Opinión
El fin no justifica los medios
(*) Por Nicolás Marchiori
En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.
El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.
Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.
Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.
Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.
Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.
* * *
Derecho a protestar: ¿vale todo?
El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.
Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.
Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.
En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.
En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.
La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.
La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.
El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.
El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
Una protesta política disfrazada
Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.
Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.
Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.
Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.
Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.
Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.
Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.
Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.
Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.
Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.
Un freno al uso abusivo de los derechos
A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.
Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.
Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.
Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.
En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”
En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.
La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.
El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
Mandar sin saber comandar: Malvinas y un helicóptero listo para Milei
Por Fernando OZ
Hay un síntoma inconfundible en la decadencia de los gobiernos: el momento exacto en que la ostentación del poder formal intenta suplir la ausencia dramática de autoridad moral. Es la brecha insondable que separa a la potestas —el cargo legal, el sello oficial, la potestad conferida por un boletín institucional— de la auctoritas, ese ascendiente natural e indiscutible líder, digamos el que puede mirar a los ojos a su pueblo sin necesidad de un cordón policial ni de francotiradores en los balcones.
Ocurrió el otro día en la turística ciudad de Puerto Iguazú, en la zona denominada 600 Hectáreas —un pulmón verde donde la trata y el narcotráfico conviven entre los hoteles de cinco estrellas—. Allí fue donde Javier Milei hizo una demostración perfecta de lo que la ciencia militar y la filosofía política llaman, sencillamente, mandar sin saber comandar.
Llegó envuelto en el aparato burocrático de la fuerza y lo que debía ser la presencia firme de un jefe de Estado se convirtió en un sainete de fuerzas de seguridad de todos los colores distribuidos en un anillo de siete retenes, camionetas blindadas, sirenas nerviosas y hasta un helicóptero para transportarlo. Todo este despliegue, esta parafernalia digna de una potencia ocupante en territorio hostil, no era para contener a las legiones de Aníbal a las puertas de Roma.
Era para esquivar a un puñado de productores yerbateros arrepentidos de haberlo votado, acompañados por tareferos golpeados por la desregulación y otros pocos militantes sociales y gremios del estado, que esperaban al costado de la ruta con camiones viejos, algunos tractores y pancartas al aire. No importa si se fue por tierra o en helicóptero: se esconde.
A duras penas unas ochocientas personas —la mayoría sin ganas de cortar rutas y empujadas por el clan Peterson, con el exdiputado renovador Julio Peterson a la cabeza, un yerbatero con alma de botón que pedía a gritos a la Gendarmería que sacara de la manifestación a tres mujeres militantes sociales que pretendían cortar la ruta para dejar afuera tanto oportunismo político—. La cuestión de fondo es que, más allá de la escuálida protesta, la breve visita del mandatario vuelve a demostrar que Milei carece de liderazgo: apenas tiene el ‘mando’, un poder efímero que se sustenta, básicamente, en lo que dure la tinta de una lapicera.
Ahí reside el núcleo del asunto. El verdadero líder —aquel que ostenta lo que los estoicos llamaban el gobierno sobre sí mismo para sostener el peso de la responsabilidad colectiva, o el que ejerce el Mission Command en la vanguardia— no se esconde en el aire ni se parapeta tras un pasillo blindado de fuerzas federales frente a un grupo de personas irritadas. El gobernante que posee ‘comando’ baja de la camioneta, camina hasta el primer tractor, escucha la bronca, aguanta el chaparrón con templanza ejerce la pedagogía de la autoridad. Un líder natural, en el sentido más noble de la tradición clásica y de la doctrina operativa, no huye de la fricción social; la asume como la materia prima de la política.
Mandar es fácil: basta una firma, un nombramiento o el respaldo del poder real. Lo difícil es lo que enseñaba André Gavet en su viejo manual de finales del siglo XIX: El arte de mandar reside en la persuasión, en el ejemplo y en la capacidad de conectar con la naturaleza humana del subordinado o del ciudadano. Cuando el mando no tiene comando, se refugia en la fuerza bruta, en el cerco mediático y en la huida.
