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Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”

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Juicio Rosa Mirta - viudo Carlos Zarza

La segunda jornada del juicio oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada Mirta Carmen Rosa (47) y determinar la responsabilidad de dos policías imputados por abandono de persona continuó hoy con la declaración de tres testigos, entre los cuales se destacó el viudo de la víctima, quien recordó las primeras horas del caso y puntualizó en el accionar de la fuerza.

El testigo se trata de Carlos Alberto Zarza, pareja de Rosa al momento del hecho y quien hoy declaró durante más de una hora en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se desarrolla el debate que pretende determinar si el caso se trató de un hecho de violencia institucional. 

A pedido del fiscal Vladimir Glinka, el testigo se remontó al 14 de febrero de 2013 y recordó cómo fueron las horas previas y posteriores a la muerte de su esposa, una docente jubilada diagnosticada con “trastorno psicótico esquizofrénico”.

Zarza señaló que ese día despertaron y tomaron mate hasta aproximadamente las 10.30, cuando debió irse porque era el encargado del suministro de agua potable en el barrio y debía encontrarse con un técnico para arreglar una bomba.

Esa instancia se retiró y, al regresar, cerca de las 14.30, su vecina le contó que Rosa salió de su casa caminando: “Comencé a llamar a todos porque ella siempre que se iba llegaba a la casa de algún familiar. Nunca se subía a un colectivo o a algún auto extraño, siempre se iba caminando”, contó.

Sin embargo, Rosa no llegó a la casa de ningún pariente ni nadie supo nada más sobre ella, excepto algunos vecinos que la vieron caminar por el barrio.

Así fue como a media tarde lo llamaron para avisarle del hallazgo de una persona sin vida en un descampado próximo a una cancha en el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, una zona a la cual -según Zarza- la víctima “nunca iba porque le daba miedo”.

Lo peor se confirmó: ese cuerpo correspondía a Rosa y el testigo recordó que los policías le dijeron que la mujer “tuvo un problema con la vejiga por el calor”.

Los imputados en el caso son el ex cabo Albino Rotela (43), ahora remisero, y el ex oficial Aldo Villalba (35), actualmente chef.

“Me explicó y me tranquilizó”

Incluso, Zarza recordó que fue el propio Aldo Villalba (35) -uno de los imputados- quien se acercó a su casa tras el hecho para realizar averiguaciones y exhibir pertenencias personales de la fallecida para su reconocimiento.

“Él me explicó que lo de la vejiga fue por el calor, que fue una muerte natural y me tranquilizó. Me mostró un crucifijo que era de ella”, señaló Zarza.

En esa misma línea, el fiscal Glinka pidió ayer dar un alegato de apertura y anticipó su postura al apuntar contra los acusados, con especial énfasis sobre Villalba: “Acá los acusados investigaron su propio hecho. Villalba investigó un mes entero todo sin que se sepa que él estuvo”, cuestionó.

En su declaración de hoy, Zarza agregó que “la Policía fue al velorio y preguntaban entre los familiares cómo había salido la autopsia. A muchos eso les pareció raro, a mi hijo también”.

Pero definitivamente todo cambió en la percepción de Zarza cuando, casi de casualidad y varios días después, dio con dos vecinos que ese 14 de febrero de 2013 auxiliaron a Rosa y luego llamaron a la Policía, tras lo cual arribó un patrullero de la comisaría Quinta al cual Rosa fue vista subir.

Ese patrullero era una Chevrolet S-10 en el que iban el ex cabo Luis Albino Rotela (43) y el ex oficial Villalba, ahora imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte, entre otros delitos.

“Hasta ese momento nadie sabía que la Policía había levantado a Rosa”, lanzó Zarza y añadió que “gracias a un amigo me encontré con un vecino que me llevó a su casa y su esposa me contó que ese día vio a Rosa perdida, que le dio agua y llamó a la Policía. Esa señora me dijo: ‘me arrepiento mil veces de haber llamado a la Policía’”.

