Opinión
El fin no justifica los medios
(*) Por Nicolás Marchiori
En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.
El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.
Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.
Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.
Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.
Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.
* * *
Derecho a protestar: ¿vale todo?
El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.
Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.
Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.
En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.
En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.
La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.
La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.
El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.
El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
Una protesta política disfrazada
Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.
Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.
Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.
Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.
Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.
Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.
Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.
Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.
Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.
Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.
Un freno al uso abusivo de los derechos
A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.
Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.
Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.
Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.
En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”
En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.
La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.
El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
La farsa de la soberanía en una frontera perforada
Por Fernando Oz
Soberanía y federalismo fueron las palabras que más utilizaron para defender su postura tanto quienes están a favor como los que están en contra de la polémica reforma de la Ley de Tierras. El debate dejó al descubierto, una vez más, la incapacidad del Estado y la hipocresía de quienes deben custodiar un territorio perforado.
En el Senado de la Nación, los hilos de la Realpolitik se mueven con la habitual soltura de las transacciones sin mucha convicción. Hasta el momento, diversas fuentes coinciden en apostar a que el senador de Encuentro Misionero, Carlos Arce, acompañará la iniciativa impulsada por Javier Milei, que busca eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros: el punto central y más candente del debate.
Por su parte, Sonia Rojas Decut mantendría sus reservas frente a ese punto en particular; se especula con que rechazaría el articulado sobre extranjerización, aunque respaldaría el proyecto en general. También se cree que la senadora estaría evaluando la conformación de un monobloque que responda de manera directa al gobernador Hugo Passalacqua. Un quiebre que desde algunos sectores de la oposición es visto como un “desencuentro” táctico.
El mandatario se reunió esta semana con los senadores y les pidió que voten en contra. Un gesto que no tiene antecedentes en lo que va su gestión. De acuerdo con los registros de votación y las actas de sesiones parlamentarias del Honorable Senado de la Nación, los senadores misioneros que integran la representación oficialista provincial vienen manteniendo una postura de apoyo estratégico e integral a las principales iniciativas, normativas y paquetes de leyes enviados por la Casa Rosada —desde la Ley Bases hasta el Paquete Fiscal—.
Del otro lado de la calle, Martín Goerling Lara ya anunció su apoyo abierto y explícito al proyecto de Milei, posicionándose en la vereda opuesta a la gestión de Passalacqua y a más de sesenta intendentes de la provincia que alzaron la voz en solicitadas públicas. El senador del PRO cargó con dureza contra el oficialismo provincial y los jefes comunales, acusándolos de “desinformar y mentir a la población” mediante un libreto que calificó como un simple relato de entrega de patria.
Goerling Lara, presidente del bloque del partido de Mauricio Macri en la Cámara alta y especialista en relaciones internacionales, marcó con precisión la contradicción de la coyuntura actual: afirma que, aun con la ley vigente, Misiones padece focos alarmantes de alta concentración de tierras en bolsas foráneas. No se equivoca cuando señala que ya existen departamentos de frontera donde cerca del 40% del suelo está bajo el control de multinacionales, fondos de inversión y firmas transnacionales como la chilena Arauco.
Resulta difícil no sentir una punzada de ironía. Ahora, algunos voceros del oficialismo provincial se rasgan las vestiduras en nombre de la soberanía nacional, cuando durante décadas miraron para otro lado mientras se consolidaba la concentración del monocultivo de pino y la paulatina extranjerización de la región ribereña en la cuenca del Paraná. Reconozco que me da cierta gracia ver cómo el pulcro Goerling Lara, con sus On Running modelo On Cloud 5 y su blazer de Sastrería González, corre por izquierda a quienes ejercen el “misionerismo” al desnudar los datos del terreno, pero se me borra la sonrisa de inmediato cuando observo que, de un lado y del otro, lo que predomina es una amnesia interesada.
