Por Ezequiel Bermejo

@EzequielBermejo

El gobernador Passalacqua anunció una reducción de ministerios de cara al Presupuesto 2027. La Cámara de Representantes avanza con una ley para construir un Estado simplificado, eficiente y moderno en beneficio del ciudadano. Las dos propuestas hablan de eficiencia. Pero no dicen lo mismo.

Existe una narrativa muy cómoda en la política argentina que dice que el Estado es caro porque tiene muchos ministerios. Si eso fuera cierto, la solución sería sencilla: juntás dos, ponés un solo ministro donde antes había dos, cambiás el membrete y listo. El presupuesto baja, la eficiencia sube, el ciudadano aplaude.

El problema es que eso no pasa. No pasó en ningún lugar donde se probó. Y en Argentina, con Milei, lo vimos en tiempo real y con un nivel de exposición mediática que no dejaba margen para la duda: se disolvieron carteras, se crearon mega-ministerios, se suprimieron organismos enteros. El expediente siguió tardando lo mismo. La ventanilla siguió pidiendo los mismos papeles. El ciudadano siguió haciendo la misma fila.

La razón es simple: el costo del Estado no está en la cantidad de ministerios. Está en cómo funciona adentro. La fusión mágica de estructuras sin tocar los procesos no genera ningún ahorro y no cambia nada para quien lo padece desde afuera. Es como juntar dos cajones desordenados en uno solo: no ordenaste nada, tenés el mismo caos pero más apilado.

Súper ministerios como ilusión de control

Detrás de la lógica de reducir ministerios hay una confusión conceptual sobre la que conviene poner luz: se toma la forma por el fondo. Se cree que achicar el organigrama es lo mismo que achicar el gasto, y que concentrar funciones en menos manos es lo mismo que ejecutarlas mejor.

No lo es. Un súper ministerio que absorbe tres carteras sin rediseñar sus circuitos internos no ahorra: traslada. Traslada el conflicto de coordinación hacia adentro, lo vuelve invisible al debate público, y deja al ciudadano sin un interlocutor claro para su problema. Lo que era una disputa entre organismos pasa a ser una disputa entre direcciones del mismo ministerio. El resultado para quien necesita resolver algo es exactamente el mismo: nadie sabe bien de quién es el problema. El súper ministerio no elimina la burocracia. La concentra. Y la burocracia concentrada es más difícil de ver, más difícil de corregir y más difícil de responsabilizar.

Hay además una dimensión política que vale la pena señalar. Concentrar poder en menos estructuras no es neutro: es una forma de disciplinamiento. Se reduce la cantidad de actores con capacidad de agenda, se centraliza la toma de decisiones, y se acota el margen de acción de sectores que antes tenían su propio espacio institucional. Eso puede ser legítimo o no, pero no es eficiencia. Es otra cosa.

La pregunta que nadie hace

Cuando se discute la estructura del Estado, la pregunta que casi nunca aparece es la más importante: ¿qué experimenta la persona que necesita usarlo?

Pensemos en alguien que vive en El Soberbio, tiene un emprendimiento y necesita una habilitación. Hoy ese trámite puede implicar varios viajes a Posadas, documentación que ya presentó en otro organismo, formularios que nadie sabe bien dónde están, y tiempos que no tienen ninguna lógica más allá del hábito institucional. Ahora bien: si ese mismo ciudadano se entera de que el Ministerio A y el Ministerio B se fusionaron en el Ministerio AB, ¿le cambió algo? ¿Viaja menos? ¿Presenta menos papeles? ¿Tarda menos?

La respuesta es no. Y eso debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre reforma del Estado.

El verdadero cambio

El proyecto de ley que los diputados Carlos Rovira y Paula Franco presentaron en la Cámara de Representantes no se pregunta cuántas áreas tiene el Poder Ejecutivo, sino de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando tiene que interactuar con él.

El principio central es uno que parece de sentido común pero que ningún gobierno termina de aplicar: si el Estado ya tiene un dato, no puede volver a pedirselo al ciudadano. Esa sola regla, aplicada en serio, elimina una porción enorme del padecimiento burocrático cotidiano. El DNI que se pide cinco veces. El certificado que expide un organismo y lo exige otro. La constancia de domicilio que ya obra en poder de la municipalidad.

