Después de un impasse de casi dos años, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta reanudó esta mañana el juicio oral en el marco del expediente iniciado por la mayor tragedia de la historia de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), hecho en el cual murieron 43 gendarmes, tres de ellos misioneros, y que tiene a cinco altos mandos de la fuerza imputados, uno de ellos también oriundo de la tierra colorada.

El trágico episodio se registró el 14 de diciembre de 2015, cuando un camión del Destacamento Móvil 5 de la GNA, con asiento en la provincia de Santiago del Estero, despistó sobre la ruta 34 y cayó por un barranco de 25 metros a unos 15 kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera.

Como consecuencia del siniestro, 43 uniformados de distintas partes del país fallecieron, entre ellos misioneros Daniel Stanechuk, de Leandro N. Alem; Ignacio Nicolás “Cafú” Giménez, de Posadas; y Avelino Orlando Ortiz, de Bernardo de Irigoyen. Sólo hubo siete sobrevivientes.

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El debate para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsables del hecho comenzó el 1° de noviembre de 2021, pero debió ser suspendido atento a una serie de pasos procesales que no estaban concluidas correctamente y fueron advertidas por la fiscalía para evitar futuras nulidades.

Estas cuestiones, finalmente fueron subsanadas y, en consecuencia, esta mañana el debate oral pudo ser reanudado con un tribunal presidido por el magistrado Domingo Batule e integrado por sus pares Liliana Snopek (del TOF 1 de Salta) y Alejandra Cataldi (del TOF de Jujuy).

El juicio es afrontado por el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada; el comandante Juan Carlos Germán, responsable de la Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal (oriundo de Misiones), defendido legalmente por Federico Tilli; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando. Todo están imputados por el delito de “estrago culposo”.

Como representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), en tanto, interviene el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, mientras que hay querellas a favor de las familias de los 43 gendarmes fallecidos.

En la audiencia de hoy, el tribunal reiteró la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, tanto de la fiscalía como de la querella, “tarea que demandó toda la jornada debido a la extensa investigación llevada adelante por el fiscal federal Ricardo Toranzos”, describió esta mañana el MPF en su portal oficial.

Los únicos imputados en seguir el reinicio del proceso de manera fueron Germán y Villasanti, éste último portando una imagen de su hijo Ricardo Villasanti, quien también falleció en el siniestro. El resto de los acusados, en tanto, siguieron el juicio por vía remota.

En las afueras, varios familiares de la víctima se dieron cita con pancartas y remeras alusivas a los fallecidos. El TOF anunció que todas las audiencias se realizarán los días viernes y que serán retransmitidas a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

En diálogo con Página 12, uno de los abogados querellantes Nicolás Vedia, adelantó que planteará la ampliación de la acusación a otros funcionarios de alta jerarquía de la GNA que los familiares de los fallecidos consideran que intervinieron en la cadena de mandos y que deben responder ante la Justicia.

Por su parte, el otro letrado querellante, Mauricio Arriaga, señaló al mismo medio que pedirá la conexidad de esta causa con otra por asociación ilícita que está en trámite tras una denuncia realizada en 2017. Dicho expediente está vinculado a un presupuesto de la fuerza que no habría sido ejecutado correctamente.

La defensa del misionero Bordón

En diálogo con La Voz de Misiones, el abogado que representa al misionero Bordón, Federico Tilli, se refirió a la causa y a la perspectiva defensiva.

El letrado explicó que el día previo a la tragedia, cerca de las 17, “Bordón fue asignado por el jefe Méndez y por Maidana para que haga un plan de llamados y convoque a 150 gendarmes porque a la mañana siguiente debían estar en Salta en una manifestación”.

En ese contexto, Tilli detalló que “lo que se investiga preliminarmente es que había una malformación en la cubierta y que esto en teoría fue advertido por dos choferes de forma verbal. La fiscalía toma esto como verdad única, pero desacredita lo que cuenta el resto de los gendarmes”.

Es que, según argumentó la defensa del misionero, esa advertencia no quedó plasmada en ningún documento, para lo cual existen mecanismos tales como “libros de guardia, parte de novedades, expedientes administrativos”.

En base a ello, el letrado sostuvo que “Bordón asumió una responsabilidad a las 17 horas y ese convoy tenía que estar en Salta al otro día a las 6 de la mañana. No tenía la capacidad humana de verificar si una cubierta estaba en mal estado o no, máxime cuando todos los responsables de Logística le decían que no había anomalías. Creemos que Bordón no tuvo la capacidad de evitación”.

La tragedia

Según se reconstruyó en el requerimiento de elevación a juicio realizado por la fiscalía, el hecho sucedió el 14 de diciembre de 2015 en la ruta 34, a la altura del kilómetro 956, sobre el puente del arroyo Balboa, en la localidad de Rosario de la Frontera, a unos 180 kilómetros al sur de la capital salteña.

De acuerdo con la pieza acusatoria, el colectivo siniestrado, un Mercedes Benz, era conducido por el sargento primero Orlando Díaz, mientras el cabo primero Oscar Manrique iba en calidad de acompañante. Los dos suboficiales transportaban a 50 gendarmes, todos pertenecientes al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero.

El colectivo era parte de un convoy de tres unidades que se dirigían a la provincia de Jujuy, donde debían cumplir tareas de apoyo en un acto, según lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese entonces a cargo de la ahora candidata a presidenta Patricia Bullrich.

El camión despistó sobre la ruta 34, cerca de Rosario de la Frontera (Salta) y cayó a un barranco de 25 metros.