Misiones padece una vulnerabilidad geográfica estructural que no admite improvisaciones: más del 90% de sus límites son fronteras internacionales con Brasil y Paraguay. La Ley N° 26.737 de Tierras Rurales estableció una restricción taxativa para la posesión por parte de extranjeros en estas zonas de seguridad. El riesgo de barrenar o flexibilizar esos topes nacionales es evidente: se abre de par en par la puerta a la adquisición masiva de franjas fronterizas sensibles por parte de capitales concentrados y sociedades offshore, diluyendo el control efectivo del Estado sobre los recursos más estratégicos del país.
Cuando la tierra deja de ser el sostén productivo del colono y pasa a ser un activo financiero en el portafolio de un fondo de inversión, la consecuencia inmediata es el quiebre del arraigo agrario y el acorralamiento de la familia minifundista. Si las autoridades de control bajo la norma vigente no pudieron poner freno a la silenciosa extranjerización de nuestro suelo, ¿quién nos garantiza el resguardo de lo más preciado que alberga la Selva Paranaense: las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní y nuestra biodiversidad?
Los datos fríos son contundentes y desarman cualquier discurso de ocasión. Misiones se ubica entre las provincias con mayor porcentaje de extranjerización relativa del país, registrando más del 11% de sus tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas foráneas, lo que equivale a más de 325.000 hectáreas. Si bien el promedio provincial se ubica técnicamente por debajo del techo legal del 15%, los informes del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA revelan que la distribución territorial es profundamente desigual.
Cinco departamentos misioneros ya perforaron la barrera legal: el caso más drástico es el del departamento Iguazú, que registra un 40% de suelo extranjerizado; le siguen Montecarlo con un 18%, Libertador General San Martín con el 17%, y Eldorado junto con Concepción, ambos rozando el 16%. Frente a esta realidad, la maraña burocrática de la fiscalización estatal parece más una escenografía que un dique de contención real.
La primera puerta que debe tocar cualquier inversor extranjero para adquirir una parcela rural es la del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un organismo que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y que trabaja en articulación con la Secretaría de Agricultura. Ellos son los encargados de emitir el Certificado de Habilitación previo a la firma de cualquier escritura pública y de auditar que no se superen los topes por nacionalidad o por departamento.
A esa estructura se suma la fiscalización en las áreas de frontera, donde interviene el Ministerio del Interior (ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete) y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías para otorgar la conformidad previa. Una enorme burocracia que evidentemente no cumple muy bien su tarea.
Pero en el Cantón, tal como está la normativa actual, también están las firmas de la inoperancia. En el ámbito provincial, la articulación exige la participación del Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, encargado de inscribir los títulos y reportar las novedades a la Nación.
En definitiva, todo un andamiaje administrativo diseñado en los papeles para custodiar la soberanía que, en la práctica, ha mostrado grietas insondables. No son gendarmes desbordados por la inmensidad del monte, ni prefecturianos imposibilitados de moverse por el río por falta de combustible, tampoco es la culpa del capitán Gutiérrez, jefe de una compañía de comunicaciones del ejército que hace meses no sale al terreno para operar su radar RACIT en la frontera. Son los burócratas de saco y corbata que atienden desde oficinas con el clima a tiro de control remoto los que firman los papeles del representante del fondo extranjero.
Desde la Casa Rosada y sectores aliados se esgrime que la reforma busca una “devolución de potestad a las provincias”, bajo la premisa de que la flexibilización nacional no obliga a vender y que los gobiernos locales mantendrán la facultad de fijar sus propios regímenes o hacer valer los controles de frontera. Sin embargo, en una provincia acorralada por necesidades presupuestarias y compromisos políticos, esa delegación suele transformarse en un espejismo.
La discusión sobre la Ley de Tierras expone a Misiones sin filtros. Mientras la narrativa oficialista intenta embanderarse en la defensa del federalismo y el patrimonio natural, la geografía real demuestra que las cuencas hídricas y los corredores fronterizos más cotizados ya están al borde o por encima de los límites permitidos. No se trata de un debate abstracto sobre la atracción de inversiones o la libertad de mercado; se trata de comprender que, si el Estado renuncia a su función de gendarme territorial, la soberanía pasa a ser simplemente una mercancía de remate, más en una frontera sin controles efectivos.
