Provinciales
Presentan proyecto de ley por la memoria democrática y contra el negacionismo
En el marco de los 50 años del último golpe de Estado, el Partido Agrario y Social (Pays) presentó un proyecto de ley con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar, las conductas públicas de negación, justificación o reivindicación manifiesta del terrorismo de Estado, cometidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 en la República Argentina.
Las penas serían alcanzadas por quienes presenten algunas de estas conductas en el ámbito de la función pública provincial, incluyendo también cualquier tipo de glorificación, apología, banalización, relativización o minimización de la violencia ejercida contra civiles durante la dictadura, la cual se tradujo en “genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, apropiación de niñas y niños y demás violaciones a los derechos humanos”.
Titulada Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública, la iniciativa fue impulsada por más de una treinta organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, colectivos universitarios, entre otros espacios del campo popular en Misiones.
A su vez, se enmarca en las leyes reparatorias vigentes en el país, como la 24.043 y 24.411, por lo que busca “proteger la memoria democrática, la dignidad de las víctimas, a sus familiares, los sitios y símbolos de memoria y las garantías de no repetición”.
En su artículo segundo, define una conducta negacionista como “toda manifestación pública, deliberada e inequívoca, realizada por cualquier medio oral, escrito, gráfico, sonoro, audiovisual, radial, televisivo, telefónico, digital o tecnológico, en forma presencial o remota, que niegue, justifique, reivindique, glorifique, apruebe, banalice, relativice o minimice de modo manifiesto estos hechos”.
En lo que refiere a “manifestación pública”, abarca toda expresión accesible a una pluralidad indeterminada o determinable de personas, o difundida a grupos, listas, canales, comunidades, cursos, aulas, foros, reuniones, medios de comunicación o espacios abiertos o cerrados, sitios web, blogs, foros, plataformas digitales, redes sociales, servicios de mensajería instantánea o equivalentes, tales como WhatsApp, Telegram u otros similares.
También hace referencia a la “simbología”, por lo que quedaría prohibida la exhibición, instalación, difusión, reproducción, utilización o circulación, en contextos institucionales u oficiales, de emblemas, imágenes, signos, inscripciones, objetos, vehículos, montajes, escenificaciones o referencias que, por su contexto, significado o modo de utilización, “resulten inequívocamente aptos para reivindicar, legitimar, humillar, intimidar o amenazar en relación con el terrorismo de Estado y sus perpetradores”.
Finalmente, hace referencia a los sitios protegidos de memoria, archivos, placas, señalizaciones, murales, monumentos, nombres, homenajes, emblemas, organismos y referentes individuales o colectivos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Nación y en la Provincia de Misiones.
Al mencionado proyecto, adhirió la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de la República Argentina, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género (EMIDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Misiones, Patria Grande – Misiones, Unidad Popular, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Solidario, el Espacio Chacabuco, Libres del Sur, el Partido Comunista Revolucionario, entre otras organizaciones.
Al mismo tiempo, propone como obligatoria la capacitación, periódica y permanente en derechos humanos, memoria democrática, terrorismo de Estado, garantías de no repetición y memoria histórica misionera para todas las personas comprendidas dentro la administración pública.
Según consta el documento, estas capacitaciones deberán incluir, como mínimo, el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia; los juicios por crímenes de lesa humanidad y el derecho a la verdad; el marco constitucional y convencional de los derechos humanos; la historia provincial vinculada al terrorismo de Estado, sus víctimas, sobrevivientes, organizaciones sociales, agrarias, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos, entre otros puntos.
Provinciales
Emipa acusó a Ruff por amenazar con máquinas a mbyas de Puente Quemado II
El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.
Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.
A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.
En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.
Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.
En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una nueva mesa de diálogo esta semana para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.
A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
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Productores celebraron la quinta Fiesta del Azúcar Rubio en Mojón Grande
En Mojón Grande residen más de 60 familias productoras de caña de azúcar y derivados, quienes este domingo celebraron la quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal. Como principal economía del municipio, el año pasado vendió 250.000 kilogramos de azúcar a la empresa bonaerense Cachafaz, lo que generó ingresos superiores a los $350 millones.
Si bien la producción de caña y la elaboración de miel, rapadura y azúcar rubio se remonta a una antigua tradición regional, en esta localidad la actividad recibió un fuerte impulso en el año 2019 con la sanción de la Ley Provincial VI Nº 230 que declaró a Mojón Grande Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal.
En esa localidad, ubicada dentro del departamento misionero de San Javier, los productores cultivan caña de azúcar sobre tierras propicias para el crecimiento de plantas de alta calidad y elaboran el azúcar -sin agregados químicos- en sus casas, utilizando herramientas y maquinaria especializada en espacios acondicionados, y luego venden el producto final a la Cooperativa Agrícola Mojón Grande y acopiadores.
Con el correr del tiempo, la legislación fue ampliada por la Ley VIII N.º 107, sancionada en 2024, que la estableció como sede permanente de la fiesta que inició en el año 2022, y brindó las condiciones necesarias para que el sector consolide su crecimiento con inversiones en infraestructura y organización cooperativa.
Fue así que en el año 2025, la cooperativa local acopió y comercializó 350.000 kilos de azúcar distribuidos en trece cargas con destino a Buenos Aires, lo que generó ingresos superiores a $350 millones para las familias productoras, además de ampliar su inserción comercial de productos como rapadura, miel de caña, dulces, mermeladas y panificados.
“Es lo que más inyecta dinero a las familias de los productores en este momento tan complicado para todas las cosas de la chacra, y eso hace que se multiplique y distribuya en otros sectores de la economía, no solo de Mojón Grande, sino también de la región“, destacó Adrián Solis, intendente de Mojón Grande consultado por La Voz de Misiones.

Exposición de productos locales
La fiesta
La quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal se concretó este domingo 2 de agosto y reunió a productores, emprendedores y vecinos, tanto de Mojón Grande, como también de Gobernador López, Ameghino, Dos Arroyos y San Javier.
Sobre este evento organizado por la Municipalidad, el intendente remarcó: “La fiesta vino a poner en valor la producción familiar y se convirtió en una vidriera para mostrar esta actividad que es tan importante para la región. Por otra parte, la fiesta permitió atraer más visitantes a Mojón Grande, como “el lugar del azúcar”, y eso ayuda mucho”.
Respecto a los desafíos productivos, analizó: “De ahora en más apuntamos a seguir ampliando el mercado del azúcar rubio, apoyar a los productores y hacer que cada día esta producción cobre más importancia y que las familias puedan encontrar el progreso económico a través de la producción de azúcar”.
Durante la jornada, recibieron al gobernador Hugo Passalacqua, quien recorrió los stands, entregó insumos deportivos y destacó el crecimiento de la actividad en el municipio.
El evento contó con exposición de productores, feria gastronómica y de emprendedores, demostraciones del proceso de elaboración del azúcar rubio artesanal, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.
Fotos: Misiones Online
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