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Mirta Rosa: el crimen de una docente y dos policías enjuiciados 10 años después

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juicio mirta rosa

Mirta Carmen Rosa tenía 47 años, era docente jubilada y padecía esquizofrenia. La siesta del 14 de febrero de 2013 llegó a una casa de Garupá pidiendo ayuda. Fue levantada en un patrullero y horas después apareció muerta, con un golpe en la cabeza, en un descampado de otro barrio.

Qué sucedió en el medio es una incógnita que persiste y hoy, más de diez años después, comenzó el juicio que busca esclarecer el hecho y que tiene a dos policías sentados en el banquillo de los acusados.

El debate oral comenzó esta mañana, minutos antes de las 9, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, interviniente por subrogancia legal.

En el banquillo de los acusados, están Aldo Gabriel Aníbal Villalba (35) y Luis Albino Rotela (43), quienes ostentaban cargos como oficial y cabo de la Policía de Misiones, respectivamente, con cumplimiento de funciones en la comisaría Quinta de Garupá, dependiente de la Unidad Regional X.

En el inicio de la causa, dirigida en ese entonces por el magistrado Ricardo Balor, a cargo del Juzgado de Instrucción Seis, los dos uniformados fueron imputados por el delito de “homicidio agravado”.

No obstante, luego un largo trajinar de apelaciones y cambios de jueces a cargo de la pesquisa, la acusación contra ambos se redujo a “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona agravado por el resultado de muerte”. Además, a Villalba se le imputa de “falsificación ideológica de instrumento público”.

Bajo estas circunstancias, la causa fue elevada a juicio y ahora, más de diez años después, llegó el momento de ventilar el expediente en instancia de proceso oral y las audiencias se extenderían hasta el viernes de la semana próxima.

Los dos acusados, quienes actualmente trabajan como chef (Villalba) y remisero (Rotela), se abstuvieron de declarar hoy.

Los abogados José Luis Rey y Mónica Olivera, junto al imputado Aldo Villalba en el fondo.

Pedido de ayuda y aparición sin vida

La reconstrucción del hecho plasmada en el requerimiento de elevación de juicio formulado por la fiscal María Laura Álvarez (por subrogancia) consigna que todo comenzó el 14 de febrero de 2013 al mediodía, cuando la docente jubilada Mirta Rosa llegó desorientada y pidiendo agua a una casa ubicada en Santo Pipó y Alba Posse, de Garupá.

Allí fue recibida por una pareja, que tras brindarle una primera asistencia, llamó a la Policía. Así, apareció en escena un patrullero Chevrolet S-10 de la Comisaría Quinta, conducido por Rotela y encabezado por Villalba como oficial de servicio, quienes subieron a Rosa al móvil, aunque no lo asentaron en ningún informe.

Horas más tarde, el cadáver de la mujer apareció golpeado y sin vida en un descampado ubicado a pocos metros de la ruta nacional 12, en inmediaciones a una cancha en el acceso al barrio Los Potrillos, a casi 2 kilómetros de la vivienda de los vecinos donde llegó solicitando ayuda.

Qué sucedió en el medio es la gran incógnita. El hallazgo del cuerpo fue reportado por una joven del barrio y, en un primer momento, se especuló con una muerte natural, pero una vez que el cuerpo ingresó a la morgue todo cambió.

La autopsia estableció que Rosa murió por un traumatismo craneofacial asociado a un trauma de abdomen con estallido vesical. Además, los forenses observaron que el cadáver presentaba múltiples lesiones que no aparecían en las fotografías tomadas mientras el cuerpo permanecía en la escena. Cómo surgieron esas lesiones, otro misterio a develar.

El cuerpo sin vida de Rosa fue hallado el 14 de febrero de 2013 en un descampado.

“Nos han mentido durante muchos años”

Con todo este marco previo, el debate comenzó hoy y el representante del Ministerio Público Fiscal, Vladimir Glinka, sorprendió al exponer un alegato de apertura, instancia en la que narró brevemente lo sucedido y trazó los lineamientos generales sobre los cuales indagará para buscar las respuestas del caso y contrarrestar posibles estrategias defensivas.

En este punto, Glinka apuntó contra los policías imputados al cuestionar que ellos “investigaron su propio hecho”, ya que también actuaron en el hallazgo del cuerpo y sostuvo que “el comienzo de una investigación es un momento crucial y acá nos hemos perdido un montón de cosas”.

También estimó que las defensas, encabezadas por Mónica Olivera por Villalba y José Luis Rey por Rotela, podrían culpabilizar a la familia de Rosa por su estado de abandono o apuntar responsabilidades sobre efectivos de la Brigada de Investigaciones de la UR X.

“Se tiran un muerto entre ellos. Como sabían que la Brigada también estaba haciendo cagadas por la zona, tiraron todo ahí para echarle la culpa a ellos. Pero lo cierto es que ella (por Rosa) no murió porque se escapó de la casa, ni tampoco por la Brigada, murió por el accionar de los imputados. Nos han mentido durante muchos años”, anticipó Glinka sobre su postura.

A su turno, la abogada Olivera también tomó la palabra y defendió a su cliente sobre las acusaciones iniciales del fiscal.

