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Audios del Pami: piden peritar teléfonos y levantar secreto bancario

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La causa contra la delegada provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Ninfa Alvarenga, denunciada por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”, avanza en la Justicia Federal local.

Esta semana, la Fiscalía Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, ordenó una serie de diligencias en relación con el expediente relacionado con los audios filtrados, donde se escucha a Alvarenga exigiendo a los miembros de su espacio libertario que habían ingresado al Pami en febrero, la firma de sus renuncias anticipadas y transferencias de dinero de sus salarios en el organismo previsional.

Teléfonos

En concreto, el fiscal Jorge Horacio Campitelli, pidió librar oficios a las operadoras telefónicas Movistar, Personal y Claro, y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para que aporten toda la información relacionada con los celulares de los denunciantes, los ex funcionarios del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández; a la vez, que solicitó un peritaje de los aparatos de ambos por parte de la Gendarmería Nacional.

En este sentido, el fiscal Campitelli, especificó que el peritaje de los teléfonos debía enfocarse en las comunicaciones establecidas con el número atribuido a Alvarenga, entre los meses de febrero y julio.

“Se requiere documentar cronológicamente estas comunicaciones, que incluyen mensajes de WhatsApp, Messenger, SMS, entre otros medios”, puntualiza el requerimiento fiscal al que tuvo acceso La Voz de Misiones.

“Se deben identificar y adjuntar capturas de pantalla, transcripciones de audios y cualquier otro elemento relevante”, reza el oficio y precisa: “El análisis debe enfocarse en conversaciones relacionadas con solicitudes de dinero, amenazas, intimidaciones de despidos y discusiones sobre la elaboración de renuncias”.

Mercado Pago

Campitelli, pidió también un oficio judicial a Mercado Pago, para que informe, entre otros datos, todas las transferencias de dinero realizadas entre febrero y julio por los denunciantes, la encausada Alvarenga y sus lugartenientes en el Pami, Julio Cesar Peralta y Maximiliano Valenzuela.

Asimismo, el fiscal federal, solicitó que se requiera a la Secretaría Electoral de Misiones información sobre el estatus legal de los partidos de Alvarenga, el Partido Libertario, del que fue expulsada en abril, y La Libertad Avanza, que se encuentra en trámite de reconocimiento político.

Además, Campitelli, pidió que se solicite al Pami un informe de la situación en el organismo de Alvarenga, Peralta y Valenzuela, y las resoluciones de la desvinculación de los denunciantes Zacarías y Fernández, y del que fuera titular hasta la asunción de la libertaria, el médico Paulo César Zárate Ninamango.

También, solicitó que se requiera al equipo forense de la Agrupación VI “Misiones” de Gendarmería Nacional, la descarga de los audios publicados por LVM y replicados por el medio porteño El Destape, y la transcripción textual de su contenido.

Igualmente, encomienda al personal del Ministerio Público Federal “una búsqueda exhaustiva en internet de las noticias que han sido acompañadas por los denunciantes, así como cualquier nueva información relacionada con los hechos declarados, y las resoluciones de designación y destitución, tanto de los denunciantes como de los denunciados”.

Finalmente, el fiscal Campitelli, solicita al Juzgado Federal ordenar el levantamiento del secreto bancario para acceder a la información financiera y los movimientos de dinero de todos los involucrados en el expediente.

La denuncia

La presentación judicial se hizo la semana pasada y en el relatorio de los hechos, los denunciantes Zacarías y Fernández señalaron que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que, en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.

Según el escrito al que accedió LVM, ambos relataron al fiscal que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.

“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.

“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.

La filtración

La publicación de LVM sobre los audios filtrados de la delegada provincial del Pami, explotó a nivel nacional y fue reproducida por medios digitales de todo el país.

Alvarenga, reconoció después, en una entrevista con un medio misionero, la existencia de la conversación con Sixto Fernández, ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, aunque lo acusó de haber manipulado la grabación.

Asimismo, la dirigente libertaria, justificó las transferencias monetarias de las que hablan los denunciantes y evitó hablar de la firma de renuncias anticipadas de los miembros de su espacio político que ocupaban puestos en el organismo previsional, que menciona en la conversación.

En la misma entrevista, anunció que había denunciado a Fernández por la filtración de los audios y a LVM por haberlos publicado.

La Fiscalía Federal de Posadas, donde se tramita la causa contra la delegada del Pami Misiones.