Opinión
Microclima y herencia: Los tiempos de Lalo en el mapa de Spinelli

Por Fernando Oz
Esta será una semana muy importante para el rumbo de Encuentro Misionero, la fuerza política de espíritu joven inspirada en la imagen de Carlos Rovira como mentor. Finalizada la fiebre mundialista, los principales actores del bifurcado oficialismo comenzarán a tomar posiciones más concretas, dando por enterradas especulaciones y fallidas operaciones políticas. El panorama se irá aclarando con la llegada de agosto.
Leonardo “Lalo” Stelatto no se identifica con la derecha, tampoco con la centroderecha. Bajo su techo, entre sus íntimos, se confiesa de centroizquierda. Tal vez ese dato parecería insignificante si no fuese porque su nombre suena como candidato a gobernador de un espacio que podría terminar como una colectora que apoye la reelección del libertario Javier Milei. En su entorno lo desmienten.
La hipotética aventura electoral del intendente de Posadas es impulsada desde las usinas de propagación del campamento Neo, que capitanea el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Tal vez sea humo, una acción distractoria o una mala lectura del cuadro de situación. A sus sesenta y siete veranos, Lalo no se deja apurar: “No me gusta que manejen mis tiempos, me gustan cuando las cosas están planificadas”, dice en privado el alcalde que transita su segundo mandato y no quiere otro.
Lo concreto es que Stelatto —que siendo muy joven se afilió al PJ y no lo reniega— es una figura clave, al menos por estas horas, para el armado de Encuentro Misionero en modo campaña. Para que sea candidato a gobernador de un esquema donde predominan los impulsos de las jóvenes promesas, debe darse una alineación planetaria pocas veces vista.
Sucede que se siente incómodo con la implosión de la Renovación, que terminó diseccionándose. “Yo creí que íbamos todos juntos”, repite el intendente capitalino mientras el Movimiento por lo que Viene trabaja a toda máquina para la reelección de Hugo Passalacqua.
En este ruidoso concierto, Lalo aparece más como un hombre de consenso y alejado de una posible alianza con Milei. Durante sus cuarenta años de impecable trayectoria como ingeniero en construcciones, sólo estuvo en la actividad privada dos. Fue de la mano del entonces gobernador Julio Humada que llegó a Vialidad Provincial, donde pasó por diferentes áreas, incluso una extensa temporada en Puerto Esperanza, y fue parte de la planificación y construcción de buena parte de las rutas del cantón.
Con ese perfil, el intendente “no está detrás de una candidatura, no es político, es un servidor público. Antes que termine la semana se va a sentar con Hugo”, dice un observador adelantado con acceso al quinto piso del palacio municipal y con terminal en la Rosadita. Habrá que ver.
Oscar Herrera Ahuad no se volvió a acercar más a Encuentro Misionero. “Tampoco lo volvieron a llamar para participar de ninguna reunión. Primero lo ningunearon, después lo fueron apartando”, explican en el entorno al diputado nacional. Cuando llegue a la Cámara baja el proyecto de ley de Tierras, que primero se debatirá el 6 de agosto en el Senado, el legislador no apoyará la iniciativa de La Libertad Avanza que, entre otros puntos cuestionables, desprotegerá áreas estratégicas que contienen reservas naturales de agua dulce y zonas de frontera.
En la Cámara alta los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aportaron esta semana su primer apoyo al oficialismo nacional cuando se sentaron en sus bancas para dar el quórum y tratar el polémico proyecto, que finalmente se postergó porque Patricia Bullrich no consiguió los votos suficientes para aprobarlo.
La postura de los dos legisladores es contraria a la de Passalacqua. Horas antes de su aprobación, la Red de Mujeres del Movimiento por lo que Viene, liderada por Viviana Rovira, les exigió públicamente un voto negativo contundente, argumentando que, al ser Misiones una provincia con un 90% de frontera internacional y alta biodiversidad, la liberación de la venta de tierras vulnera de forma directa la soberanía nacional y los recursos hídricos.