La obra de Gavet es fundamental en la literatura militar: trasciende lo puramente táctico para adentrarse en la psicología del mando y la sociología del soldado. Les aseguro que es una auténtica joya porque formaliza el paso del militarismo prusiano o rígido hacia una doctrina de liderazgo basada en la empatía estratégica, el respeto mutuo y la cohesión de grupo. Lo leí a los dieciocho años junto a otro texto más breve titulado Ejercicio del mando, cuando un capitán de apellido Soto me ordenó hacerlo para dar una clase a los cadetes de cuarto año. Durante todo un cuatrimestre, estuve dando en el aula ‘Mando y comando’.
Hoy, mirando en retrospectiva y trazando ese mismo paralelismo, les diría a aquellos cadetes que esta semana en Misiones vimos a un presidente incapaz de recorrer el bucle OODA ante la menor brisa de conflicto social. Incapaz de Observar el país real que cruje bajo las medidas de sus técnicos; de Orientarse en la selva social sin caer en el pánico del asedio; de Decidir otra cosa que no sea el parapeto o el aplauso fácil de la claque propia; y, en definitiva, de Actuar como un verdadero jefe de Estado frente a la adversidad.
Porque tras eludir la protesta, el mandatario fue a refugiarse en el aplauso previsible y entusiasta de la Escuela de Dirigentes de su propio partido en el Iguazú Falls, un entorno endogámico de militantes enfervorizados que saltaban para las fotos de redes sociales en el hall del resort. Un espectáculo triste y revelador: huir de la realidad de los que producen la tierra para buscar el calor dopamínico de los que le adulan.
Esta falta de volumen político y de ‘comando’, esta incapacidad para encarnar un liderazgo abarcativo que ordene el caos sin esconderse, provoca consecuencias previsibles en el tablero de la política nacional. Entonces, no se les ocurren otras cosas más que humo; y cuando un gobernante carece de la templanza para encarar la realidad objetiva y se muestra impotente ante el menor conflicto cotidiano, suele recurrir a una estratagema viejísima, tan gastada como eficaz en los manuales de la política más ramplona: la búsqueda de una causa sagrada que tape las vergüenzas de la gestión.
No es una casualidad que, a las puertas de un año electoral y con las encuestas mostrando las grietas de la gestión económica, un Gobierno vuelva a agitar con vehemencia la bandera de las Islas Malvinas. La causa nacional, la memoria de los caídos y el reclamo soberano —que deberían ser tratados con la gravedad, el respeto y la sobriedad que exige la historia— son convertidos de pronto en un artefacto de pirotecnia para recuperar la centralidad política perdida. Se echa mano del patriotismo de utilería para tapar el ruido de los tractores en Misiones, la recesión en las provincias y la incapacidad de construir un proyecto compartido que vaya más allá de la bravata de red social y el ajuste fiscal sin anestesia.
Además, yo no sé qué opinarán ustedes, pero los libertarios no estarían comprendiendo que la verdadera defensa de la soberanía exige un país cohesionado, una economía sólida y una conducción que ejerza el mando con la dignidad de quien no teme pisar el barro de cada rincón del país.
Argentina atraviesa hoy esa dolorosa anomia. Hay un organigrama que emite decretos, hay ministerios, hay un despliegue vistoso de fuerzas de seguridad y hay un Presidente que viaja en avión oficial; es decir, hay ‘mando’. Lo que no hay, ni se le espera por ahora, es ‘comando’. Falta la voz serena que nombre el caos sin insultar, la figura capaz de ponerse al frente de la colmena —como quería Marco Aurelio— para recordar que lo que daña a la comunidad no puede beneficiar a nadie.
