Nacionales
“El Ángel”, el militar misionero condenado por lesa humanidad en Campo de Mayo

El último miércoles culminó en Buenos Aires un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. Un total de 19 imputados en la denominada “Megacausa de Campo de Mayo” fueron condenados a penas que van desde los cuatro años de prisión hasta la pena máxima (perpetua) y entre esos genocidas se encuentra un militar oriundo de la tierra colorada: Bernardo “El Ángel” Caballero.
Caballero es militar retirado y nació el 4 de octubre de 1955 en la localidad misionera de San Ignacio, según consta en la sentencia impartida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Actualmente, el misionero es uno de los pocos imputados que se encuentra privado de su libertad. Está detenido desde 2015 y pasa sus días y sus noches en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sí, en el mismo lugar donde operó, custodiando detenidos y siendo forma de grupos operativos o “patotas” durante la dictadura militar, ahora purgará su pena.
El hombre fue condenado a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de los delitos de allanamiento ilegal (24 casos); robo agravado por el uso de armas de fuego (5 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas (9 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleado de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes (43 casos); imposición de tormentos agravador por ser la víctima un perseguido político (52 casos).
Según contó el propio imputado durante una declaración indagatoria vertida telemáticamente desde la UP 34 en la jornada 90 del juicio oral, Caballero pisó Campo de Mayo por primera vez a los 16 años, cuando comenzó la escuela militar.
Una vez egresado, fue destinado a la Escuela de Caballería y en 1976 -a los 20 años- fue designado a cumplir funciones al Departamento II del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
Es allí donde se produjeron los hechos por los cuales ahora fue condenado. Caballero, identificado por testigos de la causa como “El Ángel”, era custodio del centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas con distintos recintos para alojamiento y tortura de presos políticos. Se estima que más de 6.000 personas pasaron por allí y el nivel sobrevivencia fue menor al uno por ciento.
En su indagatoria, Caballero negó ser “El Ángel” e intentó minimizar su responsabilidad, aunque admitió que en aquél entonces todos sabían que el lugar funcionaba como centro clandestino de detención.
“En ese lugar no existía personal de soldados, entonces me asignaron a cumplir tareas en una oficina. Jamás tuve contacto con ningún detenido. Sí tenía conocimiento que dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaba un centro de detención que se llamaba El Campito. No debo dejar de reconocer eso, pero jamás tuve contacto con ningún tipo de detenido. Mi función simplemente era reparar el aula de situación, limpiar, servir café y recibir, de vez en cuando, a algunas autoridades que venían a reunirse”, señaló desde una computadora en la cárcel a través de un soporte informático al cual también estaban conectados los letrados defensores, los abogados querellantes, los jueces y la fiscal Gabriela Sosti, que para la instancia final preparó un alegato de 1.500 páginas.
El imputado también indicó que en esas reuniones era habitual la presencia de empresarios de la zona, de autoridades militares, de intendentes y miembros del clero eclesiástico.
“Esa declaración es importante porque ahí es donde admite su pertenencia a inteligencia. Ahí dice yo servía café, limpiaba, pero no niega que era parte de inteligencia del Ejército, que era la columna vertebral de la represión. También dice que él no iba al centro de detención, aunque admite que sabía de su existencia. Igualmente eso quedó desvirtuado por las declaraciones testimoniales de quienes señalan que él sí estaba ahí. Ellos lo identifican con el apodo de El Ángel, también lo describen físicamente. Incluso hay un gendarme que declara como testigo que también lo involucra”, precisó Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la causa, en diálogo con La Voz de Misiones.
Campo de Mayo: un “infierno a cielo abierto”
Junto a Caballero se juzgó a una veintena de gendarmes y militares por secuestros, torturas y homicidios, entre ellos el de varias mujeres embarazadas y sus hijos apropiados.
En los expedientes por hechos conexos que fueron agrupados para el desarrollo del juicio se contabilizaron 350 víctimas y hubo 22 imputados inicialmente, aunque dos de ellos fallecieron.
En esos expedientes acumulados se dan cuenta de secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados de Dálmine-Siderca, Mercedes Benz, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, el Frigorífico Martín Fierro, papeleros y gráficos, de Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, del Sindicato Químico, estatales y empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando, detalló el portal Canal Abierto.

