Una campaña en redes sociales del área de Salud Mental del Instituto de Previsión Social (IPS) encendió las alarmas entre familias con integrantes con discapacidad en la provincia. “Las etiquetas calman adultos, pero lastiman la autoestima en las infancias”, sostiene la premisa difundida por el organismo junto a una serie de flyers sobre la temática.

Ante ello, desde la Fundación Familias TEA Misiones anunciaron que solicitarán la intervención de distintos organismos provinciales al considerar que el contenido “vulnera normativas” y “derechos”.

“La desestimación discursiva del diagnóstico médico obstaculiza la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos científicos adecuados”, explicó a La Voz de Misiones Patricia Zarza, referente de la fundación, al referirse a las presuntas vulneraciones de la normativa en las que habría incurrido el departamento a cargo de Constanza Logegaray.

Campaña

Es que el área de Salud Mental del IPS sostiene en su publicación que crecer “es mucho más que un diagnóstico” o una “etiqueta” y agrega que “cada niño, niña y adolescente está en constante construcción”.

Esa postura es interpretada por la fundación como un “hecho grave”, al considerar que desconoce la importancia del diagnóstico para que niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias, accedan a las terapias y acompañamientos que requieren las personas con discapacidad.

La publicación del área también sugiere que, “antes de definir” a alguien por una “característica”, “preguntémonos si le estamos dando la oportunidad de descubrir quién puede llegar a ser”.

Otro punto que preocupa a la fundación es el señalamiento que la campaña hace hacia los padres, madres, familiares o tutores, ya que sostiene: “Las etiquetas no describen. Condicionan. Porque no nombran lo que el niño es. Nombran lo que el adulto no puede acompañar“.

Para la psicóloga especialista en discapacidad de la fundación, Raquel Peralta, este tipo de publicaciones “ponen la responsabilidad en los padres”, al dar a entender que “buscan etiquetar para manejar su ansiedad”.

“Es súper violento el posteo, porque sostiene que buscás un diagnóstico porque no sabés manejar a tu hijo”, afirmó la profesional a LVM.

Mientras que Patricia Zarza manifestó: “Nosotros estamos más que ofendidos con este tipo de publicaciones que solo culpa de nuevo a los padres, cuando el departamento de Salud Mental no brinda ningún apoyo a los padres del IPS con hijos con discapacidad”.

“Un mandato”

En la serie de flyers que compartió el área, además, se señala que lo “trágico” de las “etiquetas” es que “muchas suenan lindas” y se sostiene que dentro de un diagnóstico “se esconde un mandato”. En ese sentido, enumera como ejemplos: “No moleste”; “Sé funcional”; “Rendí bien para que te quieran”.

Y remata: “Tu hijo no es un diagnóstico. Ni un adjetivo. Es un universo por descubrir”.

Sobre ese punto, Patricia Zarza enfatizó: “En el derecho positivo argentino, el diagnóstico formal no es una etiqueta estigmatizante, sino la llave jurídica indispensable de acceso a derechos, prestaciones de salud, coberturas integrales y apoyos estatales específicos”.

La publicación del área de Salud Mental del IPS concluye sosteniendo que, cuando “la etiqueta se instala, empieza a operar un hechizo: el niño se vuelve obediente a esa idea”.

Normativas “vulneradas”

Desde la Fundación Familias TEA Misiones sostienen que la publicación del área vulnera distintas normativas nacionales e internacionales vinculadas al derecho a la salud y la protección integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entre ellas, mencionan la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, al considerar que el mensaje relativiza la importancia del diagnóstico médico como herramienta para acceder a tratamientos, apoyos y acompañamientos adecuados.

Además, señalan que la comunicación desconoce principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes 24.901 y 22.431, que garantizan prestaciones integrales y coberturas específicas. Según plantean, el diagnóstico formal no representa una “etiqueta”, sino un requisito necesario para acceder a derechos como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), terapias y otras prestaciones.

En ese sentido, cuestionan que una comunicación emitida por un organismo estatal pueda generar “barreras institucionales” al desalentar la detección temprana y el abordaje profesional interdisciplinario.

Para la organización, las políticas y mensajes públicos vinculados a infancia y discapacidad deben ajustarse al marco de protección vigente y garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la normativa.

La fundación prepara notas formales que serán presentadas ante el gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis) y el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, con el objetivo de solicitar medidas de carácter “urgente” por la campaña difundida por el departamento de Salud Mental del IPS en sus redes sociales durante la jornada del último jueves.

