Los senadores votaron en la sesión ordinaria de este jueves un aumento de sus dietas, de $1,7 millones a $4 millones, una decisión que fue acompañada por más del 2/3 de los presentes en el recinto.

La resolución 615/24 fue promovida por el salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, y los parlamentarios acordaron incorporar el tema como último punto de la plenaria de hoy.

El incremento salarial de los parlamentarios se resolvió en pocos minutos, sin debate y en una votación a mano alzada, lo que en la práctica se presta para la confusión e impide un registro riguroso de los votos afirmativos y negativos.

La sesión ordinaria de este jueves comenzó cerca del mediodía y se extendió por casi tres horas, donde el Senado aprobó los pliegos de los embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo para Paraguay, Estados Unidos, Israel, India, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).

También, se ratificaron unos 20 convenios internacionales que estaban ad referéndum del Congreso.

El tema salarial de los parlamentarios fue el último en tratarse, a pedido del salteño Romero, luego de una cuestión de privilegio de la senadora fueguina de Unión por la Patria (UxP), Eugenia Duré, sobre la soberanía de las Islas Malvinas y el acto del presidente Javier Milei con la generala estadounidense Laura Richardson en Ushuaia.

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El secretario general de la Asociación Bancaria, José Luis Ruiz Moreno, pidió que el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, se sume a un eventual frente contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

“Vos sabes muy bien, hay dirigentes estudiantiles que no tienen qué comer y que buscan ayuda de los sindicatos, de la Iglesia”, señaló el sindicalista entrevistado por Radio News y lanzó: “Me gustaría hacer una marcha con el obispo, hacer algo”.

“Yo quiero decirle: hermano, juntémonos porque este muchacho Milei nos va a cortar la cabeza a todos juntos y ustedes creen que van a solucionar rezando”, señaló Ruiz Moreno.

“Yo creo que (el obispo) tendría que salir a la cancha, porque (el obispo Joaquín) Piña cuando la cosa estaba dura salía a la cancha y defendía hasta a los aborígenes”, opinó el gremialista misionero.

“Cómo la iglesia no se va a involucrar”, interpeló Ruiz Moreno y enfatizó: “Todos nos tenemos que involucrar”.

“Yo pasé por todas las crisis, soy un veterano de la guerra sindical”, comentó el sindicalista bancario y remarcó: “Tenemos que juntarnos todos, la Iglesia, los sindicatos, las organizaciones sociales, los estudiantes y hacer un frente para que este tipo (Milei) no haga lo que está haciendo, porque no hay más para sacarle a la gente”.

Además de Piña, el sindicalista, recordó también al obispo Jorge Kemerer, a quien todos los testimonios le atribuyen actitudes temerarias durante la dictadura militar en ayuda de los perseguidos políticos.

“Ahora no están los milicos, pero estamos en una crisis con un tipo (Milei) que parece que se divierte cerrando empresas del Estado, trayendo aviones modelo 80; un tipo que trató a todos los políticos de ratas, le dijo coimeros y ensobrados a los periodistas”, afirmó Ruiz Moreno y remató: “Yo no quiero que lo saquen a patadas, quiero que cambie de políticas y sería interesante que el obispo convoque a la sociedad”.

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Los diputados nacionales del bloque de Innovación Federal, en el que se encuentran los misioneros Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Daniel Colo Vancsik y Yamila Ruiz, se reunieron este mediodía con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada.

El encuentro fue por invitación del mismo Francos y se inscribió en la ronda de conversaciones que viene manteniendo el gobierno para avanzar con el trámite parlamentario de la Ley Bases y el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso.

Además de los misioneros, participaron los diputados Agustín Domingo, de Río Negro; Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, de Salta.

Acompañaron a Francos, el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

La nueva Ley Bases, a diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos y cuyo tratamiento cayó en Diputados en febrero, tiene 279 y aunque el gobierno retiró aspectos conflictivos el texto mantiene los superpoderes solicitados por el presidente y la privatización de empresas públicas.

La nueva versión contiene el blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores, como la extinción de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no residentes. El blanqueo será sin alícuota hasta los US$100.000 y, a partir de ese monto, se aplicarán alícuotas también progresivas del 5, 10 y 15% según el momento en que adhieran al blanqueo los contribuyentes.

El paquete fiscal restituye la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con un piso de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para casados con hijos.

En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacían hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.

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