Judiciales
Caso del misionero que fabricaba causas de lesa humanidad en el Financial Times
En una extensa nota publicada el sábado, el diario inglés Financial Times reconstruyó la historia del misionero Matías Ezequiel López, alias Adrián Martínez Moreira, procesado por la fabricación de causas truchas de lesa humanidad y preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena por violación.
“La junta argentina, el abogado cruzado y el impostor”, se titula el artículo del diario londinense firmado por el periodista Matthew Bremner, que recrea el derrotero criminal de López / Martínez Moreira a partir del testimonio del abogado porteño Javier Garín, de larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, a quien el misionero le falsificó la firma en medio centenar de expedientes en la Justifica Federal.
El artículo recompone toda la trama de cómo López fraguó su identidad, alegando ser hijo de desaparecidos paraguayos víctimas del Plan Cóndor y posteriormente apropiado por un militar argentino, cuando en realidad había nacido el 30 de abril de 1993 en el Hospital de Jardín América, y entregado en adopción poco después a la familia que él presentaba como sus apropiadores.

La portada del artículo del sábado del diario londinense en su edición en inglés.
Firmas truchas
En el artículo, Garín relata al periodista del diario inglés cómo conoció al estafador misionero en 2014, cuando éste recurrió a él pidiéndole ayuda, y el careo que sostuvo con López / Martínez Moreira en junio de 2016, en que lo increpó por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en múltiples causas de lesa humanidad truchas.
Bremner reproduce el diálogo del letrado porteño con el misionero, tal como se lo contó Garín.
“El abogado fue directo al grano: ‘¿Firmaste estos documentos en mi nombre?’”.
“La rodilla de Moreira rebotó bajo la mesa. ‘Está todo aquí’, dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando una carpeta. ‘Así entendés lo que pasó’”.
—“‘Pero, ¿qué es esto que me traes?’”.
“Moreira le acercó los papeles a Garín y agregó que eran de un conocido abogado de derechos humanos”.
“La expresión de Garín se ensombreció. ‘Lo que pregunto es esto: ¿Presentaste documentos con mi firma?’”
“‘No’”.
“¿Quién los presentó entonces?’”
“Moreira, según Garín, alegó que lo habían engañado. Que otro abogado, Pablo Llonto, lo había obligado a firmar los documentos”.
“Garín lo dudaba. Llonto era reconocido en Argentina por representar a víctimas en algunos de los juicios de derechos humanos más importantes del país. ¿Por qué obligaría a Moreira a firmar estos documentos en nombre de Garín?
—“’Entonces, ¿estás diciendo que esta persona falsificó mi firma?’, preguntó Garín”.
“El abogado recuerda a Moreira evadiendo las excusas. Fue entonces cuando Garín experimentó una oleada de ansiedad al darse cuenta de que las firmas fraudulentas, independientemente de su origen, podrían destruir la reputación que había trabajado durante décadas”, escribe Bremner.
Garín le cuenta al periodista de la denuncia contra López / Martínez Moreira que presentó días después de ese encuentro ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, que desembocó en el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires y fue el principio del fin de sus actividades criminales.
“La investigación alegó que Moreira falsificó testimonios, falsificó documentación y presentó solicitudes fraudulentas de indemnización para quienes sufrieron la dictadura. Lo hizo bajo el pretexto de dirigir una organización sin fines de lucro, HIJOS Paraguay, que supuestamente ayudaba a los sobrevivientes”, reza el artículo del diario inglés.
El artículo explora las sospechas del abogado Garín de que detrás de López / Martínez Moreira podían estar los servicios de inteligencia, “para desacreditar no solo la búsqueda de justicia de Garín, sino también la visión histórica de la dictadura”.
Garín relata al periodista todo el calvario que vivió después de denunciar penalmente al misionero, quien, junto a sus cómplices hoy procesados, contraatacó con múltiples denuncias falsas, inclusive por acoso sexual, que buscaban minar su prestigio como abogado, presentándolo como un desequilibrado mental, y que terminaron repercutiendo en su salud física.
La Secta
La nota de Bremner cita también a Laura Cravello, hija de desaparecidos de la dictadura y residente en Barcelona, España, a quien LVM entrevistó hace dos años cuando la jueza María Eugenia Capuchetti dictó el procesamiento de López / Martínez Moreira y sus cómplices en la causa por asociación criminal que está a la espera del juicio oral.
“Cravello empezó a investigar a Moreira cuando sospechó de un grupo de Facebook relacionado con leyes de reparación para víctimas de la dictadura. Dentro de ese grupo, un supuesto abogado ofrecía sus servicios gratuitos para ayudar a las víctimas. A Cravello, esto le pareció sospechoso. Tras hacerle preguntas, el abogado, que se hacía llamar Omar García, se volvió amenazante”, escribe Bremner.
“‘Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy oscuro se escondía tras esa fachada de solidaridad’, me contó Cravello. Empezó a buscar y hablar con otros miembros del grupo, y a buscar expedientes judiciales donde apareciera el nombre de García. Poco a poco, fue encontrando a una serie de presuntas víctimas vinculadas a la organización de Moreira”, relata el diario londinense.