Opinión
Cuando la agenda pasa por decidir quién tiene la llave del portón trasero
Por Fernando Oz
Y todavía tienen el tupé de enojarse cuando les enrostran la verdad en un mísero tuit. Es que no hace falta más: se pegan solos, a la vista de todos, en vivo. Un buen ejemplo es la Cámara de Representantes de Misiones, convertida en un esperpéntico programa de streaming, donde la política ha descendido al nivel del sainete. Mientras tanto, allá afuera, en la Misiones real —donde el hambre no entiende de reglamentos ni de fueros— hipotecamos el futuro de nuestras infancias.
Observen el panorama. Leo en las crónicas parlamentarias que escriben mis colegas que los honorables representantes del pueblo están enfrascados en una contienda de vital importancia estratégica para el Cantón: la ubicación de una banca y el derecho a un estacionamiento exclusivo.
¡Qué osadía! Quisiera poner un emoticón, el de los ojos grandotes. Ahí lo tienen: el diputado Juan José Szychowski, alzando la voz con celo republicano digno de mejor causa, clamando contra los privilegios de Carlos Rovira, construidos y fortificados por su propio partido durante años. Pero, además, lo sostuvo con el visto bueno de sus socios políticos y del voto popular.
Ahora, los diputados se lamentan agriamente porque el chofer del hombre del cuadrito que todos tenían en sus despachos bloquea un pasillo trasero, porque hay un portón con candado que solo abre para el Ingeniero, el Driver, el Conductor. Todo un papelón porque las huestes del oficialismo y sus disidencias no pueden transitar alegremente hacia el patio. Se disputan los metros cuadrados como perros de presa peleando por la piltrafa.
Discuten si la banca de un diputado entorpece la cohesión de un bloque de dieciocho legisladores o si ingresan por la puerta principal pasando por el escáner como el resto de la tropa. Y para aderezar la tragicomedia, irrumpen las denuncias de amenazas de pasillo, mentiras por redes sociales y regateos miserables por el tablero electrónico de votación. Se dan cuenta de lo que estamos hablando: es el sainete de la mediocridad. La política convertida en una rencilla de consorcio.
Lo del jueves pasado me trajo a la memoria cuando, hace unos meses, sin que se le caiga la cara de vergüenza, el diputado Walter Ríos se quejaba frente a las pantallas de Canal 4 porque su bloque matrimonial no tenía auto ni personal —dígase contratos— y porque pasaban los días y no se materializaba lo “pactado”. Como si fuese poco, condicionó su voto y el de su esposa durante el tratamiento del Presupuesto. La solapada extorsión la hizo en el sillón del plató del Licenciado Ariel Sayas.
Pero salgan del recinto, crucen la puerta que con tanto celo custodian los choferes y los guardias de civil, y miren la realidad que los datos oficiales de Unicef arrojan a la cara con la violencia de un bofetón. Misiones, donde vivo y nacieron mis hijos, es la tercera peor provincia argentina para nacer. No es una metáfora literaria ni un adjetivo caprichoso; es la gélida y despiadada precisión de los números del Índice Provincial de Niñez. Un desolador 0,52 en la escala de la dignidad infantil.
Señoras y señores diputados, que nacer en Misiones no sea jugar a la ruleta rusa con el futuro. Hoy es pertenecer a un territorio donde los indicadores de educación raspan el fondo de la olla nacional con un vergonzoso 0,33.
El índice de Unicef junta en una sola medida lo que antes mirábamos por separado: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Cuatro dimensiones. Un diagnóstico. Una escala de 0 a 1. Valores más altos: mejores condiciones relativas. Valores más bajos: mayores desafíos.
No hay margen para el autoengaño: los números no perdonan. Un mapeo donde el país aparece como lo que es: una geografía de oportunidades desparejas, con algunas zonas donde la infancia parece una promesa y otras donde apenas es una supervivencia. En el extremo favorable, la siempre acaudalada Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia petrolera se acomodan arriba: Tierra del Fuego (0,82), CABA (0,80), Neuquén (0,76), Chubut (0,73), Río Negro (0,72). En el otro extremo, el Norte se concentra como si alguien hubiera trazado una línea con regla: Formosa (0,34), Chaco (0,43), Misiones (0,52), Corrientes (0,53) y Santiago del Estero (0,56).
