Por Fernando Oz
@F_ortegazabala

“Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. Quien lo dijo sabía perfectamente de qué se trataba. Fue Carlos Menem, a principios de 1990 y con el polvo de un viaje relámpago a Asunción todavía en los zapatos, quien lanzó esa frase como el puntapié inicial para paralizar las obras principales; una maniobra política diseñada para justificar un ambicioso proceso de privatización de la central hidroeléctrica que, finalmente, terminó en el fracaso. Treintaiseis años después, la situación financiera de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es tan difusa como misteriosa.

Lo que sigue es la reconstrucción lineal de un desquicio administrativo estructural, narrado desde la certeza material del dato técnico de tres documentos firmados por la Auditoría General de la Nación (AGN) —la retaguardia donde se suele registrar la desidia y la huella de la corrupción— y con el oído puesto en el segmentado relato de una silenciosa interna por la millonaria caja de la EBY.

Primer acto: Un informe conjunto de “auditores independientes”, integrado por un equipo mixto de profesionales de la AGN y de la asociación insignia que nuclea a los auditores de Paraguay, declara de manera tajante la Abstención de Opinión porque no logró obtener evidencia suficiente ni adecuada para validar las cuentas de la mayor central hidroeléctrica del país. Se trata del ejercicio financiero de 2023, lo que vino después demuestra que los balances de Yacyretá son una ficción contable, una suerte de adivinanza macroeconómica estructurada sobre proyecciones y estimaciones de utilería; la confesión explícita de un naufragio institucional a la intemperie de la legalidad.

Antes de que el descalabro fiscal tomara forma de balance, la caja de la margen izquierda de la binacional estuvo bajo la administración de Ignacio Barrios Arrechea, un joven que fabricaba piezas de madera y que trabajaba en un puesto menor de la EBY. Había alcanzado la dirección Ejecutiva en junio de 2020 al amparo del linaje político de su padre —el exgobernador radical de Misiones— y el aval directo de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su gestión, que concluyó de forma abrupta en febrero de 2022 en medio de una feroz interna por los millonarios contratos para la maquinización del brazo Aña Cuá, se terminaron de consolidar las bases de la inacción institucional. Bajo su firma se gestaron las inconsistencias operativas y la falta absoluta de previsiones contables ante el viejo reclamo de ERIDAY-UTE, dejando el terreno allanado para que los baches financieros del “monumento a la corrupción” se diluyeran en el letargo de la desidia binacional.

La raíz del engaño es profunda y se manifiesta en las pérdidas operativas. El reemplazó de Barrios Arrechea fue el ingeniero formoseño Fernando Antonio De Vido, un alfil de estrecha confianza de Gildo Insfrán. Tuvo una gestión corta, hasta diciembre de 2023 al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, y firmó los balances que apelaron a la “contabilidad creativa” de los “Cargos Diferidos”.

Bajo su administración, la EBY retiró los resultados negativos del ejercicio corriente y los desvió artificialmente hacia la cuenta de “Cargos Diferidos – Cuenta de Explotación”, prefiriendo esconder la basura bajo la alfombra del diferimiento y sobrevaluar el rubro de Propiedades, Planta y Equipos mediante la activación indebida de gastos de la elevación a Cota 83. De Vido se marchó dejando un capital licuado y un vacío legal tarifario provocado por la no ratificación interna de las Notas Reversales de 2017 —un tema tan interesante como extenso y técnico, con una historia de romance diplomático de fondo—.

Pero volvamos al lapidario informe conjunto de “auditores independientes”: es corto, cinco carillas, pero puesto bajo la lupa de los analistas de control reviste una gravedad institucional y contable extrema. “Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría… y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos”, se lee en el documento fechado el 27 de marzo de 2025, que lleva estampadas las firmas de Leonardo Etcheverry, por la AGN, y Manuel Stark Robledo, de Auditores y Consultores Asociados de Paraguay.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el ingeniero civil Alfonso Peña asumió la dirección ejecutiva en febrero de 2024. Excompañero de estudios de Mauricio Macri y hombre proveniente del riñón de las constructoras privadas, Peña llegó con un discurso de reordenamiento técnico, pero le tocó gestionar la crudeza de la parálisis civil. Bajo su mando, la obra de ampliación en el brazo de Aña Cuá se frenó por completo, sitiada por los sobrecostos y las disputas con los contratistas.

