Patricia Olivera, tiene 31 años, vive en Candelaria, es madre de un bebé de un año y acudió a La Voz de Misiones para denunciar que Héctor Haseitel, su ex esposo, atentó contra su vida y la del pequeño en varias ocasiones, hechos por los cuales no obtuvo respuestas de la Justicia.

Es que, según afirmó, pese a la grave situación de violencia de género que atraviesa desde hace más de tres años, el caso no es atendido como corresponde por el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Garupá. 

“No me siento acompañada por la Justicia, siento que me están dejando a la deriva a mí y a mi hijo”, expresó.

Según su testimonio, el vínculo con el progenitor de su hijo comenzó en 2022, pero rápidamente se transformó en una relación marcada por el engaño, el control y la violencia. Relató que, tras contraer matrimonio y quedar embarazada, descubrió que su pareja mantenía una relación paralela, situación que le provocó una crisis emocional que derivó en la pérdida de su primer embarazo.

“Ese fue el inicio de la violencia psicológica y emocional. Yo quedé completamente debilitada”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó. La mujer denunció episodios de violencia física, amenazas y conductas de extremo riesgo. Uno de los hechos más graves ocurrió en 2024, cuando, según relató, su pareja la golpeó mientras conducía y expresó su intención de “matarse con ella y el hijo”.

“Me dijo ‘ahora nos vamos a matar los tres’. Tuve que accionar el freno de mano y tirarme del auto con mi bebé para salvarnos”, recordó.

Tras ese episodio, realizó una denuncia por intento de homicidio agravado y se dictaron medidas de restricción, aunque la violencia continuó.

En mayo de 2025, luego de un nuevo hecho violento en el que el hombre rompió objetos y la amenazó, fue excluido del hogar. Desde entonces, la mujer inició acciones judiciales por alimentos, aunque denunció incumplimientos sistemáticos.

“Él cumple con la cuota alimentaria pero solo el 20% que para los gastos extraordinarios no me alcanzan, entonces, siempre manejó todo desde el poder y la manipulación”, afirmó.

La denunciante también relató que fue víctima de una denuncia falsa por robo del vehículo familiar, lo que derivó en un procedimiento policial en su domicilio. A esto se sumó, en diciembre de ese mismo año, la interrupción del suministro eléctrico en la vivienda donde residía con su hijo.

“Nos dejaron sin luz con un bebé enfermo. Fue una situación desesperante”, señaló.

El último hecho ocurrió este mes y la joven denuncia que el hombre vandalizó su hogar.

“Tengo miedo por mi vida”

El episodio más reciente y grave ocurrió en abril de 2026. Según denunció, el hombre habría ingresado ilegalmente a la vivienda, violando la restricción perimetral, y destruyó completamente el interior de la casa.

“Rompió todo, se llevó cosas y dejó las garrafas abiertas. Podría haber explotado todo. Fue un mensaje mafioso”, aseguró.

La mujer sostiene que el hecho puso en riesgo su vida y la de su hijo, ya que la vivienda quedó en condiciones peligrosas tras la intervención.

“Hoy tengo miedo por mi vida y por la de mi hijo. Es una persona capaz de todo”, advirtió.

Pese a la acumulación de denuncias -que incluyen amenazas, violencia de género, daños y violación de domicilio-, aseguró que el acusado continúa en libertad, lo que profundiza su sensación de desprotección.

“La Justicia no está tomando medidas. Esto ya no es solo violencia, es peligro de vida”, remarcó.

Ante este escenario, decidió hacer pública su situación, frenar instancias de mediación y avanzar como querellante en la causa.

“No voy a permitir que mi hijo crezca en la violencia. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

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Mariela Alejandra Da Silva (41) es madre de cuatro menores de edad. Años atrás sufrió una obstrucción medular que afectó sus hombros y columna vertebral, por lo que cuenta con certificado de discapacidad. Hace cuatro años reside en una vivienda precaria sin energía eléctrica ni agua potable, por lo que solicita ayuda para poder vivir en mejores condiciones en la localidad de Bernardo de Irigoyen. 

El reclamo se remonta hace cuatro años atrás, cuando en abril del año 2022 se mudó junto a sus hijas a una precaria vivienda ubicada en el barrio San Cayetano. “Vivo con mis hijas en una vivienda precaria que además de no tener servicios se llena de bichos, víboras y arañas peligrosas”, con estas palabras Da Silva describió la vivienda a la que accedió con autorización del Iprodha, ante la imposibilidad de alquilar otro lugar.  

