Provinciales
Misiones intimó a la Nación para que devuelva fondos que son coparticipables
Son los que el presidente Macri descontó por la quita del IVA y Ganancias. La medida se adoptó tras las PASO, pero los distritos fueron a la Corte que les dio la razón. Unos piden que se defina el monto y Misiones lo quiere ya.
POSADAS. El gobernador Hugo Passalacqua decidió ir más allá de los trámites del bloque de provincias y, directamente, intimó a la Nación para que le restituya los fondos coparticipables que descontó por rebaja del IVA y Ganancias.
El planteo apunta al cumplimiento íntegro del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a las provincias que acudieron en queja por la quita, estimándose en conjunto entre 35 y 40 mil millones de pesos.
El resto de los distritos, en un encuentro en el que esta Provincia también estuvo representada, había demandado la determinación exacta de los fondos adeudados, disconformes con la intención de la Nación de distribuir solo 10 mil millones para saldar la cuestión.
En su arremetida, Misiones intimó a la administración de Mauricio Macri para que “cumpla íntegramente la medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia, por la afectación de la coparticipación de los misioneros”.
La demanda, dirigida al ministro de la cartera económica nacional, Hernán Lacunza, se fundamentó en el fallo de la Corte que advirtió acerca de la imposibilidad de la Nación de disponer fondos que pertenecen al conjunto de las provincias.
El origen del conflicto se ubicó en la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el Gobierno nacional luego de las elecciones primarias, a lo que la Corte respondió a favor de los distritos.
A pesar del pronunciamiento del máximo órgano judicial del país, el macrismo hizo caso omiso y con demoras, ordenó una forma de devolución en cuentagotas.
Por ello, Passalacqua en su escrito consideró que “el Estado nacional incumple con la obligación de asumir con recursos propios” las medidas que adoptó en su moento con el IVA y Ganancias y que “generan efectos fiscales adversos en el corriente ejercicio fiscal de la Provincia de Misiones”.
Remarcó que el trámite que frenó la Corte alteraba el resultado financiero “por la caída de los recursos coparticipables que percibió la jurisdicción en los meses de septiembre y octubre del corriente año”.
No obstante las observaciones mencionadas, la Provincia aclaró que la presentación “no implica que la falta de respuesta al reclamo o respuesta no acorde a las pretensiones jurídicas de la Provincia que efectúe el Estado Nacional, requiera el agotamiento de la instancia administrativa para ejercer y ejecutar la provincia de Misiones, las acciones que la Corte Suprema de la Nación ha reconocido a esta parte”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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