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Mariza Giménez tiene 41 años, es tarefera, madre de ocho hijos y desde hace un mes y medio viaja todas las semanas desde Oberá a Posadas para tratar un cáncer de cuello de útero en el Instituto Misionero del Cáncer. Mientras enfrenta sesiones de quimioterapia y radioterapia, también debe sostener a sus hijos y afrontar los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. Hoy apela a la solidaridad para poder continuar el tratamiento.

Cuenta a La Voz de Misiones que la enfermedad llegó cuando estaba embarazada de su hijo menor, que hoy tiene apenas un año. El diagnóstico fue devastador: cáncer de cuello de útero. Los médicos le plantearon interrumpir el embarazo para comenzar de inmediato el tratamiento, pero ella tomó otra decisión.

Esa elección postergó el tratamiento durante casi dos años. A la falta de recursos económicos se sumó la ausencia de una red familiar que pudiera acompañarla. “No tenía quién me trajera al hospital, mi pareja se fue y me quedé sola con mis hijos. Vine una vez con el bebé y sufrimos hambre, sed y cansancio”, contó.

Sin embargo, una internación por una severa anemia en el hospital de Oberá cambió el rumbo. Los médicos le advirtieron que debía iniciar el tratamiento cuanto antes porque el cáncer estaba avanzando.

Desde el 16 de junio Mariza se realiza las sesiones de radioterapia en Posadas. Ya completó parte del tratamiento, pero aún le restan nueve sesiones de rayos y cuatro de quimioterapia.

Cada lunes debe presentarse a las 7 de la mañana para realizarse análisis de sangre que determinan si sus defensas permiten recibir la quimioterapia. Luego continúa con la radioterapia diaria.

Mientras tanto, sus tres hijos menores quedaron repartidos entre familiares y vecinos. La adolescente de 13 años permanece en la casa, una niña de seis está al cuidado de una vecina y el bebé se queda con sus abuelos.

“Mis hijos están uno para acá y otro para allá. No tengo otra opción”, lamentó.

El mayor dolor, reconoce, es estar lejos del más pequeño y explicó que no puede traerlo porque cuando está en quimioterapia o radioterapia alguien tiene que cuidarlo y no tiene a nadie.

En medio del tratamiento, Mariza vivió una situación que todavía la conmueve: “Quisieron quedarse con mi hijo”.

Una mujer que le había ofrecido alojamiento en Garupá terminó proponiéndole entregar a su hijo para criarlo.

“Ella me dijo que pensara bien las cosas, que por ahí yo me podía morir y que le diera el bebé para que ella lo criara. Incluso quería que le sacara el apellido del padre y le pusiera el del marido de ella”, relató.

Ante su negativa, asegura que fue echada del lugar. 

“Saqué mis cosas y me fui. Si no fuera por una persona que me prestó una pieza, esa noche hubiera dormido abajo de un puente”, dijo.

Actualmente permanece sola en una pequeña habitación prestada en Posadas mientras realiza el tratamiento.

Familia terefera

Mariza trabajó toda su vida en la cosecha de yerba mate. Creció en una familia tarefera de Campo Ramón y nunca pudo terminar la escuela porque desde niña debía ir a la chacra.

“Toda mi vida fue la yerba. Por eso no tengo estudios”, contó. 

Además cuenta que más adelante también sufrió violencia de género: “Quise estudiar cuando salió la escuela para adultos, pero mi pareja me decía que iba a buscar otro hombre y que no necesitaba estudiar porque él iba a mantenerme”.

Hoy vive gracias a la pensión para madres de siete hijos. Percibe 480.000 pesos mensuales, aunque gran parte del ingreso se destina al pago de un préstamo con el que pudo comprar una pequeña vivienda tras separarse.

Después de los descuentos, a Mariza le quedan unos 300.000 pesos para alimentar a sus hijos, pagar los servicios y afrontar todos los gastos del tratamiento.

Estable

Pese a todo, la doctora Bastida Noelia, oncóloga del El Instituto Misionero del Cáncer, le transmitió una noticia alentadora.

Según explicó, el tumor se mantuvo estable durante estos dos años y eso permite mantener expectativas favorables con el tratamiento.

“La doctora me dijo que si hago el tratamiento tengo posibilidades de curarme y vivir muchos años más. El tumor no avanzó y eso nos da esperanza”, celebró.