Aldo Villalba se desempeñaba en la comisaría Quinta de Garupá y era encargado del patrullero que ese día levantó a Rosa.

La reconstrucción del caso señala que esa fue la última vez que Rosa fue vista con vida, dado que pocas horas después su cuerpo apareció sin vida en el descampado del barrio Los Potrillos con un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”. Qué sucedió en el medio es lo que se busca establecer en el juicio.

Hoy el testigo Zarza contó que, en la comisaría Quinta, ya estaban “familiarizados” con el caso de su esposa, dado que en varias oportunidades anteriores la habían auxiliado y llevado nuevamente a casa “sin ningún problema”.

Preguntado por las defensas, encabezadas por Mónica Olivera en representación de Villalba y José Luis Rey por Rotela, el viudo afirmó que la familia “nunca” cortó la medicación diaria que mantenía estable a la víctima.

Esta consulta estuvo relacionado a lo aportado minutos antes por el doctor Horrisberger, uno de los tantos psiquiatras que atendió a Rosa, quien indicó que la última consulta que tuvo con la paciente fue el 15 de mayo de 2012, tras lo cual no volvió a prescribirle su medicación basada de fármacos como haloperidol y clonazepam, entre otros.

“Nunca cortamos su medicación. A veces iba a sanatorios privados, otras al Carrillo. Una vez llegue a caer preso por ir a buscar los medicamentos en Brasil con un médico de Porto Xavier”, contestó Zarza durante el interrogatorio, en el cual también intervino en varias instancias el magistrado Gregorio Busse, presidente del tribunal encargado de llevar adelante el proceso.

El tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse aceptó la citación de tres nuevos testigos.

Más audiencias y testigos

El debate continuará el próximo martes, desde las 8.30, con más testimoniales. El tribunal, además, dio lugar al pedido del fiscal Glinka para citar como testigos a dos bomberos y a un empleado a la morgue, quienes se habrían encargado del traslado y la recepción del cuerpo de Rosa en aquel entonces.

La convocatoria de estas personas pretende ahondar en otro aspecto que fue revelado ayer y tiene relación con las lesiones de desprendimiento de piel -entre otras- de carácter post-mortem que presentaba el cadáver al momento de su arribo a la morgue judicial y que no aparecían en las fotografías tomadas en la escena del hallazgo del cuerpo.

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, dispuso el cese de la prisión preventiva para el ex policía Horacio Elías Coutto, quien en horas del mediodía recuperó la libertad, aunque sigue supeditado al expediente judicial que lo investiga junto a otros siete ex uniformados por “intento de sedición” y “conspiración”.

Minutos antes de las 13 de este martes, Coutto cruzó las barreras de la Unidad Penal VII de Puerto Rico para fundirse en un abrazo con sus familiares y amigos, que lo esperaban a las afueras del predio para regresar a su hogar luego de los diez meses que permaneció detenido.

“Estoy muy contento, muy feliz de poder recuperar mi libertad. Quiero dar gracias, primeramente, a Dios que me acompañó en este momento difícil, nunca me soltó la mano; a mi familia que siempre estuvieron; a mis amigos que se tomaron el tiempo de venir a visitarme; a todos los amigos que me hice; y a la gente que colaboró con nuestra familia en esta situación que estábamos pasando”, fueron las primeras palabras de Coutto tras recuperar su libertad frente a la unidad penitenciaria.

El ex policía también agradeció a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) “que me atendieron muy bien, excelentes personas, la verdad que no tengo ninguna queja, nos cuidaron perfectamente”.

En esa línea, Coutto le dedicó unas palabras de agradecimiento al ex vocero policial y diputado provincial electo, Ramón Amarilla, el primero de los ocho ex uniformados detenidos por esta causa en recuperar su libertad el pasado 13 de junio.

“Quiero agradecer a Ramón Amarilla, quien desde el momento en que recuperó la libertad se puso en compromiso con nosotros, con nuestras familias, nos dio tranquilidad y esperanza”, manifestó el ex uniformado.

