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Caso Rosa: condena por abandono y piden investigar por homicidio a otros policías

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Diez años después de la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente jubilada con diagnóstico de esquizofrenia, el caso aún pareciera estar lejos de cerrarse por completo.

Es que, al margen de la condena a 4 y 2 años de prisión en suspenso por el delito de abandono de persona dictada hoy contra dos ex policías, el Tribunal Penal Dos de Posadas también dictaminó a favor de un pedido de la fiscalía para el desprendimiento de una investigación paralela contra otros tres agentes de otra dependencia ahora puestos bajo sospecha de haber sido autores del asesinato de la mujer. 

Estas disposiciones se corresponden a la parte resolutiva de la sentencia dictada hoy, cerca de las 14, como corolario de la séptima audiencia de debate, jornada en la cual también se desarrolló la ronda de alegatos. 

En su dictamen, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) decidió por unanimidad condenar a los ex efectivos de la Policía de Misiones Aldo Gabriel Aníbal Villalba (37) y Luis Albino Rotela (43) a las penas de 4 y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente, como coautores del delito de abandono de persona en perjuicio de Mirta Rosa.

De esta manera, los ahora condenados, quienes al momento de brindar sus últimas palabras volvieron a disculparse con la familia Rosa y a pedir justicia también para ellos, se retiraron del edificio caminando, emocionados y conmovidos tras cruzar abrazos tanto con sus allegados como con los hijos y demás parientes de la docente, que el 14 de febrero de 2013 fue hallada muerta con un golpe en la cabeza y estallido de vejiga.

Familiares de los imputados y de Mirta Rosa se abrazaron al culminar el debate.

“La Justicia ya se expidió. Nosotros como familia los liberamos. Ese abrazo que nos dimos fue de perdón, de paz para sus familiares, no hay animosidad de venganza de nuestra parte, pero sí hay muchas cosas que todavía tienen que salir a la luz y queremos que los verdaderos responsables aparezcan”, señaló a la prensa Rina Zarza, hija de la víctima, respecto a ese último cruce con los imputados. 

Ese último enunciado hace referencia a otro sustancial punto de la sentencia, en el cual el tribunal dio lugar al planteo del fiscal Vladimir Glinka sobre remitir las actuaciones del juicio al juzgado de origen de la causa para iniciar “cabeza de sumario” contra tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X como posibles autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”. 

Los acusados y el abandono 

El pedido de Glinka fue realizado durante la ronda de alegatos, donde expuso en primer término y durante exactamente una hora narró los hechos registrados ese 14 de febrero de 2013 en Garupá, trazó su hipótesis del caso y elevó un pedido de 8 y 5 años de prisión para Villalba y Rotela, respectivamente.

El fiscal comenzó con tono crítico. Calificó al expediente como “una causa con más errores que aciertos” y sostuvo que los imputados “nunca le asignaron valor de la vida a Rosa”, lo cual consistió “en una decisión discriminatoria” y “llegó el momento de responder por ello”.

Antes de repasar la secuencia de los hechos, Glinka puso en relieve el diagnóstico y la historia de vida de Rosa, una mujer de 47 años que debió dejar la docencia de manera anticipada como consecuencia de un “trastorno psicótico esquizofrénico”, patología a la cual describió como “degenerativa” e “incurable”, según el aporte dado por uno de los psiquiatras de la víctima.

A partir de ahí, reconstruyó que ese 14 de febrero Rosa salió de su casa en el barrio Santa Clara III de Garupá, pasó por una estación de servicio cercana y avanzó unos 1.700 metros más a pie hasta llegar a la casa de Mariela Benítez “en busca de resguardo” porque estaba desorientada y agotada por el calor.

Justamente Benítez y su marido fueron quienes acudieron a la Comisaría Quinta en busca de asistencia para Rosa y por eso arribó al lugar la patrulla Chevrolet S-10 ocupada por Villalba como oficial a cargo y Rotela como chofer.

Villalba -último a la derecha- volvió a pedir disculpas a la familia al momento de dar sus últimas palabras.

Según el fiscal, en esas circunstancias Rosa fue subida al móvil pero a los imputados no les importó la situación de la mujer (cansada, sedienta, descalza, desorientada, sin documentación, ni celular) ante lo cual la trasladaron hasta una zona alejada para “deshacerse” de ella antes de llevarla a la comisaría o a un hospital, como deberían haber actuado según el protocolo.

Glinka añadió que los acusados “sabían” del estado de salud de la mujer y cuestionó que “ella consiguió protección en una casa ajena y la Policía volvió a dejarla en riesgo”.

El fiscal también señaló que “el abandono es el dolo” de los implicados y clarificó que “yo no les imputo la muerte. Ellos querían abandonar y abandonaron a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma”. Ante esa premisa, solicitó que penas de 8 y 5 años de prisión efectiva para Villalba y Rotela, respectivamente.

La Brigada y la tesis del asesinato

Pero ese pedido no fue lo único resonante del alegato expuesto por Glinka, sino que también sacudió la sala al pedir que se extraigan copias de todo lo actuado y que la causa sea remitida al juzgado de origen a fin de que se investiguen a tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de aquel entonces como posibles autores del asesinato de la mujer.

Los apuntados por el fiscal son el subcomisario Emilio Broemser y los sargentos Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes declararon como testigos en el juicio y ahora son pasibles de una investigación por “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza de seguridad”, figura prevista por el artículo 80, incisos 7 y 9, del Código Penal de la Nación, que prevé una pena de prisión perpetua.

La nueva hipótesis trazada por Glinka refiere que una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha del barrio Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.

El fiscal Vladimir Glinka expuso un alegato que se extendió durante una hora.

“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.

Glinka además pidió que la nueva investigación también aborde la posible comisión de los delitos de “apremios y torturas” perpetrados por los mismos efectivos en perjuicio de Walter “Chinito” Velázquez, un joven que en ese momento estaba detenido y fue llevado con ellos a realizar recorridas por el barrio para “marcar objetos robados”, según declaró ante el tribunal.

Pedidos de absolución

Tras el cargado alegato del representante del Ministerio Público Fiscal, el turno llegó para los abogados defensores Mónica Olivera por Villalba y José Luis Rey por Rotela.

La primera en exponer fue Olivera, quien consideró que en el hecho investigado no existió abandono, argumentando que los uniformados no pudieron advertir el diagnóstico de la mujer y, por consiguiente, no notaron “conflictividad” y “solo cumplieron con el pedido de una persona que no estaba alterada ni tenía signos de violencia”.

El ex magistrado Rey, en tanto, en último orden, acompañó lo expuesto por su colega Olivera, y ambos solicitaron la absolución de sus respectivos defendidos por “atipicidad de la conducta”.

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Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa

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A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.

El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.

Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.

El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.

Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá

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Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores

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El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.

Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.

Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.

Aguiar, absuelto 

La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.

Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.

Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.

Corazza, también fue absuelto

El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.

El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.

En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.

La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.

El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.

La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.

Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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