Judiciales
Mañana, día de alegatos en el juicio por la muerte de Mirta Rosa
Después de la declaración de 17 testigos y de los dos ex policías imputados, el juicio oral por la muerte de la docente Mirta Carmen Rosa (47) ingresó a su etapa decisiva y mañana será el turno de los alegatos de las partes, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia.
El juicio que tiene a Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43) como imputados por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” y “falsificación ideológica de instrumento público” comenzó el 10 de agosto y se extendió durante seis jornadas.
En ese período declararon 17 testigos: tres profesionales de la medicina; tres familiares de la víctima; tres vecinos de Garupá; seis efectivos policiales; un psiquiatra; y un muchacho que estuvo detenido en la comisaría donde trabajaban los imputados al momento del hecho.
Testimoniales
Los primeros en declarar fueron los médicos y el testimonio más relevante fue el de Carlos Wolhein, encargado de la autopsia efectuada al cadáver de Rosa, una docente jubilada con diagnóstico de “trastorno psicótico esquizofrénico” cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 14 de febrero de 2013 en una antigua cancha ubicada en el ingreso barrio Los Potrillos de Garupá, horas después de haber sido levantada por el patrullero que comandaban los imputados.
Apoyado en la exhibición de fotografías tomadas al cuerpo al momento de su ingreso a la morgue, el forense brindó detalles de la necropsia, precisando que la víctima murió como consecuencia de un “trauma craneofacial asociado a una ruptura vesical” y que además el cadáver presentaba múltiples lesiones post-mortem en diferentes partes.
“El cuerpo estaba muy maltratado”, fueron sus palabras ante la atenta mirada del fiscal de juicio, Vladimir Glinka, y los abogados defensores Mónica Olivera por el imputado Villalba y José Luis Rey por Rotela.
Carlos Zarza, viudo de la víctima, recordó que “llegué a caer preso por traer medicamentos para ella de Brasil”.
Con diferencia de días, frente al tribunal también declararon los familiares directos Rosa: su marido Carlos Zarza y sus hijos Rina y Jeremías. Los tres coincidieron en relatos vinculados a la historia de la víctima en relación a la patología que padecía.
Todos reconstruyeron que residían en San Javier, pero debieron mudarse a Posadas para que Rosa reciba un tratamiento médico más acorde a su estado. Describieron que por momentos la mujer llegó a tomar 14 medicamentos diarios y que recibía un cuidado constante de parte de toda su familia. “Llegué a caer preso por buscar remedios para ella en Brasil”, graficó el viudo.
En la tercera audiencia, el testimonio clave fue el de Mariela Benítez, una vecina del barrio Horacio Quiroga (anteriormente llamado Nuevo Garupá), quien ese 14 de febrero auxilio a la víctima y llamó a la Policía para que intervengan.
La mujer contó que ese mediodía Rosa llegó corriendo y desorientada a su casa y que tras invitarle agua y pan pidieron ayuda a la Policía. Así fue al lugar arribó la patrulla integrada por Villalba y Rotela, quienes subieron a la víctima al móvil y la llevaron con rumbo incierto.
“Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, indicó Benítez, al tiempo que describió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta”.
A su turno también declararon tres efectivos que en ese entonces pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y que el día del hecho se encontraban “de operativo” en el barrio Los Potrillos y cuyo accionar fue puesto bajo mantos de sospechas, a punto tal que durante la etapa de investigación fueron sometidos a careos con al menos uno de los imputados.
Los tres uniformados se trataron del subcomisario Emilio Broemser y los sargentos José María Bernal y Adrián Roberto Borda. Todos ellos ese 14 de febrero realizaban recorridas por el barrio Los Potrillos junto a un detenido, Walter Rubén “Chinito” Velázquez, a quien minutos antes habían retirado de la celda en la que estaba alojado en la comisaría Quinta, seccional en la que trabajaban los imputados.
En su alegato de apertura, el fiscal Glinka adelantó que “cómo los de la Brigada estaban haciendo cagada por el barrio” los acusados pretendieron desviar la pesquisa y apuntar responsabilidades sobre ellos. Mañana en la ronda de alegatos finales, podrá avanzar en esa línea.
En su alegato de apertura el fiscal Glinka adelantó su postura y sostuvo que Rosa murió “por el accionar” de los imputados.
Lo cierto es que los tres uniformados declararon con contrapuntos entre sí y marcados olvidos, pero coincidieron en que Borda alcanzó a ver una “mujer de similares características” a Rosa en inmediaciones a la cancha donde finalmente la víctima apareció sin vida.
En relación a este punto de la reconstrucción del caso también tomó relevancia la declaración de alias “Chinito”, quien estaba en ese mismo patrullero de inteligencia con los agentes de la Brigada.
