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Caso Rosa: condena por abandono y piden investigar por homicidio a otros policías

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Diez años después de la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente jubilada con diagnóstico de esquizofrenia, el caso aún pareciera estar lejos de cerrarse por completo.

Es que, al margen de la condena a 4 y 2 años de prisión en suspenso por el delito de abandono de persona dictada hoy contra dos ex policías, el Tribunal Penal Dos de Posadas también dictaminó a favor de un pedido de la fiscalía para el desprendimiento de una investigación paralela contra otros tres agentes de otra dependencia ahora puestos bajo sospecha de haber sido autores del asesinato de la mujer. 

Estas disposiciones se corresponden a la parte resolutiva de la sentencia dictada hoy, cerca de las 14, como corolario de la séptima audiencia de debate, jornada en la cual también se desarrolló la ronda de alegatos. 

En su dictamen, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) decidió por unanimidad condenar a los ex efectivos de la Policía de Misiones Aldo Gabriel Aníbal Villalba (37) y Luis Albino Rotela (43) a las penas de 4 y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente, como coautores del delito de abandono de persona en perjuicio de Mirta Rosa.

De esta manera, los ahora condenados, quienes al momento de brindar sus últimas palabras volvieron a disculparse con la familia Rosa y a pedir justicia también para ellos, se retiraron del edificio caminando, emocionados y conmovidos tras cruzar abrazos tanto con sus allegados como con los hijos y demás parientes de la docente, que el 14 de febrero de 2013 fue hallada muerta con un golpe en la cabeza y estallido de vejiga.

Familiares de los imputados y de Mirta Rosa se abrazaron al culminar el debate.

“La Justicia ya se expidió. Nosotros como familia los liberamos. Ese abrazo que nos dimos fue de perdón, de paz para sus familiares, no hay animosidad de venganza de nuestra parte, pero sí hay muchas cosas que todavía tienen que salir a la luz y queremos que los verdaderos responsables aparezcan”, señaló a la prensa Rina Zarza, hija de la víctima, respecto a ese último cruce con los imputados. 

Ese último enunciado hace referencia a otro sustancial punto de la sentencia, en el cual el tribunal dio lugar al planteo del fiscal Vladimir Glinka sobre remitir las actuaciones del juicio al juzgado de origen de la causa para iniciar “cabeza de sumario” contra tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X como posibles autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”. 

Los acusados y el abandono 

El pedido de Glinka fue realizado durante la ronda de alegatos, donde expuso en primer término y durante exactamente una hora narró los hechos registrados ese 14 de febrero de 2013 en Garupá, trazó su hipótesis del caso y elevó un pedido de 8 y 5 años de prisión para Villalba y Rotela, respectivamente.

El fiscal comenzó con tono crítico. Calificó al expediente como “una causa con más errores que aciertos” y sostuvo que los imputados “nunca le asignaron valor de la vida a Rosa”, lo cual consistió “en una decisión discriminatoria” y “llegó el momento de responder por ello”.

Antes de repasar la secuencia de los hechos, Glinka puso en relieve el diagnóstico y la historia de vida de Rosa, una mujer de 47 años que debió dejar la docencia de manera anticipada como consecuencia de un “trastorno psicótico esquizofrénico”, patología a la cual describió como “degenerativa” e “incurable”, según el aporte dado por uno de los psiquiatras de la víctima.

A partir de ahí, reconstruyó que ese 14 de febrero Rosa salió de su casa en el barrio Santa Clara III de Garupá, pasó por una estación de servicio cercana y avanzó unos 1.700 metros más a pie hasta llegar a la casa de Mariela Benítez “en busca de resguardo” porque estaba desorientada y agotada por el calor.

Justamente Benítez y su marido fueron quienes acudieron a la Comisaría Quinta en busca de asistencia para Rosa y por eso arribó al lugar la patrulla Chevrolet S-10 ocupada por Villalba como oficial a cargo y Rotela como chofer.

Villalba -último a la derecha- volvió a pedir disculpas a la familia al momento de dar sus últimas palabras.

Según el fiscal, en esas circunstancias Rosa fue subida al móvil pero a los imputados no les importó la situación de la mujer (cansada, sedienta, descalza, desorientada, sin documentación, ni celular) ante lo cual la trasladaron hasta una zona alejada para “deshacerse” de ella antes de llevarla a la comisaría o a un hospital, como deberían haber actuado según el protocolo.

Glinka añadió que los acusados “sabían” del estado de salud de la mujer y cuestionó que “ella consiguió protección en una casa ajena y la Policía volvió a dejarla en riesgo”.

