La Voz de la Gente
Denuncian muerte de un municipal tras “persecución laboral” en Esperanza

Por la mañana del último viernes, Cristian “Tincho” Gamarra (38) murió en el Samic de Eldorado producto de un infarto. Era inspector bromatológico de la Municipalidad de Puerto Esperanza y contaba con una licencia médica por “reacción al estrés grave y trastorno de adaptación”. La familia ahora vincula el fallecimiento con una “persecución laboral” y acusa al intendente Horacio Zarza.
El trabajador municipal había sacado licencia en marzo por recomendación de la médica especialista en Psiquiatría, Marcela Alejandra Ayala. El mes pasado volvió a solicitarla y fue concedida por el Ejecutivo de Esperanza, aunque sin goce de haberes.
Ver el recibo de sueldo del mes de abril con $8.000 depositados fue lo que desató un malestar general en Gamarra el martes pasado, por lo cual terminó internado en el nosocomio de Eldorado, según relató Enzo, hermano del trabajador, en diálogo con La Voz de Misiones.
De licencia y sin sueldo
El inspector Gamarra había ingresado a la municipalidad de Esperanza en el 2015, de la mano del ex intendente Alfredo Gruber, aunque recién fue pasado a planta permanente hace cuatro años.
La salud del trabajador comenzó a deteriorarse con el cambio de gobierno el 10 de diciembre, cuando asumió la intendencia Horacio Zarza e inició un ajuste en la administración pública de la localidad.
“Él estaba con la gestión anterior. Sucedió el cambio de gobierno y comenzaron a cambiarlo de puesto, le notificaron que no iba a cobrar un sueldo entero. Después le largaron de vacaciones y él ya se sentía perseguido, por eso acudió a ayuda médica“, explicó Enzo a LVM.
En esa línea, el hermano del inspector contó que la psiquiatra Ayala, tras diagnosticarlo con estrés y trastorno de adaptación, le recomendó reposo absoluto por 30 días. Al sacar la licencia, el trabajador recibió la totalidad de sus haberes de ese mes.
Para abril, luego de una nueva consulta con la médica especialista, Gamarra volvió a pedir una licencia por 30 días, pero el Ejecutivo municipal le notificó que no percibiría su sueldo.
“Cuando renovó la licencia en abril porque no estaba bien, con la misma psiquiatra, el intendente sacó una resolución que decía que le iba a dar licencia sin goce de haberes, siendo que él estaba en reposo. Entonces hizo una revocatoria y como no le respondieron, pensó que le iban a pagar el sueldo”, continuó contando Enzo.
Sobre el momento en que el estado de salud de Gamarra empeoró, su hermano señaló que fue “cuando vio que no le pagaron, ahí se sintió mal y terminó en el hospital. Él es papá de una beba de 4 años y de un adolescente de 16. Imagínese lo que fue ver que no le depositaron el sueldo”.
La resolución
En ese contexto, por medio de la resolución 247P/24, el Ejecutivo de Puerto Esperanza le comunicó al inspector municipal que contaría con los 30 días de reposo durante el mes de abril, sin goce de haberes, respaldándose en el artículo 2 del Decreto 683/89 de la Ley I 37 (Régimen Jurídico Básico de la Función en la Administración Pública Provincial).
En el documento dirigido al trabajador, la intendencia citó el artículo mencionado, el cual establece que “para el tratamiento de afecciones comunes que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas lesiones e intervenciones quirúrgicas menores, o accidentes acaecidos fuera del servicio, se concederá al agente hasta treinta (30) días corridos de licencia por año calendario en forma continua ó discontinua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, toda licencia que sea necesaria acordar, en el curso del año, por las causas, enunciadas, serán sin goce de haberes”.
Además, en la resolución, el intendente Zarza le señaló al trabajador que ya había usufructuado los 30 días concedidos por cuestiones médicas, ante lo cual consideró “corresponde que esta nueva solicitud de Licencia sea otorgada nuevamente sin goce de haberes”.
A esa medida, el inspector Gamarra respondió con un pedido de revocación, entendiendo que había acreditado a través de su psiquiatra una afección de salud grave, la cual no se encuadraba en el artículo 2 de la Ley ya mencionada, sino en el 5, por el cual debía ser sometido a junta médica para constatar “su evolución clínica” y, en consecuencia, argumentó que sí le correspondía percibir sus haberes al tratarse la licencia psiquiátrica “de un tipo especial de licencia laboral que otorga la ley al trabajador”.
Sin embargo, el Ejecutivo nunca respondió a su solicitud, según confirmó Enzo Gamarra a LVM, quien además señaló que “eso fue lo que provocó que terminara en el hospital y perdiera la vida”.
Además, Enzo relató que una vez que trascendió la noticia del fallecimiento de su hermano durante el fin de semana, al menos 15 municipales que eran sus compañeros “me contaron que están en la misma situación, son perseguidos por el municipio“.
Por último, el familiar adelantó a este medio que iniciarán acciones legales contra el intendente Zarza y la intendencia por “persecución laboral”.
La Voz de la Gente
Posadas: juntaron ramas que dejó la tormenta y la Muni los multó por “poda”

