Judiciales
Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja
El fiscal Pablo Di Loreto solicitó esta mañana penas de 8 y 6 años de prisión para los gendarmes Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, valiéndose de sus funciones para liberar rutas y cobrar coimas a cambio de facilitar el éxito de las operaciones.
La solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal se realizó esta mañana, en el marco del inicio de la ronda de alegatos en el juicio oral y público que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso, ambos en carácter de subrogantes.
En su exposición, Di Loreto dio por acreditada cada una de las acusaciones formuladas contra los imputados, quienes al momento del hecho prestaban servicios en el Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), siendo el comandante principal Duette el jefe de dicha unidad y Gómez un sargento primero subalterno que se desempañaba como conductor en la sección motorizada.
Para el fiscal, ambos fueron miembros de una asociación ilícita conformada por un total de once personas, la cual se dedicaba al contrabando de granos que venían desde diferentes puntos del país hacia Misiones, para luego ser cruzados ilegalmente a Brasil por puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio.
“Duette y Gómez utilizaron su condición de funcionarios para facilitar el transporte de las cargas y/o solucionar las cosas cuando habían problemas”, aseveró Di Loreto al exponer ante las partes.
Para sostener su acusación, se apoyó en las múltiples escuchas telefónicas que vinculan a ambos imputados con el empresario Santiago Marino, identificado como el responsables de las cargas de soja y el artífice de las Cartas de Porte con que las simulaban la legalidad de la maniobra.
Duette era jefe del Escuadrón 9 Oberá al momento del hecho y quedó detenido varios meses. Ahora está con prisión domiciliaria.
Di Loreto repasó que la relación entre Duette y Marino comenzó el 21 de mayo de 2020, cuando intercambiaron los primeros mensajes. De allí en adelante se sucedieron múltiples diálogos que dejaron en evidencia el ardid que llevaban adelante, dejando rastros de las coimas solicitadas, entregadas y prometidas.
De esas conversaciones, el fiscal resaltó una donde Marino le pidió a Duette que deje a un gendarme en San Vicente porque había “entendido bien la consigna” y el jefe del Escuadrón 9 acató la solicitud.
También hizo referencia a otro diálogo donde Marino cuenta había estado realizando “buenos negocios” en la zona de Aurora y Duette celebró noticia, agregando: “Próximo inversor voy a yo y a fin de año París”.
El fiscal además dio cuenta de otra secuencia, donde Marino requiere la ayuda de Duette para recuperar tres tractores de contrabando que habían sido interceptados en un control de GNA y le pedía que intervenga ante un secretario del Juzgado Federal de Oberá para recuperar las máquinas.
“Duette condicionaba su accionar y la aplicación de las leyes acorde a si eran camiones amigos o no. Además hacía de mensajero o intermediario en otros intentos de cohecho”, incriminó Di Loreto.
Incluso, agregó que el ex jefe de Escuadrón también registra comunicaciones con el ex policía Francisco Eladio Morel, que actuaba como el cambista o financista de la organización.
Según Di Loreto, ante Morel Duette intervino en una ocasión para “salvar” a un hombre que había caído en un control de GNA con 40.000 dólares sin declarar. Por esa “gestión”, se presume que el gendarme cobró 300.000 pesos.
Respecto a Gómez, el fiscal apuntó que “era chofer, guardaespaldas y hombre de confianza” de Marino. También lo ubicó como “puntero” del camión que transportaba los tractores de contrabando y en base al aporte de testigos sostuvo que habría hecho al menos 74 viajes junto al empresario en el lapso de un año.
“Vinos, lechones, asados y regalos recibían como dádivas, pero eso son solo nimiedades. También habían cubiertas de por medio, piletas de natación de lona que acá no habían, aires acondicionados y hasta estaba hecha la promesa de una casa junto al río para Duette”, enumeró.
Pablo Di Loreto representa al Ministerio Público Fiscal.
De esta manera, tras una hora y media de alocución, el fiscal pidió penas de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para Duette por ser considerado miembro de asociación ilícita, partícipe necesario de contrabando de importación agravado por la intervención de tres o más personas y por participar un agente de seguridad y autor de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionario público.
Contra Gómez formuló la misma acusación, aunque solicitó 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Tanto Duette como Gómez ya estuvieron un tiempo tras las rejas durante la etapa de instrucción. Actualmente están con prisión domiciliaria y en situación de disponibilidad ante la fuerza federal.
La exposición de Di Loreto se dio después del alegato efectuado por las letradas Rossana Sienra y Yamila Amado como querellantes particulares en representación de Arca, ex Afip, quienes solicitaron el mismo monto de pena para ambos acusados y pidieron recuperar todos los bienes que fueron obtenidos con el dinero ilícito.
La próxima audiencia será el 9 de junio, donde los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones finales ante el tribunal.
Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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