Judiciales
Mañana, día de alegatos en el juicio por la muerte de Mirta Rosa
Después de la declaración de 17 testigos y de los dos ex policías imputados, el juicio oral por la muerte de la docente Mirta Carmen Rosa (47) ingresó a su etapa decisiva y mañana será el turno de los alegatos de las partes, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia.
El juicio que tiene a Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43) como imputados por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” y “falsificación ideológica de instrumento público” comenzó el 10 de agosto y se extendió durante seis jornadas.
En ese período declararon 17 testigos: tres profesionales de la medicina; tres familiares de la víctima; tres vecinos de Garupá; seis efectivos policiales; un psiquiatra; y un muchacho que estuvo detenido en la comisaría donde trabajaban los imputados al momento del hecho.
Testimoniales
Los primeros en declarar fueron los médicos y el testimonio más relevante fue el de Carlos Wolhein, encargado de la autopsia efectuada al cadáver de Rosa, una docente jubilada con diagnóstico de “trastorno psicótico esquizofrénico” cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 14 de febrero de 2013 en una antigua cancha ubicada en el ingreso barrio Los Potrillos de Garupá, horas después de haber sido levantada por el patrullero que comandaban los imputados.
Apoyado en la exhibición de fotografías tomadas al cuerpo al momento de su ingreso a la morgue, el forense brindó detalles de la necropsia, precisando que la víctima murió como consecuencia de un “trauma craneofacial asociado a una ruptura vesical” y que además el cadáver presentaba múltiples lesiones post-mortem en diferentes partes.
“El cuerpo estaba muy maltratado”, fueron sus palabras ante la atenta mirada del fiscal de juicio, Vladimir Glinka, y los abogados defensores Mónica Olivera por el imputado Villalba y José Luis Rey por Rotela.

Carlos Zarza, viudo de la víctima, recordó que “llegué a caer preso por traer medicamentos para ella de Brasil”.
Con diferencia de días, frente al tribunal también declararon los familiares directos Rosa: su marido Carlos Zarza y sus hijos Rina y Jeremías. Los tres coincidieron en relatos vinculados a la historia de la víctima en relación a la patología que padecía.
Todos reconstruyeron que residían en San Javier, pero debieron mudarse a Posadas para que Rosa reciba un tratamiento médico más acorde a su estado. Describieron que por momentos la mujer llegó a tomar 14 medicamentos diarios y que recibía un cuidado constante de parte de toda su familia. “Llegué a caer preso por buscar remedios para ella en Brasil”, graficó el viudo.
En la tercera audiencia, el testimonio clave fue el de Mariela Benítez, una vecina del barrio Horacio Quiroga (anteriormente llamado Nuevo Garupá), quien ese 14 de febrero auxilio a la víctima y llamó a la Policía para que intervengan.
La mujer contó que ese mediodía Rosa llegó corriendo y desorientada a su casa y que tras invitarle agua y pan pidieron ayuda a la Policía. Así fue al lugar arribó la patrulla integrada por Villalba y Rotela, quienes subieron a la víctima al móvil y la llevaron con rumbo incierto.
“Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, indicó Benítez, al tiempo que describió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta”.
A su turno también declararon tres efectivos que en ese entonces pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y que el día del hecho se encontraban “de operativo” en el barrio Los Potrillos y cuyo accionar fue puesto bajo mantos de sospechas, a punto tal que durante la etapa de investigación fueron sometidos a careos con al menos uno de los imputados.
Los tres uniformados se trataron del subcomisario Emilio Broemser y los sargentos José María Bernal y Adrián Roberto Borda. Todos ellos ese 14 de febrero realizaban recorridas por el barrio Los Potrillos junto a un detenido, Walter Rubén “Chinito” Velázquez, a quien minutos antes habían retirado de la celda en la que estaba alojado en la comisaría Quinta, seccional en la que trabajaban los imputados.
En su alegato de apertura, el fiscal Glinka adelantó que “cómo los de la Brigada estaban haciendo cagada por el barrio” los acusados pretendieron desviar la pesquisa y apuntar responsabilidades sobre ellos. Mañana en la ronda de alegatos finales, podrá avanzar en esa línea.

En su alegato de apertura el fiscal Glinka adelantó su postura y sostuvo que Rosa murió “por el accionar” de los imputados.
Lo cierto es que los tres uniformados declararon con contrapuntos entre sí y marcados olvidos, pero coincidieron en que Borda alcanzó a ver una “mujer de similares características” a Rosa en inmediaciones a la cancha donde finalmente la víctima apareció sin vida.
En relación a este punto de la reconstrucción del caso también tomó relevancia la declaración de alias “Chinito”, quien estaba en ese mismo patrullero de inteligencia con los agentes de la Brigada.
El joven narró que mientras ellos salían de Los Potrillos se cruzaron con el patrullero de la Quinta ingresando al barrio y detalló que en el otro móvil vio a los agentes Villalba y Rotela y a otra persona que no supo identificar en el asiento trasero.
Otro testimonio destacado fue el brindado por el comisario general retirado José Daniel Cerdán, que al momento del hecho era jefe de la seccional Quinta.
El ex jefe policial apuntó contra Villalba por no avisarle nada del procedimiento realizado con Rosa el mediodía del hecho y aseguró que recién se enteró de la posible implicancia de sus subordinados en el caso cuando el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, que llevó adelante las primeras actuaciones de la causa, le comunicó de los testimonios recolectados.

Rotela, junto a los abogados Rey y Olivera, y, por último, Villalba.
La palabra de Villalba
Villalba hizo uso de su derecho a declarar en la última jornada, el viernes pasado, instancia en la que admitió un “mal procedimiento”, pidió perdón a la familia de Rosa y aprovechó para “aclarar cuestiones que no son ciertas”.
Ante las partes, el ex policía recordó que ese día efectivamente levantaron a Rosa tras el llamado de la familia de Mariela Benítez, pero añadió que durante el recorrido por el barrio la mujer pidió bajarse y él no advirtió ninguna “sensación de peligro”.
“Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”, declaró el principal imputado.
En otro tramo de su indagatoria, en la cual no aceptó responder preguntas, admitió que “quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor” y rogó que Dios “ilumine el camino de la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.
Día de conclusiones
Ahora, las partes deberán procesar todo lo recolectado en estas seis audiencias previas para desplegar ante el tribunal sus alegatos y conclusiones finales para plantear sus respectivos pedidos.
El primero en exponer será el fiscal Glinka, que ya en la primera audiencia adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes además apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.
Luego, será el turno de los defensores particulares Olivera y Rey y recién al culminar la etapa de réplicas y dúplicas de todas las partes el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) resolverán cómo proceder. Se estima que mañana también podría dictarse sentencia.

El tribunal está presidido por el juez Gregorio Busse (centro) e integrado por sus César Yaya y Fernando Verón.
El juicio, día a día:
Día 1: Mirta Rosa: el crimen de una docente y dos policías enjuiciados 10 años después.
Día 2: Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”
Día 3: Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”
Día 4: Un policía ubicó a Rosa cerca de la cancha donde apareció sin vida en Garupá
Día 5: Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa
Día 6: Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa
Judiciales
Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.
Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngs –entre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.
La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.
El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.
Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.
Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.
Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.
San José, el origen
El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.
La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.
La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.
En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.
Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.
Va cocaína, llega éxtasis
Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.
La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.
El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.
El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.
Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.
La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Judiciales
La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
Judiciales
Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
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