Se estima que unos 6.000 detenidos pasaron por Campo de Mayo, donde el nivel de sobrevivencia era menor al uno por ciento.
“Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto, más allá del volumen del horror es importante hablar de cuál fue el sentido del horror, y es lo que intenté hacer en este juicio, cuál fue la utilidad del dolor, para qué se produjo esa dimensión perturbadora de una práctica social que fue el exterminio”, señaló la fiscal Sosti en diálogo con el mismo medio.
Y añadió: “En este juicio hubo un relato extremamente perturbador de uno de los imputados que contó que cuando él estaba en el Departamento de Inteligencia, que era donde se cocinaba la cosa en Campo de Mayo, en esas reuniones se sentaban, junto con los operadores de Inteligencia de la Zona de Defensa IV, los empresarios de la zona norte”.
A pesar de ello, no hay empresarios ni directivos imputados, lo cual constituye el principal desafío a futuro.
Juicio y condenas
El proceso oral comenzó el 29 de abril de 2019 y se reanudó el 27 de mayo de 2020 por vía telemática, con transmisiones en YouTube a través de La Retaguardia. En total se desarrollaron 127 audiencias y se recabaron 327 declaraciones testimoniales.
Nueve de los imputados fueron condenados a prisión perpetua: Santiago Omar Riveros, el jefe de los Comandos Militares de Campo de Mayo; Luis Sadi Pepa; Eugenio Guañabens Perelló; Luis del Valle Arce; Carlos Javier Tamini; Carlos Eduardo José Somoza; Miguel Conde; Mario Rubén Domínguez; Francisco Rolando Agostino; y Luis Pacífico Britos.
Por otra parte, Hugo Miguel Castagno recibió 22 años de cárcel; Carlos Alberto Rojas 13 años; Alfredo Óscar Arena 12 años; Federico Ramírez Mitchel 11 años; Roberto Julio Fusco 11 años; Ramón Vito Cabrera 10 años; Arnaldo Julio Román 9 años y 6 meses; y Carlos Daniel Caimi 4 años.

Algunos de los imputados presentes en la primera audiencia del debate, en abril de 2019. Caballero está al fondo, con lentes. FOTO: Julieta Colomer/Anncom.
De los 19 condenados, sólo dos están privados de su libertad. Uno de ellos es Caballero. El misionero está detenido desde el 25 de octubre de 2015, cuando el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo apresó mientras asistía a votar en las elecciones presidenciales de ese año.
El 10 de noviembre de ese mismo año fue procesado con la prisión preventiva, medida que fue prorrogada una y otra vez desde ese entonces hasta la llegada del debate oral que comenzó en 2019. El militar retirado solicitó en varias oportunidades la prisión domiciliaria, pero el beneficio siempre le fue denegado.
Actualmente, Caballero está alojado en la Unidad Penal 34 de Campo Mayo, presidio que fue cerrado en 2013 por no cumplir medidas de seguridad y reabierto en 2016 por durante el gobierno de Mauricio Macri. Solo alberga militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad.
Culminado este proceso, desde las querellas ahora impulsan un llamado a ciudadanía solicitando que todo aquél que sepa o tenga alguna información sobre hechos ocurridos durante la dictadura lo aporte para poder avanzar en nuevas investigaciones.
“Hay muchas personas que vinieron de jóvenes desde Misiones u otros lugares del país para hacer el servicio militar obligatorio y por ahí vieron o escucharon algo. Entonces ese es el pedido que estamos haciendo como representantes de las familias, que toda persona que sepa algo, que se acerque a las secretarías de Derechos Humanos u organismos relaciones para aportar esa información”, cerró Llonto.

En los expedientes que llegaron a juicio se contabilizaron más de 300 víctimas, entre ellas mujeres embarazas, cuyos hijos fueron apropiados.
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Nacionales
La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.
“Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones.
Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.
Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas.

