El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el próximo martes 6 de mayo el inicio del juicio oral contra cuatro agentes aduaneros acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz a cambio de permitir el ingreso de mercadería de contrabando al país.

Según lo dispuesto, la audiencia comenzará a las 8.30 y los aduaneros que ocuparán un lugar en el banquillo de los acusados son Orlando Ariel Alfonso, Francisco Antonio Llorente, Lorenzo René Juárez y Bernardino Castor Esquivel.

Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

La investigación contra los implicados se inició en 2016 e incluyó informes reservados, análisis de documentos y escuchas telefónicas hasta coronar con un mega operativo que se ejecutó un año después, con allanamientos simultáneos en diferentes puntos tanto de Posadas como de otras localidades de la provincia.

La pesquisa llevada adelante por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Posadas determinó que los cuatro sospechosos integraban una estructura dedicada al cobro de coimas en el puente Posadas-Encarnación, en complicidad con paseros y agentes de las fuerzas de seguridad.

En el juicio también se discutirá sobre la presunta participación de Alfonso en una maniobra de contrabando que se descubrió el 13 de agosto de 2017, cuando el personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó un vehículo cargado de mercadería sin aval aduanero en cercanías a la estación del tren internacional.

Ese vehículo era conducido por un hombre identificado como Miguel Ángel Jara, quien admitió su responsabilidad en el caso y firmó un acuerdo de juicio abreviado.

El debate oral será llevado adelante por el TOF de Posadas, integrado por los magistrados Fabián Cardozo, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch, este último como subrogante.

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El ex policía Ramón Amarilla (58), detenido hace más de siete meses por una causa que investiga presuntos delitos de “intento de sedición y conspiración” y quien a principios de abril se anunció como candidato a diputado provincial, inició este jueves una huelga de hambre en la Unidad Penal VIII.

En una carta que hizo llegar a La Voz de Misiones, último medio que lo entrevistó en el penal, el ex uniformado anunció la medida y reiteró su inocencia: “Soy una persona que ha sido detenida injustamente, soy inocente y nunca organice ningún hecho delictivo como se me acusa. No soy parte de ningún grupo, como se me acusa”.

Y continuó: “Las supuestas pruebas que presentaron eran para tratar de involucrarme con una supuesta organización que verdaderamente nunca existió y así fomentar el miedo con los trabajadores de la seguridad, salud y docentes, los cuales solo solicitamos siempre tener una mesa de diálogo y que atiendan nuestras necesidades básicas”.

Amarilla, además, alega que: “Lo único por lo que he luchado siempre fue para que todos, Policía, salud, docentes, judiciales, empleados públicos podamos percibir un salario digno, contar con una obra social(IPS) que cubra nuestras necesidades de salud y que se respeten nuestros derechos humanos”.

Por último, en la misiva fecha hoy el detenido apunta: “Hago responsable de esta situación pura y exclusivamente al Ingeniero Carlos Rovira, al presidente de la cámara Herrera Ahuad, al gobernador Hugo Passalacqua, al ministro secretario de gobierno Marcelo Pérez, al Jefe de Policía Crio. Gral. Sandro Martínez, a la Dir. Del servicio Penitenciario Provincial Alcaide Gral. Valeria Mereles y al Juez de Instrucción N°3, Fernando Verón, quienes en complicidad han atentado sobre mi persona”.

Preso y candidato

Amarilla está detenido en el pabellón “ex fuerzas” de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul por decisión del magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, quien lo investiga en una causa por los delitos de “intento de sedición y conspiración” junto a otros siete ex uniformados.

Desde prisión, confirmó que decidió lanzarse al terreno político y presentarse como candidato a diputado provincial para las elecciones del 8 de junio. Su postulación será bajo el paraguas del partido Por La Vida y los Valores.

Desde su entorno, ratificaron que la candidatura sigue firme y además reclaman que desde las últimas entrevistas dadas sufre una “persecución” y un “cercenamiento” de sus derechos ya que le restringieron las visitas.

Ramón Amarilla desde la cárcel: “Conmigo crearon el voto bronca”

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El represor cordobés Ricardo Guillermo Reyes, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde cuatro estudiantes y militantes misioneros fueron asesinados y desaparecidos, deberá continuar purgando su pena tras un rechazo al pedido de libertad condicional firmado por el magistrado Fabián Cardozo, integrante del Tribunal Oral Federal de Posadas.

