Judiciales
Pista Chile: la hipótesis del reclutamiento de inteligencia al hacker misionero
Avanza la causa contra el hacker misionero que confesó haber sido el responsable de acceder al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, entre otros funcionarios y jueces.
Mientras se aguarda una definición de competencia respecto al envío del expediente a Comodoro Py, de lo recolectado hasta el momento se desprende un dato y una hipótesis que podrían conducir al cerebro de la operación.
El apuntado es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien aparece imputado en la causa junto a su padre, su padre, Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino, todos de la localidad Eldorado, aunque el joven asegura que actuó solo.
El muchacho admitió que, mediante un ataque conocido como “sim-swap”, logró tomar el control de la línea telefónica de D’Alessandro y, tras sortear una trivia de preguntas gracias a información personal obtenida en una base de datos llamada Nosis, solicitó un cambio no autorizado del chip del funcionario bonaerense, lo cual desembocó en el acceso a su mensajería privada.
Ese contenido luego fue espiado y difundido, lo que derivó en el escándalo de Lago Escondido, donde se exhibieron conversaciones en las cuales el ministro porteño, junto a jueces y fiscales, organizaban cómo encubrir un “viaje secreto” del grupo a la mansión del magnate británico Joe Lewis en la provincia de Río Negro.
Tras ser individualizado, Nuñes Pinheiro declaró dos veces ante la Justicia porteña, instancia en la que confesó cómo comenzó con la actividad llamada “recupero de líneas” y cómo fue el proceso de hackeo a D’Alessandro y más de un decena de otros “objetivos”, entre los que también aparecen jueces federales que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad.
Sin embargo, el joven misionero, que solicitó encuadrarse en la figura del “arrepentido”, aseguró que en ningún momento accedió a la mensajería de los objetivos solicitados, sino que sólo envió los “códigos de recuperación” al contacto de Telegram que le encargó los trabajos.
Según fuentes consultadas por La Voz de Misiones, luego de la incorporación de nuevos elementos periciales, es allí donde ahora aparece una pista que conduce a Chile y hace sospechar que el joven fue blanco de una inteligencia de reclutamiento previa para asegurarse que era el “hacker” ideal para llevar adelante la operación.
Es que fuentes con acceso al expediente señalaron que el ingreso a los chats de la polémica quedó registrado en un IMEI radicado en Chile, a donde el padre de Nuñes Pinheiro viajaba asiduamente por razones laborales desarrolladas para la metalúrgica Techint.
En ese contexto, una línea investigativa traza la teoría de que los Nuñes Pinheiro pudieron haber sido víctimas de una operación de inteligencia previa para determinar que Ezequiel era “apto” para el trabajo solicitado. Pero además, la misma hipótesis plantea que los viajes de su progenitor al país trasandino podían cumplir dos objetivos: desviar la pesquisa y armar una historia que deje “pegada” a la familia sin complicar al cerebro detrás del ardid.
Sobre ese “cerebro”, sospechan que podría ser un equipo de inteligencia, ya sea en actividad o con pasado en los servicios, que se infiltra en grupos de Telegram para reclutar hackers que cumplan los objetivos y pasar desapercibidos.
El usuario que contactó a Nuñes Pinheiro para este “laburo”, que recibía la información solicitada y que pagaba por adelantado, se llamaba “ElJuanxd”, pero hasta ahora no pudo ser identificado.
El hackeo a Santilli, de nuevo en la mira
La última semana, la Justicia Federal citó a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro a una nueva declaración indagatoria, esta vez, en el marco de la investigación por el hackeo que sufrió el diputado nacional Diego Santilli.
El joven fue convocado por la jueza federal María Servini para someterse a una declaración indagatoria el próximo lunes 8 de mayo. La cita está prevista para las 12.30 en la sede del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Uno de Comodoro Py.
En paralelo a la causa D’Alessandro, la magistrada venía de investigar desde fines del año pasado el hackeo a Santilli. Nuñes Pinheiro había declarado como testigo, pero el expediente CFP 3957/2022, por el cual lo citaron para el lunes, fue archivado a principios de enero de este año.
Pero ahora, un escrito judicial al que accedió sostiene que “al encontrar motivo suficiente para sospechar que el hacker misionero habría participado en la comisión de un delito, dispongo la convocatoria para que preste declaración indagatoria”, publicó el diario Perfil.
En la citación, que llegó a su casa en la Capital del Trabajo, la jueza le pidió que informe, en el plazo de 48 horas, si desea mantener a los mismos abogados que lo defienden en la causa iniciada en la Justicia porteña. Por su parte, los defensores ya anunciaron que se presentarán el lunes.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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