Nacionales
Confirman sobreseimiento de Closs en causa por desmanejo de fondos para viviendas
Lo hizo la Cámara Federal en el caso del programa “Sueños Compartidos”. También figuran otros gobernadores actuales, ex mandatarios e intendentes. Todos ya habían sido beneficiados en primera instancia, pero la fiscalía apeló.
El ex gobernador de Misiones y actual senador nacional, Maurice Closs, fue sobreseído en la causa por desmanejo de fondos a través del programa de construcción de viviendas “Sueños Compartidos”, se confirmó este miércoles en la justicia federal.
La medida fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal y benefició también a Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero), Jorge Capitanich (gobernador de Chaco), Maurice Closs (senador y ex gobernador de Misiones), Darío Giustozzi (ex intendente de Almirante Brown), Miguel Lifschitz (ex gobernador de Santa Fe), Alejandro Granados (intendente de Ezeiza), Julio Zamora (intendente de Tigre), entre otros.
En primera instancia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a los ex funcionarios provinciales y municipales que recibieron las obras de las Madres de Plaza de Mayo por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.
Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos” de los que idearon la maniobra.
Entre los funcionarios sobreseídos también estaban Marcelo Cascón (ex intendente de Bariloche), Omar Ahmed Abboud (ex titular del IVC), Ricardo Adolfo Escobar (ex ministro de Coordinación de Gabinete de la provincia de Misiones), Carlos Adrián Pisoni (ex titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires).
Cuestionamiento
Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa cuestionó el rol asignado a los funcionarios locales, que tenían la obligación de controlar las obras. Algo similar planteó la Unidad de Información Financiera. “Los imputados tuvieron en sus manos la obligación de controlar, y no lo hicieron… y, no obstante ello, autorizaron pagos en condiciones irregulares”, dijo esa querella.
Pese a los argumentos de la Fiscalía y de la UIF, la Cámara Federal finalmente confirmó los sobreseimientos dictados por Martínez de Giorgi a fines del año pasado. Los camaristas concluyeron que “a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la pesquisa y la vasta prueba colectada, sus agravios (de los apelantes) se limitaron a disentir esa solución sin proponer avanzar en algún sentido respecto a las situaciones procesales de los imputados”.
De esta manera, en el juicio sobre el plan “Sueños Compartidos” solo estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio de Vido, José López y Abel Fatala, y el financista Fernando Caparrós Gómez, entre otros.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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