Judiciales
Hacker misionero reclama custodia y pide convertirse en “arrepentido”
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que confesó el ataque al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, y a varios jueces, reclamó este miércoles la custodia que la jueza María Araceli Martínez había ordenado hace diez días y pidió encuadrarse en la figura del arrepentido, establecida en la Ley 27.304.
El joven, que declaró ya dos veces, aseguró, en su última indagatoria, que la persona que lo contactó para hackear las líneas del ahora ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, varios jueces y el diputado nacional del PRO Diego Santilli, le pagó por adelantado.
Nuñes Pinheiro reconoció un pago de $46.000 por “tres objetivos”, fechado el 17 de octubre de 2022 y que figura en un listado de transferencias de la billetera Lemon.
Contó que prendió fuego su teléfono y lo arrojó al río Paraná, pero que cuando lo hizo las conversaciones de Telegram con el contacto que lo contrató ya se habían borrado.
Luego de esa declaración, la fiscal Daniela Dupuy pidió que se dispongan medidas para protegerlo, por lo que, horas después, la jueza Martínez exhortó al juez de instrucción de Eldorado para asigne custodia a Nuñes Pinheiro.
Ahora, la defensa del hacker misionero pidió que su cliente sea encuadrado en los términos de la “ley del arrepentido”, que permite reducir la pena de quienes aportan información útil a la causa que se investiga.
“Ha quedado demostrado a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración a través de ambas declaraciones indagatorias, entendemos que corresponde dar tratamiento en forma especial teniendo en cuenta sus condiciones personales a fin de que pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 del Código Penal, y la Ley del Arrepentido (Ley 27.304)”, pidieron los abogados de Núñes Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, según publicó el diario porteño Infobae.
La Ley 27.304, promulgada en diciembre de 2016 y conocida como “ley del arrepentido”, regula la posibilidad de que una persona que cometió un delito aporte datos relevantes para el avance de una investigación a cambio de obtener ciertos beneficios sobre la pena que pudiera corresponderle.
La defensa de Núñes Pinheiro descuenta que la jueza Martínez haga lugar al pedido, por cuanto en su exhorto al juez de Eldorado pidiendo protección para el hacker, había destacado que este “ha brindado información relevante para la continuación de la pesquisa”.
Viaje escondido
El hackeo al teléfono de D’Alessandro se registró en la tarde del 19 de octubre a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común.
Además de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, en la causa están también investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino, todos de la localidad Eldorado, aunque los abogados del joven aseguran que no participaron del hackeo.
D’Alessandro no fue el único objetivo de los hackers misioneros. También, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad), y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
El hackeo de los teléfonos desembocó en la filtración de conversaciones del ex ministro porteño con jueces y fiscales, donde hablaban de cómo encubrir un “viaje secreto” del grupo a la mansión del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
La unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.
A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.
La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.
Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.
Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.
Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.
Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero
Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.
La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.
En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.
La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.
La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.
“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.
Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.
La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.
“Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.
El juez Juan Manuel Lezcano agradeció la labor diaria de todo su equipo de trabajo.
El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.
En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.
De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.
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