El joven narró que mientras ellos salían de Los Potrillos se cruzaron con el patrullero de la Quinta ingresando al barrio y detalló que en el otro móvil vio a los agentes Villalba y Rotela y a otra persona que no supo identificar en el asiento trasero.
Otro testimonio destacado fue el brindado por el comisario general retirado José Daniel Cerdán, que al momento del hecho era jefe de la seccional Quinta.
El ex jefe policial apuntó contra Villalba por no avisarle nada del procedimiento realizado con Rosa el mediodía del hecho y aseguró que recién se enteró de la posible implicancia de sus subordinados en el caso cuando el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, que llevó adelante las primeras actuaciones de la causa, le comunicó de los testimonios recolectados.
Rotela, junto a los abogados Rey y Olivera, y, por último, Villalba.
La palabra de Villalba
Villalba hizo uso de su derecho a declarar en la última jornada, el viernes pasado, instancia en la que admitió un “mal procedimiento”, pidió perdón a la familia de Rosa y aprovechó para “aclarar cuestiones que no son ciertas”.
Ante las partes, el ex policía recordó que ese día efectivamente levantaron a Rosa tras el llamado de la familia de Mariela Benítez, pero añadió que durante el recorrido por el barrio la mujer pidió bajarse y él no advirtió ninguna “sensación de peligro”.
“Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”, declaró el principal imputado.
En otro tramo de su indagatoria, en la cual no aceptó responder preguntas, admitió que “quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor” y rogó que Dios “ilumine el camino de la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.
Día de conclusiones
Ahora, las partes deberán procesar todo lo recolectado en estas seis audiencias previas para desplegar ante el tribunal sus alegatos y conclusiones finales para plantear sus respectivos pedidos.
El primero en exponer será el fiscal Glinka, que ya en la primera audiencia adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes además apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.
Luego, será el turno de los defensores particulares Olivera y Rey y recién al culminar la etapa de réplicas y dúplicas de todas las partes el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) resolverán cómo proceder. Se estima que mañana también podría dictarse sentencia.
El tribunal está presidido por el juez Gregorio Busse (centro) e integrado por sus César Yaya y Fernando Verón.
El juicio, día a día:
Día 1: Mirta Rosa: el crimen de una docente y dos policías enjuiciados 10 años después.
Día 2: Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”
Día 3: Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”
Día 4: Un policía ubicó a Rosa cerca de la cancha donde apareció sin vida en Garupá
Día 5: Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa
Día 6: Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa
El Tribunal Penal Uno de Posadas fijó para el próximo 15 de septiembre el inicio de las doce audiencias que fueron programadas para llevar adelante el juicio oral para esclarecer el asesinato del bonaerense Pablo Martín Arredondo (37), ultimado a golpes en un departamento del microcentro posadeño en febrero de 2020.
El caso tiene un total de seis jóvenes acusados: Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25), Oriana Saucedo (24), Brisa Torres (24) y Juan Alberto Barrios (22). Todos ellos están imputados como cautores de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua.
El juicio oral continuará en sucesivas audiencias programadas para el 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre. Resta definir si el proceso se realizará en el recinto de debates del TP Uno por calle La Rioja o en otra ubicación dada la cantidad de imputados.
El tribunal estará integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Miguel Mattos, este último como subrogante.
Por la acusación, en tanto, actuará el fiscal Martín Rau, en lo que podría ser su última participación en un juicio oral encarando ese rol ya que está pronto a ser designado oficialmente como magistrado del Tribunal Penal Dos de Posadas.
Según la información recopilada por La Voz de Misiones, hay un total de 45 testigos citados a prestar declaración testimonial ante las partes, entre los cuales hay investigadores policiales, peritos en criminalística, forenses, vecinos y familiares, tanto de la víctima como de los acusados.
Pablo Martín Arredondo (37) fue asesinado en 2020 en un departamento sobre calle Colón.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Confirman elevación a juicio del crimen de Arredondo con seis imputados
Florencia Rondón es misionera. Tiene 30 años y es madre de una beba de 1. Vive y trabaja como médica en Eldorado, donde se asentó tras huir de una relación donde padecía violencia de género y ahora reclama ayuda porque la Justicia de Rosario le pide a regresar al mismo lugar donde era sometida por su ex pareja.
La joven contó su historia y clamó por ayuda en un video que rápidamente se viralizó. “Pido por favor que me ayuden a difundir para que se haga justicia y para que nosotros nos podamos mantener vivas”, suplicó.
La información recopilada da cuenta de que la médica se instaló en Rosario para convivir con quien era su pareja, un colega suyo identificado como Renzo Pellini, pero tras el nacimiento de la hija que tuvieron en común la violencia se hizo parte del día a día con maltrato psicológico, golpes, encierros y amenazas permanentes.