Peña fue el responsable de estampar la firma en la polémica Adenda Nº 9 al contrato Y-C-AMPLYA. Es un cuento corto: se trata de un acuerdo modificatorio que inyectó un sobrecosto directo de US$ 30 millones al presupuesto de Aña Cuá —elevando el costo global de la obra a unos US$ 450 millones— con el único fin de financiar la paralización de la obra civil y costear el mantenimiento de estructuras ociosas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Una maniobra no para avanzar en la infraestructura física, sino para financiar la parálisis: mantener campamentos y mitigar los reclamos del consorcio constructor.

La consecuencia directa de esta transición precaria es un lucro cesante masivo. Al patearse la puesta en marcha de las turbinas hacia 2028-2029, la EBY deja de facturar un estimado de US$ 70 a US$ 80 millones anuales en concepto de energía incremental; un bache de facturación millonario que restringe severamente la autonomía financiera del ente.

Esta adenda encendió las alarmas de los auditores porque los fondos no se tradujeron en un avance real del hormigón, sino en el financiamiento de un “Programa de Transición” pactado con el consorcio contratista para mitigar reclamos e indemnizaciones, consolidando además un millonario retraso energético hasta fines de la década.

Segundo acto: A este escenario arribó en enero de 2026 el actual director Ejecutivo de la EBY, Diego Luis Adúriz, primo hermano del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Ingeniero civil, con un perfil nítidamente financiero y de control de daños corporativos, Adúriz asumió el manejo de la margen izquierda de la binacional con un mandato extendido hasta 2031.

Su llegada coincidió de manera milimétrica con la aprobación de la Resolución N° 56/2026 de la AGN, de marzo de este año, en la que se aprueba formalmente el Dictamen con Abstención de Opinión producido sobre las cuentas de 2023. Esto significa que el máximo órgano de control de la República Argentina respalda de manera unánime y oficial que los estados financieros de Yacyretá no son auditablemente confiables en su conjunto debido al impacto crítico de sus variables pendientes de definición.

La resolución 56 demuestra que el problema excede lo contable; es un conflicto de arrastre político-diplomático institucional que mantiene congelado el balance de uno de los principales activos energéticos del país, impidiendo conocer su verdadera situación patrimonial desde hace años.

Tercer acto: La AGN vuelve a subir al escenario a través de la Resolución N° 166/2026, aprobada el 6 de agosto de este año, que representa la conclusión técnica y procedimental definitiva de un largo proceso de fiscalización sobre la EBY. Es la consecuencia lógica: si un balance obliga a una abstención de opinión, significa que los mecanismos de control, registro y procesamiento interno de la empresa fallaron o son deficientes.

Pero la AGN introduce aquí la novedad del “carácter de reservado”. La gran diferencia radica en el tratamiento legal de la información: mientras que los motivos de la Abstención Financiera son públicos por su impacto directo en la Cuenta de Inversión del Estado Nacional, el Artículo 2º de esta nueva resolución dispone explícitamente “la reserva del presente informe” bajo los términos del artículo 30 de la Resolución N° 77 de 2002.

¿Por qué este cambio? Desde la óptica de la auditoría gubernamental, un informe sobre fallas en el Control Interno Contable describe las vulnerabilidades sistémicas, debilidades en los sistemas informáticos, fallas de conciliación de cuentas y grietas operativas de la entidad. Hacer públicas estas debilidades en una infraestructura estratégica binacional podría comprometer la seguridad financiera o corporativa del ente frente a terceros o contratistas en litigio (como ERIDAY-UTE).

Es, en este punto de quiebre donde cobra dimensión el rol de la AGN al disponer la reserva de dicho informe. Lejos de convalidar el ocultamiento, la declaración de “carácter reservado” opera como una trinchera de legítima defensa institucional frente a la rapiña corporativa. Desglosar públicamente las grietas del sistema contable, las fallas de los registros informáticos de facturación y las debilidades de las conciliaciones de deuda de la represa hubiera significado entregarle en bandeja de plata a los abogados de ERIDAY-UTE las pruebas necesarias para hundir al Estado en el tribunal arbitral de París, donde se dirime un litigio histórico que oscila entre los US$ 800 y US$ 1.500 millones.

Aquí el hilo conductor de la historia se vuelve filoso y muerde el centro del poder real. El consorcio ERIDAY, encabezado globalmente por las multinacionales Webuild y Vinci, tejió desde su origen en 1983 una alianza indisoluble con el entramado del soporte local. En el corazón de esa UTE civil estuvo Sideco Americana, la nave insignia de la Familia Macri.

