Judiciales
La denuncia de abuso contra Sebastián Kiczka, chats e informe psicológico
Entre todo el caudal probatorio revelado hoy durante la extensa lectura del requerimiento de elevación de juicio de la causa que se sigue contra Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), se expusieron detalles hasta ahora desconocidos sobre la denuncia por abuso que también afronta el mayor de los hermanos. Además, se ventilaron chats comprometedores e informes psicológicos.
Sebastián llegó a juicio imputado por tenencia y distribución de archivos Masi, pero a diferencia de su hermano también acumula una acusación por “abuso sexual simple”, hecho denunciado una vez que se desató el escándalo que ubicó a Apóstoles bajo la lupa de todo el país.
Según se desprende de la resolución de la fiscal de instrucción Silvia Barronis reproducida esta mañana en la primera audiencia de debate oral, la denuncia por abuso fue radicada por una joven que al momento del hecho aseguró haber tenido entre 14 y 15 años.
En su exposición, la denunciante narró que conoce a Sebastián Kiczka desde los 13 años, cuando coincidieron en un gimnasio de Apóstoles y donde entablaron una cierta relación de amistad.
“Él primero me pasaba la rutina del gimnasio por Whatsapp pero después se empezó a sobrepasar. Él era raro y era frecuente que hable con menores. Cuando me ayudaba a hacer sentadillas me tocaba las piernas”, repasó la joven cuya identidad se preserva para proteger su integridad y evitar su revictimización.
En el avance de su testimonio, la denunciante llegó a narrar el día del abuso que hoy se le imputa al acusado: “Un día, yo tenía 15 por ahí, me empujó hacia la bacha del baño, me besó y me tocó el glúteo”.
La muchacha también indicó que mantenía conversaciones íntimas con el acusado, quien le pedía fotos con “contenido sexual” y afirmó que en al menos una oportunidad Sebastián le envío una imagen de sus genitales.
El fiscal Glinka -a la izquierda- pidió al tribunal que no se deje “engañar” por las defensas.
Fue en una de esas charlas que el hermano mayor del ex diputado provincial le mostró la foto de una niña. “Me mandó una foto de su vecinita y me dijo lo linda que era y que le iba a esperar cinco años más”, relató la denunciante según consta en el documento leído esta mañana.
De esos chats surge otro mensaje que compromete a Sebastián Kiczka y que es utilizado por la fiscalía para sostener el acusado es imputable y que comprende la criminalidad de sus actos: “No sé como siempre zafo y mira que me cogí menores”.
“Sabe que son menores y sabe que es delito. Sabe que la Justicia lo reprime”, insistió el fiscal Vladimir Glinka en su alegato al pedir a los jueces del tribunal que no se dejen “engañar” por las defensas.
Es que, justamente, de esa misma conversación emerge otra expresión que, en contrapartida, es utilizada por la defensa para alegar una posible patología de salud mental que requiera de tratamiento.
Ello se sostiene en un mensaje de texto donde Sebastián admite “hay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan”.
Trastornos y comprensión
En la lectura de hoy, también se repasaron las pericias psicológicas efectuadas sobre ambos imputados y el informe de Sebastián indica la presencia de “elementos compatibles con una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos”.
Y ahonda: “El evaluado presenta indicadores compatibles con trastornos de la preferencia sexuales de tipo no exclusivos. Es decir, sus preferencias sexuales incluyen tanto niños, como adultos, que si bien explica su actuar como expresión de su placer sexual, es un sujeto con perfecta comprensión de su actuar ilícito, por lo que sus facultades de juicio y voluntad no están afectadas para el delito que se le imputa”.
En el mismo informe, los peritos que analizaron a Sebastián concluyeron además, que todo lo mencionado “genera un malestar significativo en la vida del sujeto y que para la recuperación de los patrones conductuales es necesario que reciba atención por parte de profesionales de la salud mental y que este sea de forma interdisciplinaria”.
Los hermanos Kiczka, atentos al desarrollo de la primera audiencia. FOTO: Marcos Otaño.
Sobre ese punto avanzará su defensa y así lo anticipó el abogado Eduardo Paredes en su alegato de apertura.
“Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó el letrado, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.
Y al terminar la audiencia lo reafirmó ante la prensa: “Él es autor de lo que se le imputa, el tema es si es imputable o no. Sebastián está confeso, escribió una carta, se hizo cargo, pero no lo hacen difusión. Sebastián bajaba material de internet, es eso. Es una tragedia que sean niños, no sabemos de dónde, ni de cuándo son los videos, están en internet”.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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