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Funcionario de UIF sobre Clan Barakat: “El caso representa gravedad”

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Clan Barakat UIF

El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguazú para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este miércoles y su prorrogación depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, contra quien la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.

En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, dialogó con La Voz de Misiones, charla en la que alertó sobre la situación y expuso las consecuencias que acarrearía la caída de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni más ni menos, que con Hezbollah. 

Ezeyza asumió en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gestión que encara el presidente del organismo, Ignacio Martín Yacobucci, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes.

La situación no es para menos. Se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.

“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave”, describió Ezeyza.

A partir de ahí, se adentró en el expediente en cuestión. El funcionario indicó que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento administrativo y en 2018 se dictó el congelamiento judicial, disposición que desde allí es prorrogada periódicamente.

Justamente, esos plazos vencen mañana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perderían vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podrán volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos, como así también podrán volver a operar en el sistema financiero argentino. La prórroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha límite y pidieron mayores acciones.

“Con lo que yo me topo cuando entro es que había un montón de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanzó en una causa que ya se inició en 2015. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue después de eso que recurrimos al recurso de queja”, repasó Ezeyza.

Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a “dar curso a lo solicitado” con “la premura que el caso amerita”, principalmente en lo relacionado a la prórroga del congelamiento de bienes y al pedido de informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

No sé si todos dimensionan la gravedad que representa este caso. Una prórroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no estén vigentes”, resumió.

Independientemente de ello, la situación también puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación políticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los evaluadores estuvieron en el país en marzo y los resultados del relevamiento recién se publicarán en octubre, ante lo cual un hipotético vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podría repercutir de manera negativa en la calificación final.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.


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Panadero fue condenado a 7 años de prisión por traficar 72 kilos de cocaína

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cocaína azara

Un panadero oriundo de Campo Ramón fue condenado a más de 7 años de prisión por transportar 72 kilogramos de cocaína en un automóvil que fue interceptado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un procedimiento realizado el año pasado en Azara.

El implicado se trata de Horacio Alberto Pereyra (31), quien recientemente admitió su responsabilidad en el hecho y firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a la pena de 7 años y 6 meses de prisión como autor del delito de “transporte de estupefacientes”.

El convenio fue alcanzado en acuerdo con la fiscal Vivian Barbosa y tras su homologación fue transformado en sentencia por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

El hecho que llevó a la prisión a Pereyra se registró durante la noche del 28 de julio del año pasado, durante un procedimiento de la GNA en cercanías al puesto de ATM en la localidad de Azara.

Según se reconstruyó en la sentencia, esa noche los uniformados federales observaron una Chevrolet Traker LTZ estacionada en el semáforo de la avenida colectara y se acercaron para realizar un control documentológico.

En esa instancia, constataron que el vehículo era conducido por Pereyra pero también notaron anomalías en el sector trasero del rodado, principalmente vestigios de pintura fresca y añadidos metálicos, además de que la rueda de auxilio no encastraba normalmente.

Ante la sospecha de un ilícito el vehículo fue trasladado a la sección San José de la GNA, donde mediante el uso de un escáner confirmaron que en el sector del baúl había un doble fondo donde se transportaban varios bultos.

Lo siguiente fue el desarme del automóvil, instancia en la hallaron más de 72,655 kilogramos de pasta base de cocaína distribuida en diferentes panes ocultos debajo de los asientos traseros y dentro del torpedo.

Tras el procedimiento, Pereyra quedó detenido por infracción a Ley 27.737 de Estupefacientes y desde ese día permanece alojado en la cárcel de Loreto. Ahora resolvió su situación procesal firmando un juicio abreviado en el que se reconoció culpable y tendrá que purgar su pena.


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Ex piloto obereño se confesó narco: “Asumo la culpa y pido disculpas”

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“Asumo la culpa y la responsabilidad. Pido disculpas por los hechos cometidos”. La confesión del ex piloto obereño José Alberto Mrakava (52) hizo que la segunda audiencia del juicio oral en su contra por organizar y financiar maniobras de narcotráfico vuelva a durar tan solo unos minutos y se reduzca al cumplimiento de las formalidades previstas para el proceso, dado que las partes hasta decidieron desistir de los testigos.

