Judiciales
La denuncia de abuso contra Sebastián Kiczka, chats e informe psicológico
Entre todo el caudal probatorio revelado hoy durante la extensa lectura del requerimiento de elevación de juicio de la causa que se sigue contra Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), se expusieron detalles hasta ahora desconocidos sobre la denuncia por abuso que también afronta el mayor de los hermanos. Además, se ventilaron chats comprometedores e informes psicológicos.
Sebastián llegó a juicio imputado por tenencia y distribución de archivos Masi, pero a diferencia de su hermano también acumula una acusación por “abuso sexual simple”, hecho denunciado una vez que se desató el escándalo que ubicó a Apóstoles bajo la lupa de todo el país.
Según se desprende de la resolución de la fiscal de instrucción Silvia Barronis reproducida esta mañana en la primera audiencia de debate oral, la denuncia por abuso fue radicada por una joven que al momento del hecho aseguró haber tenido entre 14 y 15 años.
En su exposición, la denunciante narró que conoce a Sebastián Kiczka desde los 13 años, cuando coincidieron en un gimnasio de Apóstoles y donde entablaron una cierta relación de amistad.
“Él primero me pasaba la rutina del gimnasio por Whatsapp pero después se empezó a sobrepasar. Él era raro y era frecuente que hable con menores. Cuando me ayudaba a hacer sentadillas me tocaba las piernas”, repasó la joven cuya identidad se preserva para proteger su integridad y evitar su revictimización.
En el avance de su testimonio, la denunciante llegó a narrar el día del abuso que hoy se le imputa al acusado: “Un día, yo tenía 15 por ahí, me empujó hacia la bacha del baño, me besó y me tocó el glúteo”.
La muchacha también indicó que mantenía conversaciones íntimas con el acusado, quien le pedía fotos con “contenido sexual” y afirmó que en al menos una oportunidad Sebastián le envío una imagen de sus genitales.
El fiscal Glinka -a la izquierda- pidió al tribunal que no se deje “engañar” por las defensas.
Fue en una de esas charlas que el hermano mayor del ex diputado provincial le mostró la foto de una niña. “Me mandó una foto de su vecinita y me dijo lo linda que era y que le iba a esperar cinco años más”, relató la denunciante según consta en el documento leído esta mañana.
De esos chats surge otro mensaje que compromete a Sebastián Kiczka y que es utilizado por la fiscalía para sostener el acusado es imputable y que comprende la criminalidad de sus actos: “No sé como siempre zafo y mira que me cogí menores”.
“Sabe que son menores y sabe que es delito. Sabe que la Justicia lo reprime”, insistió el fiscal Vladimir Glinka en su alegato al pedir a los jueces del tribunal que no se dejen “engañar” por las defensas.
Es que, justamente, de esa misma conversación emerge otra expresión que, en contrapartida, es utilizada por la defensa para alegar una posible patología de salud mental que requiera de tratamiento.
Ello se sostiene en un mensaje de texto donde Sebastián admite “hay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan”.
Trastornos y comprensión
En la lectura de hoy, también se repasaron las pericias psicológicas efectuadas sobre ambos imputados y el informe de Sebastián indica la presencia de “elementos compatibles con una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos”.
Y ahonda: “El evaluado presenta indicadores compatibles con trastornos de la preferencia sexuales de tipo no exclusivos. Es decir, sus preferencias sexuales incluyen tanto niños, como adultos, que si bien explica su actuar como expresión de su placer sexual, es un sujeto con perfecta comprensión de su actuar ilícito, por lo que sus facultades de juicio y voluntad no están afectadas para el delito que se le imputa”.
En el mismo informe, los peritos que analizaron a Sebastián concluyeron además, que todo lo mencionado “genera un malestar significativo en la vida del sujeto y que para la recuperación de los patrones conductuales es necesario que reciba atención por parte de profesionales de la salud mental y que este sea de forma interdisciplinaria”.
Los hermanos Kiczka, atentos al desarrollo de la primera audiencia. FOTO: Marcos Otaño.
Sobre ese punto avanzará su defensa y así lo anticipó el abogado Eduardo Paredes en su alegato de apertura.
“Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó el letrado, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.
Y al terminar la audiencia lo reafirmó ante la prensa: “Él es autor de lo que se le imputa, el tema es si es imputable o no. Sebastián está confeso, escribió una carta, se hizo cargo, pero no lo hacen difusión. Sebastián bajaba material de internet, es eso. Es una tragedia que sean niños, no sabemos de dónde, ni de cuándo son los videos, están en internet”.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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