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La denuncia de abuso contra Sebastián Kiczka, chats e informe psicológico

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Sebastián Kiczka

Entre todo el caudal probatorio revelado hoy durante la extensa lectura del requerimiento de elevación de juicio de la causa que se sigue contra Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), se expusieron detalles hasta ahora desconocidos sobre la denuncia por abuso que también afronta el mayor de los hermanos. Además, se ventilaron chats comprometedores e informes psicológicos.

Sebastián llegó a juicio imputado por tenencia y distribución de archivos Masi, pero a diferencia de su hermano también acumula una acusación por “abuso sexual simple”, hecho denunciado una vez que se desató el escándalo que ubicó a Apóstoles bajo la lupa de todo el país.

Según se desprende de la resolución de la fiscal de instrucción Silvia Barronis reproducida esta mañana en la primera audiencia de debate oral, la denuncia por abuso fue radicada por una joven que al momento del hecho aseguró haber tenido entre 14 y 15 años.

En su exposición, la denunciante narró que conoce a Sebastián Kiczka desde los 13 años, cuando coincidieron en un gimnasio de Apóstoles y donde entablaron una cierta relación de amistad.

“Él primero me pasaba la rutina del gimnasio por Whatsapp pero después se empezó a sobrepasar. Él era raro y era frecuente que hable con menores. Cuando me ayudaba a hacer sentadillas me tocaba las piernas”, repasó la joven cuya identidad se preserva para proteger su integridad y evitar su revictimización.

En el avance de su testimonio, la denunciante llegó a narrar el día del abuso que hoy se le imputa al acusado: “Un día, yo tenía 15 por ahí, me empujó hacia la bacha del baño, me besó y me tocó el glúteo”.

La muchacha también indicó que mantenía conversaciones íntimas con el acusado, quien le pedía fotos con “contenido sexual” y afirmó que en al menos una oportunidad Sebastián le envío una imagen de sus genitales.

El fiscal Glinka -a la izquierda- pidió al tribunal que no se deje “engañar” por las defensas.

Fue en una de esas charlas que el hermano mayor del ex diputado provincial le mostró la foto de una niña. “Me mandó una foto de su vecinita y me dijo lo linda que era y que le iba a esperar cinco años más”, relató la denunciante según consta en el documento leído esta mañana. 

De esos chats surge otro mensaje que compromete a Sebastián Kiczka y que es utilizado por la fiscalía para sostener el acusado es imputable y que comprende la criminalidad de sus actos: “No sé como siempre zafo y mira que me cogí menores”.

“Sabe que son menores y sabe que es delito. Sabe que la Justicia lo reprime”, insistió el fiscal Vladimir Glinka en su alegato al pedir a los jueces del tribunal que no se dejen “engañar” por las defensas.

Es que, justamente, de esa misma conversación emerge otra expresión que, en contrapartida, es utilizada por la defensa para alegar una posible patología de salud mental que requiera de tratamiento. 

Ello se sostiene en un mensaje de texto donde Sebastián admite “hay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan”.

Trastornos y comprensión

En la lectura de hoy, también se repasaron las pericias psicológicas efectuadas sobre ambos imputados y el informe de Sebastián indica la presencia de “elementos compatibles con una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos”.

Y ahonda: “El evaluado presenta indicadores compatibles con trastornos de la preferencia sexuales de tipo no exclusivos. Es decir, sus preferencias sexuales incluyen tanto niños, como adultos, que si bien explica su actuar como expresión de su placer sexual, es un sujeto con perfecta comprensión de su actuar ilícito, por lo que sus facultades de juicio y voluntad no están afectadas para el delito que se le imputa”.

En el mismo informe, los peritos que analizaron a Sebastián concluyeron además, que todo lo mencionado “genera un malestar significativo en la vida del sujeto y que para la recuperación de los patrones conductuales es necesario que reciba atención por parte de profesionales de la salud mental y que este sea de forma interdisciplinaria”.

Los hermanos Kiczka, atentos al desarrollo de la primera audiencia. FOTO: Marcos Otaño.

Sobre ese punto avanzará su defensa y así lo anticipó el abogado Eduardo Paredes en su alegato de apertura.

Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó el letrado, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.

Y al terminar la audiencia lo reafirmó ante la prensa: “Él es autor de lo que se le imputa, el tema es si es imputable o no. Sebastián está confeso, escribió una carta, se hizo cargo, pero no lo hacen difusión. Sebastián bajaba material de internet, es eso. Es una tragedia que sean niños, no sabemos de dónde, ni de cuándo son los videos, están en internet”.

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente

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El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.

La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.

En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.

El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).

Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.

“Sometimiento sin defensa”

El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.

Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.

Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.

“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.

En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.

Filmaciones

El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.

Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.

“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.

En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.

Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.

En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.

Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.

Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar. 

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.

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