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Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”

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“Vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”, aseveró el fiscal Martín Rau apenas empezó a desandar su alegato de apertura hoy, en la primera jornada del juicio oral en contra del ex diputado provincial Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47), imputados por delitos de tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).

Los hermanos ingresaron a la sala especialmente acondicionada para la ocasión en el SUM del Palacio de Justicia a las 8.35, apenas cinco minutos después del horario establecido para el inicio del proceso calificado como histórico al tratarse de la primera causa por archivos Masi que llega a instancia de juicio oral en la provincia.

Para ese entonces, el recinto ya estaba repleto, entre periodistas, fotógrafos, corresponsales de medios porteños, funcionarios judiciales, agentes policiales, estudiantes universitarios y público en general que ocuparon la totalidad de las sillas dispuestas en la sala. 

Una catarata de flashes se disparó contra los imputados, quienes no eran registrados públicamente desde aquel 1 de septiembre de 2024, cuando fueron filmados a las risas durante una visita familiar que recibieron en la comisaría Segunda de Apóstoles, lugar en el que permanecieron menos de 24 horas, ya después de ello fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde ya acumularon más de 200 días detenidos. 

A las risas también se presentó hoy Germán en la sala. Escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y esposado, pero su primera reacción fue sonreír ante las avalancha de cámaras. Distinto fue el semblante de Sebastián, que con mirada fija ocupó su lugar sin ninguna otra mueca y permaneció inmóvil durante un largo tiempo.

Con todas las partes presentes, el juez Gustavo Bernie, presidente del Tribunal Penal Uno de Posadas, dio pie a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, cuyo proceso abarcó tres de las cinco horas que duró esta primera audiencia.

El documento revela la complejidad, magnitud y gravedad de lo investigado. De allí se desprende toda la acusación que recae sobre los hermanos Kiczka.

El ex diputado Germán Kiczka se mostró distendido en cada impasse de la audiencia.

“Son chicos muy chicos”

El requerimiento fue formulado por Silvia Barronis, titular de la Fiscalía de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien en base a todos los elementos de prueba recolectados durante la pesquisa consideró que el ex diputado provincial debe responder en juicio por la tenencia y distribución de un total de 913 archivos Masi encontrados en diversos dispositivos informáticos que eran de su propiedad.

En la resolución además se repasa la cronología completa de la investigación trazada entre febrero y diciembre del año pasado, como así también el “mapa” informático, con todas las aplicaciones, descargas, carpetas, subcarpetas, rutas y chats que se rastrearon en laboratorio digital para encontrar cada uno de los archivos que exhiben niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de abuso.

“No es necesario hacer una escala de Tanner sobre los niños que se ven en los videos. Es fácil advertir la edad de esos niños y son claramente menores. Son muy, muy chicos, criaturas de cerca de dos años. Ustedes van a ver la prueba por sí mismos”, ahondó el fiscal Rau durante su alegato, anticipando el contenido que en el transcurso del proceso exhibirán ante el tribunal en audiencias que, a partir de ahora, se desarrollarán a puertas cerradas justamente por el tenor de las imágenes al que hacen referencia.

“Es un material que a mí en lo personal me dolió en el alma, es fuerte. Son menores, no hay una sobre actuación y no son solo videitos, acá hay niños vulnerados”, afirmó, a modo respuesta a las consideraciones efectuadas desde la defensa de los imputados en declaraciones previas al juicio que tiene previsto culminar el 16 de abril.

Los fiscales Glinka y Rau están encargados de la acusación.

Tanto Rau como el fiscal adjunto Vladimir Glinka prometieron, además, dejar en claro que el expediente no persigue ningún interés político. “Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, aseguró Rau y sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.

A su turno, Glinka se adelantó a la defensa, trazó tres posibles escenarios estratégicos que los abogados Eduardo Paredes (por Sebastián) y Gonzalo De Paula (por Germán) podrían desarrollar y los desacreditó uno por uno. 

Según el razonamiento del fiscal, las defensas podrían alegar sobre la carga mediática que tuvo la causa, como así también denunciar un posible perseguimiento político o, incluso, derivar toda la responsabilidad del caso a Sebastián, sobre quien arguyen una “desviación” que requiere tratamiento de salud mental.

“Debo darles estas advertencias porque ellos van a tratar de engañarlos. Ellos tratarán de confundirlos y cambiar víctimas por victimarios”, dirigió Glinka al tribunal al cerrar una exposición que duró pocos segundos menos de los 13 minutos cronometrados que prometió.

Defensas

La audiencia continuó el alegato de apertura de los abogados defensores. Eduardo Paredes, que representa a Sebastián Kiczka, a quien además se le acusa de un abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente. 

Paredes adujo que los materiales encontrados en los aparatos de su defendido están probados e incluso el acusado lo admite, pero superpone una cuestión de salud mental: una “desviación”, una “parafilia”. El abuso prácticamente lo descarta. 

“Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.

Sebastián Kiczka, atento a la audiencia. En la otra punta, su hermano Germán.

Gonzalo De Paula, por su parte, en una breve exposición, afirmó que el caso de Germán se reduce a un consumo pornográfico, alegando que su defendido desconocía gran parte de los contenidos descargados. “Era una búsqueda a ciegas, como lo dijo en su indagatoria. Acá no hubo distribución, ni facilitación”, agregó.