Tras casi un año viviendo en ese contexto, en abril pasado Rondón decidió escapar hacia Misiones, donde regresó con su núcleo familiar y comenzó nueva vida como médica en Eldorado.
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“No quiero ser una estadística más”
Esa situación dio pie a un litigio con su ex pareja y ahora el Juzgado de Familia 5 de Rosario considera que la mujer debe regresar a la ciudad porque entiende que ese lugar “es el centro de vida” de su pequeña hija.
Fue en ese marco que Rondón decidió hacer un video para difundir su caso y “llegar al corazón de la jueza de Rosario, Alicia Ana Galetto, para que por favor entienda la gravedad y el padecimiento que tenemos”.
“Tengo una hija de un año, que todavía toma la teta”, se presentó la joven en ese audiovisual, para luego contar que “en abril tuve que escapar de Rosario porque viví y sigo viviendo violencia de género por parte de su padre”.
“A mí no me quedó otra opción que salir huyendo de esa ciudad para mantenerme viva y proteger la vida de mi hija”, expresó.
Y añadió: “Hoy la Justicia de Rosario, de la Familia 5, me está obligando a mí y a mí hija a volver al calvario donde padecimos toda la violencia. Acá mis abogados y gracias al Juzgado de Familia Uno de Eldorado, me están protegiendo de manera provisoria y tratando de proteger mi integridad”.
Rondón sostuvo que “nosotros acá tenemos nuestro centro de vida. Mi hija acá aprendió a hablar, acá aprendió a caminar. Nosotros acá contamos con una red de apoyo”.
“Yo no quiero ser una estadística más, una muerta más en Rosario, no quiero que mi hija sea una niña muerta más. Pido por favor que me ayuden a difundir para que se haga justicia y para que nosotros nos podamos mantener vivas”, cerró.
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a la pena de prisión perpetua a Pablo Dlugokinski (42), el último acusado que restaba juzgar por el doble homicidio de una pareja de agricultores de Puerto Rosario, Florentino Ameghino, quienes en marzo de 2017 fueron asesinados y enterrados en una fosa.
La misma pena habían recibido en 2021 su hermano Víctor Dlugokinski (37) -ex policía- y su cuñado Leonardo Bublitz (44), pero el juicio contra el ahora condenado se demoró más tiempo ya que estuvo más de dos años prófugo en Brasil, donde residía con una identidad falsa.
La sentencia de hoy fue dictada por los magistrados Horacio Paniagua, Jorge Villalba y Julio Carvallo, tras una audiencia en la cual el fiscal subrogante Elías Bys expuso un alegato donde consideró a Pablo Dlugokinski coautor del doble crimen de los agricultores Sandro Leiva (39) y Olivia Márquez (46).
Para el fiscal no quedaron dudas respecto a la participación del acusado en el acto criminal y reconstruyó que las víctimas fueron “emboscadas, golpeadas brutalmente, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa cavada en la chacra de los acusados”.
Tras oír el veredicto, Dlugokinski fue inmediatamente trasladado a la Unidad Penal II de Oberá, donde deberá purgar la condena que prevé el cumplimiento efectivo de 35 años de encierro.
Doble homicidio
El doble homicidio se descubrió el 2 de abril de 2017, cuando los cuerpos de la pareja fueron encontrados semienterrados en cercanías a un cerro que está dentro de la chacra de los hermanos acusados.
Una semana antes, es decir el 25 de marzo, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), padre de los condenados, falleció en el incendio de su casa y se cree que los hermanos responsabilizaron de ese hecho a la pareja de agricultores, ante lo cual decidieron cobrar venganza.
En ese contexto, Márquez, que era tía de los Dlugokinski, y su pareja Leiva, que trabajaba en la chacra de los hermanos, desaparecieron el 28 de marzo, ante lo cual se inició una búsqueda que terminó develando el horror.
En el medio, los hermanos y Bublitz fueron identificados por una patrulla de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control sobre la ruta costera 2 y en el baúl del auto del policía transportaban una moto Gilera 110 desarmada.
Esa motocicleta días más tarde fue encontrada en el cauce del arroyo Los Toros y se confirmó que el vehículo era propiedad de las víctimas, lo que orientó la investigación hacía el trío ahora condenado a prisión perpetua.
El primero en ser detenido fue Dublitz, mientras que el ex policía cayó días después en Brasil. Pablo Dlugokisnki, el último condenado, fue también el último detenido.
Su captura recién se concretó en 2019, cuando la Policía lo encontró en Novo Hamburgo, a unos 500 kilómetros de la frontera con Misiones, donde se movía como Oskcar Dos Santos y se promocionaba como cantante.
FOTO: El Territorio.
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