Judiciales
Comenzó el juicio por el femicidio de Irma: 30 horas de agonía y una muerte atroz
El debate oral por el femicidio de Irma Ferreyra da Rocha (47) comenzó esta mañana con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, instancia en la cual la fiscal Patricia Inés Clérici utilizó dos expresiones que grafican la crueldad del caso al mencionar que la víctima sufrió “30 horas de agonía” y tuvo “una muerte atroz”.
La instancia oral para esclarecer el femicidio de la mujer, registrado entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016 en Garupá, comenzó esta mañana, minutos después de las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Posadas, donde Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) ocupa un lugar en el banquillo de los acusados bajo una imputación que prevé una pena de prisión perpetua.
Con los magistrados Viviana Kukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya en los estrados, el primer paso fue proceder a la lectura del requerimiento y el auto de elevación a juicio del expediente.
En ese documento, Patricia Clérici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, realizó una reconstrucción del hecho y solicitó que Esteche sea llevado a juicio bajo la acusación de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”.
En esa cronología del caso, realizada a partir de los elementos probatorios obrantes en la causa, Clérici estableció que Esteche conoció a Irma Ferreyra durante una fiesta de fin de año que se desarrollaba en el predio de la feria “La Economía”, ubicada en inmediaciones a la ex Garita de Garupá.
De allí, minutos antes de las 00 del 17 de diciembre, ambos se retiraron juntos y fueron hasta un túnel de la autovía de la ruta nacional 12, en cercanías a la calle 246 y la avenida Alberto Roth, donde se produjo el ultraje que derivó en la muerte de Irma.
Según estableció la fiscalía, en primera instancia hubo relaciones sexuales consentidas, pero en determinado momento Esteche dejó inconsciente a Irma mediante un golpe de puño efectuado sobre su mejilla izquierda.
Con la víctima indefensa, la ultrajó utilizando la rama de un árbol, provocando severas lesiones internas que llegaron hasta perforar el lóbulo superior izquierdo de un pulmón.
Tras el abuso, el acusado escapó de la escena y abandonó a la víctima, que ya en grave estado fue auxiliada por un vecino que solicitó auxilio médico y la intervención policial en el lugar.
En esa instancia, Irma fue trasladada al hospital Madariaga. A las 2 de la madrugada fue sometida a una laparotomía que no alcanzó a determinar la gravedad del año que la mujer tenía en sus órganos.
La paciente quedó internada y conforme el paso de las horas su cuadro agravó. Recién a la medianoche siguiente se advirtió que tenía “perforación intestinal” -entre otras lesiones internas-. A las 10.30 entró en paro y a las 12.05 del 18 de diciembre de 2016 se certificó su fallecimiento.
Alejandro “Porteño” Esteche, único imputado, ante el Tribunal Penal Uno.
En el requerimiento de elevación a juicio firmado por Clérici, la fiscal expuso que la víctima tuvo una “agonía de 30 horas”, que sufrió “una muerte atroz” y que “la causa de muerte la puso el imputado”, atribuyéndole así toda la responsabilidad del caso a Esteche, que desde fines de 2016 está detenido y ahora ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno a la espera de una definición sobre su futuro.
Durante esta primera audiencia también se leyó la oposición a la elevación a juicio de la causa formulada por la defensa del acusado, documento en el cual atacó las actuaciones del caso y apuntó irregularidades en el procedimiento.
También planteó que no hay pruebas genéticas que vinculen a Esteche con el hecho y por ello pidió su sobreseimiento, pero el Juzgado de Instrucción Siete -a cargo en ese entonces por el magistrado Carlos Giménez- rechazó por improcedente la presentación y dispuso la elevación a debate del expediente.
Así fue que hoy, después de dos intentos frustrados en 2020 y 2021, la causa llegó a instancia de juicio.
Esta mañana, tras la lectura de los documentos judiciales, Esteche aceptó hablar y se desligó del caso. Admitió haber salido junto a Irma de la fiesta y haberse dirigido con ella hasta el túnel, pero sostuvo que no tuvieron relaciones por el estado de alcoholismo en el que ambos se encontraban.
Después de ello aseguró que se fue del lugar y no recuerda cómo llegó hasta la casa de su ex pareja. Días después fue detenido y declaró que se autoincriminó por la golpiza que le efectuaron los policías intervinientes.
El debate continuará mañana. Las audiencias se extenderán durante al menos nueve jornadas más y se prevé la declaración de al menos 30 testigos, entre familiares de la víctima, del acusado, policías, peritos y profesionales médicos.
En el proceso interviene el fiscal Martín Alejandro Rau, mientras que el acusado cuenta con el patrocinio del abogado defensor particular Edgardo Cabrera.
“Es un dolor escuchar todo y ver al hombre por primera vez. Mi cabeza se pregunta qué pasa por la cabeza de un hombre hacer todo eso. Fue una brutalidad. Si lo dejan en libertad quién garantiza de que no lo vuelva a hacer. Fue mi madre, pero pudo haber sido cualquier mujer. Queremos justicia, queremos cadena perpetua para él. Es lo que se merece. Todo el peso de la ley”, expresó Silvina, una de las hijas de las víctima, quien estuvo presente en esta primera audiencia del debate.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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