Los vínculos no son una conjetura del pasado ni una nota al pie: la herencia del negocio de la patria contratista une de forma lineal los reembolsos impositivos de los años ’80 y ’90 con el actual reclamo multimillonario en la Cámara de Comercio Internacional. Cualquier laudo o acuerdo extrajudicial que intente destrabar el litigio no solo beneficiará a los gigantes, sino que derramará de forma proporcional millones de dólares directos en las cuentas de las firmas locales socias, entre ellas, las empresas ligadas históricamente al apellido del expresidente.

Lo cierto es que Yacyretá funciona hoy como un colador incontrolable de deudas cruzadas donde los sucesivos administradores se han mostrado incapaces de consolidar el Tratado original. La complacencia de las autoridades que estuvieron al frente de la EBY durante todo este proceso es el verdadero monumento a la ineficiencia; han preferido gerenciar lo cercano y estirar los plazos antes que poner el cuerpo para sanear la aorta comercial y energética del país.

El director ejecutivo de la EBY no es un cuadro técnico y mucho menos independiente, previamente se había desempeñado como consejero del ente y en las filas de Cammesa, siempre bajo la órbita del Palacio de Hacienda. Ahora, a Adúriz le corresponde la responsabilidad administrativa de ejecutar este plan de remediación “confidencial”, mientras intenta reordenar las finanzas frente a los retrasos de pagos del mercado eléctrico mayorista. Además de los problemas que tiene con la solapada intervención de Santiago Caputo.

Los hombres que responden al asesor de Milei en la EBY podrían tener su propio capítulo, sería más vertiginoso, con ribetes policiales, y pizza con champagne. Allí entraría Ignacio “Nacho” Palacios, asesor y comisario político de la entidad, mecánico y actual coleccionista de autos; Juan Pablo Arrechea, de carrera en la binacional y conocedor de la botonera, ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias, y Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY, sus amigos en Miami lo llaman el “Tucu” y estuvo como cuatro años como policía del municipio de Bal Harbour Village —ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida—, donde también cumplió funciones como marine patrol, manejando una lancha, y jamás tuvo nada que ver con la DEA, el FBI ni ninguna otra fuerza de Estados Unidos; antes de vestir el uniforme de policía municipal, Waisman estaba a cargo del cuidado de un parque público de la misma ciudad.

El trío comienza a ser visto con interés desde un estudio jurídico de Miami en el marco de una causa judicial. Prestamos en dólares, servicios de logística, courier internacional y transporte de encomiendas. Un peliculón filmado en escenarios naturales en Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

Mientras tanto, me pregunto si el Congreso se dignará a estudiar el dictamen de la AGN, que es inapelable: Yacyretá presenta un cuadro de desquicio estructural. Los balances están desnudos porque el control interno fue desmantelado o ignorado deliberadamente. La reserva dictada sobre el sistema contable es la última retaguardia que le queda al Estado para no terminar pagando los platos rotos de una fiesta privada.

¿Cuánto tiempo más tolerarán las instituciones democráticas que el principal activo hidroeléctrico de la nación siga gestionándose a ciegas, a la intemperie de la legalidad y de espaldas a los intereses de los argentinos? La primavera de las auditorías ya pasó; ahora es el tiempo de que la Justicia y el Congreso exijan rendición de cuentas en el barro de la realidad.

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Ricardo Barrios Arrechea

Esta ley tiene vieja data, se maquilla de democrática, pero la mata y es una ladrona porque roba votos y los pone en el casillero de otro, violando la voluntad del ciudadano.

Esta ley tramposa por naturaleza viene de muy lejos, fue “inventada” en 1870 en Bélgica, donde nunca se aplicó.

El único país del mundo donde renació fue en Uruguay, donde fue abolida en 1996 por elecciones primarias (como las Paso).

Que no se aplique en ningún país del mundo, habla de por sí y no requiere análisis. Derogada en el Uruguay, en 1986 resurge en provincias argentinas; hoy, salvo que me equivoque, los dos únicos lugares del planeta donde está vigente son Misiones y Formosa. Ohhh casualidad! donde ambos oficialismos llevan 25 años en el poder.