A eso se le suma la propuesta de una arquitectura digital pensada para la realidad provincial: identidad digital única, portal unificado de trámites, disponibilidad 24×7 de servicios, como respuesta concreta a ciudadanos que no pueden tomarse el día para ir a una oficina.

Y hay algo más que distingue esta propuesta: no abandona a quienes no pueden subirse a la plataforma. Adultos mayores, personas con discapacidad, zonas sin cobertura: el proyecto obliga a mantener atención presencial y a extender infraestructura de conectividad. La modernización que excluye no es modernización.

Esto no es una ocurrencia local. Es la dirección que tomaron los Estados modernos más eficientes del mundo. Estonia digitalizó casi la totalidad de sus trámites públicos bajo el mismo principio: el ciudadano declara sus datos una sola vez y el Estado los comparte internamente. El Reino Unido tiene desde 2012 un portal único de servicios gubernamentales que unificó cientos de plataformas dispersas en una sola entrada. Nueva Zelanda y los países nórdicos aplican hace años la interoperabilidad entre organismos como estándar, no como excepción. En todos los casos el resultado fue el mismo: menos tiempo perdido por el ciudadano, menos duplicación de recursos por el Estado, más confianza institucional. Ninguno lo logró fusionando ministerios. Lo lograron rediseñando cómo el Estado se relaciona con las personas.

Dos concepciones del Estado

En el fondo, lo que está en discusión no es técnico. Es político en el sentido más profundo del término: de qué sirve el Estado y para quién existe.

Una visión lo concibe como una estructura que hay que reducir porque es costosa en sí misma, cuya eficiencia se mide en cantidad de organismos. Voluntarismo a la carta.

La otra lo concibe como un instrumento al servicio de las personas: un Estado simplificado, eficiente y moderno que existe en beneficio del ciudadano, cuya eficiencia se mide en tiempo ahorrado, en viajes evitados, en trámites que se resuelven sin que nadie tenga que perseguir al Estado para que haga lo que ya debería saber hacer.

El gobernador propuso una cosa. La Cámara impulsa la otra. La pregunta es cuál de las dos le cambia algo a la gente.

Reemplazar el cartel en la puerta del ministerio no le cambia nada a nadie. Que el misionero deje de ser un cadete que lleva papeles de una oficina estatal a otra, sí.

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Por Nicolás Emanuel Zayas

Abogado.

En el análisis político, existe una línea muy delgada entre interpretar la realidad y proyectar sobre ella los deseos propios o las categorías del pasado. La reciente columna de opinión de una ex funcionaria legislativa de Carlos Rovira, titulada “Algo Caducó, no solo el nombre”, incurre en este último error: confunde la evolución natural y necesaria de un espacio político con un síntoma de agotamiento.

Es imperativo elevar el debate y mirar el escenario misionero sin los lentes de la vieja política. Lo que verdaderamente estamos presenciando en la provincia no es el ocaso de un modelo, sino su maduración institucional y conceptual.

El argumento central de esa opinión, sugiere que la reformulación identitaria hacia Encuentro Misionero es un intento de maquillar un desgaste estructural. Esta lectura omite la dinámica histórica de los grandes movimientos políticos. Adaptarse, ampliar las bases y reconfigurar la identidad no es un acto de debilidad, sino de profunda inteligencia estratégica.

Bajo la conducción de Carlos Rovira, Encuentro Misionero ha logrado un hito que parece incomprensible para quienes aún militan en las lógicas de la confrontación tradicional: *ha desterrado las mezquindades y los egos políticos de su esquema de poder.  Mientras a nivel nacional y en otros distritos la política se consume en internas destructivas, pases de factura y vanidades personales, en Misiones el proyecto colectivo se ha blindado frente a los individualismos. El cambio de nombre responde a esto: a la necesidad de nombrar un presente de convergencia, donde lo que importa es la gestión y el futuro de la provincia, no la chapa en la puerta del despacho.

Responsabilidad institucional frente al ruido político

En su texto, también se deslizan advertencias sobre los instrumentos financieros y el debate legislativo en torno al endeudamiento. Aquí también es necesario aportar claridad. En un contexto nacional marcado por la asfixia de recursos hacia las provincias, la búsqueda de herramientas financieras por parte de la Legislatura no es un acto de irresponsabilidad, sino de previsión.

