Por Diego René Martín

El 10 de diciembre va a marcar bastante más que el recambio legislativo de cada año: va a abrir una etapa nueva en la política institucional de Misiones, de esas que no se entienden mirando la superficie. Con la asunción de los diputados electos el 8 de junio, la Legislatura va a pasar a un esquema que no se vio desde el regreso de la democracia: dos fuerzas mayoritarias con peso real conviviendo en un mismo recinto. El Frente Renovador de la Concordia, que ganó la elección provincial con Sebastián Macías como cabeza de lista, y La Libertad Avanza, que entró segunda pero con volumen político propio y ahora se ve obligada a traducir discurso, mucho post en X y arenga en reels de Instagram en responsabilidad institucional.

Para algunos, la postal alcanza para imaginar un ring. Para la Renovación, que siempre prefirió el método antes que el caos, la lectura es otra: en Misiones no hay margen para improvisadores profesionales. La presencia de ambos espacios va a obligar a construir una dinámica donde el diálogo deje de ser una palabra linda y pase a ser la única manera de que la provincia no quede rehén del desorden nacional.

Sebastián Macías llega con un capital político que, a nivel nacional, escasea como si fuera especie en extinción. No solo encabezó la lista más votada: con él la Renovación logró lo que en gran parte del país nadie pudo hacer, vencer a La Libertad Avanza en su propio momento de mayor expansión. Llegó con una gestión intensa en Vialidad Provincial que transformó ciudades, abrió caminos, llevó conectividad y desarrollo a municipios que antes no figuraban en el GPS de nadie. Su recorrido lo ubica en ese estante, chiquito, de los renovadores que mezclan territorio, obra, vecinos y algo que hoy parece revolucionario: resultados. No hay un solo renovador que niegue que quedan muchas cosas pendientes, pero tampoco hay nadie que pueda negar que, en un contexto de escasez, se hizo mucho.

En paralelo, la relación política entre la Renovación y La Libertad Avanza tomó un tono que a algunos les molesta, a otros sorprende y a varios les hace ruido porque rompe con esa voluntad, de algunos tribuneros, del “todos contra todos”. Desde la visita de Diego Santilli, el vínculo adquirió pragmatismo. Las fotos no fueron casuales: la Nación necesita de Misiones, y Misiones espera hace demasiados años que se empiecen a saldar deudas históricas. Y como las sorpresas son gratuitas, pareciera ser que puede que un gobierno libertario las salde. Regalías energéticas, fondos previsionales que ANSES no manda, obras estratégicas, recursos viales, compromisos de coparticipación. No son caprichos: son derechos. Y Santilli reconoció el orden administrativo de la provincia y su estabilidad institucional, que en criollo es lo mismo que decir que Misiones hace los deberes.

Incluso en pleno enfriamiento económico, el gobierno provincial eligió sostener una relación institucional respetuosa con la gestión de Javier Milei. No por devoción, pero alguien tiene que mantener una ventana abierta mientras la Casa Rosada cierra puertas, recorta partidas y explica el ajuste como si fuera una revelación divina. Si la Argentina vive a volantazos, el interior no puede darse el lujo de seguir la coreografía.

En ese contexto, Hugo Passalacqua, como figura de estabilidad parece un regalo caído del cielo para los desprevenidos y los que no se acuerdan del discurso de Carlos Rovira en la Casa del Militante el domingo tras las elecciones de 2019. Hugo destaca y aporta esa estabilidad no desde la estridencia, sino desde la presencia. La política argentina suele confundir protagonismo con volumen: se habla más de quien grita que de quien gestiona. De quién postea más, de quién tiene más likes y seguidores. Misiones hace rato que eligió otro camino y sostuvo programas sociales, garantizó servicios esenciales y contuvo sectores productivos golpeados por costos que suben y demanda que cae. Esa previsibilidad no se improvisa: se trabaja. En un país donde cada semana se reescribe el tablero político, sostener un rumbo ya es un mérito.