En Misiones la clavó el gobernador Humada en 1990, enterita para todos los cargos. En 1995, con Ley de Lemas a tope, el PJ se presenta con dos candidatos a gobernador. La UCR enterita por entonces llevaba cuatro candidatos posta. Gana la UCR, gobernador Llamosas… con tanta mala suerte, que cae el Centro de Cómputos por la tarde, por la mañana las urnas ganadoras aparecen quemadas en El Brete. Se despierta el Centro de Cómputos y “gana” el PJ por 10 mil votos… guaú.

Ni lerdos ni perezosos anulan la Ley de Lemas para gobernador y dejan vigente sólo para intendentes; que así se mantiene hasta hoy día.

Ejemplo fresco, en Posadas para Intendente en 2023, el candidato de la UCR sacó 30 mil votos y el candidato de la Renovación 15 mil, quien fue el ganador: el que perdió (merced a la Ley de Lemas, y la cola de segundos candidatos).

Por qué no dejan que la gente elija y no la ley tramposa

Resultados a la vista, desde 2006 a la fecha solo gobernadores de la renovación, y caso inédito en él país, el 100 x 100 de los municipios son renovadores, salvo alguno que otro.

Pero hay otro factor mucho más grave y repudiable, con la Ley de Lemas, no gana el que pone mejores candidatos, gana el que tiene más plata para poner muchos más candidatos.

Billetera mata Democracia

Hoy la Renovación “caducó”, omanó, dejó de existir. La viga maestra donde se sostuvo 25 años fue la Ley de Lemas, el meollo mismo de la renovación, su nave insignia.

Donde esté esa Ley del que más tiene, la Renovación sigue viva, su corazón sigue latiendo… Ley de Lemas = Renovación.

Espera Misiones un cambio completo mismo y sin herramientas oxidadas con mal olor que nos remiten al pasado.

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Hay un síntoma inconfundible en la decadencia de los gobiernos: el momento exacto en que la ostentación del poder formal intenta suplir la ausencia dramática de autoridad moral. Es la brecha insondable que separa a la potestas —el cargo legal, el sello oficial, la potestad conferida por un boletín institucional— de la auctoritas, ese ascendiente natural e indiscutible líder, digamos el que puede mirar a los ojos a su pueblo sin necesidad de un cordón policial ni de francotiradores en los balcones.

Ocurrió el otro día en la turística ciudad de Puerto Iguazú, en la zona denominada 600 Hectáreas —un pulmón verde donde la trata y el narcotráfico conviven entre los hoteles de cinco estrellas—. Allí fue donde Javier Milei hizo una demostración perfecta de lo que la ciencia militar y la filosofía política llaman, sencillamente, mandar sin saber comandar.

Llegó envuelto en el aparato burocrático de la fuerza y lo que debía ser la presencia firme de un jefe de Estado se convirtió en un sainete de fuerzas de seguridad de todos los colores distribuidos en un anillo de siete retenes, camionetas blindadas, sirenas nerviosas y hasta un helicóptero para transportarlo. Todo este despliegue, esta parafernalia digna de una potencia ocupante en territorio hostil, no era para contener a las legiones de Aníbal a las puertas de Roma.

Era para esquivar a un puñado de productores yerbateros arrepentidos de haberlo votado, acompañados por tareferos golpeados por la desregulación y otros pocos militantes sociales y gremios del estado, que esperaban al costado de la ruta con camiones viejos, algunos tractores y pancartas al aire. No importa si se fue por tierra o en helicóptero: se esconde.

A duras penas unas ochocientas personas —la mayoría sin ganas de cortar rutas y empujadas por el clan Peterson, con el exdiputado renovador Julio Peterson a la cabeza, un yerbatero con alma de botón que pedía a gritos a la Gendarmería que sacara de la manifestación a tres mujeres militantes sociales que pretendían cortar la ruta para dejar afuera tanto oportunismo político—. La cuestión de fondo es que, más allá de la escuálida protesta, la breve visita del mandatario vuelve a demostrar que Milei carece de liderazgo: apenas tiene el ‘mando’, un poder efímero que se sustenta, básicamente, en lo que dure la tinta de una lapicera.

Ahí reside el núcleo del asunto. El verdadero líder —aquel que ostenta lo que los estoicos llamaban el gobierno sobre sí mismo para sostener el peso de la responsabilidad colectiva, o el que ejerce el Mission Command en la vanguardia— no se esconde en el aire ni se parapeta tras un pasillo blindado de fuerzas federales frente a un grupo de personas irritadas. El gobernante que posee ‘comando’ baja de la camioneta, camina hasta el primer tractor, escucha la bronca, aguanta el chaparrón con templanza ejerce la pedagogía de la autoridad. Un líder natural, en el sentido más noble de la tradición clásica y de la doctrina operativa, no huye de la fricción social; la asume como la materia prima de la política.

