Judiciales
Fiscalía en inicio del juicio a Rita: “No saquemos conclusiones apresuradas”
“Yo vengo a escuchar en esta causa. No hay que sacar conclusiones apresuradas”, anticipó hoy el fiscal Vladimir Glinka durante su alegato de apertura en el marco de la primera jornada del juicio oral contra Rita Marianela Cervantes Martínez (31), la joven posadeña acusada de intentar asesinar a su beba recién nacida y luego abandonarla a orillas del arroyo Mártires en 2020.
La primera de las -al menos- seis audiencias programadas comenzó esta mañana, minutos después de las 8.30, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente y con el alegato de apertura de las partes, práctica que se transformó en una marca registrada del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez.
“Estamos ante un reto, ante una prueba. Es una causa difícil, no por el hecho, sino por el contexto”, fueron las primeras palabras del fiscal Glinka, representante del Ministerio Público Fiscal durante su breve exposición.
Sin adelantar ningún tipo de pedido, ni esbozar alguna pretensión en particular, el fiscal optó por la cautela y sostuvo que la clave en este proceso será repasar el caso desde cero, con la mayor objetividad posible y sin analizar los sucesos en base a estereotipos o preconceptos instalados socialmente.
“No hay que sacar conclusiones apresuradas en esta causa y se necesita la mayor objetividad posible. Yo vengo a escuchar en esta causa. La leí muchas veces y me cuesta entender. Creo que todos tenemos la misma pregunta y es por qué hizo esto. La respuesta a ello estará acá y la encontraremos en el orden de los testigos citados a declarar”, agregó Glinka.
La etapa de testimoniales comenzará mañana, a partir de las 8, y se prevé la comparecencia de un total de 33 testigos que seguirán un orden especialmente diagramado.
Glinka detalló que el primer grupo de testigos será importante para establecer la teoría del caso; el segundo se concentrará específicamente en los hechos imputados; el tercero en el contexto en el que se produjo el suceso; y, el último, apuntará a la cuestión pericial.
De ese cúmulo de testimonios y aportes, que serán brindados tanto por familiares de la imputada y testigos circunstanciales, como por médicos del hospital materno neonatal y profesionales en psicología, psiquiatría y obstetricia, el fiscal espera obtener un panorama de mayor claridad.
Las defensoras Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, en diálogo con el fiscal Vladimir Glinka. FOTO: Marcos Otaño.
La defensa, en tanto, encabezada por las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, fue más directa e insistió en un cuadro de psicosis puerperal como cuestión científica de incidencia en el caso.
Al momento de exponer su alegato, Sommer Aromí celebró la postura tomada por la fiscalía e indicó que “esta defensa tampoco puede explicar qué pasó porque Rita no lo recuerda. Este hecho está dentro del peor momento de la psicosis puerperal que ella tuvo”.
En paralelo, planteó que “consideramos que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y muchos menos para llegar a una sentencia. No hay ADN, huellas, testigos, cámaras, ni sangre que puedan demostrar que Rita realizó la acción de la que se le acusa”.
En esa línea, adelantó que, en caso de que el tribunal considere probado el hecho, sostendrán que la imputada “no estaba en uso de sus condiciones mentales suficientes como para que podemos entender que hay que culpabilidad de su parte. Vamos a ver que esta alteración que generó psicosis puerperal es lo que hasta el día hoy atormenta a Rita y hace que en este juicio tengamos cualquier cosa, menos certezas”.
Culminados alegatos de apertura y visiblemente conmovida, Rita pasó al frente del tribunal y contó que “quiere ser escuchada”, aunque eligió declarar más adelante.
La joven, que es madre de otro pequeño y se desempeñaba como auxiliar de maestra jardinera, llegó a juicio detenida, con los plazos de prisión preventiva vencidos e imputada por los delitos “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”, acusación que podría traducirse en una severa pena en caso de ser considerada penalmente responsable al final del proceso.
Rita Cervantes Martínez, de 31 años, ante el Tribunal Penal Dos. FOTO: Marcos Otaño.
Hipótesis acusatoria en instrucción
Según la hipótesis acusatoria planteada por Patricia Clerici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, la imputada ocultó su embarazo y desplegó una serie de acciones con la intención de matar, es decir, con dolo.
En ese mismo documento, leído esta mañana en el inicio de la audiencia, la fiscal Clerici planteó que Rita Cervantes Martínez supo de su embarazo en julio de 2020, se lo ocultó a su familia, se realizó controles prenatales en secreto y se “internó de incógnito para tener a su bebé con el DNI de su amiga”.
De esta manera, trazó una cronología de hechos en el que reconstruye que Rita tuvo a su hija el 5 de septiembre a las 11.10 y ambas fueron dadas de alta dos días después a las 12.30.
Ese mismo 7 de septiembre, pero a las 15.53, la mujer llegó a su casa, donde sus familiares la tenían como desaparecida, y a las 17.30 un atleta que corría por la costanera del acceso oeste encontró a la recién nacida malherida y envuelta en una manda dentro de una bolsa de basura a orillas del arroyo Mártires.
Los médicos que atendieron a la niña constataron que la pequeña tenía un cuchillo tipo cocina incrustado en la espalda y otras cuatro lesiones cortantes que, afortunadamente, no pusieron en riesgo su vida.
Más tarde se constató que la niña era hija de Rita, quien esa misma noche fue detenida en medio de una severa crisis nerviosa.
Desde ese momento la mujer permanece detenida y qué sucedió en ese lapso de tiempo comprendido entre su alta médica y el hallazgo de la beba malherida es la incógnita que este juicio pretende develar.
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
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