Judiciales
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Dictada la sentencia contra los ex policías Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), el foco de atención del caso Mirta Rosa (47) viró hacia los agentes de la Brigada, Emilio Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes ahora fueron apuntados como posibles autores del asesinato a golpes de la mujer.
Quien posó la lupa sobre ellos y pidió el inicio de una investigación en sus contra fue el titular de la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de Posadas, Vladimir Antonio Glinka, quien tras el juicio finalizado este mediodía consideró que había suficientes elementos como considerar a los tres implicados como presuntos autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”.
De esta manera, pidió que se extraigan copias de todo lo ventilado en el debate oral ,en el que declararon 17 testigos presenciales, y que todo el documento sea remitido a un juzgado de instrucción, a fin de que “se haga cabeza de sumario” contra Broemser, Borda y Bernal.
Al momento del hecho, 14 de febrero de 2013, los tres efectivos formaban parte de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones y ese mismo día estuvieron “de operativo” en cercanías a la antigua cancha del barrio Los Potrillos, punto que posteriormente fue escenario del hallazgo del cuerpo de Rosa, una docente jubilada que de, acuerdo a la autopsia, falleció por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
Según declararon los propios apuntados al momento de comparecer como testigos al debate oral que culminó hoy, ese día retiraron a un detenido de la comisaría Quinta y con él en un móvil de inteligencia salieron de recorrida por Los Potrillos para “marcar” objetos robados.
Ese detenido se trataba de Rubén Walter “Chinito” Velázquez, quien también declaró como testigo y frente al tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse recordó la misma secuencia, aunque agregó que, durante esa recorrida, fue golpeado y torturado con una picana dentro del móvil.
“Chinito” Velázquez, uno de los testigos clave, declarando junto al fiscal Glinka.
Y el testimonio de Velázquez tomó aún más relevancia cuando narró que “después apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”.
En base a esta declaración es que el fiscal Glinka avanzó en alegato y trazó la tesis de que “en ese contexto de ilegalidad es que la señora Rosa y, como bien dijo Chinito, tiene un intercambio poco amigable con las personas de la Brigada que, con el culo sucio (sic), empezaron a discutir con ella”.
“Bandido los tres”
“Ella era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka, haciendo referencia a los ex agentes Villalba y Rotela, que apenas unos minutos antes habían -según su hipótesis- abandonado a la víctima en la zona.
Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo hoy que, una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha de Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar y por eso lo primero que hacen es decir: ‘No estábamos acá’, y alteraron todos los libros de guardia e hicieron todo lo que había que hacer para que nadie sospeche que ellos estaban ahí”, continuó.
Glinka resumió su planteo al exponer que “descubrimos acá, en el juicio, que Mirta Rosa fue asesinada, que no fue una muerte natural como se apresuró a decir Villalba”, a quien tampoco deslindó por completo, ya que aseguró que “él algo sabía y esperamos que en el juicio que viene tenga la posibilidad, no de pedir perdón, sino de contar lo que sabe”.
El sargento Borda al momento de declarar y revisar los libros de guardia que el fiscal apuntó como adulterados.
En base a todo lo expuesto, pidió que la causa sea remitida al juzgado de origen para que se inicie una investigación contra los agentes de la Brigada como sospechosos de asesinar a golpes a Rosa y el Tribunal Penal Dos dio lugar al pedido, aunque los considerandos para esta nueva etapa serán comunicadas junto a los fundamentos del fallo, cuya lectura fue programada para el próximo 6 de septiembre.
Ahora, según explicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, las actuaciones deben ser recibidas por el juzgado de instrucción que corresponda (en su momento la investigación comenzó en el Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, y luego pasó al Siete, en su momento dirigido por José Alberto López y ahora por Miguel Mattos).
De allí, a su vez, las autoridades deberán remitir todo a la fiscalía interviniente para que, tras un análisis de todo lo recolectado, se disponga del requerimiento de apertura de instrucción formal en caso de que correspondiere. De concretarse, el proceso indica que luego los uniformados deberían ser citados a indagatoria y pasibles de ser detenidos.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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