Judiciales
Confirman procesamiento de misionero que fabricaba causas de lesa humanidad
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesó del misionero Adrián Martínez Moreira y otras cuatro personas acusadas de conformar una organización criminal que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.
El misionero Martínez Moreira se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner, y viene acumulando denuncias desde 2015.
Moreira está sindicado como el líder del grupo procesado por la justicia, integrado entre otros por un abogado identificado como Omar García, Leticia G. y Nicole Carolina G., que habrían oficiado de “secretarias” de los cabecillas de la banda.
El abogado porteño Javier Garín confirmó este martes a La Voz de Misiones la decisión de la instancia judicial que rechazó la apelación interpuesta por los procesados y amplió la investigación penal a otra docena de delitos, además de los más de 60 que ya investigaba la jueza federal, María Eugenia Capuchetti.
Entre las nuevas figuras penales que la Cámara agregó a la investigación se encuentran acciones judiciales que Martínez Moreira encaminó en la justicia federal de la tierra colorada, donde se sospecha pudo haber utilizado testigos falsos y documentos adulterados.
Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.
El grupo llegó, incluso, a tramitar casos de dudosa veracidad, algunos rechazados por la justicia en primera instancia, y aprobados posteriormente en la Cámara de Apelaciones.
Martínez Moreira y su socio García se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de los dos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.
El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Nada de esto era cierto.
La fábula
Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.
Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.
Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.
En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.
En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.
Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.
Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.
Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.
La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados , funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.
La historia, que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.
Nombre real
El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.
Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.
Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.
En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.
Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.
Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.
En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.
Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
Detienen en Bolivia a ex asesor de Javier Milei por ataque a balazos contra su ex
Empezó el juicio a sicarios brasileños por el crimen de Cristian Díaz
Encontraron muerta a una mujer en su departamento e investigan las causas
Passalacqua, el acto por San Martín y “el fin del absolutismo”
Fiesta Nacional de la Madera en San Vicente: actuarán Michel Teló y La K’onga
Del 19 al 21 de agosto se realizará la Expo Universitaria en Posadas
Anuncian a los 19 finalistas de Misiones para los Martín Fierro de la Danza
Rovira no estará en la sesión de mañana de la Legislatura
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
Fuerte armado de LLA en Oberá con la mira puesta en 2027
El Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia
Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”
Rechazan a Padilla por vincular el consumo problemático con los artistas
Fiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
Demandarán al Estado a 50 años de la muerte de Irrazábal y Ayrault
Niña de 5 años se reencontró con su peluche perdido en terminal Quaranta
Cierran Cataratas por crecida del río Iguazú que arrastró pasarelas
Cacho Bárbaro: “A Milei le patina, Massa tiene las herramientas para gobernar”
Macri en Posadas: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin gobernadores?”
Tercer día de reclamo en Jefatura: “No nos vamos a ir con las manos vacías”
Realizarán curso de educación ambiental con puntaje docente
-
Política hace 6 díasRovira no estará en la sesión de mañana de la Legislatura
-
Judiciales hace 4 díasCaso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
-
Prensa Institucional hace 3 díasFuerte armado de LLA en Oberá con la mira puesta en 2027
-
Opinión hace 2 díasEl Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia
-
Judiciales hace 7 díasFiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”
-
Cultura hace 6 díasRechazan a Padilla por vincular el consumo problemático con los artistas
-
Judiciales hace 6 díasFiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
-
Policiales hace 4 díasLa diputada Rita Flores despistó su vehículo y resultó ilesa en Gobernador López