En la Rosadita opinan que “resulta imposible reclamar federalismo en Buenos Aires y hablar de misionerismo mientras se acompañan iniciativas que entregan la soberanía y la biodiversidad local”. Lo mismo cree Herrera Ahuad, integrante del club de “los distintos”, la misma membresía que tiene el intendente de Alem, Matías Sebely.
Con Lalo y Herrera Ahuad con un pie afuera, la mesa de los cuatro fantásticos de Encuentro Misionero quedará reducida a dos figuras: Sebastián Macias y Spinelli. El primero intentará mantener la calma en la Cámara de Representantes, en medio de un importante éxodo de legisladores de su bloque y con el debate del Presupuesto a la vuelta de la esquina. Todo indicaría que Spinelli se quedaría como el heredero predestinado del partido de Rovira, que alguna vez se llamó Partido de la Concordia Social.
Con Passalacqua como candidato, ya comienzan a perfilarse algunos nombres como compañero de fórmula. ¿Entrará en esa prematura lista Stelatto? Quien sí estaría es Sebely, que compite desde otro perfil; un “distinto” con peso propio que se destacó en el marco de la crisis. El ministro Facundo López Sartori, que tiene el extraño mérito de conducir Podemos, el primer espacio passalacquista, también es otra de las opciones junto al jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori.
El segundo puesto en una lista no es una moneda común; es el cierre de un concepto, de una idea de cara al elector. Falta mucho para ese tipo de decisiones; ahora el Ejecutivo provincial está enfocado en una reforma integral que se verá reflejada en la Ley de Presupuesto que enviará al Parlamento antes de agosto. Desaparecerán ministerios y habrá recortes por todos lados.
El nuevo rumbo también se verá plasmado con los cambios en la cúpula de EMSA, en el Ministerio de Acción Cooperativa y en la poderosa ATM. Tres sitios estratégicos en el circuito logístico de la estructura de los Neo, los halcones de Encuentro Misionero.
Virginia Kluka, identificada con los Neo, deja la compañía energética y su lugar lo ocupará Julio “Chun” Barreto, tres veces electo intendente de Montecarlo, quien también fue diputado provincial y concejal, con algunos problemas sin resolver en el Tribunal de Cuentas. También deja EMSA Emiliano Ciz, una figura muy poco conocida pero de gran relevancia en la estructura de los halcones.
En Cooperativa se va Liliana Rodríguez, que seguirá dentro del esquema del gobierno. Quien tomará ese cargo es Matías Vilchez, otro intendente que no puede ser reelecto, en este caso de San Javier. Esta cartera cumple un papel fundamental en el manejo de las cooperativas eléctricas, como la CELO, cuya auditoría está bajo la lupa de la oposición.
Los movimientos en EMSA y en la cartera de Cooperativa tendrían la misma raíz: hay contratos que revisar, minucias del mercado energético. La contadora Eva María Belén Gregori deja la Agencia Tributaria, un organismo que merece algo más que un párrafo para describir ese particular microclima, que daría para un capítulo de un libro.
En este escenario de repliegues silenciosos y purgas encubiertas, el aparente ímpetu de los Neo empieza a chocar contra la dura pared del pragmatismo de gestión. Las cajas cambian de manos y las lealtades se renegocian en voz baja bajo la presión de un presupuesto de supervivencia. Mientras agosto asoma en el calendario con la promesa de aclarar los nublados horizontes de la tierra colorada, la gran incógnita sigue siendo si esta reconfiguración forzada salvará la Concordia original o terminará por consagrar varios archipiélagos donde cada uno pelee por su propia porción de asfalto.
Opinión
La hora de la divergencia: Passalacqua y el peso de las estructuras

Por Fernando Oz
@F_ortegazabala
Hay quienes creen que las agujas del reloj político no se mueven por el impulso del calendario electoral, sino por secretas pulsiones subterráneas que, tarde o temprano, terminan por agrietar la superficie. Lo que se escenificó el pasado 9 de julio en el acto patrio de la Declaración de la Independencia fue el preámbulo de un nuevo tablero político en Misiones; fue la formalización de un reacomodamiento que ya no admite más disimulos.