Según se describió, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el micro conducido por el sargento Díaz ingresó al puente, el neumático delantero del lado derecho reventó y ello provocó que el chofer perdiera el control, para luego impactar contra la rampa y precipitarse al fondo del arroyo Balboa. Como consecuencia de semejante impacto, 43 gendarmes perdieron la vida, lo que -según se indicó- marcó la peor tragedia de esa fuerza en cumplimiento del deber.

En primera instancia la causa quedó en manos de la Justicia provincial, pero luego pasó a la órbita de la Justicia Federal.

Para la fiscalía existieron graves irregularidades en torno al mantenimiento del colectivo que habían sido informadas a los superiores y en las áreas correspondientes. Incluso el día previo al traslado del convoy dos gendarmes se negaron a conducir el micro siniestrado a las fallas que presentaba en el neumático que reventó, indicaron desde el MPF. 

Las víctimas fatales

Como consecuencia del siniestro fallecieron Emilio Matías Torrez, Cosme Alejandro Yañez, Víctor Daniel Ruiz Díaz, Sergio Roberto Gallardo, Mauro Alexis Agonil, Jorge Ramírez Sena, Alejandro Javier Frías, Edgardo Raúl Pereyra, Adolfo Adrián López, Sergio Ariel Baricheval, Fabián Ignacio Martínez, Oscar Alfredo Aguilar, Mario Alejandro Barcos, Javier Ernesto Centeno, Mariano Alejandro Rodríguez, Ernesto Rodolfo Brugger, Claudio Patricio Gómez, Franco Martín Alderete, Ignacio Nicolás Giménez, Diego Argentino Núñez, Enzo Iván Costilla, Daniel Alejandro Llanos, César Antonio Garay, Víctor Hugo Cuesta, Luis Gabriel Vera, Félix Levi Ahumada, Hernán Manuel Zarate, Ricardo Emilio Villasanti, Rodolfo Sánchez Fernández, Matías Javier Gómez, Selva Rosario Florentín, Silvia Beatriz Hidalgo, Marcos Esteban Suárez, Elisandro Stanechuk, Fernando Javier Ferreyra, Eugenio Ricardo Pineda, Juan Carlos Guerrero, Rodrigo Emanuel Costa, Guillermo Federico Guitian, Avelino Orlando Díaz, Roberto Oscar Delgado, Oscar Daniel Manrique y José Luis Jaldín Villarroel.

Cafú Giménez y Daniel Stenechuk, dos de los misioneros fallecidos en la tragedia.

Sobrevinientes

En tanto, Mario Rafael Cáceres, Franco Eduardo Delgado, Hugo Hernán Sanabria, Emanuel Corbalán, Juan Jorge Alberto Fernández, Sergio Lizondo y Alfredo Fabián Rojas fueron rescatados y lograron sobrevivir.

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La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.

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Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.

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Nelson Osvaldo Winnick (41), detenido por el crimen de la adolescente Adriana Estefanía Dos Santos (16), se abstuvo de declarar hoy y fue imputado por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

Tal como estaba previsto, este mediodía el hombre fue trasladado desde la celda policial en la que se encuentra alojado desde el sábado hasta las instalaciones del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Ariel Belda.

En esas circunstancias, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el imputado estuvo acompañado de su defensor oficial y, al momento de ser indagado, optó por abstenerse de declarar.

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Posteriormente, fue notificado de los elementos de prueba que se registran en su contra hasta el momento y fue formalmente imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento y por haber sido cometido en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género, es decir, femicidio.

Culminada la audiencia, Winnick volvió a ser trasladado a una celda policial y aguardará los avances judiciales privado de su libertad. La acusación que enfrenta preliminarmente prevé una pena de prisión perpetua, lo que se traduce en 35 años de cárcel efectiva contando desde el día en que fue detenido.

El hecho sumió a San Pedro en la consternación y en la jornada de ayer más de un centenar de personas salió a las calles para reclamar justicia.

“Estoy destrozada, estamos destrozados como familia. Queremos justicia, no puede quedar impune lo que hizo”, exclamó hace unos días Olga Bento, madre de la víctima, en diálogo con el diario El Territorio.

Nelson Winnick tiene 41 años. Está detenido desde el sábado.

Femicidio al descubierto

El hecho se descubrió el pasado el 15 de septiembre, cuando vecinos del departamento de Winnick, en un inquilinato ubicado en el barrio Centro o Imas de San Pedro, alertaron sobre el fuerte olor nauseabundo que provenía del lugar.

En esa instancia, su cuñado ingresó al inmueble y se topó con el cuerpo de una mujer cubierto por una frazada dentro la heladera.

Las fuentes describieron que el cadáver llevaba al menos cinco días en el lugar y la fecha coincide con la última vez que Adriana Dos Santos fue vista con vida.

Para ese entonces Winnick ya no se encontraba en la localidad ya que un día antes se tomó un colectivo rumbo a San José y allí fue ubicado el sábado a la mañana tras un operativo de la Policía de Misiones.

En poder del implicado los uniformados intervinientes hallaron el DNI de Dos Santos, como así también otras documentaciones y hasta el teléfono celular de la adolescente asesinada.

Voceros del caso describieron que Winnick vivía a base de changas, que padece una enfermedad crónica, como así también problemas de adicción a los estupefacientes, principalmente pedra, y que era poco comunicativo con sus vecinos.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, el examen de autopsia recién pudo ser realizado el lunes y el estudio determinó que la adolescente sufrió una muerte violenta vinculada a al menos 11 lesiones corto-punzantes localizadas en distintas partes del cuerpo.

En las últimas horas investigadores policiales y judiciales regresaron al departamento del horror para realizar una nueva inspección ocular con el objetivo de hallar algún elemento que pueda haber sido utilizado como arma homicida, pero los resultados fueron negativos.

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