La verdadera irresponsabilidad moral e institucional sería paralizar el desarrollo de Misiones, detener la obra pública o desproteger a los sectores vulnerables por temor al debate. Las decisiones se toman en el marco de la Constitución y con una planificación integral que el Ejecutivo y el Legislativo articulan de manera armónica, sin los ruidos que la oposición intenta instalar.

El pragmatismo del encolumnamiento y la búsqueda de legitimidad

El regreso de figuras que en su momento salieron de la estructura estatal por decisiones de la máxima autoridad no es un hecho fortuito. Responde a una necesidad de legitimación que el llano no les puede otorgar. Al alinearse de manera estricta con la conducción actual, estos actores buscan un doble propósito:

Ampararse en la centralidad del líder: Intentan transferir la aprobación popular de la que goza el mandatario hacia sus propias figuras, debilitadas por el pasado.

Reescribir el trayecto político: El alineamiento actual se utiliza como un mecanismo para difuminar las razones institucionales o políticas que motivaron su desplazamiento anterior.

Este comportamiento revela una concepción de la política entendida no como un espacio de construcción colectiva, sino como un tablero de oportunidades individuales.

La primacía de la autorreferencialidad: La vanidad en la función pública

Desde una perspectiva analítica y de alta cultura política, el verdadero motor de estos retornos no siempre es la vocación de servicio o la convergencia ideológica; con frecuencia, es *la dificultad para gestionar el retiro y la preeminencia del ego.

Para ciertos perfiles dirigenciales, la ausencia de las luces del poder y la pérdida de la centralidad institucional generan un vacío difícil de asimilar. La vanidad, en estos casos, nubla la prudencia política que dictaría dar un paso al costado para permitir la renovación de los cuadros técnicos y políticos.

Cuando la necesidad de protagonismo individual se antepone a la coherencia de un proyecto de gobierno, la acción política se degrada. El deseo de figurar sustituye a la voluntad de aportar, transformando la gestión pública en un escenario para la redención personal.”

El riesgo de que las aspiraciones particulares de estos sectores prevalezcan sobre los objetivos generales es alto. La lealtad declamada hacia el gobernador, bajo esta óptica, corre el riesgo de ser meramente instrumental: una herramienta de supervivencia política más que un compromiso genuino con los desafíos de la provincia.

La responsabilidad de la conducción frente a los Egos y Mezquindades

Frente a esta marea de retornos, la calidad institucional de la provincia depende, en gran medida, de los filtros que aplique la conducción superior. Un liderazgo maduro y con visión de Estado sabe distinguir entre la suma de voluntades que enriquecen un proyecto y el mero pragmatismo que busca refugio bajo su sombra.

La conformación de los equipos de gobierno debe responder a criterios de idoneidad, transparencia y renovación, evitando que el espacio público se convierta en un receptáculo de ambiciones personales insatisfechas. Al final del día, el prestigio de una gestión se mide por su capacidad de mirar hacia el futuro, y no por su disposición a reciclar las asignaturas pendientes del pasado.

El tiempo que viene

Misiones no está frente a un “vacío político”, ni experimentando una “caducidad”. La provincia transita una etapa de institucionalidad madura.

Es cierto que la sociedad demanda cercanía, respuestas rápidas y humanidad. Y es exactamente esa lectura la que dio origen a la matriz actual del oficialismo. Encuentro Misionero no necesita “laboratorios de poder” ni “disciplinamientos basados en el miedo” porque se sostiene sobre un cimiento mucho más sólido: un proyecto provincial que entendió que la política debe ser una herramienta de transformación y no un escenario para la vanidad de los dirigentes.

Lo que caducó en Misiones no es un modelo de gestión, sino la vieja forma de hacer política basada en el personalismo y la confrontación. Hoy, el presente y el futuro se conjugan en un espacio donde los egos quedaron afuera, permitiendo que la verdadera protagonista sea, de manera exclusiva, la sociedad misionera.

