La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.

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Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.

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Nelson Osvaldo Winnick (41), detenido por el crimen de la adolescente Adriana Estefanía Dos Santos (16), se abstuvo de declarar hoy y fue imputado por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

Tal como estaba previsto, este mediodía el hombre fue trasladado desde la celda policial en la que se encuentra alojado desde el sábado hasta las instalaciones del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Ariel Belda.

En esas circunstancias, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el imputado estuvo acompañado de su defensor oficial y, al momento de ser indagado, optó por abstenerse de declarar.

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Posteriormente, fue notificado de los elementos de prueba que se registran en su contra hasta el momento y fue formalmente imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento y por haber sido cometido en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género, es decir, femicidio.

Culminada la audiencia, Winnick volvió a ser trasladado a una celda policial y aguardará los avances judiciales privado de su libertad. La acusación que enfrenta preliminarmente prevé una pena de prisión perpetua, lo que se traduce en 35 años de cárcel efectiva contando desde el día en que fue detenido.

El hecho sumió a San Pedro en la consternación y en la jornada de ayer más de un centenar de personas salió a las calles para reclamar justicia.

“Estoy destrozada, estamos destrozados como familia. Queremos justicia, no puede quedar impune lo que hizo”, exclamó hace unos días Olga Bento, madre de la víctima, en diálogo con el diario El Territorio.

Nelson Winnick tiene 41 años. Está detenido desde el sábado.

Femicidio al descubierto

El hecho se descubrió el pasado el 15 de septiembre, cuando vecinos del departamento de Winnick, en un inquilinato ubicado en el barrio Centro o Imas de San Pedro, alertaron sobre el fuerte olor nauseabundo que provenía del lugar.

En esa instancia, su cuñado ingresó al inmueble y se topó con el cuerpo de una mujer cubierto por una frazada dentro la heladera.

Las fuentes describieron que el cadáver llevaba al menos cinco días en el lugar y la fecha coincide con la última vez que Adriana Dos Santos fue vista con vida.

Para ese entonces Winnick ya no se encontraba en la localidad ya que un día antes se tomó un colectivo rumbo a San José y allí fue ubicado el sábado a la mañana tras un operativo de la Policía de Misiones.

En poder del implicado los uniformados intervinientes hallaron el DNI de Dos Santos, como así también otras documentaciones y hasta el teléfono celular de la adolescente asesinada.

Voceros del caso describieron que Winnick vivía a base de changas, que padece una enfermedad crónica, como así también problemas de adicción a los estupefacientes, principalmente pedra, y que era poco comunicativo con sus vecinos.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, el examen de autopsia recién pudo ser realizado el lunes y el estudio determinó que la adolescente sufrió una muerte violenta vinculada a al menos 11 lesiones corto-punzantes localizadas en distintas partes del cuerpo.

En las últimas horas investigadores policiales y judiciales regresaron al departamento del horror para realizar una nueva inspección ocular con el objetivo de hallar algún elemento que pueda haber sido utilizado como arma homicida, pero los resultados fueron negativos.

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Un misionero fue recientemente condenado tras firmar un acuerdo de juicio abreviado en una causa por tráfico de cocaína camuflada en encomiendas hacia Australia, expediente en el que los principales acusados son una pareja de médicos bolivianos.

La causa se inició el 5 de octubre del año pasado, cuando agentes de la Administración General de Aduanas detectaron poco más de 1 kilogramo de cocaína oculta en un calefón despachado con destino a Gold Coast, una ciudad al sur de Brisbane, Australia, conocida por extensas playas, competencias de surf e inmensos parques acuáticos.

Los agentes, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9 de Ciudad de Buenos, comenzaron a recolectar datos para llegar a los responsables detrás de la maniobra y en medio de ello detectaron un segundo envío de similares características.

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Ese otro hecho se registró el 22 de noviembre y consistió en el hallazgo de una máquina de humo que tenía un doble fondo en el cual había una planchuela negra con 1,100 kilogramos de cocaína. El paquete tenía como destino Carrara, otra ciudad australiana.

La cocaína iba camuflada en las planchas de acero dentro de un calefón.

La diferencia radicó que para ese momento los pesquisas ya contaban con los datos de los principales acusados, quienes resultaron ser Claudia Ino Suárez (36) y Jaime Alejandro Mendoza Justiniano (35), una pareja de médicos bolivianos que hacía unos pocos meses habían ingresado al país por Salta.

Pero la investigación no acabó en ellos, dado que mediante la reconstrucción realizada los pesquisas lograron determinar que ambas encomiendas primero habían viajado desde Misiones hacia Buenos Aires también por correo postal y es allí donde José Rodrigo Rodríguez (44), oriundo de Montecarlo, ingresa en la maniobra como el primer despachante de las cargas. 

Con toda la información recolectada, la Justicia dispuso le detención de los tres involucrados y todos ellos aguardaban en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz la llegada del debate oral programado para noviembre de este año.

Sin embargo, en las últimas semanas los tres aceptaron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el que admitieron sus responsabilidades en la maniobra y fueron condenados a penas de entre 4 y 3 años de prisión por el delito de “contrabando, agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización”, aunque con diferentes grados de participación.

En detalle, Suárez recibió una pena de 4 años y 10 meses de prisión como autora del mencionado delito, mientras que su pareja, Mendoza Justiniano, fue sentenciado a 4 años y 6 meses, en calidad de partícipe primario.

El misionero, por su parte, fue declarado partícipe secundario ya que las autoridades consideraron que su rol no fue “esencial” en la maniobra y recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, favorecido además por la falta de antecedentes en su contra.

La sentencia fue firmada hoy por el Tribunal Oral Penal Económico Uno de Ciudad de Buenos Aires.

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