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Mañana, día de alegatos en el juicio por la muerte de Mirta Rosa

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Después de la declaración de 17 testigos y de los dos ex policías imputados, el juicio oral por la muerte de la docente Mirta Carmen Rosa (47) ingresó a su etapa decisiva y mañana será el turno de los alegatos de las partes, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia.

El juicio que tiene a Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43) como imputados por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” y “falsificación ideológica de instrumento público” comenzó el 10 de agosto y se extendió durante seis jornadas.

En ese período declararon 17 testigos: tres profesionales de la medicina; tres familiares de la víctima; tres vecinos de Garupá; seis efectivos policiales; un psiquiatra; y un muchacho que estuvo detenido en la comisaría donde trabajaban los imputados al momento del hecho.

Testimoniales

Los primeros en declarar fueron los médicos y el testimonio más relevante fue el de Carlos Wolhein, encargado de la autopsia efectuada al cadáver de Rosa, una docente jubilada con diagnóstico de “trastorno psicótico esquizofrénico” cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 14 de febrero de 2013 en una antigua cancha ubicada en el ingreso barrio Los Potrillos de Garupá, horas después de haber sido levantada por el patrullero que comandaban los imputados.

Apoyado en la exhibición de fotografías tomadas al cuerpo al momento de su ingreso a la morgue, el forense brindó detalles de la necropsia, precisando que la víctima murió como consecuencia de un “trauma craneofacial asociado a una ruptura vesical” y que además el cadáver presentaba múltiples lesiones post-mortem en diferentes partes.

“El cuerpo estaba muy maltratado”, fueron sus palabras ante la atenta mirada del fiscal de juicio, Vladimir Glinka, y los abogados defensores Mónica Olivera por el imputado Villalba y José Luis Rey por Rotela.

Carlos Zarza, viudo de la víctima, recordó que “llegué a caer preso por traer medicamentos para ella de Brasil”.

Con diferencia de días, frente al tribunal también declararon los familiares directos Rosa: su marido Carlos Zarza y sus hijos Rina y Jeremías. Los tres coincidieron en relatos vinculados a la historia de la víctima en relación a la patología que padecía.

Todos reconstruyeron que residían en San Javier, pero debieron mudarse a Posadas para que Rosa reciba un tratamiento médico más acorde a su estado. Describieron que por momentos la mujer llegó a tomar 14 medicamentos diarios y que recibía un cuidado constante de parte de toda su familia. “Llegué a caer preso por buscar remedios para ella en Brasil”, graficó el viudo.

En la tercera audiencia, el testimonio clave fue el de Mariela Benítez, una vecina del barrio Horacio Quiroga (anteriormente llamado Nuevo Garupá), quien ese 14 de febrero auxilio a la víctima y llamó a la Policía para que intervengan.

La mujer contó que ese mediodía Rosa llegó corriendo y desorientada a su casa y que tras invitarle agua y pan pidieron ayuda a la Policía. Así fue al lugar arribó la patrulla integrada por Villalba y Rotela, quienes subieron a la víctima al móvil y la llevaron con rumbo incierto.

“Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, indicó Benítez, al tiempo que describió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta”.

A su turno también declararon tres efectivos que en ese entonces pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y que el día del hecho se encontraban “de operativo” en el barrio Los Potrillos y cuyo accionar fue puesto bajo mantos de sospechas, a punto tal que durante la etapa de investigación fueron sometidos a careos con al menos uno de los imputados.

Los tres uniformados se trataron del subcomisario Emilio Broemser y los sargentos José María Bernal y Adrián Roberto Borda. Todos ellos ese 14 de febrero realizaban recorridas por el barrio Los Potrillos junto a un detenido, Walter Rubén “Chinito” Velázquez, a quien minutos antes habían retirado de la celda en la que estaba alojado en la comisaría Quinta, seccional en la que trabajaban los imputados.

En su alegato de apertura, el fiscal Glinka adelantó que “cómo los de la Brigada estaban haciendo cagada por el barrio” los acusados pretendieron desviar la pesquisa y apuntar responsabilidades sobre ellos. Mañana en la ronda de alegatos finales, podrá avanzar en esa línea.

En su alegato de apertura el fiscal Glinka adelantó su postura y sostuvo que Rosa murió “por el accionar” de los imputados.

Lo cierto es que los tres uniformados declararon con contrapuntos entre sí y marcados olvidos, pero coincidieron en que Borda alcanzó a ver una “mujer de similares características” a Rosa en inmediaciones a la cancha donde finalmente la víctima apareció sin vida.

En relación a este punto de la reconstrucción del caso también tomó relevancia la declaración de alias “Chinito”, quien estaba en ese mismo patrullero de inteligencia con los agentes de la Brigada.

El joven narró que mientras ellos salían de Los Potrillos se cruzaron con el patrullero de la Quinta ingresando al barrio y detalló que en el otro móvil vio a los agentes Villalba y Rotela y a otra persona que no supo identificar en el asiento trasero.

Otro testimonio destacado fue el brindado por el comisario general retirado José Daniel Cerdán, que al momento del hecho era jefe de la seccional Quinta.

El ex jefe policial apuntó contra Villalba por no avisarle nada del procedimiento realizado con Rosa el mediodía del hecho y aseguró que recién se enteró de la posible implicancia de sus subordinados en el caso cuando el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, que llevó adelante las primeras actuaciones de la causa, le comunicó de los testimonios recolectados.

Rotela, junto a los abogados Rey y Olivera, y, por último, Villalba. 

La palabra de Villalba

Villalba hizo uso de su derecho a declarar en la última jornada, el viernes pasado, instancia en la que admitió un “mal procedimiento”, pidió perdón a la familia de Rosa y aprovechó para “aclarar cuestiones que no son ciertas”.

Ante las partes, el ex policía recordó que ese día efectivamente levantaron a Rosa tras el llamado de la familia de Mariela Benítez, pero añadió que durante el recorrido por el barrio la mujer pidió bajarse y él no advirtió ninguna “sensación de peligro”.

“Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”, declaró el principal imputado.

En otro tramo de su indagatoria, en la cual no aceptó responder preguntas, admitió que “quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor” y rogó que Dios “ilumine el camino de la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.

Día de conclusiones

Ahora, las partes deberán procesar todo lo recolectado en estas seis audiencias previas para desplegar ante el tribunal sus alegatos y conclusiones finales para plantear sus respectivos pedidos.

El primero en exponer será el fiscal Glinka, que ya en la primera audiencia adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes además apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.

Luego, será el turno de los defensores particulares Olivera y Rey y recién al culminar la etapa de réplicas y dúplicas de todas las partes el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) resolverán cómo proceder. Se estima que mañana también podría dictarse sentencia.

El tribunal está presidido por el juez Gregorio Busse (centro) e integrado por sus César Yaya y Fernando Verón.

El juicio, día a día:

Día 1: Mirta Rosa: el crimen de una docente y dos policías enjuiciados 10 años después. 

Día 2: Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”

Día 3: Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”

Día 4: Un policía ubicó a Rosa cerca de la cancha donde apareció sin vida en Garupá

Día 5: Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa

Día 6: Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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