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

La credibilidad es un activo que se construye con paciencia, pero se evapora en un instante. El gobierno de Javier Milei, apuntalado sobre la promesa de exterminar los privilegios de la casta política, se esmera en demoler sus propias fronteras morales. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni es el más vistoso de los casos que tiene la gestión libertaria en la Justicia; al menos media docena de los más conocidos. El jefe de Gabinete es investigado por dos fiscales federales y uno de ellos sigue una pista que llega hasta Misiones.

Gerardo Pollicita lo tiene en la mira por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, en principio. En ese caso quedó expuesto tras la demorada presentación de una declaración jurada que exhibe un patrimonio superior al medio millón de dólares, “ahorros en negro” justificados mediante oportunas ganancias en criptomonedas y remodelaciones suntuosas en el country Indio Cuá, abonadas íntegramente en efectivo y sin el respaldo de facturas formales.

Su justificación patrimonial fue calificada como “grave” por la extitular de la UIF, Alicia López, quien advirtió que la maniobra podría configurar el delito de lavado de activos, en coincidencia con otros especialistas. Hablamos de alguien que hasta hace unos diez años buscaba que se lo tuviera en cuenta para escribir columnas o estar de panelista. El relato de la austeridad oficial cruje bajo el peso de los documentos, en este caso declaraciones juradas.

El otro fiscal es Ramiro González; puntualmente investiga si desde la Jefatura de Gabinete se cobraban retornos ilegales a empresarios para habilitarles audiencias con ministros del Poder Ejecutivo: tráfico de influencias, coacción de testigos y lavado. La denuncia penal, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, podría llegar hasta el exclusivo country Agua Vista, en la orilla vecina de Encarnación, donde políticos y empresarios de Misiones hacen negocios mientras juegan al golf.

En los tribunales federales de Comodoro Py, Pagano señaló a Adorni como presunto receptor de retornos ilegales de empresarios y apuntó directo contra el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, acusándolo de operar como el encargado de trasladar esos fondos. Según la legisladora, “para reunirte con Adorni tenías que poner plata. Lanari es el que llevaba los bolsos, iba y venía recolectándola… es el bolsero de Adorni”.

En su presentación, la diputada exigió explícitamente que el funcionario rinda cuentas sobre sus constantes movimientos logísticos, disparando: “Tendrá que explicar cómo financia tantos viajes a Misiones”. Con justa razón, el funcionario, que nació en Misiones, podría sostener que simplemente realizó esos viajes para visitar a su familia.

Los hermanos del funcionario señalado de presunto valijero también integran el virtuoso espacio libertario. Mientras Enrique Lanari comanda la dirección regional del Senasa controlando el mapa agropecuario del NEA, el premio mayor quedó para Ignacio Lanari. Con el único antecedente de haber gerenciado la sucursal de la cadena mayorista Makro en Posadas, el hermano menor del secretario de Prensa maneja la estratégica Dirección Administrativa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), un espacio donde los sueldos jerárquicos pueden alcanzar techos de hasta treinta millones de pesos mensuales, según fuentes de la entidad con oficinas en Puerto Madero.

Días atrás, Ignacio Lanari estuvo presente durante la visita del ministro del Interior, Diego Santilli. Sucede que el funcionario de la EBY es parte de la mesa chica del diputado Carlos Adrián Nuñez, el abogado tributarista que administra la marca de La Libertad Avanza en la provincia.

El punto de encuentro habitual entre Javier Lanari y Nuñez son los partidos de golf en Agua Vista Club de Campo Residencial, el exclusivo enclave de Paraguay que acaba de inaugurar su propio aeropuerto ejecutivo privado para los jets de los sectores más poderosos de la región. Respecto a los circuitos de control tradicionales, a simple vista parecerían algo opacos.

En ese predio, el arrepentido recaudador de impuestos camina el green ostentando un patrimonio que incluiría dos propiedades, según algunos golfistas del club, que deberían figurar en su declaración jurada. El detalle es técnico pero central: hasta diciembre de 2024, el hoy referente libertario trabajaba precisamente en la Fiscalía de Estado de Misiones, el organismo que custodia el secreto patrimonial de la provincia.

