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“El Ángel”, el militar misionero condenado por lesa humanidad en Campo de Mayo

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ElectroMisiones.com.ar De La Finca Animal World Veterinaria

El último miércoles culminó en Buenos Aires un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. Un total de 19 imputados en la denominada “megacausa de Campo de Mayo” fueron condenados a penas que van desde los cuatro años de prisión hasta la pena máxima (perpetua) y entre esos genocidas se encuentra un militar oriundo de la tierra colorada: Bernardo “El Ángel” Caballero.

Caballero es militar retirado y nació el 4 de octubre de 1955 en la localidad misionera de San Ignacio, según consta en la sentencia impartida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Actualmente, el misionero es uno de los pocos imputados que se encuentra privado de su libertad. Está detenido desde 2015 y pasa sus días y sus noches en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sí, en el mismo lugar donde operó, custodiando detenidos y siendo forma de grupos operativos o “patotas” durante la dictadura militar, ahora purgará su pena.

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El hombre fue condenado a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de los delitos de allanamiento ilegal (24 casos); robo agravado por el uso de armas de fuego (5 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas (9 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleado de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes (43 casos); imposición de tormentos agravador por ser la víctima un perseguido político (52 casos).

Según contó el propio imputado durante una declaración indagatoria vertida telemáticamente desde la UP 34 en la jornada 90 del juicio oral, Caballero pisó Campo de Mayo por primera vez a los 16 años, cuando comenzó la escuela militar.

Una vez egresado, fue destinado a la Escuela de Caballería y en 1976 -a los 20 años- fue designado a cumplir funciones al Departamento II del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Es allí donde se produjeron los hechos por los cuales ahora fue condenado. Caballero, identificado por testigos de la causa como “El Ángel”, era custodio del centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas con distintos recintos para alojamiento y tortura de presos políticos. Se estima que más de 6.000 personas pasaron por allí y el nivel sobrevivencia fue menor al uno por ciento.

En su indagatoria, Caballero negó ser “El Ángel” e intentó minimizar su responsabilidad, aunque admitió que en aquél entonces todos sabían que el lugar funcionaba como centro clandestino de detención.

“En ese lugar no existía personal de soldados, entonces me asignaron a cumplir tareas en una oficina. Jamás tuve contacto con ningún detenido. Sí tenía conocimiento que dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaba un centro de detención que se llamaba El Campito. No debo dejar de reconocer eso, pero jamás tuve contacto con ningún tipo de detenido. Mi función simplemente era reparar el aula de situación, limpiar, servir café y recibir, de vez en cuando, a algunas autoridades que venían a reunirse”, señaló desde una computadora en la cárcel a través de un soporte informático al cual también estaban conectados los letrados defensores, los abogados querellantes, los jueces y la fiscal Gabriela Sosti, que para la instancia final preparó un alegato de 1.500 páginas.

El imputado también indicó que en esas reuniones era habitual la presencia de empresarios de la zona, de autoridades militares, de intendentes y miembros del clero eclesiástico.

“Esa declaración es importante porque ahí es donde admite su pertenencia a inteligencia. Ahí dice yo servía café, limpiaba, pero no niega que era parte de inteligencia del Ejército, que era la columna vertebral de la represión. También dice que él no iba al centro de detención, aunque admite que sabía de su existencia. Igualmente eso quedó desvirtuado por las declaraciones testimoniales de quienes señalan que él sí estaba ahí. Ellos lo identifican con el apodo de El Ángel, también lo describen físicamente. Incluso hay un gendarme que declara como testigo que también lo involucra”, precisó Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la causa, en diálogo con La Voz de Misiones.

Campo de Mayo: un “infierno a cielo abierto”

Junto a Caballero se juzgó a una veintena de gendarmes y militares por secuestros, torturas y homicidios, entre ellos el de varias mujeres embarazadas y sus hijos apropiados.