Para Mariza el mayor problema hoy son los costos diarios. Todavía no cuenta con el boleto oncológico gratuito, por lo que debe pagar cada viaje entre Oberá y Posadas, además de los traslados dentro de la ciudad.

“Un viaje me cuesta 13.000 pesos y después tengo que moverme hasta el hospital. Algunos días gasto cerca de ocho mil pesos solamente en los traslados”, describió.

Además, el hospital le solicitó reponer dos unidades de sangre utilizadas durante una transfusión, por lo que también necesita donantes voluntarios.

Integrante de la organización Mujeres Tareferas de Oberá, Mariza decidió hacer pública su historia con la esperanza de encontrar una mano solidaria.

“Quiero vivir para criar a mis hijos. Lo único que necesito ahora es poder terminar el tratamiento”, pidió.

Para ayudar comunicarse al número 3755-819692 Mariza Giménez 

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Patricia Olivera, tiene 31 años, vive en Candelaria, es madre de un bebé de un año y acudió a La Voz de Misiones para denunciar que Héctor Haseitel, su ex esposo, atentó contra su vida y la del pequeño en varias ocasiones, hechos por los cuales no obtuvo respuestas de la Justicia.

Es que, según afirmó, pese a la grave situación de violencia de género que atraviesa desde hace más de tres años, el caso no es atendido como corresponde por el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Garupá. 

“No me siento acompañada por la Justicia, siento que me están dejando a la deriva a mí y a mi hijo”, expresó.

Según su testimonio, el vínculo con el progenitor de su hijo comenzó en 2022, pero rápidamente se transformó en una relación marcada por el engaño, el control y la violencia. Relató que, tras contraer matrimonio y quedar embarazada, descubrió que su pareja mantenía una relación paralela, situación que le provocó una crisis emocional que derivó en la pérdida de su primer embarazo.

“Ese fue el inicio de la violencia psicológica y emocional. Yo quedé completamente debilitada”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó. La mujer denunció episodios de violencia física, amenazas y conductas de extremo riesgo. Uno de los hechos más graves ocurrió en 2024, cuando, según relató, su pareja la golpeó mientras conducía y expresó su intención de “matarse con ella y el hijo”.

“Me dijo ‘ahora nos vamos a matar los tres’. Tuve que accionar el freno de mano y tirarme del auto con mi bebé para salvarnos”, recordó.

Tras ese episodio, realizó una denuncia por intento de homicidio agravado y se dictaron medidas de restricción, aunque la violencia continuó.

En mayo de 2025, luego de un nuevo hecho violento en el que el hombre rompió objetos y la amenazó, fue excluido del hogar. Desde entonces, la mujer inició acciones judiciales por alimentos, aunque denunció incumplimientos sistemáticos.

“Él cumple con la cuota alimentaria pero solo el 20% que para los gastos extraordinarios no me alcanzan, entonces, siempre manejó todo desde el poder y la manipulación”, afirmó.

La denunciante también relató que fue víctima de una denuncia falsa por robo del vehículo familiar, lo que derivó en un procedimiento policial en su domicilio. A esto se sumó, en diciembre de ese mismo año, la interrupción del suministro eléctrico en la vivienda donde residía con su hijo.

“Nos dejaron sin luz con un bebé enfermo. Fue una situación desesperante”, señaló.

El último hecho ocurrió este mes y la joven denuncia que el hombre vandalizó su hogar.

“Tengo miedo por mi vida”

El episodio más reciente y grave ocurrió en abril de 2026. Según denunció, el hombre habría ingresado ilegalmente a la vivienda, violando la restricción perimetral, y destruyó completamente el interior de la casa.

“Rompió todo, se llevó cosas y dejó las garrafas abiertas. Podría haber explotado todo. Fue un mensaje mafioso”, aseguró.

La mujer sostiene que el hecho puso en riesgo su vida y la de su hijo, ya que la vivienda quedó en condiciones peligrosas tras la intervención.

“Hoy tengo miedo por mi vida y por la de mi hijo. Es una persona capaz de todo”, advirtió.

Pese a la acumulación de denuncias -que incluyen amenazas, violencia de género, daños y violación de domicilio-, aseguró que el acusado continúa en libertad, lo que profundiza su sensación de desprotección.

“La Justicia no está tomando medidas. Esto ya no es solo violencia, es peligro de vida”, remarcó.

Ante este escenario, decidió hacer pública su situación, frenar instancias de mediación y avanzar como querellante en la causa.

“No voy a permitir que mi hijo crezca en la violencia. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

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