Por último, dejó un mensaje a las autoridades provinciales: “A los poderosos les digo que escuchen a la gente, que escuchen a los misioneros, que no crean ingenuamente, que unos simples barrotes o unos muros pueden callar la voluntad de un pueblo que lucha por la justicia, por la verdad y la dignidad”.

Con Ramón Amarilla, Horacio Elías Coutto y Joaquín Orrego, son tres los ex policías que recuperaron su libertad, pero siguen siendo investigados en la causa que inició la Justicia de Misiones tras descubrirse el grupo de WhatsApp “Solo Cola”, en el que los uniformados destituidos de la fuerza provincial habrían planificado un supuesto plan con diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.

Por lo tanto, mientras dure la instrucción de la causa, los ex efectivos policiales tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez al mes en la comisaría con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de acreditar su permanencia en la provincia.

Quienes quedan detenidos por la misma causa son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa y Adolfo Guirula.

Dispusieron la liberación de otro ex policía acusado por intento de sedición

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Condena de 23 años para acusado de asesinar a un colono en San Javier

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colono san javier

El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este viernes a 23 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Porteño” Sosa por el homicidio del colono Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones efectuadas a su esposa Orestini Cerri, que sobrevivió a pesar de las graves heridas sufridas, en un hecho ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier.

El caso se ventiló en debate oral durante tres jornadas y Sosa fue declarado coautor de los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real”.

El fallo coincidió en parte con lo solicitado por el fiscal David Milicich, quien en sus alegatos dio por probada la participación del imputado en el crimen de Escarvadofski y solicitó que se lo condene a 35 años de cárcel.

La defensa de Sosa, por su parte, había pedido su absolución al considerar que no había suficientes pruebas en su contra. El propio acusado además declaró en la segunda jornada del debate y se declaró inocente.

Yo no soy un asesino, no soy un delincuente. Tienen a la persona equivocada. Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, fueron las palabras de Sosa, quien además denunció haber recibido apremios y aprietes tras ser detenido un año después del hecho en Buenos Aires.

El asesinato de Escarvadofski ocurrió cerca de las 18 del 4 de abril del 2017 en el paraje Santa Irene, donde tenía su chacra.

Ese día, el tiempo estuvo muy feo, debido a la gran cantidad de lluvia que había caído en el Alto Uruguay. Escarvadofski y Cerri estacionaron su Chevrolet Corsa en el garaje y, en esa instancia, notaron que habían dos personas fuera del terreno, en la esquina.

El hombre fue a ver qué querían y a poner el candado al cerco de la casa, que nunca traspuso. Su mujer, en tanto, se fue para adentro de la vivienda.

Allí recibió varios disparos que lo dejaron malherido y terminó muriendo en los brazos de su mujer, que salió a ver qué pasaba al escuchar las detonaciones.

Según dijo, los hombres le pidieron que abra la casa, ella se negó y terminó recibiendo dos impactos de bala. Allí se trenzó en una pelea y tras golpear en la entrepierna a uno de los agresores, salió a la calle a pedir ayuda. Los sujetos aprovecharon para escapar en el vehículo de la pareja, que fue hallado al día siguiente.

Para el fiscal Milicich, Sosa fue uno de los atacantes que participaron aquel día, aunque también consideró que el blanco en realidad era uno de los hijos de la pareja.

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El STJ recalificó el caso Bernhardt como femicidio y dictó perpetua a Vargas

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Bernhardt

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) recalificó como femicidio el crimen de Antonella Rocío Bernhardt (27), joven obereña que fue golpeada y asesinada de un puntazo en su departamento del barrio El Brete en 2019, y condenó a prisión perpetua al fotógrafo Cristian Daniel Vargas (35), quien en primera instancia había recibido 20 años de cárcel como autor de homicidio simple tras un juicio oral desarrollado ante en el Tribunal Penal Uno de Posadas. 