El fiscal también señaló que “el abandono es el dolo” de los implicados y clarificó que “yo no les imputo la muerte. Ellos querían abandonar y abandonaron a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma”. Ante esa premisa, solicitó que penas de 8 y 5 años de prisión efectiva para Villalba y Rotela, respectivamente.

La Brigada y la tesis del asesinato

Pero ese pedido no fue lo único resonante del alegato expuesto por Glinka, sino que también sacudió la sala al pedir que se extraigan copias de todo lo actuado y que la causa sea remitida al juzgado de origen a fin de que se investiguen a tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de aquel entonces como posibles autores del asesinato de la mujer.

Los apuntados por el fiscal son el subcomisario Emilio Broemser y los sargentos Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes declararon como testigos en el juicio y ahora son pasibles de una investigación por “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza de seguridad”, figura prevista por el artículo 80, incisos 7 y 9, del Código Penal de la Nación, que prevé una pena de prisión perpetua.

La nueva hipótesis trazada por Glinka refiere que una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha del barrio Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.

El fiscal Vladimir Glinka expuso un alegato que se extendió durante una hora.

“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.

Glinka además pidió que la nueva investigación también aborde la posible comisión de los delitos de “apremios y torturas” perpetrados por los mismos efectivos en perjuicio de Walter “Chinito” Velázquez, un joven que en ese momento estaba detenido y fue llevado con ellos a realizar recorridas por el barrio para “marcar objetos robados”, según declaró ante el tribunal.

Pedidos de absolución

Tras el cargado alegato del representante del Ministerio Público Fiscal, el turno llegó para los abogados defensores Mónica Olivera por Villalba y José Luis Rey por Rotela.

La primera en exponer fue Olivera, quien consideró que en el hecho investigado no existió abandono, argumentando que los uniformados no pudieron advertir el diagnóstico de la mujer y, por consiguiente, no notaron “conflictividad” y “solo cumplieron con el pedido de una persona que no estaba alterada ni tenía signos de violencia”.

El ex magistrado Rey, en tanto, en último orden, acompañó lo expuesto por su colega Olivera, y ambos solicitaron la absolución de sus respectivos defendidos por “atipicidad de la conducta”.


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Prisión perpetua para Remskij por estrangular y arrojar a la basura a su madre

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Alfredo Rafael Remskij (30) firmó un acuerdo de juicio abreviado este lunes a la mañana, minutos antes del inicio del debate oral que estaba programado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, y fue condenado a la pena de prisión perpetua por el asesinato de su madre Dominga Huzy, cometido en 2017 en Apóstoles.

El acuerdo llevó la rúbrica del acusado, de su abogado defensor Fausto Vergara y del fiscal Vladimir Glinka. En el documento, Remskij admitió la autoría del crimen y aceptó ser condenado a perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva.

La ex pareja de Remskij, Mayra Dutra, había llegado hasta este instancia imputada por “encubrimiento”, pero resultó sobreseída. Estaba acompañada por el defensor oficial Marcelo Ozuna.

El acuerdo alcanzado entre las partes posteriormente fue aceptado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Marcela Leiva (subrogante), quienes transformaron el acta en sentencia.

Dominga Huzy era madre de dos hijos.

Estrangulada y arrojada al basural

El crimen que aún conmociona a Apóstoles se descubrió el domingo 10 de septiembre de 2017, cuando dos personas revolvían cosas en el basural y al estirar de un cable descubrieron un cadáver envuelto en mantas.

La víctima allí fue identificada como Dominga Isabel Huzy, separada, madre de dos hijos y residiendo en ese entonces en una vivienda ubicada sobre la calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.

Con el correr de las horas los investigadores posaron la lupa sobre Rafael, uno de sus hijos, quien tenía antecedentes de violencia contra ella y quien los días previos al descubrimiento del asesinato había desparramado por el barrio la versión de que su mamá se había mudado a Virasoro, Corrientes.

El devenir de la investigación lo acorraló aún más. Cámaras de seguridad dispuestas en varios puntos de la ciudad detectaron que entre el sábado y domingo el muchacho utilizó el camión pluma de su padre para trasladar todas las pertenencias de su madre hasta el basural.

En uno de esos viajes, también habría llevado el cuerpo de Huzy y una prueba de ello es que en el camión se halló una cadenita de la mujer.

La autopsia estableció que la víctima murió por un estrangulamiento y la principal hipótesis es que el crimen fue cometido para quedarse con la vivienda de Huzy.

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Chofer de micro y su esposa, condenados por llevar 20.655 pastillas de éxtasis

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La operatoria estaba coordinada. Él manejaba y ella llevaba la mercadería. Pero no iban en auto, ni tampoco transportaban nada legal. Iban en un colectivo de larga distancia conducido por el hombre, mientras la mujer iba como pasajera junto a varios bolsos que contenían más de 20.000 pastillas de éxtasis.