El último miércoles, la Dirección de Inspección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas multó a dos vecinos de la Chacra 235 por “realizar poda y arrojar hojas sobre la vereda y la calle”. En tanto, desde la comisión barrial sostienen que se tratan de las ramas que dejó la última tormenta que azotó la capital provincial el 18 de mayo.
Marta Kachuka, presidenta de la comisión barrial, dialogó con La Voz de Misiones sobre las actas de infracción que labró la comuna a dos residentes de la barriada: “El inspector se presentó aduciendo que los vecinos habían hecho poda, cuando los vecinos juntaron todas las ramas de la última tormenta y amontonaron en una esquina”.
La presidenta de la comisión afirmó que, incluso, ella solicitó en dos oportunidades a la Dirección de Mantenimiento y Embellecimiento Urbano, a cargo de María Elena Ely, que retiren los restos de los árboles caídos del vecindario.
“Desde el 3 de junio le vengo pidiendo que levanten eso, me dijeron que sí y no vino el camión, el 6 de junio le volví a reclamar y me dijeron que no iba a pasar el camión. Ahí le recordé que en la calle 120 y la avenida Zapiola quedaron restos de la tormenta. Ahora, vinieron el miércoles y le multaron a los vecinos porque dicen que hicieron poda”, apuntó Kachuka, quien está frente a la comisión de la Chacra 235 hace nueve años.
A raíz de la infracción a los vecinos, la mujer volvió a comunicarse con la directora municipal, María Ely. “Vuelvo a reclamar y esta señora trae un camión bajo la lluvia a la noche y levanta todas las ramas y ahí es donde le hago un video para que vea que todo el resto era de la última tormenta y que no eran ramas verdes”, contó a LVM.
En esa línea, la presidenta de la comisión barrial acusó al área de intentar “borrar las pruebas” luego de imponer la multa a los dos vecinos que ya fueron enviadas al Tribunal Municipal de Faltas de Posadas.
“Ahora le voy a tener que acompañar a los vecinos al juzgado”, lamentó la vecina en conversación con este medio y cuestionó: “Ellos ni siquiera le intimaron. Porque si algún vecino hace una poda, le deben dar 72 horas para levantar, directamente le multaron”.
Por otro lado, Kachuka comentó que también intentó hablar del tema con el encargado de la Dirección General de Servicios Públicos, Sebastián Betancur, a quien tildó de “maleducado” y “atrevido”.
“Con el señor Betancur no se puede hablar. Te grita, es maleducado, atrevido, no se puede hablar con él. Le reclamé este tema y me gritó, intolerante, me dijo que si se podó es una multa, cuando le estoy diciendo que no fue así y que hay pruebas”, sostuvo la vecina posadeña.
Para cerrar, la presidenta de la comisión barrial señaló: “Es injusto, hay como una persecución a la chacra 235, no se puede dejar un tronquito en la vereda porque te quieren multar, cuando nosotros mismos nos encargamos de mantener limpio el barrio“.
El pasado 18 de mayo, la capital provincial atravesó un fuerte temporal con prolongadas lluvias e intensos vientos que dejó numerosos árboles y postes caídos, voladuras de techos, calles anegadas, interrupción del sistema semafórico, vehículos dañados, y en distintos puntos sin servicio de energía eléctrica.
Ese día, el área de Servicios Públicos de la Municipalidad atendió 150 llamados de emergencia y montó un operativo para atender las demandas de los vecinos posadeños.

La Chacra 235 luego de la tormenta del 18 de mayo.

Acta de infracción que labró la Muni a un vecino.

