Policiales
Cuatro pacientes con tuberculosis fueron detenidos por negarse al tratamiento
La Justicia ordenó la detención en Posadas de cuatro pacientes con tuberculosis activa que se niegan a recibir el tratamiento médico y que ya transmitieron la enfermedad a su núcleo familiar, comportamiento que además representar un riesgo sanitario para salud pública y podría configurar un delito que prevé hasta 15 años de prisión.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir La Voz de Misiones, la acción judicial fue motivada a partir de una denuncia radicada por el ministerio de Salud de la provincia, cuyos representantes expusieron la situación que atravesaban con cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) incluidas en el Programa Provincial de Tuberculosis pero que se negaban a ser tratados.
En su denuncia, la cartera de salud puso en conocimiento de la Justicia que las autoridades sanitarias agotaron todas las vías posibles para persuadir a los pacientes, pero no obtuvieron éxito.
La situación se vio agravada al constatarse que los involucrados ya habían transmitido la misma enfermedad a su núcleo familiar, entre los cuales hay menores de edad, lo que derivó en impulsar una acción penal.
“Se ha intentado por vías administrativas y asistenciales reiteradas acciones de concientización, acompañamiento y seguimiento, sin éxito (red de CAPS a través de zona capital). Los pacientes persisten en su actitud rebelde, representando una amenaza concreta y actual para la salud pública y también informar de una paciente con resistencia a medicación que es doblemente grave su situación y en múltiples abandonos”, consigna el documento elaborado por el ministerio.
Detenidos e internados
El caso fue atendido por el fiscal de Instrucción Seis, René Casals, quien entendió que el accionar de los pacientes mencionados podría configurar un delito contemplado por el artículo 202 del Código Penal de la Nación Argentina, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Ante esta situación, Casals solicitó el inicio de una investigación, con apertura de una causa penal y en ese marco pidió la detención de los cuatro involucrados para su posterior citación a declaración indagatoria, lo cual fue aceptado por el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.
Según detallaron las fuentes, las detenciones fueron concretadas en las últimas horas tras un operativo realizado por agentes de la Unidad Regional X y se ordenó la internación de todos ellos en el hospital Baliña para que reciban el cuidado médico correspondiente a cada cuadro.
También se trabajó en conjunto con la Defensoría del Niño para articular medidas tendientes al resguardo de los menores que están a cargo de los pacientes involucrados.
“La idea no es estigmatizar a los pacientes. Ellos son víctimas de la enfermedad, pero son autores de una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud pública y eso es un delito. Es un tema complejo y lo importante es evitar la propagación de una enfermedad contagiosa”, resaltaron las fuentes.
Un hombre conducía una moto Taiga 110, en la intersección de las avenidas Juan José Passo y Tomás Massa cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control y murió al impactar contra un automóvil que se encontraba estacionado.
El hecho se registró alrededor de las 13:30 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel Pedro Grutka (66), quien a raíz de las lesiones sufridas como resultado del fuerte impacto, perdió la vida en el lugar.
En ese momento, Grutka iba acompañado en el vehículo por una mujer de 63 años, quien fue examinada por personal de salud y no presentó lesiones de gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, médico policial y personal especializado, a fin de establecer las circunstancias del siniestro.
La Policía busca a un detenido que esta mañana escapó de sus custodios durante un traslado al hospital Samic de Eldorado, donde iba a ser sometido a un estudio de salud mental.
La fuga ocurrió este martes, en el sector de Salud Mental del hospital Samic de Eldorado, donde el detenido aguardaba para ser atendido y aprovechó un descuido para huir de sus custodios.
Según la información difundida oficialmente, el fugado fue identificado como Román Adrián, de 25 años, quien se encontraba privado de su libertad en el marco de una causa por amenazas.
Por estas horas, la Policía despliega un amplio operativo para dar con su paradero. Las labores incluyen recorridas por la zona y controles cerrojos por las principales arterias de la ciudad de Eldorado.
Dos de los tres detenidos por el crimen de Caí, la mujer trans asesinada a golpes en Puerto Iguazú, se desligaron del hecho, mientras que el restante implicado eligió guardar silencio al momento de declarar ante la Justicia, aunque de igual manera los tres fueron imputados como coautores del delito de transfemicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Las audiencias de indagatoria se realizaron ayer en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia a la cual fueron trasladados desde la comisaría donde están alojados desde el sábado y uno a uno comparecieron ante Martín Brites, el magistrado que dirige la investigación iniciada el 2 de abril, cuando Caí fue encontraba gravemente herida en un eucaliptal ubicado en el predio de la comunidad Fortín Mbororé.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el principal apuntado por el crimen es Axel Facundo “Chana” M. (20), hijo del cacique de la mencionada comunidad mbya, quien eligió prestar declaración indagatoria, aunque negó haber sido el autor del golpe que provocó la muerte de la víctima y se desligó por completo del hecho.
El otro implicado que declaró fue Celso (17), quien dio en testimonio similar al de Chana y también rechazó la acusación. El tercer involucrado, Bruno “Nene” D. (18), optó por guardar silencio.
A pesar de sus testimonios, los tres sospechosos, todos ellos integrantes de comunidades guaraníes, fueron formalmente imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima y violencia de género, figura contemplada por el artículo 80, inciso 4 y 11.
El caso
El caso comenzó a investigarse el pasado 2 de abril, cuando Caí, de nombre Claudia Gabriela Gómez (34), fue encontrada gravemente herida en inmediaciones a la comunidad Fortín Mbororé, donde residía en una casilla en contexto de extrema precariedad y abandono.
En esa instancia, la mujer trans quedó internada en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente falleció el miércoles 8 y la autopsia posterior concluyo que el deceso se produjo como consecuencia de una fractura de cráneo.
El examen forense además determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. La víctima también presentaba múltiples heridas en el rostro, descarándose lesiones compatibles con abuso sexual.
Tras al hecho, organizaciones sociales, de derechos humanos y diversidades reclamaron justicia por la muerte de Caí.
En ese marco, según se pudo saber, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puso a disposición y sus autoridades comenzaron a trabajar en conjunto con el juez Brites en pos de garantizar una investigación que respete la perspectiva de género y de diversidades.
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