En los expedientes por hechos conexos que fueron agrupados para el desarrollo del juicio se contabilizaron 350 víctimas y hubo 22 imputados inicialmente, aunque dos de ellos fallecieron.

En esos expedientes acumulados se dan cuenta de secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados de Dálmine-Siderca, Mercedes Benz, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, el Frigorífico Martín Fierro, papeleros y gráficos, de Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, del Sindicato Químico, estatales y empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando, detalló el portal Canal Abierto.

Se estima que unos 6.000 detenidos pasaron por Campo de Mayo, donde el nivel de sobrevivencia era menor al uno por ciento.

“Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto, más allá del volumen del horror es importante hablar de cuál fue el sentido del horror, y es lo que intenté hacer en este juicio, cuál fue la utilidad del dolor, para qué se produjo esa dimensión perturbadora de una práctica social que fue el exterminio”, señaló la fiscal Sosti en diálogo con el mismo medio.

Y añadió: “En este juicio hubo un relato extremamente perturbador de uno de los imputados que contó que cuando él estaba en el Departamento de Inteligencia, que era donde se cocinaba la cosa en Campo de Mayo, en esas reuniones se sentaban, junto con los operadores de Inteligencia de la Zona de Defensa IV, los empresarios de la zona norte”.

A pesar de ello, no hay empresarios ni directivos imputados, lo cual constituye el principal desafío a futuro.

Juicio y condenas

El proceso oral comenzó el 29 de abril de 2019 y se reanudó el 27 de mayo de 2020 por vía telemática, con transmisiones en YouTube a través de La Retaguardia. En total se desarrollaron 127 audiencias y se recabaron 327 declaraciones testimoniales.

Nueve de los imputados fueron condenados a prisión perpetua: Santiago Omar Riveros, el jefe de los Comandos Militares de Campo de Mayo; Luis Sadi Pepa; Eugenio Guañabens Perelló; Luis del Valle Arce; Carlos Javier Tamini; Carlos Eduardo José Somoza; Miguel Conde; Mario Rubén Domínguez; Francisco Rolando Agostino; y Luis Pacífico Britos.

Por otra parte, Hugo Miguel Castagno recibió 22 años de cárcel; Carlos Alberto Rojas 13 años; Alfredo Óscar Arena 12 años; Federico Ramírez Mitchel 11 años; Roberto Julio Fusco 11 años; Ramón Vito Cabrera 10 años; Arnaldo Julio Román 9 años y 6 meses; y Carlos Daniel Caimi 4 años.

Algunos de los imputados presentes en la primera audiencia del debate, en abril de 2019. Caballero está al fondo, con lentes. FOTO: Julieta Colomer/Anncom.

De los 19 condenados, sólo dos están privados de su libertad. Uno de ellos es Caballero. El misionero está detenido desde el 25 de octubre de 2015, cuando el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo apresó mientras asistía a votar en las elecciones presidenciales de ese año.

El 10 de noviembre de ese mismo año fue procesado con la prisión preventiva, medida que fue prorrogada una y otra vez desde ese entonces hasta la llegada del debate oral que comenzó en 2019. El militar retirado solicitó en varias oportunidades la prisión domiciliaria, pero el beneficio siempre le fue denegado.

Actualmente, Caballero está alojado en la Unidad Penal 34 de Campo Mayo, presidio que fue cerrado en 2013 por no cumplir medidas de seguridad y reabierto en 2016 por durante el gobierno de Mauricio Macri. Solo alberga militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad.

Culminado este proceso, desde las querellas ahora impulsan un llamado a ciudadanía solicitando que todo aquél que sepa o tenga alguna información sobre hechos ocurridos durante la dictadura lo aporte para poder avanzar en nuevas investigaciones.