El letrado también desligó a Germán Kiczka de la notebook Acer incautada en la casa de su padre, aparato donde se halló gran parte del material probatorio. “Desde 2019 que ya no residía en ese lugar”, argumentó. 

Pedro Puerta

Culminado los alegatos, entre las cuestiones preliminares a resolver antes de avanzar con el proceso la fiscalía insistió en la citación del diputado Pedro Puerta como testigo en la causa.

El legislador provincial aparece en el listado de 67 testigos admitidos por el tribunal, pero poco antes del inicio del juicio las defensas trabaron un recurso buscando frenar la convocatoria de Puerta al proceso, como así también de otras dos personas citadas para prestar declaración testimonial.

La controversia que se daba en los papeles se replicó hoy en la oralidad, ya que las partes no arribaron a un acuerdo y ahora se aguarda que el tribunal resuelva la cuestión.

“Tenemos alguna serie de mensajes intercambiados con algunos de los imputados y queremos que nos explique sobre eso. Él está como testigo”, explicó ante la prensa Rau una vez culminada la audiencia.

Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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sistema acusatorio federal

Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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Leche Rodríguez, el tercer implicado en el caso Díaz que continúa prófugo

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Leche Rodríguez

El juicio por el asesinato a balazos del comerciante Cristian Díaz (34), del barrio Yacyretá, culminó con dos sicarios brasileños condenados a prisión perpetua, pero la causa tiene un tercer involucrado que nunca pudo ser capturado y que permanece entre las sombras.

Su nombre es Héctor Rodríguez, aunque los brasileños lo llamaron Yona en su declaración y en el expediente aparece bajo el alias de Leche. La investigación lo sindica como el hombre que recibió, hospedó y trasladó a los homicidas hacia la casa de Díaz en la madrugada que seis balazos sesgaron su vida.

Rodríguez era, también, el dueño del Fiat Duna blanco que fue la pista clave para esclarecer el crimen. El rodado fue visto en inmediaciones a la escena del crimen, fue captado en cámaras de seguridad y más tarde incautado en la casa que él mismo usaba como “búnker” en el barrio Luis Piedrabuena, misma propiedad donde los brasileños se hospedaron desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo, cuando pidieron un remis para ir a la terminal, donde finalmente fueron capturados.

Todo eso era lo que ya se sabía antes del juicio, pero en el transcurso del debate y, principalmente durante los alegatos desarrollados el viernes por el fiscal Vladimir Glinka, se conocieron más detalles de su relación con el hampa.

“A la víctima y a Leche Rodríguez los unía una estrecha relación previa”, precisó Glinka, que utilizó unos minutos de su exposición para repasar la declaración dada por un testigo de identidad reservada que dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen, cuestión que no alcanzó a ser probada.

Los sindicados sicarios brasileños de Porto Alegre fueron condenados a prisión perpetua.

El testigo reservado y la hipótesis narco

Según explicó el fiscal, el testigo reservado “pernoctaba” de seguido en el búnker de Leche Rodríguez en el barrio Luis Piedrabuena y no solo que compartió momentos con los brasileños ahora condenados David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), sino que también vio episodios previos que darían cuenta del dueño de casa y la víctima.

Según su declaración, a fines de 2021, el propio Díaz llegó al lugar y pidió que lo dejarán guardar una Fiat Fiorino al garage, pero como el testigo no estaba avisado de nada impidió que eso suceda y por lo tanto el vehículo quedó estacionado en la vereda.

A los pocos días, una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) pasó por el lugar, sospechó de ese vehículo abandonado y en una breve inspección encontraron 155 kilogramos de marihuana en su interior. La carga se perdió.

El mismo testigo narró que al día siguiente Díaz volvió al lugar y al no ver la camioneta se alarmó. “Hiciste que me maten”, le reclamó, según aportó en su testimonio dado en instrucción.

Todo esto dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen y en su momento el juez a cargo de la causa, Miguel Mattos, remitió las actuaciones a la Justicia Federal pero esa línea de investigación no prosperó.

La Fiorino con 155 kilos de marihuana fue incautada frente al “búnker” de Leche.

En el requerimiento de elevación del expediente, la fiscal Patricia Clérici también mencionó estas cuestiones y aunque no pudo dar por acreditada la teoría, sí dio por hecho que los tres involucrados actuaron en forma coordinada para dar muerte al comerciante Díaz.

Lo mismo consideró el fiscal Glinka, que en su alegato de hoy, expuso: “Es posible que lo de la Fiorino sea real, pero la pregunta acá no es si eso tuvo relación con el hecho, no interesa. La pregunta acá es quién mató a Díaz y lo cierto es que hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Díaz muera”.

De ese acuerdo voluntades planteado por el fiscal ya hay dos presos y condenados, pero resta Rodríguez, que permanece en las sombras y con un pedido de captura en su contra que sigue vigente.

Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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brasileños cristian díaz

Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.

Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.

La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.

Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.

Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.

“Acuerdo de voluntades”

El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.

“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.

El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.

Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.

“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.

Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.

Aventura

La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.

De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.

Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.

“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.

“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.

Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.

Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz

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