“Trabajando juntos, Garín y Cravello renovaron la presión sobre las autoridades federales para que actuaran. Hablaban con regularidad, Garín en Buenos Aires y Cravello en Barcelona, y a veces se reunían en persona cuando Cravello regresaba a su ciudad natal. Ambos estaban fascinados por la psicología de Moreira. Observaron que a menudo acusaba a sus víctimas de delitos que supuestamente él mismo cometía. ‘Si falsificaba firmas, acusaba a otros de falsificación. Si acosaba a personas, acusaba a otros de acoso. Todo lo que hacía, lo atribuía a sus víctimas’, me dijo Garín. Les sorprendió igualmente la lealtad de los clientes y seguidores de Moreira, a pesar de las acusaciones generalizadas en los medios de comunicación de que era un fraude. ‘Era una secta que él había construido’, me dijo Cravello. ‘Estaban profundamente adoctrinados, muy fanatizados. No cuestionaban nada’”, continúa la crónica.
El artículo consigna que merced a los esfuerzos coordinados de Garín y Cravello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició su propia investigación y se acopló como querellante a la causa contra López / Martínez Moreira y sus cómplices.
El periodista inglés escribe que el organismo estatal descubrió que el misionero “infiltró falsos testimonios en casos legítimos de derechos humanos en todo el país” y cita a Federico Efrón, director nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos de la Secretaría, quien junto a su equipo “encontraron más de 100 denuncias fraudulentas presentadas por Moreira y sus cómplices”.
“Efrón creía que se trataba de uno de los casos más flagrantes de fraude en materia de derechos humanos que había presenciado en su carrera”, apunta Bremner.
“En noviembre de 2021, agentes federales allanaron la residencia de Moreira en Buenos Aires e incautaron una gran cantidad de documentos que lo vinculaban directamente con numerosos casos fraudulentos. Por orden judicial, Moreira también se había sometido a una evaluación psiquiátrica a principios de ese año, cuyos resultados indicaron que era manipulador y emocionalmente inestable, pero que no padecía psicosis paranoide, como se creía inicialmente. Más importante aún, el informe concluyó que era capaz de comprender sus actos delictivos y se encontraba en condiciones físicas y mentales aptas para ser procesado”, señala el periodista inglés.
“A finales de 2023, los tribunales federales acusaron formalmente a Moreira y cinco cómplices de fraude, extorsión y falsificación de documentos, cargos que Garín había perseguido durante casi una década. Fue un triunfo, pero no el final que Garín y Cravello esperaban. A la espera del juicio, Moreira quedó en libertad bajo fianza”, agrega.
El violín
El artículo del diario londinense se ocupa, asimismo, del caso de violación por el que López / Martínez Moreira fue condenado a 14 años de prisión en agosto pasado.
“Moreira aún estaba a la espera de juicio en mayo de 2024, cuando concertó una cita con un joven en el Café El Podio, un modesto local en una transitada calle del centro de Buenos Aires”, relata Bremner.
“Según documentos judiciales, el joven había solicitado la asesoría legal de Moreira para resolver una disputa por la custodia de un menor. Tras una breve conversación, Moreira sugirió continuar la conversación en su oficina, donde le indicó que debía firmar unos documentos”, continúa.
“Una vez dentro de lo que resultó ser el apartamento de Moreira, su comportamiento cambió. Se volvió agresivo. Tras cerrar la puerta con llave, le tomó fotos al hombre con su teléfono y lo obligó a desnudarse. Luego, tomó un cuchillo de la cocina y se abalanzó sobre el joven, cortándolo repetidamente en el cuello y la espalda. Moreira lo condujo a la habitación, donde lo inmovilizó y lo violó”, relata.
“Después, según el testimonio de la víctima, Moreira fingió preocupación. Repetía una y otra vez: ‘¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?’, y accedió a llevarlo al hospital. De camino, Moreira le indicó a su víctima que les dijera a los médicos de Urgencias que las lesiones eran resultado de un ataque aleatorio por parte de desconocidos; que lo mataría si decía la verdad. Pero el joven se derrumbó en el hospital y reveló la verdad al personal médico. Minutos después, la policía irrumpió en el edificio y arrestó a Moreira. Pero no antes de que Moreira le robara las tarjetas bancarias y los 9.000 pesos que (el joven) llevaba en su bolso”, escribe Bremner.
El periodista cuenta que, según el relato del abogado porteño, “Moreira era tan descarado tras las rejas como lo había sido en la calle” y que mientras esperaba el juicio por el hecho de violación en prisión preventiva “sus afirmaciones se habían vuelto aún más absurdas, rozando lo cómico”.
“De repente, afirmó estar gravemente enfermo de cáncer de colon. También intentó cambiar su identidad, insistiendo en que era transgénero y, por lo tanto, debía ser tratado como una prisionera”, señala y apunta lo que le contó Garín: “Ahora se hace llamar Adriana Luz”.
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Judiciales
Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”
Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.
Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.
“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.
Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.
“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.
Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.
“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.
“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.
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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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