Mientras tanto, los datos del país muestran un retrato duro: ventas minoristas en baja, combustibles con otro retroceso en ventas pero con aumentos semanales en precios, inflación que no cede en alimentos ni tarifas, caída productiva en el NEA y un mercado laboral al que le llegó un invierno brutal. En Misiones, se siente en el comercio debilitado, en la industria yerbatera asfixiada por la desregulación, en los alquileres atrasados, en las expensas impagas, en la construcción que amaga. A días del brindis de Navidad, lo que domina no es el espíritu festivo, sino la preocupación y pareciera que vamos a escuchar más suspiros que descorches.

En este contexto, el 10 de diciembre no va a ser un acto protocolar más. Va a ser el inicio de una Legislatura que tiene que, obligadamente, leer con madurez una realidad política y económica que no espera a nadie. La convivencia entre el Frente Renovador y La Libertad Avanza va a exigirle, a ambos, acuerdos concretos, responsabilidad y un compromiso directo con las necesidades reales de la gente, no con el algoritmo.

Se viene un verano intenso, político e institucional. Un tiempo para ordenar prioridades, gestionar ante Nación y donde la Renovación tiene que sostener lo que definió al misionerismo durante dos décadas: planificación, estabilidad, cercanía y coherencia. Sin épica innecesaria: con trabajo. Una nueva etapa donde el país decide en qué dirección quiere, o puede, ir.

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Por: Fernando Oz
@F_ortegazabala

Hay visitas que parecen protocolo, pero la del ministro del Interior, Diego Santilli, al Cantón tiene el sabor áspero de los encuentros donde nadie olvida lo que falta y donde las sonrisas se negocian al peso de las deudas. En estos encuentros, cada apretón de manos, cada declaración pública, es una jugada que esconde más de lo que muestra. Porque en la Argentina federal, nadie olvida el precio de los pactos, y mucho menos en la tierra colorada, donde la política se huele, se mastica y, a veces, se traga con amargura.

Llegó con la agenda recargada y el gesto calculado de quien necesita votos para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, pero sabe que el apoyo en el Congreso se cotiza en oro. A tres semanas de asumir, el Colorado acelera la ronda con los gobernadores, intentando sellar apoyos antes de que la Casa Rosada deba afrontar, en diciembre, el examen parlamentario más exigente del año.

El cónclave que mantuvo con Hugo Passalacqua fue, ante todo, el encuentro inevitable entre quienes ejecutan el poder nacional y quienes —como los gobernadores de provincias— lo padecen a diario, gestionando escasez y administrando daños ajenos.

No le bastó con la foto de rigor junto al gobernador; tuvo que reunirse con Carlos Rovira, lo que representa mucho más que cortesía institucional. El líder del Frente Renovador de la Concordia es un hábil estratega que, en más de una ocasión, es visto como un oráculo al que consultan los desesperados de Balcarce 50 cuando la aritmética legislativa los deja en vilo. No hay reforma, presupuesto ni ley que pase sin el guiño de quien, desde el Cantón, conoce como pocos las reglas no escritas del poder.

Misiones no es de las provincias mendicantes, sino de las que muestran sus cuentas en orden, un bloque parlamentario firme y una batería de reclamos puntuales que, mal que le pese al Gobierno Nacional, no admite dilaciones. Los temas están sobre la mesa: regularización de las cajas previsionales, pago de regalías adeudadas por Yacyretá, inclusión de ATN y fondos de combustibles en el Presupuesto 2026, la situación de los productores yerbateros arrinconados por la desregulación y la apertura a las importaciones, la inclusión en la Hidrovía Paraná-Paraguay y el financiamiento para terminar obras eléctricas y de infraestructura. No se trata de caprichos: son deudas concretas, compromisos asumidos y pendientes.