Misiones, entonces, está “mal” en el ranking general. No es un castigo: es un espejo. Y los espejos, cuando duelen, son útiles. ¿Se puede discutir ese “ranking”? tal vez puede discutirse el método, el peso relativo de cada indicador, el corte de variables. Pero lo que no se discute es la idea central: hay provincias donde la infancia recibe menos oportunidades, y el Estado—central y provincial—no puede seguir actuando como si todos arrancaran desde la misma línea.
Y a estas alturas no me creo que la única solución sea bajar los impuestos y achicar el Estado. Hay que poner mano dura, pero sobre la burocracia estatal y la casta política. Pero volvamos al índice que fue publicado por varios medios en la semana.
En condiciones materiales no estamos mal, pero figuramos entre los que ofrecen peor partida: el índice educativo sí lo marca con crudeza; en educación tenemos 0,33, detrás de Formosa (0,26) y Chaco (0,27), y por delante de Tucumán (0,37). Es decir: el acceso, la permanencia, la calidad y la conectividad—incluida la posibilidad real de usar tecnología—tienen en Misiones un techo demasiado bajo para lo que nos deberíamos permitir. En salud estamos con 0,47, peor que la Ciudad de Buenos Aires (0,60) y por debajo de provincias como Neuquén (0,76) o Tierra del Fuego (0,72). El tema Violencia estamos 0,60, lejos de las mejores (La Pampa 0,98; CABA 0,97; Tierra del Fuego 0,96).
También hay que destacar que Unicef observa una evolución entre 2016 y 2025, donde Misiones aparece con un matiz que no conviene despreciar: mostró avances importantes. De hecho, el informe señala que entre las provincias con mejor progreso durante la última década estuvieron Chaco (el mayor avance), y luego Salta, Misiones y Entre Ríos.
Misiones, entonces, está en una encrucijada doble. Por un lado, hay motivos para mirar con cierta esperanza: la evolución de la última década muestra que se puede avanzar incluso desde condiciones complejas. Por el otro lado, el índice 2025 pone sobre la mesa que todavía no alcanza. Que seguir con el mismo modelo es una forma de abandono.
El problema no es únicamente económico. Es político, sí: porque decidir presupuestos y sostener políticas de Estado no debería ser una casualidad ni un accidente de la vida como los que ocupan algunas bancas. La cuestión es que mientras nuestros legisladores lloriquean porque no los dejan usar el estacionamiento VIP o porque un rival no cede la silla, hay gurises que inician su vida condenados por el mero azar de la geografía.
Con qué impudicia se miran el ombligo en sus salones acondicionados mientras los docentes y jubilados claman en las puertas de la Legislatura. Misiones se debate entre privaciones estructurales y brechas territoriales insalvables, pero la agenda parlamentaria pasa por decidir quién ostenta la llave del portón trasero.
Díganme si no hay espectáculo más indignante que el de los pequeños tiranos peleándose por las migajas del poder en un barco que naufraga. Lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes es un reflejo de lo que ocurre en todo este bendito país. Es la tragedia de la Argentina: una clase política desconectada de la sangre y el barro, jugando a las intrigas de palacio mientras condenamos a los más jóvenes —esa única patria verdadera— a que se hundan en la miseria de la periferia. Que sigan discutiendo las bancas, que continúen midiendo sus egos en los pasillos; la historia y los gurises a los que les dan la espalda no los absolverán.
Opinión
Tucán

Augusto Daniel González
Tengo una calco de Emitur. Un tucán me recuerda un pedazo de historia. Pegado en un placard, como se hacía antes, con otras tantas que, ahora veo, todas tienen historia.