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, dispuso el cese de la prisión preventiva para el ex policía Horacio Elías Coutto, quien en horas del mediodía recuperó la libertad, aunque sigue supeditado al expediente judicial que lo investiga junto a otros siete ex uniformados por “intento de sedición” y “conspiración”.

Minutos antes de las 13 de este martes, Coutto cruzó las barreras de la Unidad Penal VII de Puerto Rico para fundirse en un abrazo con sus familiares y amigos, que lo esperaban a las afueras del predio para regresar a su hogar luego de los diez meses que permaneció detenido.

“Estoy muy contento, muy feliz de poder recuperar mi libertad. Quiero dar gracias, primeramente, a Dios que me acompañó en este momento difícil, nunca me soltó la mano; a mi familia que siempre estuvieron; a mis amigos que se tomaron el tiempo de venir a visitarme; a todos los amigos que me hice; y a la gente que colaboró con nuestra familia en esta situación que estábamos pasando”, fueron las primeras palabras de Coutto tras recuperar su libertad frente a la unidad penitenciaria.

El ex policía también agradeció a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) “que me atendieron muy bien, excelentes personas, la verdad que no tengo ninguna queja, nos cuidaron perfectamente”.

En esa línea, Coutto le dedicó unas palabras de agradecimiento al ex vocero policial y diputado provincial electo, Ramón Amarilla, el primero de los ocho ex uniformados detenidos por esta causa en recuperar su libertad el pasado 13 de junio.

“Quiero agradecer a Ramón Amarilla, quien desde el momento en que recuperó la libertad se puso en compromiso con nosotros, con nuestras familias, nos dio tranquilidad y esperanza”, manifestó el ex uniformado.

Por último, dejó un mensaje a las autoridades provinciales: “A los poderosos les digo que escuchen a la gente, que escuchen a los misioneros, que no crean ingenuamente, que unos simples barrotes o unos muros pueden callar la voluntad de un pueblo que lucha por la justicia, por la verdad y la dignidad”.

Con Ramón Amarilla, Horacio Elías Coutto y Joaquín Orrego, son tres los ex policías que recuperaron su libertad, pero siguen siendo investigados en la causa que inició la Justicia de Misiones tras descubrirse el grupo de WhatsApp “Solo Cola”, en el que los uniformados destituidos de la fuerza provincial habrían planificado un supuesto plan con diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.

Por lo tanto, mientras dure la instrucción de la causa, los ex efectivos policiales tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez al mes en la comisaría con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de acreditar su permanencia en la provincia.

Quienes quedan detenidos por la misma causa son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa y Adolfo Guirula.

Dispusieron la liberación de otro ex policía acusado por intento de sedición

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Condena de 23 años para acusado de asesinar a un colono en San Javier

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este viernes a 23 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Porteño” Sosa por el homicidio del colono Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones efectuadas a su esposa Orestini Cerri, que sobrevivió a pesar de las graves heridas sufridas, en un hecho ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier.

El caso se ventiló en debate oral durante tres jornadas y Sosa fue declarado coautor de los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real”.

El fallo coincidió en parte con lo solicitado por el fiscal David Milicich, quien en sus alegatos dio por probada la participación del imputado en el crimen de Escarvadofski y solicitó que se lo condene a 35 años de cárcel.

La defensa de Sosa, por su parte, había pedido su absolución al considerar que no había suficientes pruebas en su contra. El propio acusado además declaró en la segunda jornada del debate y se declaró inocente.

Yo no soy un asesino, no soy un delincuente. Tienen a la persona equivocada. Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, fueron las palabras de Sosa, quien además denunció haber recibido apremios y aprietes tras ser detenido un año después del hecho en Buenos Aires.

El asesinato de Escarvadofski ocurrió cerca de las 18 del 4 de abril del 2017 en el paraje Santa Irene, donde tenía su chacra.

Ese día, el tiempo estuvo muy feo, debido a la gran cantidad de lluvia que había caído en el Alto Uruguay. Escarvadofski y Cerri estacionaron su Chevrolet Corsa en el garaje y, en esa instancia, notaron que habían dos personas fuera del terreno, en la esquina.

El hombre fue a ver qué querían y a poner el candado al cerco de la casa, que nunca traspuso. Su mujer, en tanto, se fue para adentro de la vivienda.

Allí recibió varios disparos que lo dejaron malherido y terminó muriendo en los brazos de su mujer, que salió a ver qué pasaba al escuchar las detonaciones.

