Nacionales
La hidrovía será estatal por un año y luego llamarán a licitación internacional
Este jueves fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto presidencial que confirma la cesión por un año a la Administración General de Puertos (AGP) de la hidrovía Paraná-Paraguay, que estaba hace 25 años bajo la concesión de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.
El DNU fue firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
Uno de los artículos de la nueva normativa modifica la estructura de la AGP y le otorga por el plazo de 12 meses la concesión de la operación para realizar el dragado y el balizamiento.
La concesión será a partir de que venza el plazo establecido por la resolución que extendió el contrato actual por 90 días a Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA.
Luego, el propio organismo, que depende del Ministerio de Transporte de Nación, licitará las obras entre las dragadoras privadas.
El otro artículo de la norma es el cobre a las navieras del peaje por el uso de la hidrovía. Hasta este momento, el concesionario privado era el que cobraba la tarifa y con el nuevo DNU “se le otorga a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje”, el cual será percibido por la AGP.
Recurso vital para el desarrollo
Por las aguas de la hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país, por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur.
Actualmente, cerca del 20 por ciento de las ventas argentinas de granos y productos derivados oleaginosos al mundo no se declara en el país y la hidrovía es el principal canal de esa evasión.
El contrabando por agua se hace a través del traspaso de carga desde buques argentinos o puertos no habilitados hacia barcazas cargueras de remolcadores paraguayos.
La privatización de los puertos en manos extranjeras facilita este tipo de pasa mano ilegal, que, en conjunto, representa un monto subfacturado equivalente al ingreso oficial del complejo aceitero y cerealero (unos 21.000 millones de dólares anuales, equivalente a 4,4 puntos del PIB).
El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (Iade), que conduce Marisa Duarte, y Proyecto Económico, a cargo de la economista Fernanda Vallejos, realizaron un demoledor informe sobre la situación de la hidrovía, en el que revela la pérdida económica que implica tener en poder de empresas privadas el manejo y control de los puertos en aguas argentinas.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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