En ese momento, decidió instalarse en la vivienda que se encontraba deshabitada hace un largo tiempo y en malas condiciones habitacionales: “Decidí limpiar, tramité la autorización para poder estar ahí y después me dijeron que el lugar no era de Iprodha, sino de una empresa de Posadas. Un día llegó la policía cumpliendo su labor, pidiendo que nos fuéramos y respondí que si no era por orden de desalojo no me iba a ir y le pedí al intendente un terreno -que por derecho me corresponde- por tener discapacidad y menores a cargo”, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones.

“Pese a tener discapacidad igual trabajo porque me arriesgo, aunque hay días que no aguanto e igual sigo porque tengo cuatro menores estudiantes a cargo, de las cuales tengo muy buenas referencias para dar porque son muy estudiosas y educadas”, afirmó.

Sobre el reclamo, recordó: En varias oportunidades fui a pedir si me podían conectar luz provisoria y me dijeron que no, que lo que yo tenía que hacer era mudarme de ese lugar porque en cualquier momento se iba a poner fea la cosa”.

Tras cuatro años sin energía eléctrica ni agua potable, Mariela continúa a la luz de las velas y compra agua para el consumo personal o acude a la solidaridad de los vecinos. “En varias ocasiones durante tres años fui a hablar con el municipio para ver si podían darme al menos un panel solar o que me den luz provisoria y me dicen que no, que el lugar es privado, que ellos no pueden dar, que tampoco tienen terreno ni nada porque no hay plata en Irigoyen”.

Y concluyó: “Yo no estoy pidiendo mucho, el otro año empieza la política. Siempre dije que ellos no deberían estar solo para la campaña buscando ganar la confianza de la gente para tener más votos. Los políticos tienen que estar los cuatro años para que la gente de bajos recursos, humilde y trabajadora, pueda tener una vida digna”.

Una vida marcada por abusos, desarraigo y desigualdad

Mariela nació en Montecarlo y luego se crió en Posadas, donde a sus 2 años de edad sus padres la abandonaron junto a sus hermanos y terminó residiendo en un hogar en el que sufrió maltratos, abandonos y hasta una violación. Durante su adolescencia buscó a parte de su familia y la encontró en Bernardo de Irigoyen donde comenzó a estudiar y trabajar.

Con el correr de los años, optó por mudarse a Rosario de la Frontera, una localidad de la provincia de Salta, donde realizó trabajos rurales de temporada y luego reconstruyó parte de su vida tras escapar de una red de trata de personas que casi la ubica en un burdel de la región sudeste de Córdoba.

En ese pueblo se puso en pareja con un peón oriundo de Santiago del Estero y formó una familia, pero luego el hombre, que la sometía con episodios de violencia de género, desapareció.

Allí reinició su vida como bombera y fue la comisión de Bomberos de Rosario de la Frontera que decidió hacerse cargo de los costos para su regreso a Misiones en el año 2022, a modo de reconocimiento por su labor en esa división y, gracias a ello, pudo volver a Irigoyen, donde hasta el día de hoy continúa a la espera de una vivienda digna.

Ex bombera que huyó de la trata y volvió a Irigoyen pide que no la desalojen

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Junto a su abogada, Liliana Padilla, una vecina de Puerto Rico, expuso públicamente el drama de vive hace más de dos años cuando, luego de denunciar a su ex pareja por violencia de género, perdió la guarda compartida que tenían de su hijo y ahora reclama que el niño convive con su agresor.

Liliana fricciona los dedos y repite el comportamiento involuntario de mover las piernas. Tiene 39 años y carga con la pena más dura que una madre puede soportar: la de no ver a su hijo menor desde hace tres meses.

Su abogado, la letrada Noelia Duran, explicó que la causa de familia expone hoy un entramado judicial que dejó a una madre sin contacto con su hijo, sin vivienda y denunciando graves irregularidades en el proceso.

“No soy un expediente, soy una mamá”, afirmó Liliana, con lágrimas en los ojos durante una entrevista con La Voz de Misiones.

De la denuncia al cambio de tenencia

El conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando Padilla denunció a su entonces pareja Rubén Aníbal Ávalos por violencia de género. En ese momento, se dictó una orden de alejamiento y el hombre abandonó el hogar familiar.

Sin embargo, tras el divorcio la situación dio un giro. El padre inició acciones judiciales y logró que la Justicia le otorgara el cuidado personal unilateral del niño, además del uso de la vivienda, considerada como “centro de vida”.