La Muni retirando las ramas el miércoles por la noche.
La Voz de la Gente
Después del cáncer quedó en la calle y ahora vive en el viejo Madariaga

“Me operé por un cáncer hace dos años. Estoy en situación de calle”, contó Miguel Ángel Vera, un posadeño de 52 años que encontró cobijo hace diez meses en una casilla del antiguo edifico del hospital Madariaga, ubicado en el predio del Parque de la Salud, lugar que lo vio nacer.
En entrevista con La Voz de Misiones, Miguel expuso la situación que atraviesa: “Cuando recibí el alta no sé quién vendió mi casa y de mi madre. Ella murió de la angustia, yo no la podía cuidar más, porque quedé medio desorientado por la operación”.
Por la enfermedad, al vecino del barrio El Porvenir II, los médicos le extirparon por completo el oído derecho, lo que le ocasionó pérdida auditiva unilateral.
“Me extirparon el oído. Se agusanó y me sacaron 60 gusanos de la cabeza. Yo le cuento a la gente y me dicen ‘no puede ser'”, relató Miguel a la cámara de LVM, apoyándose sobre un bastón improvisado frente a la casilla de la antigua edificación en la que vive.
Sobre su día a día en el predio de salud, el hombre narró: “Hoy me levanté a las 4, más o menos. Limpié un poco acá, saqué las raíces, los matorrales. Ya hice todo, sólo me falta lavar un poco de ropa. Ahí- señalando al interior del lugar donde duerme- puse un plástico como puerta porque me roban todas las cosas. Me robaron mi sube, mi documento, mis medicamentos”.
Consultado por este medio en cuanto a su recuperación del cáncer y si continúa con algún tratamiento, Miguel sostuvo que no se está realizando los estudios clínicos para controlar su estado de salud. “Recibí el alta, pero no hice el seguimiento, estoy tomando los medicamentos que me dan gratis con el programa”.
Seguidamente, el posadeño contó que decidió refugiarse en el viejo Madariaga cuando su mamá falleció, el 4 de julio del año pasado, y durante los diez meses que transcurrieron desde entonces la seguridad del lugar le ha pedido que se retire del predio “porque a veces cuando uno tiende mucho la ropa a ellos no le gusta, porque tienen órdenes de los jefes, no le gusta que se vea la pobreza, y quizás tengan razón, no sé, no son malos los policías”.
Por último, Miguel Vera acudió a la solidaridad de los misioneros que quieran ayudarlo debido a la situación en la que se encuentra: “Sinceramente, no tengo donde guardar, pero una o dos mantas, una leche, una azúcar, una yerba, me ayudaría”, cerró.
Finalizada la entrevista con el posadeño, los uniformados de guardia en el Hospital Madariaga explicaron a este medio que las autoridades ubicaron en hogares al posadeño debido a su situación de salud, pese a ello, Miguel regresa a la casilla del antiguo edificio.
Miguel no cuenta con un celular o medio de comunicación, por lo cual, quienes deseen ayudarlo lo pueden encontrar en el predio del Parque de la Salud.
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La Voz de la Gente
Piden intervención para que menores con discapacidad accedan a la Sube