Ahí radica la verdadera base del problema. En Misiones, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas. El acceso a la información patrimonial de quienes administran los recursos del Estado permanece bajo un candado institucional que impide el control ciudadano. Hace unos domingos atrás hablaba del tema en estas mismas columnas; en realidad, desde hace años vengo tecleando de manera insistente reclamando la apertura de esos registros en la Fiscalía de Estado, entendiendo que la transparencia real de los actos de gobierno comienza por transparentar los bolsillos de sus protagonistas.

La opacidad que hay en el Cantón es la que permite que las contradicciones políticas se diluyan entre la conveniencia y el silencio. Ese doble estándar local quedó expuesto de forma obscena en el Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia. Los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, consumaron una traición parlamentaria de último minuto. A pesar de haber afirmado públicamente que respaldarían el proyecto para impedir que ciudadanos con condenas penales confirmadas se postularan a cargos electivos, ambos representantes del Frente Renovador de la Concordia –hoy Encuentro Misionero– votaron en contra en el recinto, convirtiéndose en los votos determinantes que hicieron caer la ley.

Este viernes, durante un encuentro abierto que organizó el PRO en el Hotel Julio César, donde se debatía sobre la Ficha Limpia, la impulsora de la ley en el Congreso, Silvia Lospennato, lo recordó así: “No hay ficha limpia en Argentina porque dos senadores del oficialismo de Misiones, sin dar ninguna explicación a los ciudadanos, cambiaron su voto después de decir que apoyarían la ley, y todos nos enteramos por la televisión cuando lo vimos”.

Esa conducta anticipa el alineamiento de cara a la encrucijada institucional que se avecina en el Parlamento, donde la oposición ya activó los mecanismos para someter a Manuel Adorni a una histórica moción de censura. No se trata de un simple enunciado de repudio o de un debate de comisión; la herramienta, contemplada en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, es el dispositivo de control más severo que posee el Poder Legislativo.

Mauricio Macri, el expresidente y líder del PRO, dio la orden directa de pedir la renuncia de Adorni y endurecer al máximo la postura, mandando a votar la interpelación del funcionario. A través de un comunicado oficial, el PRO calificó el accionar del jefe de Gabinete como “una falta grave” que erosiona la confianza pública.

El peronismo cordobés liderado por Juan Schiaretti se sumó formalmente al reclamo de Macri, exigiendo la inmediata dimisión y acusándolo de mentirle al Congreso y al pueblo argentino. En la Cámara Baja también buscan lo mismo. Toda la oposición (UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda) convocó formalmente a una sesión especial para buscar los votos y aplicar la moción de censura contra Adorni. La balanza la terminarán de inclinar los gobernadores aliados y el bloque de Unión por la Patria.

A diferencia de un proceso penal ordinario en los despachos de Comodoro Py, la moción de censura no exige la comprobación de un delito, sino el reproche político por la pérdida absoluta de la confianza parlamentaria. Su ejecución penaliza la mentira y la degradación institucional, requiriendo el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara para remover de inmediato al jefe de Gabinete de su cargo.

Ahí es donde el barro local vuelve a cruzarse con la alta política nacional. Los mismos senadores misioneros que prefirieron blindar la impunidad votando contra la Ficha Limpia serán observados bajo lupa cuando deban presionar el botón en el recinto para decidir la continuidad del funcionario nacional. La aritmética del Congreso no admite simulaciones: cada voto define de qué lado de la transparencia se posiciona cada provincia.

El senador nacional Martín Goerling Lara —jefe del bloque del PRO en el Senado— actuó en consonancia con la directiva de Macri y solicitó formalmente la renuncia de Adorni, exigiendo además que sea convocado de inmediato a rendir cuentas al Congreso. En el plano local, el legislador tradujo esa demanda impulsando la creación de una Oficina Anticorrupción para Misiones y exigiendo que las declaraciones juradas de la totalidad de los funcionarios públicos provinciales dejen de ser un secreto de Estado y pasen a ser de carácter absolutamente público.

Frente a la docilidad y el ocultamiento, la respuesta política exige firmeza. La transparencia no admite grises ni fronteras protectoras: o se abren los cofres de la Fiscalía de Estado para el escrutinio de la sociedad, o se perpetúa el mecanismo que transforma al poder en un club privado de privilegios cruzados.

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