Cardozo intervino en el planteo como juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde recayó para su análisis el pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Reyes, que fue condenado a prisión perpetua en 2011 y acumula 20 años privado de su libertad, aunque desde 2019 goza de arresto domiciliario.

En su resolución, el juez misionero resolvió en consonancia con la opinión emitida por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes se entrevistaron con Reyes y concluyeron en que el ex teniente del Ejército Argentino “no considera haber sido debidamente condenado”, al tiempo que se mostró reticente al abordaje del tema, deslizando críticas sobre el accionar e “imparcialidad” de la justicia durante su juzgamiento.

En base a ello, Cardozo expresó que “lo que surge de las actuaciones resulta insuficiente para la formación de un juicio legal que sustente la ponderación de una reinserción social favorable, lo que guarda necesidad, no acreditada, de su sujeción a un programa específico para el abordaje, en orden a sus características, de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado”.

A su vez, también ponderó que “es necesario conjugar los derechos de las víctimas (…) De la transcripción de sus declaraciones, surge la idea de su acceso condicionado al medio libre les genera animadversión porque lo vivencian, en el marco del inicio tardío del proceso de reparación en el que se hallan, como una injusticia y, en el caso de las personas desaparecidas, la sensación con la que al día de la fecha conviven, debido a la falta de cierre de la situación, es la de la impunidad de los responsables”.

La medida también tiene correlación con un dictamen firmado previamente por los fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, quienes opinaron en contra del otorgamiento del beneficio al sostener que Reyes no asume ninguna responsabilidad sobre los hechos cometidos y tampoco aporta datos para sanar el dolor que aún atraviesan los familiares de las víctimas desaparecidas.

“De este informe y de las propias palabras del condenado Reyes no existe siquiera algún indicio de una progresividad positiva, de una rehabilitación y de alguna capacidad de respetar y comprender la ley, así como también de comprender la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, todo ello nos permite concluir que no está apto para adecuada reinserción social”, sintetizaron los representantes del MPF.

El juez Fabián Cardozo es integra el Tribunal Oral Federal de Posadas.

 Masacre

La denominada Masacre de Margarita Belén consistió en el asesinato de un total de 22 prisioneros políticos durante un operativo conjunto desplegado entre el Ejército y la Policía de Chaco. Previo a ello, todas las víctimas habían sido sometidas a extensas sesiones de tortura en distintos centros clandestinos de detención de la región del NEA.

Entre las víctimas habían cuatro misioneros, todos ellos estudiantes y militantes sociales de 24 años: Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte y Carlos Enrique Tereszecuk.

La versión oficial indicó que ese 13 de diciembre de 1976 a la madrugada, una decena de detenidos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario, pero durante el viaje y en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.

Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente, permitieron develar que en realidad todo se trató de una puesta en escena montada por los militares, utilizando la misma técnica atroz que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país como en Salta con la Masacre de Palomitas, por ejemplo.

La mayoría de las víctimas habían sido torturadas durante toda la noche previa y llevadas hasta ese lugar ya prácticamente sin vida, donde los militares montaron una escenografía con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.

La masacre se perpetró el 13 de diciembre de 1976 y un monumento recuerda a las víctimas en Margarita Belén.

Después de allí, algunos cadáveres fueron enterrados en el cementerio Francisco Solano de Resistencia y luego entregados a sus familiares, como es el caso de Franzen y Parodi Ocampo, aunque en 2018 se descubrió que sus cuerpos habían sido intercambiados y recién en 2020 pudieron ser restituidos y despedidos correctamente.

Situación similar ocurrió con Duarte, que a sus familiares el Ejército le entregó un cuerpo que en realidad pertenecía a otra persona. En pleno 2025, el misionero continúa como desaparecido y ese cadáver sigue sin poder ser identificado.

Los restos de Tereszecuk, en tanto, fueron hallados en las costas de Empedrado, Corrientes, y recién en 2018 pudieron ser identificados científicamente mediante la intervención del EAAF, que también trabajó en los casos anteriores.

Por el fusilamiento clandestino disfrazado de enfrentamiento, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua durante un juicio que acumuló al menos 120 declaraciones testimoniales y culminó en el 2011.

En 2016, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión perpetua impartidas contra Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni y Ricardo Guillermo Reyes, quien ahora pidió la libertad condicional pero se la negaron.

Margarita Belén, 45 años: cartas de un fusilado

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