La Fundación Familias TEA Misiones solicitó la intervención “urgente” de la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia tras la denuncia policial de una mamá contra la empresa Servicios Urbanos S.A. (SUSA) por “maltrato” del personal y negarse a emitirle una Sube diferenciada a su hija de 4 años con síndrome de Down.
“Esta nota tiene como finalidad informarle cómo la empresa SUSA está nuevamente vulnerando los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de Posadas”, señala en la misiva la fundación abocada a brindar apoyo, guía y asesoramiento a padres de personas diagnosticadas dentro del espectro autista o con algún miembro con discapacidad, de manera gratuita en toda la provincia.
La reacción de la Fundación se originó con la denuncia de Yésica Quintana, una vecina del barrio Itaembé Guazú que, el martes 15 de abril, concurrió a la oficina de la empresa ubicada en el primer piso del shopping de Posadas, para renovar la tarjeta diferenciada de su hija de 4 años, que venció en noviembre pasado.
En su denuncia, la mujer manifestó que el personal que la atendió se negó a renovarle el plástico a la menor por una “nueva normativa” de la empresa y, tras solicitar un papel donde conste la medida de la empresa para hacer el reclamo correspondiente, llamaron a la Policía y la mamá se tuvo que retirar del edificio junto a sus dos hijos con discapacidad.
Yésica habló con La Voz de Misiones y explicó que, si bien los menores de 5 años no pagan el boleto, en el caso de discapacidad, la Sube es necesaria para poder hacer uso del boleto gratuito para el acompañante o tutor, que les corresponde a las personas que no pueden desenvolverse sin ayuda.
Derecho adquirido
En su carta dirigida al municipio y al Ministerio de Derechos Humanos, la organización que nuclea a cientos de familias señaló que la empresa “no respeta” la Ley N.º 1 (antes decreto Ley 2554/57) que establece en su artículo 18, inciso K, el transporte gratuito para las personas con discapacidad y, en caso de no desenvolverse sin ayuda, para un acompañante o tutor.
Y cuestionó que la compañía Servicios Urbanos S.A. niega la Sube diferenciada destinada a adultos mayores y personas con discapacidad, “alegando que los menores de 5 años no pagan pasaje, yendo en contra del espíritu de la Ley, ya que, en el Certificado Único de Discapacidad (CUD), es la junta evaluadora la que otorga o no el acompañante, independientemente de la edad de la persona”.
Seguidamente, la organización explica que “este derecho adquirido es para que ningún menor con discapacidad esté atado a que sus padres o tutores tengan dinero para el pasaje para poder trasladarse a los establecimientos educacionales, de rehabilitación o de recreación a los que debe concurrir”.
Luego, la Fundación Familias TEA Misiones sostiene que “la nueva directiva de SUSA” comenzó este año, haciendo referencia a que, anteriormente, sí emitían las tarjetas a menores de 5 años y enfatizó que “atenta directamente a los derechos cuando la ley, así como el sentido común, dictaminan lo contrario”.
“Intervención urgente”
Por otro lado, la Fundación Familias TEA Misiones se hizo eco de una reciente publicación en las redes oficiales de Servicios Urbanos S.A. en la cual la empresa desmiente el “maltrato” por parte del personal de su oficina céntrica contra Yésica Quintana -la mamá que denunció- y comunica que “los niños menores de 5 años viajan gratis, por lo cual no es necesario contar con un medio de pago“.
“SUSA ha reconocido esta falta grave por sus redes sociales, desconociendo que cada menor es sujeto de derecho pleno y que son personas individuales con necesidades individuales”, remarcó la fundación.
Por último, la organización manifestó que la compañía “se toma atribuciones contrarias a las leyes provinciales y nacionales, siempre vulnerando a sectores que el Estado debe y está obligado a proteger” y solicitó “la intervención de manera urgente” tanto de la Municipalidad posadeña, como del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, a cargo de la ministra Karina Alejandra Aguirre.
Otros casos
Luego de la denuncia de Yésica Quintana en la Comisaría de la Mujer zona Centro, otras mamás de niños con discapacidad relataron a LVM la misma situación a la hora de tramitar la Sube diferenciada para sus hijos.
El jueves 10 de abril, María se contactó a través del Instagram con SUSA y consultó: “¿Puedo hacer una Sube para un menor de 5 años con discapacidad?”, ya que tenía conocimiento de que los niños viajan gratis, pero desconocía cuál era el sistema que implementaba la empresa para estos usuarios y cómo hacer uso del boleto de acompañante debido a que su hijo de 3 años con autismo accedió al CUD hace “relativamente poco tiempo”, detalló la mamá a este medio.
A ese mensaje, la empresa le respondió: “Buenos días. Por favor acercarse a alguno de nuestros centros de atención con el CUD, la fotocopia del DNI y el original del menor”, por lo que la mamá entendió que sí era posible gestionar el plástico.
Sin embargo, cuando se presentó en la oficina céntrica, la mujer se enteró de que: “Me dijeron que no me podían hacer la tarjeta”, contó y reveló que, además, le mostró a la representante de SUSA la consulta que había hecho a través de la red social: “Cuando le muestro, me sacan el celular y le toman una foto a la conversación sin mi consentimiento y me dicen que la información que me dieron era errónea“.
Para María, la principal preocupación es qué sucede con los usuarios que suben al colectivo acreditando el CUD de sus hijos en caso de accidentes.
“Mi preocupación puntual es porque, para mí, el chico y la persona que le acompaña son personas que no figuran como pasajeros, entonces si hay un accidente, el seguro del transporte no le cubriría, no resguardan al usuario del transporte porque no figura en ningún lado sí pasas con el CUD nomás”, cerró la madre.
Una situación similar, atraviesan Marilina Ibarra y su hijo de 4 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en grado 3.
“En la segunda semana de marzo me acerqué a la oficina de Susa, sucursal shopping, con mi hijo. Me hacen pasar y me informan que no puede acceder a la Sube, ya que es menor de 5 años, entonces les expliqué que en su CUD dice que necesita de un acompañante y me responden que igual no le corresponde el beneficio porque aún viaja sin costo”, relató la mamá a LVM.
Ante esta situación, Ibarra, también vecina de Itaembé Guazú, cada vez que usa el servicio junto a su pequeño abona el pasaje por medio de la aplicación de la empresa, debido a que desconocía que podía hacer uso del boleto gratuito como acompañante al mostrar el CUD del menor al chofer del colectivo.
nota fundacio susa tati

Consulta de María a SUSA vía Instagram.
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