El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguazú para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este miércoles y su prorrogación depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, contra quien la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.

En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, dialogó con La Voz de Misiones, charla en la que alertó sobre la situación y expuso las consecuencias que acarrearía la caída de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni más ni menos, que con Hezbollah. 

Ezeyza asumió en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gestión que encara el presidente del organismo, Ignacio Martín Yacobucci, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes.

La situación no es para menos. Se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.

“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave”, describió Ezeyza.

A partir de ahí, se adentró en el expediente en cuestión. El funcionario indicó que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento administrativo y en 2018 se dictó el congelamiento judicial, disposición que desde allí es prorrogada periódicamente.

Justamente, esos plazos vencen mañana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perderían vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podrán volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos, como así también podrán volver a operar en el sistema financiero argentino. La prórroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha límite y pidieron mayores acciones.

“Con lo que yo me topo cuando entro es que había un montón de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanzó en una causa que ya se inició en 2015. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue después de eso que recurrimos al recurso de queja”, repasó Ezeyza.

Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a “dar curso a lo solicitado” con “la premura que el caso amerita”, principalmente en lo relacionado a la prórroga del congelamiento de bienes y al pedido de informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

“No sé si todos dimensionan la gravedad que representa este caso. Una prórroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no estén vigentes”, resumió.

Independientemente de ello, la situación también puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación políticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los evaluadores estuvieron en el país en marzo y los resultados del relevamiento recién se publicarán en octubre, ante lo cual un hipotético vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podría repercutir de manera negativa en la calificación final.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

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