“Me encuentro en situación de calle desde que se le fue otorgada la casa a mi ex pareja. Perdí el cuidado de mi niño y agotamos todas las vías que podíamos para que me escuchen”, expresó Liliana.

La causa se tramita en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Puerto Rico, a cargo de la jueza Norma Lyliana Matoffi, quien fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño.

Según la defensa de Padilla, en el expediente interviene como representante legal de Ávalos -el ex esposo de Padilla-, Hilario Raúl Christen, un abogado vinculado al entorno político local, lo cual no garantiza imparcialidad del proceso.

Liliana comentó a LVM que cuando fue a pedir ayuda a Acción Social para que se continúe con el seguimiento del expediente le preguntaron quién era el defensor de su ex esposo y al dar el nombre la respuesta fue tajante: “Contra ese abogado no vas a poder porque hay mucho favoritismo y aunque tengas el abogado que tengas no vas a lograr demostrar ni comprobar nada”. 

La versión judicial y la disputa por la casa

Durante el proceso, el menor habría declarado que su madre ejercía violencia, lo que fue determinante para el fallo. Padilla rechaza esa versión y sostiene que fue el niño -en ese entonces de 9 años- fue manipulado.

“Todo lo que dijeron ahí fue falso… son mentiras que usaron para sacárselo”, afirmó.

“Es más, hay informes del cuerpo médico que comprueba que él está alineado, que está manipulado, le están generando un daño psicológico”, explicó la abogada.

Uno de los puntos más cuestionados por la defensa es la situación de la vivienda. Según explican, la casa construida por la pareja pasó a ser considerada “alquilada” en el expediente, lo que habilitó su adjudicación al padre.

La letrada Duran sostiene que esto forma parte de una maniobra más amplia: “Estamos ante una instrumentalización del menor. Esto excede un conflicto patrimonial: estamos hablando del interés superior del niño”.

Duran también afirmó que en el entramado fraudulento por la casa se llevó adelante “con la complicidad de distintos actores como el empleador de Rubén Avalos”.

El relato de una madre

Desde entonces, la vida de Padilla se volvió inestable. Sin vivienda fija, va de un lugar a otro. “Vivo el día a día… donde puedo. En la casa de una amiga, en la casa de mi abogada, en el auto. Estoy a la deriva”, describió.

A pesar de no tener contacto con el niño, asegura que continúa cumpliendo con sus obligaciones: “Le estoy pasando alimento, pero no tengo comunicación con él de ninguna manera”.

La distancia con su hijo, dice, es lo más doloroso: “Vamos casi tres meses sin verlo, lo extraño. Hacíamos todo juntos, la tarea, salir, el fútbol, todo”.

Y agregó, con angustia: “Me duele la manera en que actuaron. Pueden quedarse con la casa, con todo lo que quieran, pero por qué utilizaron a un niño, a mi hijo y lo más triste, fue su papá”.

Pedido de Jury

El caso no quedó solo en el fuero de familia. La defensa avanzó con una denuncia penal por presunta maniobra fraudulenta y amplió la acusación a terceros.

Además, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza interviniente por presunto mal desempeño.

En ese punto, la abogada fue contundente: “Existen vínculos. Aportamos más de 40 fotografías donde se ve la relación entre personas del entorno del padre con la jueza y la secretaria. Hay una amistad muy estrecha”.

Y agregó: “Una de las secretarias es la doctora Cañete. Ella es esposa de Francisco Nahuel Petuaud, que es socio de Hilario Raúl Christen. Asimismo el doctor es abogado de la Policía y de la Municipalidad y Christen es hermano de la esposa del intendente de Puerto Rico. Es el cuñado del intendente”.

También cuestionó el desarrollo del proceso y cómo se resolvió una de las instancias clave. “Se dictó una resolución ‘a puro derecho’, sin ningún tipo de contradicción y sin garantizar el derecho de defensa de esta señora”, aseveró Duran. 

Tras la confirmación del fallo en Cámara, la defensa presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora analiza el expediente.

En paralelo, denuncian demoras en la investigación penal y hablan de una posible situación de violencia institucional. “Cuando hay menores, el Estado tiene que actuar con debida diligencia reforzada. Acá eso no pasó”, sostuvo la letrada.

Mientras la causa sigue su curso, la situación personal de Liliana continúa siendo crítica. Sin ingresos estables, con miedo y en condiciones precarias, sostiene que lo único que la mantiene en pie es la esperanza de recuperar a su hijo.

“Estoy destruida. Lo único que quiero es volver a abrazarlo”, cerró. 

 

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