Están en la casa de mis viejos, en la pieza que fue mía y después de mi hermano y por eso, surge una primera confusión; algunas estoy seguro que son mías, que las pegué yo, otras seguro que fue él y otras que no sé, y uso los años para deducir quien las pegó. Y uso lo de los años porque podían haber sido pegadas por cualquiera de los dos si miro el contenido.
Hay una de la Franja, una de La Plata, una de Fredy, hay dos de Fredy en realidad, una de Storani y una de Fredy Sport, una del Centro de Estudiantes de Derecho, una de Quilmes, una de un boliche de Bariloche, una de Xanadú, una con la bandera de Paraguay, una del Encuentro Nacional, (aquel bello frente que disputó la presidencia del Paraguay), hay una de No se olviden de Cabezas, con su foto, una que dice Cacho – Moncho, Futuro Seguro; bueno esas, podrían ser de los dos.

De las mías seguro seguro, una que dice Dale Lobo (por Gimnasia, claro), una de Spinetta, una del Cometa Halley (en serio, tengo una del cometa Halley), una de Moncho Deportes, una de Discoteca Farola’s, una de El Estudio Bar, el de La Plata.
De él seguro, una de Sting, una de Phill Colins, una de España 82, una del programa de radio Dangerous, una de Selva Tur y una de Turismo Kurtz, una de Soda Stéreo, una de los Fabulosos y una de Fito.
Después hay varias, publicidades, marcas, etc., sin historia.
Ahora que veo, podría escribir sobre cada una de ellas.
Pero la de la Empresa Misionera de Turismo, tiene “un” algo, permanece ahí, superando el tiempo y contrariando las oleadas actuales de que todo es gasto. Emitur instaló definitivamente a la provincia como destino ineludible del país.
Debería tener una de Ñande Roga, de la Yerba Ñande Gente, una del primer Ministerio de Ecología del país, una del Sipted… en definitiva, del mejor gobierno de la historia de la provincia.
El concepto de Estado Eficiente en el que Cacho creyó y se encargó de difundir, debería también recuperarse, no es la ausencia que se pregona desde la nación, ni es el acomodamiento personal que se efectiviza desde hace años en la provincia. Es el estado al servicio de la gente.
Yo estudiaba, y finalizando el primer gobierno democrático, soñábamos con una continuidad, una continuidad democrática, solidaria y progresista.
Nos preparamos para militar la fórmula CAPUTO – BARRIOS ARRECHEA. En La Plata, como seguramente en muchos lugares, daba gusto decir Soy Misionero, era toda una carta de presentación.
Pero venía el oleaje neoliberal, que arrasó con todo, con el país y con el continente; entonces, la opción partidaria fue otra más “pragmática”, más privatista, en definitiva, más de derecha.
Es contra fáctico, pero estoy convencido que el destino del país hubiese sido distinto si hubiésemos ido por ahí.
Algún día le voy a pedir a Cacho que me cuente que pasó con eso, con detalles.
Cacho anda por ahí, militando, sí, sigue militando, 92 pirulos y sigue.
Anda por ahí, respetado.
El tucán de Emitur, sin embargo, fue eliminado. Era demasiado importante para el que siguió gobernando después y se encargaron de tapar uno por uno los carteles de las rutas, en serio hicieron eso, recuerdo las tapadas desprolijas, a los pincelazos. Horrible tarea.
La Unión Internacional de Ornitólogos reconoce 43 especies de tucanes en cinco géneros. De estas 43 especies, 28 se encuentran en el nivel especie bajo preocupación menor, 5 en el nivel de especie casi amenazada y 1 está catalogada como especie en peligro de extinción.
La principal causa de que se encuentren en peligro de extinción se debe a la destrucción de su hábitat, la deforestación de las selvas, la contaminación ambiental, el crecimiento de las zonas urbanas y la biopiratería o la caza en su medio natural para ser mantenido en cautividad por zoológicos o particulares.
En definitiva, la especie humana.
En la Argentina hay cinco especies y en Misiones es la única provincia del país donde se pueden observar todas. Hermosa tarea.
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