“Hay muchas personas que vinieron de jóvenes desde Misiones u otros lugares del país para hacer el servicio militar obligatorio y por ahí vieron o escucharon algo. Entonces ese es el pedido que estamos haciendo como representantes de las familias, que toda persona que sepa algo, que se acerque a las secretarías de Derechos Humanos u organismos relaciones para aportar esa información”, cerró Llonto.

En los expedientes que llegaron a juicio se contabilizaron más de 300 víctimas, entre ellas mujeres embarazas, cuyos hijos fueron apropiados.

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Jueza federal apuntó contra Vidal y Ritondo por entorpecer causas narco

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jueza

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), luego de que la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, provocara un tsunami con sus acusaciones contra sus aliados.

Arroyo Salgado denunció que el macrismo operó para apartarla de una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas.

La ex esposa de Nisman, cargó contra el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristián Ritondo, que fue uno de los blancos de Carrió hace una semana.

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En el canal LN+, la jueza apuntó a la gestión de Ritondo como ministro de Seguridad de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, narró Arroyo Salgado.

Contó que “dos letrados con aceitados contactos políticos” fueron los que pidieron que se la apartara de la causa.

“Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó la jueza, en referencia a Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2015 y 2019.

El fiscal narco

El principal imputado en la causa de la que fue apartada Arroyo Salgado, fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, señalado como jefe de una banda integrada por policías de la Delegación San Isidro, de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.

Scapolán, fue imputado por coimas y quedarse droga de los operativos, cuando se desempeñaba al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta en 2016.

D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.

Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.

La jueza contó que fue el camarista Mariano Borinski, de la Cámara de Casación, que “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”.

“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, dijo Arroyo Salgado.

En el final de la entrevista, la ex esposa del fiscal Nisman, volvió a apuntar contra el diputado nacional del PRO, vinculándolo con su apartamiento en otra causa, seis meses después, que involucraba con lavado de dinero a Marcelo Rocchetti, que había sido jefe de Gabinete de Ritondo en su época de ministro.

 

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Con el asado a $736 y el vacío a $965 se renovó “Cortes Cuidados”

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Cortes Cuidados

El Gobierno nacional renovó el plan de Cortes Cuidados para carne vacuna, que se extenderá hasta septiembre y contempla un incremento del 1% en el listado de siete cortes del programa. El asado a $736 y el vacío a $965 es lo que más se vende.

De acuerdo a relevamientos privados, la brecha con los mostradores de las carnicerías se ubica sobre los $400 el kilo. Además, el volumen destinado a este programa apenas cubre entre 6% y 8% del consumo nacional.

El programa contempla un volumen de 12.000 toneladas mensuales y cubre entre un 6% y 8% del consumo a nivel nacional.

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Con esta actualización, la diferencia con los mostradores de las carnicerías alcanza los $372 en asado y $341 en vacío, de acuerdo a los precios de julio relevados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El nuevo listado de precios será:

  • Asado: $736
  • Vacío: $965
  • Matambre: $938
  • Falda: $483
  • Tapa de asado: $736
  • Nalga: $1.009
  • Paleta: $817

Según informaron desde la Secretaría de Comercio Interior, el acuerdo estará vigente hasta el 7 de septiembre.

La oferta se encuentra disponible en 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día%, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y al consorcio de exportadores ABC.

En julio, y de acuerdo a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), los precios de cortes vacunos como el asado, el cuadril y la nalga experimentaron leves bajas con relación a junio. “En tanto, los valores de la paleta y de la carne picada común siguieron aumentando, aunque a una velocidad muy baja”, señalaron.

A partir de valores más estables de la hacienda de consumo y una demanda menos dinámica, la entidad relevó que el mes pasado, el precio promedio del kilo de asado descendió 0,5% con relación a junio, llegando en el caso del cuadril y la nalga a -0,9% y -0,3% mensual, respectivamente.

“El precio del pollo entero se incrementó 3,1% mensual, también superando a las variaciones de los cortes vacunos”, afirmaron.

