Judiciales
Pista Chile: la hipótesis del reclutamiento de inteligencia al hacker misionero
Avanza la causa contra el hacker misionero que confesó haber sido el responsable de acceder al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, entre otros funcionarios y jueces.
Mientras se aguarda una definición de competencia respecto al envío del expediente a Comodoro Py, de lo recolectado hasta el momento se desprende un dato y una hipótesis que podrían conducir al cerebro de la operación.
El apuntado es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien aparece imputado en la causa junto a su padre, su padre, Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino, todos de la localidad Eldorado, aunque el joven asegura que actuó solo.
El muchacho admitió que, mediante un ataque conocido como “sim-swap”, logró tomar el control de la línea telefónica de D’Alessandro y, tras sortear una trivia de preguntas gracias a información personal obtenida en una base de datos llamada Nosis, solicitó un cambio no autorizado del chip del funcionario bonaerense, lo cual desembocó en el acceso a su mensajería privada.
Ese contenido luego fue espiado y difundido, lo que derivó en el escándalo de Lago Escondido, donde se exhibieron conversaciones en las cuales el ministro porteño, junto a jueces y fiscales, organizaban cómo encubrir un “viaje secreto” del grupo a la mansión del magnate británico Joe Lewis en la provincia de Río Negro.
Tras ser individualizado, Nuñes Pinheiro declaró dos veces ante la Justicia porteña, instancia en la que confesó cómo comenzó con la actividad llamada “recupero de líneas” y cómo fue el proceso de hackeo a D’Alessandro y más de un decena de otros “objetivos”, entre los que también aparecen jueces federales que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad.
Sin embargo, el joven misionero, que solicitó encuadrarse en la figura del “arrepentido”, aseguró que en ningún momento accedió a la mensajería de los objetivos solicitados, sino que sólo envió los “códigos de recuperación” al contacto de Telegram que le encargó los trabajos.
Según fuentes consultadas por La Voz de Misiones, luego de la incorporación de nuevos elementos periciales, es allí donde ahora aparece una pista que conduce a Chile y hace sospechar que el joven fue blanco de una inteligencia de reclutamiento previa para asegurarse que era el “hacker” ideal para llevar adelante la operación.
Es que fuentes con acceso al expediente señalaron que el ingreso a los chats de la polémica quedó registrado en un IMEI radicado en Chile, a donde el padre de Nuñes Pinheiro viajaba asiduamente por razones laborales desarrolladas para la metalúrgica Techint.
En ese contexto, una línea investigativa traza la teoría de que los Nuñes Pinheiro pudieron haber sido víctimas de una operación de inteligencia previa para determinar que Ezequiel era “apto” para el trabajo solicitado. Pero además, la misma hipótesis plantea que los viajes de su progenitor al país trasandino podían cumplir dos objetivos: desviar la pesquisa y armar una historia que deje “pegada” a la familia sin complicar al cerebro detrás del ardid.
Sobre ese “cerebro”, sospechan que podría ser un equipo de inteligencia, ya sea en actividad o con pasado en los servicios, que se infiltra en grupos de Telegram para reclutar hackers que cumplan los objetivos y pasar desapercibidos.
El usuario que contactó a Nuñes Pinheiro para este “laburo”, que recibía la información solicitada y que pagaba por adelantado, se llamaba “ElJuanxd”, pero hasta ahora no pudo ser identificado.
El hackeo a Santilli, de nuevo en la mira
La última semana, la Justicia Federal citó a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro a una nueva declaración indagatoria, esta vez, en el marco de la investigación por el hackeo que sufrió el diputado nacional Diego Santilli.
El joven fue convocado por la jueza federal María Servini para someterse a una declaración indagatoria el próximo lunes 8 de mayo. La cita está prevista para las 12.30 en la sede del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Uno de Comodoro Py.
En paralelo a la causa D’Alessandro, la magistrada venía de investigar desde fines del año pasado el hackeo a Santilli. Nuñes Pinheiro había declarado como testigo, pero el expediente CFP 3957/2022, por el cual lo citaron para el lunes, fue archivado a principios de enero de este año.
Pero ahora, un escrito judicial al que accedió sostiene que “al encontrar motivo suficiente para sospechar que el hacker misionero habría participado en la comisión de un delito, dispongo la convocatoria para que preste declaración indagatoria”, publicó el diario Perfil.
En la citación, que llegó a su casa en la Capital del Trabajo, la jueza le pidió que informe, en el plazo de 48 horas, si desea mantener a los mismos abogados que lo defienden en la causa iniciada en la Justicia porteña. Por su parte, los defensores ya anunciaron que se presentarán el lunes.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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