El imputado pasó ante el estrado del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas esta mañana para la toma de sus datos filiatorios y al momento de declarar admitió su responsabilidad, un repentino cambio de estrategia defensiva teniendo en cuenta que llegó a esta instancia tras rechazar un acuerdo de juicio abreviado.

A partir de ahí, la audiencia solo se limitó a cumplir formalidades de procedimiento, por ejemplo, la exhibición de todos los elementos incautados en el expediente: celulares, notebook’s, máquina contadora de billetes, documentaciones, patentes, sellos, cuadernos de anotaciones y CD’s.

Culminado el acto, tanto la fiscal Vivian Barbosa como la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan Grimberg, desistieron de los testigos ofrecidos por ambas partes y, en consecuencia, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira dispuso el cierre de la etapa de incorporación de pruebas.

De esta manera, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, jornada prevista para la realización de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones.

Con la confesión de Mrakava, su condena es un hecho y la expectativa solo se centra en el monto de pena a cumplir en prisión que solicitará la fiscalía. Sus consortes de causa, José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, también se reconocieron culpables pero mediante la vía de un juicio abreviado, sin la exposición pública que significa un debate oral.

Mrakava frente a una máquina contadora de billetes incautada en su casa.

Los hechos admitidos

El obereño está imputado por los delitos de “organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.

Al implicado se lo acusa -y ahora admitió su culpabilidad- de gestionar todos los medios necesarios para concretar operaciones de tráfico de estupefacientes, tareas que iban desde conseguir la marihuana proveniente de Paraguay hasta facilitar lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes.

La investigación en su contra comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior, aunque a la banda completa se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas.

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

El ex piloto obereño volvió a su celda en la Colonia Penal 17 del SPF en Candelaria.


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Comenzó el juicio contra José Mrakava, ex piloto acusado de narcotraficante

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Mrakava

Este jueves comenzó el debate oral contra José Alberto Mrakava (52), ex piloto y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico, aunque la audiencia de hoy solo se limitó a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, en tanto que mañana está previsto el inicio de la etapa de incorporación de pruebas.

Mrakava está acusado de integrar una banda dedicada a orquestar maniobras de tráfico de marihuana desde Misiones a diversas partes del país, en complicidad con José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, aunque los otros dos imputados se acogieron a un juicio abreviado.

Es por ello que el obereño hoy es el único que ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, recinto al cual llegó minutos antes de las 8.30 bajo custodia de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo trasladaron desde la Colonia Penal Federal 17 de Candelaria, donde se encuentra detenido hace más de un año.

El imputado es defendido por un buffet de letrados encabezados por Juan Grimberg, quien también fue abogado de Julio Diego Torales, ex policía bonaerense condenado por torturas impartidas contra Luciano Arruga cuatro meses antes de su desaparición en 2009 en Buenos Aires.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene la fiscal Vivian Barbosa, mientras que el tribunal está integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira -presidente-, Fabián Cardozo y Enrique Bosch, este último en carácter de subrogante y presente de manera telemática desde su despacho en Resistencia, Chaco.

La jornada de hoy consistió en la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la fiscal federal de Oberá Viviana Vallejos, documento en el cual se plasma la acusación formal.

Con el secuestro de este camión con seis toneladas de marihuana comenzó la investigación en 2018.

Organización y financiamiento

De allí se desprende que, de acuerdo a los elementos de prueba recolectados en el expediente, para la Justicia hay suficiente certeza como para establecer que Mrakava organizaba y además financiaba maniobras de narcotráfico, tareas que iban desde conseguir los estupefacientes provenientes de Paraguay hasta conseguir lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes. 

En el mismo documento reconstruyen que la investigación contra el obereño comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior. A la banda se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas. 

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones. 

En el allanamiento a la casa de Mrakava en 2019 la Policía halló más de 300.000 dólares y siete armas de fuego.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

Por cuestiones de agenda, el tribunal decidió esta mañana disponer de un cuarto intermedio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la audiencia continuará mañana, a partir de las 8.30.

Se prevé que en primera instancia se le otorgue al imputado la posibilidad de brindar declaración indagatoria y luego iniciaría el desfile de testigos convocados por las partes.


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