Al extender el análisis al último año, los principales cortes vacunos estuvieron por debajo de la inflación, con un Índice del Precio al Consumidor que registró un aumento de 71,8%. La paleta subió 56,6%; asado 58,4%; cuadril, 58,7%; carne picada 61,7% y nalga, 61,9% En lo que respecta al precio del pollo, el aumento fue superior a los señalados, ya que llegó a 89,8% interanual.

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Se confirmó el Previaje 3 para los meses de octubre y noviembre

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PreViaje 3

PreViaje 3 finalmente volverá con la tercera edición en los últimos meses de 2022. El Gobierno nacional confirmó que el lanzamiento del programa estará disponible para los próximos días y adelantó que podrá usarse para viajar en octubre y noviembre. La iniciativa devuelve el 50% de los gastos anticipados de traslado y hospedaje para usarlos en otras áreas.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró este miércoles que la tercera edición del beneficio continúa a pesar de la incertidumbre que surgieron días atrás. Lammens confirmó la noticia en conferencia de prensa tras la reunión que tuvo con Alberto Fernández en la Casa Rosada, junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, el titular de la cartera reconoció la demora que hay en el lanzamiento del programa y admitió que “la idea era lanzarlo antes”, pero que “la coyuntura y la situación económica del país hizo que tuviéramos que rever el programa en términos presupuestarios”.

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La presentación del nuevo beneficio estaba pactado para inicios de julio con el objetivo de que se pudiera viajar a partir del 1 de septiembre, sin embargo, todo quedó en stand-by tras la renuncia de Martín Guzmán del Poder Ejecutivo.

El titular de la cartera recalcó que “la idea es que haya ocupación en temporada baja para que continúe el trabajo y que no solo sean puestos laborales temporarios de dos o tres meses en temporada alta. Por eso, la idea central es sostener también los trabajos que hay en temporada alta”.

En este sentido, el funcionario recalcó que “ha sido una herramienta extraordinaria para mantener los buenos niveles de ocupación y ahora la actividad turística está encabezando la recuperación del empleo por cuarto mes consecutivo. “Lo mismo sucede con la actividad económica, en la que la hotelería y la gastronomía encabezan la recuperación”, añadió.

Días atrás, manifestó que la tercera edición no solo “incentiva la demanda sino que también está pensado para seguir fortaleciendo este sector, que es estratégico y muy importante para el país”.

Se podrá viajar con el programa en octubre y noviembre, es decir, durante toda la temporada baja del turismo argentino.

Cualquier persona física mayor de 18 años a través de su CUIT o CUIL, que tenga cuenta en Mi Argentina con validación de identidad por datos biométricos (nivel 3) y que declare un domicilio en la República Argentina.
La información ingresada por las personas beneficiarias y los prestadores tendrá carácter de declaración jurada.

Las personas que quieran usar el beneficio tendrán que seguir estos pasos:

  • Acceder a www.previaje.gob.ar y hacer click en la opción “Soy prestador”
  • Poner la clave fiscal y correo electrónico
  • Registrarse completando el formulario e indicando el CUIT, que se registrará automáticamente la razón social.
  • Elegir el código de la AFIP
  • Añadir datos del establecimiento turístico
  • Aceptar términos y condiciones y confirmar

El proceso empieza con la inscripción de la cuenta de Mi Argentina en www.previaje.gob.ar. Después, hay que buscar un prestador de servicios que esté anotado en el Programa y hacer la compra, las que se pueden ver en la página web.

Una vez realizada la compra, se debe registrar en el programa los datos del viaje con los comprobantes correspondientes que pueden ser recibos B, C y boletos de transporte.

Cuando ya se hayan validado los comprobantes, se podrá ver el crédito a favor en la cuenta propia. El usuario recibirá el crédito del 50% en una tarjeta Precargada o a través de BNA+. A partir de entonces, podrá utilizar el dinero en las fechas indicadas para el programa.

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