La revisión por parte del máximo órgano judicial de la provincia se dio a partir de los recursos de casación presentados tanto por el fiscal Martín Alejandro Rau como por el abogado querellante Mauricio Fausto Vergara, quienes cuestionaron el fallo emitido el 13 de noviembre de 2023 por los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Ángel Dejesús Cardozo (ya jubilado).

Ambas partes buscaban revertir el dictamen al considerar que el caso configuró un homicidio agravado por femicidio, para el cual correspondía una pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de cárcel efectiva, cifra considerablemente superior a los 20 años aplicados en contra del fotógrafo Vargas.

El fotógrafo Cristian Vargas adujo que el crimen se produjo en forma accidental tras una discusión.

En sus presentaciones, ambos profesionales coincidieron al sopesar que el asesinato de Antonella se dio en el marco de un contexto de violencia de género que avalaba la aplicación de la normativa que contempla el femicidio, mientras que el fiscal Rau además solicitó que también se tenga en cuenta la alevosía como factor agravante.

Los dos recurrentes esgrimieron agravios similares. El fiscal Rau apuntó que en su sentencia el TP Uno realizó un “razonamiento probatorio parcial, sesgado, segmentado y desprovisto de perspectiva de género”, con “argumentos forzados” y con una “línea argumental viciada”.

La querella, por su parte, agregó que los jueces efectuaron una “incorrecta interpretación de la relación entre la víctima y el imputado” al descartar la condición de “vulnerabilidad” y “desigualdad” en que se encontraba Antonella ante Vargas.

Perspectiva de género

El primero en analizar los planteos fue el camarista Juan Manuel Díaz, que en su voto coincidió en varios puntos con los recurrentes y señaló “yerros” por parte de los magistrados del tribunal que dictó sentencia.

Díaz repasó que el TP Uno descartó la figura de femicidio al entender que no se logró acreditar un contexto de violencia de género que rodeara el hecho, utilizando como argumento que ambos implicados mantenían una relación laboral de poco tiempo y que el vínculo no se extendía a otros ámbitos como, por ejemplo, el amoroso; ni tampoco advirtieron elementos que den cuenta sobre factores de desigualdad, discriminación o dominación como alegaron las partes. 

Díaz opinó todo lo contrario. En la resolución de 81 páginas, firmada el 19 de junio y a la que La Voz de Misiones tuvo acceso, el camarista adelanta: “Es factible advertir elementos e indicadores que configuran la existencia de una relación caracterizada por la desigualdad, en el marco de una relación de subordinación y poder entre víctima y victimario, elementos estos que no fueron valorados debidamente por el tribunal de juicio”.

Las partes en el juicio: Vergara (sentado), Rau y el defensor oficial Mario Ramírez.

El magistrado del STJ además califica como un “yerro” la apreciación del TP Uno en ese punto y responde: “La jurisprudencia ha manifestado en reiteradas oportunidades que es irrelevante que el agresor integre o no una relación interpersonal con la víctima, el tiempo de duración de la misma si existiere o que ocurra la violencia en el ámbito privado o público, sino que lo trascendente es que el hombre se posicione respecto de la mujer en un binomio superior/inferior, tratándola con violencia física, psicológica o sexual, entre otras, por su género”.

También ponderó las argumentaciones esgrimidas por el fiscal Rau al momento de su alegato en el juicio y se hizo dueño de sus palabras para marcar que Antonella Bernhardt se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante Vargas, ya que se trataba de una joven obereña que atravesaba en una difícil situación económica y buscaba, casi con desesperación, un trabajo para no depender de nadie.

Sobre esa cuestión, Díaz concluye: “Todos estos factores, independientemente de lo reciente que fuera vínculo entre ambos, sin lugar a dudas ubican a la víctima y victimario en una relación que dista de igualdad, más bien los ubica en una relación de poder -por parte de Vargas- y de subordinación -por parte de Antonella-”.