Según dijo, los hombres le pidieron que abra la casa, ella se negó y terminó recibiendo dos impactos de bala. Allí se trenzó en una pelea y tras golpear en la entrepierna a uno de los agresores, salió a la calle a pedir ayuda. Los sujetos aprovecharon para escapar en el vehículo de la pareja, que fue hallado al día siguiente.

Para el fiscal Milicich, Sosa fue uno de los atacantes que participaron aquel día, aunque también consideró que el blanco en realidad era uno de los hijos de la pareja.

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El STJ recalificó el caso Bernhardt como femicidio y dictó perpetua a Vargas

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) recalificó como femicidio el crimen de Antonella Rocío Bernhardt (27), joven obereña que fue golpeada y asesinada de un puntazo en su departamento del barrio El Brete en 2019, y condenó a prisión perpetua al fotógrafo Cristian Daniel Vargas (35), quien en primera instancia había recibido 20 años de cárcel como autor de homicidio simple tras un juicio oral desarrollado ante en el Tribunal Penal Uno de Posadas. 

La revisión por parte del máximo órgano judicial de la provincia se dio a partir de los recursos de casación presentados tanto por el fiscal Martín Alejandro Rau como por el abogado querellante Mauricio Fausto Vergara, quienes cuestionaron el fallo emitido el 13 de noviembre de 2023 por los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Ángel Dejesús Cardozo (ya jubilado).

Ambas partes buscaban revertir el dictamen al considerar que el caso configuró un homicidio agravado por femicidio, para el cual correspondía una pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de cárcel efectiva, cifra considerablemente superior a los 20 años aplicados en contra del fotógrafo Vargas.

El fotógrafo Cristian Vargas adujo que el crimen se produjo en forma accidental tras una discusión.

En sus presentaciones, ambos profesionales coincidieron al sopesar que el asesinato de Antonella se dio en el marco de un contexto de violencia de género que avalaba la aplicación de la normativa que contempla el femicidio, mientras que el fiscal Rau además solicitó que también se tenga en cuenta la alevosía como factor agravante.

Los dos recurrentes esgrimieron agravios similares. El fiscal Rau apuntó que en su sentencia el TP Uno realizó un “razonamiento probatorio parcial, sesgado, segmentado y desprovisto de perspectiva de género”, con “argumentos forzados” y con una “línea argumental viciada”.

La querella, por su parte, agregó que los jueces efectuaron una “incorrecta interpretación de la relación entre la víctima y el imputado” al descartar la condición de “vulnerabilidad” y “desigualdad” en que se encontraba Antonella ante Vargas.

Perspectiva de género

El primero en analizar los planteos fue el camarista Juan Manuel Díaz, que en su voto coincidió en varios puntos con los recurrentes y señaló “yerros” por parte de los magistrados del tribunal que dictó sentencia.

Díaz repasó que el TP Uno descartó la figura de femicidio al entender que no se logró acreditar un contexto de violencia de género que rodeara el hecho, utilizando como argumento que ambos implicados mantenían una relación laboral de poco tiempo y que el vínculo no se extendía a otros ámbitos como, por ejemplo, el amoroso; ni tampoco advirtieron elementos que den cuenta sobre factores de desigualdad, discriminación o dominación como alegaron las partes. 

Díaz opinó todo lo contrario. En la resolución de 81 páginas, firmada el 19 de junio y a la que La Voz de Misiones tuvo acceso, el camarista adelanta: “Es factible advertir elementos e indicadores que configuran la existencia de una relación caracterizada por la desigualdad, en el marco de una relación de subordinación y poder entre víctima y victimario, elementos estos que no fueron valorados debidamente por el tribunal de juicio”.

Las partes en el juicio: Vergara (sentado), Rau y el defensor oficial Mario Ramírez.

El magistrado del STJ además califica como un “yerro” la apreciación del TP Uno en ese punto y responde: “La jurisprudencia ha manifestado en reiteradas oportunidades que es irrelevante que el agresor integre o no una relación interpersonal con la víctima, el tiempo de duración de la misma si existiere o que ocurra la violencia en el ámbito privado o público, sino que lo trascendente es que el hombre se posicione respecto de la mujer en un binomio superior/inferior, tratándola con violencia física, psicológica o sexual, entre otras, por su género”.

También ponderó las argumentaciones esgrimidas por el fiscal Rau al momento de su alegato en el juicio y se hizo dueño de sus palabras para marcar que Antonella Bernhardt se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante Vargas, ya que se trataba de una joven obereña que atravesaba en una difícil situación económica y buscaba, casi con desesperación, un trabajo para no depender de nadie.