Él se llama Gustavo Eden Rodríguez (45), es chofer de colectivos, nació y vive en Puerto Iguazú. Su esposa es Marisa María Almada (31), bonaerense, aunque compartiendo domicilio con su marido hace varios años. Ambos ahora también comparten condena por  narcotráfico.

Todo comenzó el 29 de marzo de 2023, cuando en Paso de los Libres (Corrientes) la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) controló un micro larga de distancia que cumplía el recorrido Puerto Iguazú-Retiro (Buenos Aires).

Los uniformados constataron que Almada, una de las pasajeras, transportaba una serie de bolsos que llamaron la atención y ante la sospecha de una posible maniobra de narcotráfico decidieron bajarla del colectivo para efectuar una requisa más exhaustiva y liberaron el micro para que pueda continuar viaje.

Los gendarmes acertaron, porque descubrieron que la mujer efectivamente trasladaba sustancias ilegales, más precisamente 20.655 comprimidos de MDMA (éxtasis), en diferentes variantes, algunas con el sello de Kit Kat, además de 4 kilogramos de crack.

Almada fue inmediatamente detenida y los investigadores decidieron extender la pesquisa con el objetivo de dar con más involucrados en el ardid. La sorpresa fue que en esa labor descubrieron que su marido era, ni más ni menos, que el chofer que ese mismo día conducía el micro que se detuvo en el control.

Se realizaron tareas de vigilancia, labores de seguimiento y, fundamentalmente, pericias telefónicas, trabajo que permitió establecer que efectivamente el matrimonio orquestó el traslado de la mercadería ilícita.

Según reconstruyeron, antes de emprender el viaje la pareja pasó la noche en Posadas, donde se sospecha que obtuvieron la mercancía y recién allí partieron hacia Buenos Aires. Mientras lo hacía, Rodríguez alertaba su Almada sobre los puestos de control próximos, pero no pudieron sortear el de Paso de los Libres.

El colectivero fue detenido durante un operativo ejecutado el 20 de junio de ese mismo año y desde ese entonces enfrentan una causa federal por el delito de transporte de estupefacientes.

Dicho expediente fue tramitado ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que luego elevó a debate oral la causa y ahora ambos admitieron su responsabilidad en el hecho al firmar un acuerdo de juicio de abreviado.

La pareja fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión.


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Gitano acusado de homicidio se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel

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Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), el gitano detenido desde anoche por el asesinato del Daniel Jesús Traico (24) -integrante de la misma comunidad-, se abstuvo de declarar esta mañana ante la Justicia, fue imputado por homicidio y continuará el avance de la causa alojado en una unidad penal.

El joven fue trasladado a primeras horas de este jueves hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.

Según detallaron las fuentes de La Voz de Misiones, el implicado designó abogado defensor oficial y luego de cumplimentar ese trámite optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.

En la misma audiencia fue notificado de las pruebas que hasta el momento obran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por razones de seguridad, culminado los trámites de rigor, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que Marcos sea alojado en una unidad penal de la provincia para preservar su integridad y evitar cualquier clase de ataque, represalia o episodio de violencia en su contra.

Prácticamente acorralado por los agentes que estaban en su búsqueda y persuadido también por su propio padre, el implicado se entregó anoche ante la Policía tras permanecer una semana prófugo.

Crimen y venganza

El crimen de Traico se registró el 29 de enero. El joven fue atropellado intencionalmente mientras cruzaba la colectora de la avenida Quaranta, en cercanías a la estación de transferencia y de su casa.

La víctima fue arrollada por un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Marcos, ahora detenido e imputado por homicidio.

Después del hecho, Traico fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su deceso desató una cacería por parte de sus familiares, quienes esa misma mañana incendiaron dos viviendas relacionadas a los Marcos.

“Hay más casas para incendiar si no meten presos al acusado. Si nadie hace nada vamos a hacer justicia por mano propia. Una casa, un auto, se recupera. Una vida no”, habían amenazado ese mismo día y es por ello que tanto la Justicia como la Policía extrema medidas seguridad en torno al caso.

En su denuncia, la familia de la víctima acusó un homicidio planificado, con varios actores más involucrados, a quienes apuntan como encubridores. En ese marco, el día siguiente al crimen fueron detenidos otros dos jóvenes de la misma comunidad, quienes en las próximas horas podrían ser excarcelados y continuar el proceso en libertad dado que el principal sospechoso ya se encuentra tras las rejas.

Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas


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