Provinciales
Muni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”
La clausura de la playa de acopio y distribución de la Arenera JM S.A. en Candelaria abrió un conflicto entre la empresa misionera con más de 20 años en el mercado y el Ejecutivo municipal, que dispuso el cierre del área de trabajo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le otorgó en comodato a la compañía minera, tras ser relocalizada de su predio original por la suba del embalse de la represa a cota 83.
La suspensión de las actividades en el predio costero, ubicado entre el río Paraná y la desembocadura del arroyo Garupá, se concretó el 15 de octubre, luego de una intimación del municipio que comenzó con el reclamo de dos requerimientos: Estudio de impacto ambiental y Declaración Jurada de ventas realizadas, sobre la que el municipio aplica una tasa.
Fantasmas
En diálogo con La Voz de Misiones, el empresario Jorge Muniagurria tachó de “arbitrario e irregular” el procedimiento y denunció que la administración municipal de Carlos Flores, clausuró el predio donde desarrolla su actividad económica en base a “normativa inexistente” y “el arbitrio de funcionarios fantasmas, con áreas y atribuciones que no están establecidas en ninguna resolución, decreto u ordenanza”.
“¡No tienen Carta Orgánica y tampoco se ajustan a la Ley Orgánica de Municipalidades!”, se quejó el empresario arenero y lanzó: “No respetan nada, te cobran una tasa sobre el balance contable, pero no te dan ninguna contraprestación; no ofrecen ningún servicio”.
“La clausura es una muestra palpable de la inseguridad jurídica del municipio”, opinó Muniagurria. “¿Quién va a querer invertir en un municipio que opera al margen de la ley?”, lanzó.
El predio que la Municipalidad de Candelaria clausuró está alejado del casco céntrico y no recibe servicio alguno de parte del municipio. Sin embargo el lugar cuenta con luz, agua e internet y hasta una báscula para precisar las cargas en los camiones, todo alimentado por paneles solares. Inversión de la empresa.
El empresario arenero misionero, Jorge Muniagurria.
Irregularidades
La empresa relató los pormenores de la clausura en una nota dirigida a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno de Misiones, donde pide su intervención y le adjunta toda la documentación intercambiada con el municipio de Candelaria.
En el escrito, dirigido al subsecretario José Schiro y fechado el 20 de noviembre, la empresa relata que el 15 de octubre pasado, mediante el Acta de Inspección Nº R-01-00000134, la Municipalidad de Candelaria le requirió “1º Presentar Estudio de Impacto Ambiental de la actividad desarrollada según Ordenanza Nº 3/12, 2º Presentar la información fidedigna de ventas de arena y las correspondientes DDJJ”.
“Ahora bien, al formular el descargo, cumplimentamos con la información necesaria en materia contable y en relación al requerimiento ambiental hicimos notar que la Ordenanza 3/12 jamás fue reglamentada, lo que impedía por ende cumplimentar con la solicitud, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades municipales que la empresa cuenta con la certificación ambiental expedida por el único organismo habilitado a tal fin en el ámbito provincial, adjuntando la documentación respaldatoria”, precisa la nota.
Seguidamente, señala que, como respuesta al descargo empresarial, la Municipalidad emite la Resolución Nº 02/2025, donde rechaza la documentación presentada y ordena la “clausura preventiva” de la firma minera, “hasta tanto se de cumplimiento a los dispuesto por la Ordenanza 3/12 y su Decreto Reglamentario Nº 04/2012”.
“Cómo únicos fundamentos, se limita a señalar en los considerandos que respecto a la información contable brindada por la empresa la considera insuficiente y en relación a lo ambiental, sostiene que tiene su reglamentación mediante -hasta ese momento y pese a nuestros pedidos- el ignoto Decreto Reglamentario 04/12”, afirma el escrito dirigido al subsecretario Schiro.
“Un breve análisis de tal respuesta sirve para apuntalar con creces nuestra aseveración sobre la irregularidad del proceso”, advierte y explica que “en lo que hace a la materia contable, utilizan el temperamento de calificar como ‘insuficiente’ la información brindada sin precisar los fundamentos”, y en lo relativo a la exigencia ambiental se ampara en un “supuesto Decreto Reglamentario Nº 04/12” que “nunca fue publicado” en el Boletín Oficial de la provincia.