Sobre esa cuestión, Díaz concluye: “Todos estos factores, independientemente de lo reciente que fuera vínculo entre ambos, sin lugar a dudas ubican a la víctima y victimario en una relación que dista de igualdad, más bien los ubica en una relación de poder -por parte de Vargas- y de subordinación -por parte de Antonella-”.

El camarista también ponderó la pericia psicológica efectuada a Vargas, donde se concluye que en el fotógrafo se advierten “conductas de control y celos”, con tendencia a ubicar a la mujer en un rango inferior al del hombre, mencionándola como un mero “complemento”.

Bajo esas y otras premisas, Díaz le dio la razón a los recurrentes Rau y Vergara al considerar que hubo una “errónea aplicación de la normativa” y opinó que lo correcto era encuadrar el caso como femicidio -rechazó la alevosía-, lo que equivale a modificar la sentencia y aplicar al condenado la pena de prisión perpetua.

Los demás miembros del STJ, Cristian Marcelo Benítez, Cristina Irene Leiva, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz Velázquez, se plegaron al voto de inicial, imponiéndose a Froilán Zarza y Rossana Pía Venchiarutti Sartori, quienes consideraron que lo correcto era mantener el fallo emitido por el TP Uno.

Los jueces del tribunal en el juicio: Cardozo (jubilado), Cukla y Bernie.

El caso

No es el primer cambio de calificación que atraviesa la causa. Ya en la etapa de instrucción, el magistrado Fernando Verón caratuló el hecho como homicidio simple, aunque luego la Cámara de Apelaciones la pasó a femicidio y bajo esa acusación Vargas llegó a juicio, donde la decisión final volvió a quitar el agravante que elevaba la expectativa de pena a perpetua.

El hecho se registró el 4 de abril de 2019, entre las 13 y las 13.30, dentro del departamento 1° A de un inquilinato ubicado sobre la calle Comandante Miño 980 del barrio El Brete de Posadas.

Según la hipótesis acusatoria, Vargas contactó a la víctima a través de redes sociales y le ofreció realizar sesiones de fotos a cambio de dinero ($1.500 con desnudos). Una de ellas se concretó, pero el acusado nunca pagó y en el segundo encuentro se produjo el desenlace mortal, luego de una discusión generada por el reclamo del dinero que nunca fue abonado.

Vecinas de la joven narraron que ese mediodía oyeron golpes, ruidos de “objetos cayendo al suelo” y a través de las endebles paredes divisorias también escucharon “gritos ahogados, como de alguien a quien le tapan la boca mientras grita”.

Los testimonios parecían un adelanto de lo que luego iba a certificar la autopsia, dado que el examen forense concluyó que Antonella presentaba golpes en la cabeza y signos de compresión en el cuello, además de la lesión mortal: un puntazo de cuchillo tipo tramontina que le perforó la tráquea.

Antonella Bernhardt tenía 27 años, era de Oberá y tenía una hermana melliza.

Ante el escándalo que provenía del departamento, las vecinas y la dueña del inquilinato acudieron en auxilio de Antonella, topándose con Vargas dentro del inmueble, a quien filmaron retirándose de la escena del hecho mientras simulaba una conservación con la víctima.

El caso llegó a juicio el 6 de noviembre de 2023 y se extendió durante varios días en el SUM del Palacio de Justicia. En el proceso declararon familiares y vecinos de la víctima, como así también efectivos policiales, peritos y profesionales en medicina.

En su declaración, el fotógrafo Vargas, que también se dedicaba a vender servicios de catering para la familia de su ex esposa, mantuvo su teoría defensiva, al aducir que él fue extorsionado con un video sexual y que el cuchillo se clavó en la garganta de Antonella de manera accidental durante un forcejeo mantenido con la joven.

El fotógrafo agregó que, en determinado momento, alcanzó a tomar el celular de la joven y su intención era romperlo, instancia en la que “ella se desesperó y agarró un cuchillo. Yo ahí le dos ‘tapes’ para que deje de gritar. Después avanzó de nuevo con el cuchillo contra mí y pasó todo. Cuando le quiero sacar el cuchillo, la traigo hacia mí con fuerza y le entra el cuchillo en la garganta”, fueron sus palabras.

FOTOS: MARCOS OTAÑO.

Caso Antonella: para el tribunal no hubo pruebas certeras de violencia de género

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