El camarista también ponderó la pericia psicológica efectuada a Vargas, donde se concluye que en el fotógrafo se advierten “conductas de control y celos”, con tendencia a ubicar a la mujer en un rango inferior al del hombre, mencionándola como un mero “complemento”.

Bajo esas y otras premisas, Díaz le dio la razón a los recurrentes Rau y Vergara al considerar que hubo una “errónea aplicación de la normativa” y opinó que lo correcto era encuadrar el caso como femicidio -rechazó la alevosía-, lo que equivale a modificar la sentencia y aplicar al condenado la pena de prisión perpetua.

Los demás miembros del STJ, Cristian Marcelo Benítez, Cristina Irene Leiva, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz Velázquez, se plegaron al voto de inicial, imponiéndose a Froilán Zarza y Rossana Pía Venchiarutti Sartori, quienes consideraron que lo correcto era mantener el fallo emitido por el TP Uno.

Los jueces del tribunal en el juicio: Cardozo (jubilado), Cukla y Bernie.

El caso

No es el primer cambio de calificación que atraviesa la causa. Ya en la etapa de instrucción, el magistrado Fernando Verón caratuló el hecho como homicidio simple, aunque luego la Cámara de Apelaciones la pasó a femicidio y bajo esa acusación Vargas llegó a juicio, donde la decisión final volvió a quitar el agravante que elevaba la expectativa de pena a perpetua.

El hecho se registró el 4 de abril de 2019, entre las 13 y las 13.30, dentro del departamento 1° A de un inquilinato ubicado sobre la calle Comandante Miño 980 del barrio El Brete de Posadas.

Según la hipótesis acusatoria, Vargas contactó a la víctima a través de redes sociales y le ofreció realizar sesiones de fotos a cambio de dinero ($1.500 con desnudos). Una de ellas se concretó, pero el acusado nunca pagó y en el segundo encuentro se produjo el desenlace mortal, luego de una discusión generada por el reclamo del dinero que nunca fue abonado.

Vecinas de la joven narraron que ese mediodía oyeron golpes, ruidos de “objetos cayendo al suelo” y a través de las endebles paredes divisorias también escucharon “gritos ahogados, como de alguien a quien le tapan la boca mientras grita”.

Los testimonios parecían un adelanto de lo que luego iba a certificar la autopsia, dado que el examen forense concluyó que Antonella presentaba golpes en la cabeza y signos de compresión en el cuello, además de la lesión mortal: un puntazo de cuchillo tipo tramontina que le perforó la tráquea.

Antonella Bernhardt tenía 27 años, era de Oberá y tenía una hermana melliza.

Ante el escándalo que provenía del departamento, las vecinas y la dueña del inquilinato acudieron en auxilio de Antonella, topándose con Vargas dentro del inmueble, a quien filmaron retirándose de la escena del hecho mientras simulaba una conservación con la víctima.

El caso llegó a juicio el 6 de noviembre de 2023 y se extendió durante varios días en el SUM del Palacio de Justicia. En el proceso declararon familiares y vecinos de la víctima, como así también efectivos policiales, peritos y profesionales en medicina.

En su declaración, el fotógrafo Vargas, que también se dedicaba a vender servicios de catering para la familia de su ex esposa, mantuvo su teoría defensiva, al aducir que él fue extorsionado con un video sexual y que el cuchillo se clavó en la garganta de Antonella de manera accidental durante un forcejeo mantenido con la joven.

El fotógrafo agregó que, en determinado momento, alcanzó a tomar el celular de la joven y su intención era romperlo, instancia en la que “ella se desesperó y agarró un cuchillo. Yo ahí le dos ‘tapes’ para que deje de gritar. Después avanzó de nuevo con el cuchillo contra mí y pasó todo. Cuando le quiero sacar el cuchillo, la traigo hacia mí con fuerza y le entra el cuchillo en la garganta”, fueron sus palabras.

FOTOS: MARCOS OTAÑO.

Caso Antonella: para el tribunal no hubo pruebas certeras de violencia de género

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