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape
“Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.
Intento por voltear el decreto
Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia.
En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.
De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.
El funcionamiento
El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.
Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.
Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.
Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.
En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada.
También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.
Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.
Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”
Nacionales
La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,6%. A su vez, en el primer semestre acumuló un alza de 15,1% y en los últimos 12 meses sumó 39,4%.
Durante el sexto mes del año, la división de mayor aumento fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
En cuanto a las categorías, los precios regulados lideraron el incremento durante junio, con un total de 2,2%, seguida del IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).
Dentro de las distintas regiones, La división con mayor incidencia en GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).
En el Noroeste la mayor incidencia se registró en Prendas de vestir y calzado (0,5%), mientras que en Cuyo fue Recreación y cultura (2,5%).
Repercusiones
Desde el Ministerio de Economía destacaron que: “Continúa el proceso de desinflación que comenzó en 2024, con un acumulado para los primeros 6 meses del año de 15,1%, frente al 79,8% registrado para el mismo periodo del año pasado”.
Por su parte, el titular del palacio de Hacienda, Luis Caputo, celebró el dato de junio, con una serie de punteos sobre lo que dejó el dato del Indec, a través de su cuenta de “X”: “Inflación minorista Junio: 1,6%. La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018”.
Y añadió: “Los bienes registraron una variación de 0,8% mensual, la menor desde que comenzó la actual serie, en enero de 2017. La variación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,6%, menos de la mitad de la suba en el IPC. En términos interanuales, la variación en esta categoría fue de 32,3%, 7,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación general”.
Finalmente, concluyó: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 39,4%, registrándose catorce meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde enero de 2021”.
En la misma línea, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y cargó contra “toda mandrilandia”, apoyado con una foto donde se encuentra el ministro Caputo y parte del equipo económico, entre ellos Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA); José Luis Daza, viceministro de Economía; y Federico Furiase, director del BCRA.
✅ Inflación minorista Junio: 1,6%
✅ La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018.
✅ Los bienes registraron una variación…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2025
Nacionales
Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

Luego de la publicación del Decreto 462/2025 el pasado 8 de julio en el boletín oficial de la Nación, directores regionales de todo el país, junto a coordinadores de programas de investigación, emitieron un comunicado repudiando la medida que redujo cargos jerárquicos poniendo en riesgo el regular funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
Esto es así porque fue eliminada la autarquía del organismo y resultó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo que estuvo conformado por diez miembros quedó reducido a un solo presidente.
Bajo el título “Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, los ex directivos cuestionaron que “bajo el discurso de `modernización´, se concentra el poder en una sola figura designada políticamente, el presidente de la institución, eliminando su estructura participativa y federal”.
Por lo que señalaron: “Esto no es modernizar: es centralizar, debilitar y poner en riesgo una institución estratégica para el desarrollo de la Nación”.
El Inta fue creado en 1956 y desde entonces ha transitado por diversos contextos políticos, sosteniendo las misiones para las que fue creado, como ser: “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”.
De esta manera, aseguraron que dichas acciones se hicieron posibles sobre los cimientos de sus pilares principales: la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas, la presencia territorial en todo el país, la articulación y cooperación nacional e internacional, gobernanza público-privada y concursos públicos para acceder a cargos técnicos y de conducción.
Por este motivo, los directores regionales del Inta enfatizaron: “Este decreto con excusas de “modernización” viene a destruir la constitución de esta institución de ciencia y técnica, estratégica para la innovación productiva, la soberanía tecnológica y el desarrollo local, como la de muchos otros organismos del estado”.
Nueva estructura
Tras ser subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se conoció el nuevo organigrama del Inta, en el que el gobierno designó al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, cuyo puesto tendrá rango y jerarquía de secretario.
En tanto, María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica.
Para finalizar, los ex directivos manifestaron que el decreto en cuestión “propone en sus artículos, una conducción centralizada, vertical, que elimina la autonomía institucional, al modificar la composición y representatividad del Consejo Directivo, excluyendo a representantes del sistema científico y organizaciones del sector agropecuario y concentrando la mayoría de las decisiones en manos del gobierno de turno”.
Por lo que, a su entender, la nueva estructura “elimina la posibilidad de sostener líneas de trabajo y políticas públicas estables, independientes de los vaivenes políticos”.
En ese sentido, resaltaron: “Reducir el Inta a una oficina dependiente del Poder Ejecutivo es ignorar su historia, su valor estratégico y el consenso social que lo respalda. Implica romper con la continuidad de políticas públicas esenciales para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica, las economías regionales, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad”.
Durante una reunión entre Bronzovich y directores experimentales, plantearon algunas de las acciones venideras del organismo, entre las que resaltan: bajar la cantidad de cargos jerárquicos que asciende a 932, mejorar el control de presentismo, seguir con la investigación ligada con el sector privado, hacer un retiro voluntario de trabajadores y, entre otras acciones, disminuir la cantidad de Centros Regionales y programas, al mismo tiempo en que aseguraron que se mantendrán los becarios.
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