Fue una semana intensa. El sector más fuerte de Encuentro Misionero se reunió el miércoles por la noche en el Club Legislativo para “reconfigurar algunos roles”, peinar avales y afiliaciones en medio de un escenario difuso. A esa hora la diputada Paula Franco ya sabía que algunos de sus colegas estaban dispuestos a dejar el bloque a la espera de que Hugo Passalacqua lance un espacio político propio para competir en las próximas elecciones. La primera en decírselo, días antes, fue Arabela Soler. Se trató de una conversación corta, sin más detalles, aunque muy sentida de ambas partes; es que se llevan bien y sienten un mutuo respeto. “Mirá, vos sabés que yo vine con Hugo”, dijo la legisladora para despedirse. No hizo falta más.
Durante el cónclave del espacio que aglutina a los Neo y Blend, brotaron diversas especulaciones sobre las próximas deserciones. Una postal que llegó al otro día, durante el acto del 9 de Julio que se realizó en Cerro Corá, donde varios funcionarios fieles a las “previas” del mentor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, exhibían alegremente sus llaveros de plástico con el fondo blanco que dice HP27.
Pero volvamos a la concurrida noche en el club de los empleados legislativos, donde la novedad fue lo que dijo Lucas Romero Spinelli a un pequeño grupo de leales: “Nosotros apoyamos la candidatura a gobernador de Lalo”. El vicegobernador, que llegó cuando todos comenzaban a irse, no dijo nada sobre su propio rol en las próximas elecciones, tema del que hay varias especulaciones. El intendente Stellato no estuvo; sí el diputado Horacio Martínez, el mismo que al otro día posaba junto a Passalacqua y el resto de los legisladores que van a conformar el bloque —del ¿espacio? — “Movimiento por lo que Viene”.
Spinelli también estuvo en Cerro Corá, pasó revista a las tropas formadas junto al gobernador y hasta compartieron sonrisas en el palco; luego escuchó atentamente su discurso y se esfumó cuando la locutora oficial dio por finalizado el acto. En su entorno aseguran que su participación fue meramente protocolar “porque es parte del gobierno” y que esperará hasta agosto para lanzar su candidatura, posiblemente a intendente de Posadas. Aunque hay quienes dicen que podría postularse como diputado nacional, en una colectora que apoye la reelección de Javier Milei. Tal vez sean meras especulaciones.
Lo concreto es que el presidente de la Cámara de Representantes aún no recibió ningún pedido formal para la conformación de un nuevo bloque. El diputado Sebastián Macias sabe que “hay incertidumbre” y en su núcleo de confianza reconoce que el mapa interno del Poder Legislativo cambiará después del receso invernal. “Nosotros estamos en Encuentro Misionero, creemos que el intendente de Posadas puede ser un buen gobernador”, aclara puertas adentro.
El acto por el 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia estuvo cargado de gestos políticos. Pero hubo un dato previo muy interesante: tanto el jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, como el presidente del bloque Frente Encuentro Misionero, Alejandro Arnholdt, se encargaron de enviar invitaciones para el acto. Hasta Spinelli pidió, durante la reunión del miércoles, apoyar “en lo institucional”. Sutilezas.
Passalacqua estuvo en el palco con los primeros nueve diputados dispuestos a acompañarlo en su nueva carrera electoral. Además de Arabela Soler, estaban los diputados Enio Lemes, Juan Manuel Rodríguez, Rudi Bunziak, Roberto Hugo Benítez, Juan José Szychowski, Aryhatne Bhar, Horacio Martínez y Rita Flores. Todo indicaría que el nuevo bloque estará íntegramente conformado antes de que se comience a discutir el proyecto del Presupuesto 2027 en la comisión que preside José Luis Pastori, que permanecerá dentro de Encuentro Misionero.