La economía nacional, ese río caudaloso que todo lo arrastra, define el clima de las provincias mucho más que cualquier voluntad local. Inflación, tasas de interés, tipo de cambio, ajuste del gasto nacional, retenciones, recesión: todas esas llaves están en CABA y el agua —cuando baja— suele llegar turbia y escasa. Si arriba hay sequía, abajo no hay milagros. Hay provincias que gestionan con equilibrio, promueven turismo, diseñan planes de consumo, pero ni la creatividad ni el esfuerzo alcanzan cuando la Nación seca la plaza de pesos, paraliza la obra pública o desregula mercados enteros, como el de la yerba, dejando a productores a la intemperie.

Pero si hay un punto donde la paciencia se ha agotado es en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. Los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño exigen que los ATN se distribuyan de manera automática. Nada de discrecionalidad, nada de “premios” a la conducta dócil, prácticas que los diferentes mandatarios que pasaron por la Casa Rosada parecen haber institucionalizado. Entre enero y octubre, el Gobierno Nacional apenas giró el 16,9% de los ATN que provienen de la masa coparticipable: hablamos de un remanente millonario que pertenece a las provincias; la cartera de Economía no puede administrarlo como propio, y en el Cantón el espíritu es llevar el reclamo al Congreso para que escuche hasta el último burócrata de Buenos Aires.

El trasfondo de la visita de Santilli es, también, el ajuste fiscal feroz que recorre la Nación, dejando a las provincias con cuentas en rojo y obras paralizadas. La bronca de los gobernadores llegó al Congreso, donde intentaron —sin éxito— blindar el reparto automático por norma. El presidente Milei rechazó la iniciativa, convencido de que el látigo
del financiamiento provincial aún compra voluntades. Pero la realidad es otra: los reclamos se acumulan, la paciencia mengua y el aire se espesa.

En el escenario legislativo, La Libertad Avanza se ha fortalecido en ambas cámaras tras las últimas elecciones, pero el número no alcanza para las grandes cruzadas: necesita aliados. El partido de los hermanos Milei juega a potenciar su primera minoría en Diputados y a mantener el vínculo con aliados esquivos como el PRO y los bloques provinciales. Pero la aritmética es caprichosa: cada pase, cada interbloque, cada salto de bancada, agrega tensión y obliga a negociar con quienes de verdad inclinan la balanza.

Santilli no ignora el peso específico de Misiones en el tablero nacional. La provincia controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores, suficientes para torcer una votación reñida, sostener o desfondar una reforma clave. Rovira lo sabe: el Congreso es un campo minado donde el mapa cambia a diario, y solo resisten quienes entienden que el poder no se ostenta, se construye.

El enviado de Milei, lejos de los flashes protocolares, dejó la promesa de un trabajo conjunto, con compromisos que ahora deberán traducirse en fondos, obras y programas concretos. La etapa de la espera terminó: Misiones exige resultados, y la ciudadanía merece saber dónde está el origen de la crisis. La llave maestra la tiene la Nación, pero las provincias no se contentan con el relato. Reclaman, gestionan y, si la corriente baja envenenada, al menos luchan por no naufragar. Porque, como enseñaría un buen capitán de tormentas, cuando arriba truena, abajo se navega con lo que hay. Pero nunca sin pedir cuentas a quien maneja el timón.

Resolver las deudas federales no es solo una cuestión contable; es el primer paso para reconstruir la confianza en una Nación que debe entender, de una vez por todas, que el federalismo se ejerce, no se promete.

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(*) Por Nicolás Marchiori

En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.

El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.

Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.

Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.

Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.

Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.

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Derecho a protestar: ¿vale todo?

El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.

Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.

Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.

En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.

En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.

La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.

La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.

El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.

El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

Una protesta política disfrazada

Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.

Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.

Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.

Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.

Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.

Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.

Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.

Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.

Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.

Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.

Un freno al uso abusivo de los derechos

A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.

Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.

Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.

Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.

En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”

En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.

La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.

El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

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