Judiciales
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Dictada la sentencia contra los ex policías Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), el foco de atención del caso Mirta Rosa (47) viró hacia los agentes de la Brigada, Emilio Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes ahora fueron apuntados como posibles autores del asesinato a golpes de la mujer.
Quien posó la lupa sobre ellos y pidió el inicio de una investigación en sus contra fue el titular de la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de Posadas, Vladimir Antonio Glinka, quien tras el juicio finalizado este mediodía consideró que había suficientes elementos como considerar a los tres implicados como presuntos autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”.
De esta manera, pidió que se extraigan copias de todo lo ventilado en el debate oral ,en el que declararon 17 testigos presenciales, y que todo el documento sea remitido a un juzgado de instrucción, a fin de que “se haga cabeza de sumario” contra Broemser, Borda y Bernal.
Al momento del hecho, 14 de febrero de 2013, los tres efectivos formaban parte de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones y ese mismo día estuvieron “de operativo” en cercanías a la antigua cancha del barrio Los Potrillos, punto que posteriormente fue escenario del hallazgo del cuerpo de Rosa, una docente jubilada que de, acuerdo a la autopsia, falleció por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
Según declararon los propios apuntados al momento de comparecer como testigos al debate oral que culminó hoy, ese día retiraron a un detenido de la comisaría Quinta y con él en un móvil de inteligencia salieron de recorrida por Los Potrillos para “marcar” objetos robados.
Ese detenido se trataba de Rubén Walter “Chinito” Velázquez, quien también declaró como testigo y frente al tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse recordó la misma secuencia, aunque agregó que, durante esa recorrida, fue golpeado y torturado con una picana dentro del móvil.
“Chinito” Velázquez, uno de los testigos clave, declarando junto al fiscal Glinka.
Y el testimonio de Velázquez tomó aún más relevancia cuando narró que “después apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”.
En base a esta declaración es que el fiscal Glinka avanzó en alegato y trazó la tesis de que “en ese contexto de ilegalidad es que la señora Rosa y, como bien dijo Chinito, tiene un intercambio poco amigable con las personas de la Brigada que, con el culo sucio (sic), empezaron a discutir con ella”.
“Bandido los tres”
“Ella era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka, haciendo referencia a los ex agentes Villalba y Rotela, que apenas unos minutos antes habían -según su hipótesis- abandonado a la víctima en la zona.
Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo hoy que, una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha de Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar y por eso lo primero que hacen es decir: ‘No estábamos acá’, y alteraron todos los libros de guardia e hicieron todo lo que había que hacer para que nadie sospeche que ellos estaban ahí”, continuó.
Glinka resumió su planteo al exponer que “descubrimos acá, en el juicio, que Mirta Rosa fue asesinada, que no fue una muerte natural como se apresuró a decir Villalba”, a quien tampoco deslindó por completo, ya que aseguró que “él algo sabía y esperamos que en el juicio que viene tenga la posibilidad, no de pedir perdón, sino de contar lo que sabe”.
El sargento Borda al momento de declarar y revisar los libros de guardia que el fiscal apuntó como adulterados.
En base a todo lo expuesto, pidió que la causa sea remitida al juzgado de origen para que se inicie una investigación contra los agentes de la Brigada como sospechosos de asesinar a golpes a Rosa y el Tribunal Penal Dos dio lugar al pedido, aunque los considerandos para esta nueva etapa serán comunicadas junto a los fundamentos del fallo, cuya lectura fue programada para el próximo 6 de septiembre.
Ahora, según explicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, las actuaciones deben ser recibidas por el juzgado de instrucción que corresponda (en su momento la investigación comenzó en el Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, y luego pasó al Siete, en su momento dirigido por José Alberto López y ahora por Miguel Mattos).
De allí, a su vez, las autoridades deberán remitir todo a la fiscalía interviniente para que, tras un análisis de todo lo recolectado, se disponga del requerimiento de apertura de instrucción formal en caso de que correspondiere. De concretarse, el proceso indica que luego los uniformados deberían ser citados a indagatoria y pasibles de ser detenidos.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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