“La investigación no es voluntaria, tiene una persona que la dirige, hay un comisario que ordena y ellos cumplen un deber”, sostuvo y agregó que “ni Villalba, ni Rotela son psiquiatras. No sabían del estado de la mujer. La dejaron por decisión de la propia Mirta Rosa, sino la hubiesen llevado a un hospital o a una celda”.

El forense Carlos Wolhein y el fiscal Vladimir Glinka observando y comparando imágenes del caso.

Cuerpo maltratado

Superada esta etapa, finalmente el tribunal abrió la ronda de testigos, entre los cuales se destacó el médico forense Carlos Wolhein, quien durante una hora brindó detalles de la autopsia, apoyado en la exhibición de fotografías tomadas al cuerpo al momento de su ingreso a la morgue.

El profesional indicó que la operación parecía simple debido a los primeros datos suministrados por los investigadores, pero luego “la autopsia pasó de baja a alta complejidad”.

“El caso se nos presentó como un caso clínico, de muerte natural, pero el cuerpo tenía muchas lesiones, en las manos, en los pies. El cuerpo estaba muy maltratado”, apuntó.

A partir de ahí, detalló de qué manera encontró el cuerpo, exhibiendo fotos de cada de una de las lesiones detectadas, las cuales a su vez eran contrastadas por el fiscal Glinka, que en paralelo mostraba las imágenes tomadas en la escena del hecho, donde el cadáver no tenía las mismas marcas.

Wolhein explicó que, además de la lesión craneofacial, el cuerpo de Rosa también presentaba desprendimientos de piel en zonas de muñecas y codos, y “piedritas” incrustadas en los talones, lesiones y marcas que fueron producidas post-mortem, es decir, cuando la víctima ya no tenía signos vitales.

Sobre la causa de muerte, indicó que se trató de “un trauma craneofacil asociado a una ruptura vesical”, aunque aclaró que “la rotura vesical no es una lesión letal” y que “no hay forma de saber cuál lesión fue primera”.

Respecto al mismo punto, declaró también, aunque minutos antes, el forense de larga trayectoria Juan Antonio Galuppo, quien sostuvo que la ruptura de vejiga se debió a “un trauma con signos de vitalidad, es decir, producido en vida” y estimó que, tras esa lesión, Rosa tuvo “un tiempo de supervivencia de tres horas”.

La última en declarar, en tanto, fue Norma Piris, que al momento del hecho se desempeñaba como médica policial y examinó el cuerpo en la escena de su hallazgo.

La doctora recordó que ese día “había mucho sol y hacía mucho calor” y, tras la consulta de la defensa, especuló que ello pudo haber incidido en las lesiones de desprendimiento de piel al momento de la manipulación del cuerpo para su levantamiento, aunque ante la insistencia del fiscal Glinka para saber quiénes fueron los encargados de esa maniobra, afirmó no recordar.

Culminada su palabra, Glinka pidió que dos bomberos que participaron del levantamiento del cuerpo y posterior traslado, como así también un empleado de la morgue que recibió el cadáver, sean citados a declarar. “Hay que saber qué pasó en medio de todo esto”, argumentó.

El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con la declaración de al menos seis testigos más, entre los cuales aún quedan peritos por narrar sus actuaciones.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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El juicio por el caso D’Amico en Oberá pasó para el 1 de julio

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D'Amico

Finalmente, el juicio oral por el asesinato del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35) duró tan solo unos pocos minutos esta mañana en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados y, de esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de julio.

El debate tuvo su inicio en el Palacio de Justicia de Oberá, ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de la Capital del Monte, pero al poco tiempo Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesora hay intereses contrapuestos que podrían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, según publicó el diario El Territorio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetro el crimen; Jonathan Emanuel Gutiérrez, uno de sus empleados; Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33).

Los dos primeros están sindicados como autores del asesinato y enfrentan los cargos más severos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, mientras que los dos restantes están imputados por “encubrimiento agravado”. En la causa hay otros tres acusados. 

Tras el planteo, el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron disponer de un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.

En este lapso, los hermanos Benegas deberán designar nuevos abogados defensores ya que Olivera afirmó que continuará con el patrocinio de los Gutiérrez.

Según el expediente, D’Amico fue asesinado a fierrazos dentro de una carnicería de Oberá y su cadáver fue incinerado en el interior del baúl de su auto en cercanías a un teal del paraje El Chatón, en Alem. El hecho ocurrió a fines de 2015.

FOTO: El Territorio.

Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá


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Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá

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d'amico

Esta mañana, en el Palacio de Justicia de Oberá, comenzó el juicio oral contra siete imputados en el expediente que investiga el crimen del bonaerense Nicolás D’Amico (35), quien según lo reconstruido en 2015 fue asesinado a fierrazos en un abasto de la Capital del Monte y luego incinerado dentro de su automóvil en el paraje El Chatón de Leandro N. Alem.

El debate se realizará ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas y fueron citados un total de 43 testigos. Los imputados llegaron a esta instancia en libertad, con diferentes grados de acusación.

Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el crimen, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes están acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Nicolás D’Amico tenía 35 años y era empleado de un frigorífico de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) enfrentan cargos por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Pericias de la Saic establecieron que el crimen fue perpetrado dentro del abasto La Rueda de Oberá.


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