Mandar es fácil: basta una firma, un nombramiento o el respaldo del poder real. Lo difícil es lo que enseñaba André Gavet en su viejo manual de finales del siglo XIX: El arte de mandar reside en la persuasión, en el ejemplo y en la capacidad de conectar con la naturaleza humana del subordinado o del ciudadano. Cuando el mando no tiene comando, se refugia en la fuerza bruta, en el cerco mediático y en la huida.

La obra de Gavet es fundamental en la literatura militar: trasciende lo puramente táctico para adentrarse en la psicología del mando y la sociología del soldado. Les aseguro que es una auténtica joya porque formaliza el paso del militarismo prusiano o rígido hacia una doctrina de liderazgo basada en la empatía estratégica, el respeto mutuo y la cohesión de grupo. Lo leí a los dieciocho años junto a otro texto más breve titulado Ejercicio del mando, cuando un capitán de apellido Soto me ordenó hacerlo para dar una clase a los cadetes de cuarto año. Durante todo un cuatrimestre, estuve dando en el aula ‘Mando y comando’.

Hoy, mirando en retrospectiva y trazando ese mismo paralelismo, les diría a aquellos cadetes que esta semana en Misiones vimos a un presidente incapaz de recorrer el bucle OODA ante la menor brisa de conflicto social. Incapaz de Observar el país real que cruje bajo las medidas de sus técnicos; de Orientarse en la selva social sin caer en el pánico del asedio; de Decidir otra cosa que no sea el parapeto o el aplauso fácil de la claque propia; y, en definitiva, de Actuar como un verdadero jefe de Estado frente a la adversidad.

Porque tras eludir la protesta, el mandatario fue a refugiarse en el aplauso previsible y entusiasta de la Escuela de Dirigentes de su propio partido en el Iguazú Falls, un entorno endogámico de militantes enfervorizados que saltaban para las fotos de redes sociales en el hall del resort. Un espectáculo triste y revelador: huir de la realidad de los que producen la tierra para buscar el calor dopamínico de los que le adulan.

Esta falta de volumen político y de ‘comando’, esta incapacidad para encarnar un liderazgo abarcativo que ordene el caos sin esconderse, provoca consecuencias previsibles en el tablero de la política nacional. Entonces, no se les ocurren otras cosas más que humo; y cuando un gobernante carece de la templanza para encarar la realidad objetiva y se muestra impotente ante el menor conflicto cotidiano, suele recurrir a una estratagema viejísima, tan gastada como eficaz en los manuales de la política más ramplona: la búsqueda de una causa sagrada que tape las vergüenzas de la gestión.

No es una casualidad que, a las puertas de un año electoral y con las encuestas mostrando las grietas de la gestión económica, un Gobierno vuelva a agitar con vehemencia la bandera de las Islas Malvinas. La causa nacional, la memoria de los caídos y el reclamo soberano —que deberían ser tratados con la gravedad, el respeto y la sobriedad que exige la historia— son convertidos de pronto en un artefacto de pirotecnia para recuperar la centralidad política perdida. Se echa mano del patriotismo de utilería para tapar el ruido de los tractores en Misiones, la recesión en las provincias y la incapacidad de construir un proyecto compartido que vaya más allá de la bravata de red social y el ajuste fiscal sin anestesia.

Además, yo no sé qué opinarán ustedes, pero los libertarios no estarían comprendiendo que la verdadera defensa de la soberanía exige un país cohesionado, una economía sólida y una conducción que ejerza el mando con la dignidad de quien no teme pisar el barro de cada rincón del país.

Argentina atraviesa hoy esa dolorosa anomia. Hay un organigrama que emite decretos, hay ministerios, hay un despliegue vistoso de fuerzas de seguridad y hay un Presidente que viaja en avión oficial; es decir, hay ‘mando’. Lo que no hay, ni se le espera por ahora, es ‘comando’. Falta la voz serena que nombre el caos sin insultar, la figura capaz de ponerse al frente de la colmena —como quería Marco Aurelio— para recordar que lo que daña a la comunidad no puede beneficiar a nadie.

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