“O sea, que un presunto Secretario de Planificación, Catastro y Medio Ambiente (puesto que no existe información legalmente sustentada en base a una Carta Orgánica y/o Ordenanza reglamentaria para saber sus funciones, atribuciones y deberes), ordena, nada más y nada menos, la clausura de una empresa en base a un decreto inexistente”, denuncia.
“Estamos, tal como se puede apreciar, ante un completo desconocimiento de lo que significa e implica un Estado de Derecho”, sostiene la empresa en su escrito a Schiro y considera que “la conducta seguida por el funcionario y sus superiores, demuestra un cabal ejemplo de arbitrariedad absoluta incompatible con el ordenamiento jurídico positivo de nuestro país”.
“Tal accionar es groseramente una muestra de despotismo que debe ser inmediatamente rechazado por los ingentes daños que genera”, advierte.
Hostigamiento
En otro tramo del escrito, la firma privada informa que “no es la primera muestra de hostigamiento” que recibe de parte de las autoridades municipales de Candelaria, ya que “anteriormente han solicitado ante la Entidad Binacional Yacyretá el cese del comodato del inmueble conferido, en base a idénticos argumentos”.
“Todo ello adquiere una proyección nefasta cuando se advierte la crisis que asola actualmente a nuestra provincia, con cierres cotidianos de empresas y consecuente pérdida de fuentes de trabajo”, sostiene la nota y pide a la Subsecretaría a cargo de Schiro “urgente intervención, en base a las facultades que le fueran conferidas en relación con aquellos municipios que carecen de Carta Orgánica, para poner coto al lesivo accionar de las autoridades municipales de Candelaria”.
Arenera, astillero e historia
La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Jorge Muniagurria -titular de la compañía- suma más de 40 años vinculada al río; como una forma de vivir que heredó de su abuelo, Camilo, que navegada las aguas del Paraná transportando frutas y madera, hasta que posicionó un servicio para transportar personas con una lancha que unía los puertos de Posadas y Encarnación.
Para principios de los años ´80, el negocio de las lanchas lo continúo Juan Carlos Tim Muniagurria, tío de Jorge, de quien supo adquirir más conocimientos sobre el río, sus secretos y la navegación, información arraigada en la familia.
Con el río como aliado, durante décadas, Jorge Muniagurria se desarrolló en la industria arenera con diferentes socios y vinculado a diversas firmas, hasta fundar la propia en 2003: Arenera JM S.A.
Posicionada en el mercado como una empresa modelo, la arenera misionera obtuvo en 2014 la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.
Mientras el negocio de la arena se desarrollaba a ritmo constante generando decenas de puestos de trabajo de alta capacitación en torno al buque arenero Otello, Muniagurria comenzó un nuevo desafío: construir un barco arenero, con casco de acero. Nunca se había hecho en Misiones.
Tupá, el buque arenero con casco de acero construido íntegramente en Misiones, en el astillero de Jorge Muniagurria.
El proyecto de Muniagurria, formado como armador naval y egresado de la Escuela Industrial de Posadas, lo llevó a instalar un astillero naval, una actividad que formalmente dejó de existir en la provincia hace unos 50 años.
Formalizados los trámites, en agosto de 2014, en las instalaciones del Astillero Jorge Muniagurria, comenzó la construcción, desde cero, del primer buque motor arenero con casco de acero armado íntegramente en Misiones.
Dos años más tarde, en octubre de 2016 se presentó en sociedad al buque Tupá, nombre que lleva la embarcación con la que el empresario bautizó el desafío industrial, y que fue botada inicialmente con 15 metros de eslora, 5 metros de manga, una pileta arenera con capacidad de 40 metros cúbicos, un motor interno diesel y un generador de 133 KW de potencia máxima admisible. Todo en un casco de acero de más de 25 toneladas.
“La inauguración de este buque significa la culminación de un sueño, a la vez que representa el inicio de una nueva etapa en el necesario proceso de industrialización y el desarrollo de las vías navegables al que se inserta la provincia de Misiones”, destacó Muniagurria entonces.
En el acto para la botadura asistieron las autoridades del momento: el vicegobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el intendente capitalino, Joaquín Losada, y el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yactyretá, Humberto Schiavoni; además de diputados provinciales; autoridades de Prefectura, representantes sindicales y empresarios de la construcción que acompañaron al emprendedor.
Luego el buque Tupá fue intervenido para una ampliación de capacidad y potencia realizado en el mismo Astillero, que se mantiene activo y presta servicios a embarcaciones de toda la región.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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