y en la cual se hallaron más de 600 archivos con contenido Masi.
Para la fiscal Silvia Barronis, que investigó el caso y solicitó la elevación a juicio del expediente, esa Acer era propiedad del hasta ese entonces diputado provincial Germán Kiczka dado que no solo que tenía cargado sus datos de usuario, sino que también registraba movimientos recientes como, por ejemplo, el pago de boletas de servicios, entre otras evidencias.
“Sigo siendo diputado”
Germán, por su parte, se desliga de ella y así lo reiteró ayer, cuando fue su turno de pasar a declarar ante los jueces del TP Uno.
“Voy a ver ser muy breve”, avisó el imputado al sentarse frente a ellos. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos. Acá, bajo juramento, declaro que jamás en mi vida busque, investigué, descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil”, añadió.
Y afirmó: “En todos los dispositivos electrónicos utilizados por mí no hay nada y mire que me allanaron señor juez. En mi casa, en mi oficina en la cigarrerra, en mi oficina en la Legislatura, en la casa de mis suegros”.
A partir de ahí, volvió a considerarse víctima de una persecución política: “Quiero declarar que esto sí es una persecución política, lo fue siempre y desde un principio. El gobierno sabe que destruyéndome a mí, destruye a mi partido y destruye a la única fuerza opositora real de la provincia”.
“Fui el único diputado de 40 que, en repetidas veces, me opuse a leyes nefastas que el gobierno provincial quería implementar en detrimento de la provincia”, aseveró y casi a modo de respuesta a lo expuesto por el fiscal Vladimir Glinka en su alegato de apertura sostuvo: “Si uno analiza las leyes a las que hago referencia se va a dar cuenta que no es necesario ser Mandela para ser un perseguido político”.
También se despachó contra los integrantes de la Legislatura provincial, a quienes acusó de haberlo expulsado “inconstitucionalmente”.
“La Cámara se apresuró en expulsarme a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros, mostrando mi colaboración, mi apertura con la Justicia”, consideró.
Y culminó: “Me expulsaron de manera inconstitucional y sin siquiera darme la posibilidad de defensa. Por eso yo aún me siento y aún soy diputado de la provincia de Misiones”.
Siguen las testimoniales
El juicio oral continuó hoy con la declaración de dos testigos, entre ellos los policías que intervinieron en las detenciones de los hermanos, y la incorporación por lectura de otras seis testimoniales.
En el debate participan los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que los imputados son defendidos por Gonzalo De Paula, por Germán Kiczka, y Eduardo Paredes, por Sebastián.
FOTO: Marcos Otaño.
Autorizaron difundir la grabación del testimonio de los hermanos Kiczka
Judiciales
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.

Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.

El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Judiciales
Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
Judiciales
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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