El nuevo bloque estaría capitaneado por Soler, que viene de las huestes de Podemos, el partido del ministro “ultrapassalacquista” Facundo López Sartori. Lemes fue intendente de San Javier; dicen que le debe mucho a Rovira y que esperará hasta último momento para pegar el salto: “La foto del jueves fue un acercamiento”. Bunziak y Benítez son allegados a Oscar Herrera Ahuad, el único diputado nacional que participó del acto. Rodríguez —hijo del intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez— estuvo en el palco, pero no en la foto. Szychowski, Bhar y Martínez, diputados del grupo Mentoplus, están adentro, al igual que Flores, que deja el bloque Por la Vida y los Valores.
Con algunas demoras y minucias de letra chica por enmendar, los nueve diputados están listos para dar el paso. Posiblemente el mismo camino sigan María del Carmen Méndez Asón y Roque Soboczinski si dejan Encuentro Misionero. Débora Mangone y su esposo Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores, “todavía están buscando un buen acuerdo”. El nuevo bloque aún no tiene nombre, pero se especula con que lo bautizarán “Por lo que viene”.
Las estructuras políticas suelen volverse cómodas para quienes las habitan por mucho tiempo, hasta que la realidad exige dar vuelta la página. Ahora, el oficialismo tendrá que asimilar su divergencia.
Passalacqua eligió la tribuna de Cerro Corá —una geografía pequeña que nos recuerda que la provincia real no termina en los escritorios de Posadas— para hablar de la independencia no como una pieza de museo, sino como un ejercicio cotidiano y urgente. Durante su discurso, remarcó que romper estructuras y esquemas nunca ha sido fácil para ninguna sociedad, y que los procesos históricos de ruptura suelen estar signados por la incertidumbre y profundos temores.
Fue allí donde hizo hincapié en que estos son momentos para valientes, emulando el coraje de aquellos primeros cabildantes. Evocando la célebre pregunta que se hacían los patriotas en los albores de la patria —“Se va el rey y ¿quién manda?”—, rescató la respuesta de Juan José Castelli: “El poder está en la gente”. Otra sutileza para oídos finos. La cuestión es que, para el mandatario, esa angustia histórica se resuelve hoy de la misma manera, devolviéndole la soberanía al pensamiento del ciudadano de a pie.
La política, que detesta el vacío, se apresuró a ordenar los discursos y roles. El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, fue el encargado de ponerle nombre y doctrina a la nueva herramienta electoral. Sus precisiones fueron taxativas: la representación política del Ejecutivo provincial recae ahora exclusivamente en El Movimiento, dejando a Encuentro Misionero como un sello de pertenencia individual a los designios de su mentor.
La justificación de este quiebre parece profunda. Alrededor de Passalacqua acusan a la conducción de Encuentro Misionero de pretender alineamientos nacionales y votaciones de leyes que terminaron operando como un chaleco de plomo para la provincia, además de sectarismo. El Movimiento tiene una postura opositora a Milei y se postula como una construcción horizontal y abierta, donde el disenso no se castiga con la expulsión. La política del látigo y el dedo, denunciada simbólicamente por el gobernador, según algunas interpretaciones, con un ademán de desprecio en su discurso, pretende ser reemplazada por el respeto al ciudadano de a pie y el cuidado irrestricto de los recursos.
Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo oficialismo, si está realmente decidido a avanzar en los “ejes conceptuales” de “El Movimiento por lo que Viene” y la “reconfiguración” que se pretende, o si todo es parte de una estrategia electoral para sostener el poder. Podrá Passalacqua realizar una “rápida intervención para controlar y recuperar concesiones de servicios públicos” con el mantra: “Hacer un poquito más feliz y sencilla la vida de la gente cada día”.
Estas son algunas incógnitas que se abren tras la implosión de la Renovación y frente a un farragoso escenario preelectoral. El círculo rojo del Cantón espera que finalice el mundial y que Rovira mueva su próxima pieza. Porque en la alta política terrenal, como en los viejos tableros de ajedrez, el silencio previo al movimiento suele ser más elocuente que cualquier discurso de barricada. La moneda está en el aire y la respuesta final, indefectiblemente, la tendrá el ciudadano de a pie.
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